Stratus Consulting, la principal consultora ambiental de los demandantes contra Chevron en el juicio que se ventila en Ecuador, proporcionó declaraciones bajo juramento (disponibles aquí y aquí) que describen en detalle la conducta inapropiada de los abogados de los demandantes en el juicio.  Stratus también testificó que no existe ninguna base científica que sustente los reclamos punitivos de los demandantes contra Chevron Corp. (NYSE: CVX) y Texaco Petroleum (Texpet).

Chevron  llegó a un acuerdo extrajudicial con la consultora estadounidense  Stratus Consulting recientemente relacionado a las demandas por fraude y extorsión que estaban pendientes en su contra.

Stratus, parte acusada en la demanda bajo la ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar , RICO, que fue presentada por Chevron en febrero de 2011, ha entregado declaraciones juradas que describen el conocimiento de la consultora acerca de la conducta indebida de los abogados de los demandantes en el juicio de Lago Agrio; además han atestiguado que no existe mérito científico alguno  que sustente los reclamos por daños de los demandantes en contra de Chevron Corp.

“Nos complace que Stratus se haya presentado para revelar la verdad. Solicitamos a todos quienes conozcan algo sobre el fraude que contamina el juicio en el Ecuador que comparezcan y hagan lo que es correcto”,  dijo  Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron.

En declaraciones juradas, Stratus detalla el papel que la firma y los abogados de los demandantes desempeñaron en la redacción del informe de daños supuestamente independiente de  Richard Cabrera, que sirvió como base probatoria en la sentencia de 2011 en contra de Chevron en el Ecuador. El testimonio también ofrece un recuento directo sobre el control que ejerció el abogado principal de los demandantes, Steven Donziger, sobre el proceso del “Informe Cabrera” y la presión que éste ejerció para fabricar los daños que se le atribuyen a Chevron.  En una presentación ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, el día de hoy los representantes de Stratus declararon:

• “Stratus no tiene conocimiento de evidencia científica alguna de que la gente en la antigua área de concesión esté tomando agua contaminada con petróleo”.

• “Durante mi trabajo en el Ecuador, en ningún momento observé dato alguno que apoyara una determinación sobre contaminación de aguas subterráneas por las operaciones de TexPet…”

• “No tengo conocimiento  de ningún dato científico que muestre que  algún efecto adverso para la salud sea ocasionado por contaminación derivada de operaciones petroleras en el Oriente”.

• “…la conclusión de que existe un exceso de  1.400  muertes relacionadas con cáncer cerca del área de operaciones petroleras es inválida e infundada”.

• “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que respalde la afirmación de que los índices de cáncer fueron 30 veces más altos que lo normal, o que se haya determinado que la incidencia de leucemia infantil haya alcanzado niveles alarmantes”.

• “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que indique que más de 9.000 personas en el área de las operaciones petroleras en el Ecuador habrán de contraer cáncer en las próximas décadas o que se pueda vincular tal incidencia con las operaciones petroleras”.

• “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que respalde la afirmación de que la operación de la concesión a cargo de TexPet haya destruido miles de kilómetros cuadrados de selva virgen, o de que haya contaminado a decenas de miles de personas, ni que haya diezmado a los grupos indígenas que habitaban en la región”.

• “Rechazo todos y cada uno de los resultados o conclusiones presentadas, tanto en  mis reportes como en mi testimonio en el Proyecto de Ecuador. Lamento profundamente haber permitido que mi compañía y yo hayamos sido utilizados en el litigio de Lago Agrio,  como evidentemente lo fuimos…”

Stratus es el caso más reciente de individuos o grupos, anteriormente alineados con los demandantes, que acusan de fraude a los abogados de los demandantes,  o que ofrecen testimonios de primera mano sobre la corrupción que ha contaminado, tanto al juicio como a la sentencia. En el mes de enero, un ex juez ecuatoriano se presentó para admitir su papel a la hora de orquestar la sentencia fraudulenta en contra de Chevron. También fue revelado que Burford Capital, uno de los mayores contribuyentes de fondos de los demandantes, acusó a los abogados de los demandantes de fraude y de otras conductas indebidas en conexión con su batalla para ganar el caso. En el mes de diciembre de 2012, un ex consultor ambiental de los demandantes se presentó con pruebas adicionales del fraude y la fabricación de evidencia por los abogados de los demandantes.

La fecha para el juicio de la demanda de Chevron entablada bajo la ley RICO ha sido fijada para  el 15 de octubre de  2013.

La agencia de noticias Reuters informó que “El juez ecuatoriano que emitió una sentencia por 18.200 millones de dólares en contra de Chevron Corp. ha rechazado las acusaciones de soborno realizadas por otro juez que presidió el emblemático caso de contaminación en el país sudamericano”, según una presentación realizada ante la corte el día jueves.

“Nicolás Zambrano había sido acusado en una declaración jurada presentada ante una corte estadounidense por Alberto Guerra, un juez colega que presidió el caso en el Ecuador entre el 2003 y 2004, de haber aceptado un soborno de 500.000 dólares de los demandantes”.

Las acusaciones de Zambrano son falsas y completamente infundadas.  Tal como admite en su declaración jurada, esta no sería la primera vez que Zambrano ha mentido sobre su participación en la sentencia.

Adicionalmente, el testimonio del señor Guerra está corroborado por pruebas concluyentes: registros informáticos, registros bancarios (véalos aquí, aquí, aquí y aquí)  y de envíos, así como correos electrónicos internos de los mismos abogados de los demandantes Más aún, el testimonio del señor Guerra respalda lo que la evidencia ya ha probado: que los abogados de los demandantes redactaron la sentencia. La información contenida en ocho documentos internos de los demandantes aparece en 60 de las 188 páginas de la sentencia. No existe ninguna explicación creíble para justificar este hecho y Zambrano no ofrece ninguna explicación verosímil, y menos aún pruebas.

¿Cómo explica Zambrano los registros de envíos? ¿Cómo explica Zambrano los borradores de al menos una docena de órdenes emitidas por él que se encuentran en la computadora del Sr. Guerra?  La declaración jurada de Zambrano enmudece cuando se analizan las pruebas. Más aún, dicha declaración jurada es importante tan sólo por lo que no dice.

Consideremos todo lo que se sabe:

• En cuanto al Dr. Charles Calmbacher, quien fuera inicialmente el perito principal de los demandantes, sabemos que los informes judiciales de los demandantes fueron falsificados.
• De parte de Dave Russell, asesor técnico principal de los demandantes, sabemos que la evidencia no respaldaba los reclamos de los abogados de los demandantes. Russell les dijo a los abogados de los demandantes que sus análisis eran “auto-destructivos” y “contraproducentes”. También admitió  que la limpieza ambiental de Texaco fue “cumplida conforme a lo diseñado”.
• Debido a Fernando Reyes, otro experto ambiental que trabajó para los demandantes, sabemos que los abogados de los demandantes interrumpieron su proceso de recolección de evidencia “auto-destructiva” y lo reemplazaron por otro arreglado a su favor.
• Según  los documentos de los abogados de los demandantes obtenidos a través de procesos de descubrimiento de pruebas por orden judicial, conocemos que tres firmas de abogados alineados con los demandantes se retiraron argumentando preocupaciones éticas; una cuarta firma sostuvo que “parece que no sólo Cabrera y los demandantes pueden ser acusados de ‘fraude’ en relación con el reporte del primero…”
• Uno de los abogados ecuatorianos que representa a los demandantes admitió en un correo electrónico que si la evidencia de su colusión y fraude fuera expuesta “todos nosotros, sus abogados, podríamos ir a la cárcel”.
• En cuanto a Kohn, Swift, and Graf, estudio jurídico que invirtió siete millones de dólares en el caso de los demandantes, sabemos que creen que su abogado defensor adjunto cometió un fraude.
• En cuanto a Burford Capital, el fondo de inversión que invirtió cuatro millones de dólares en el caso de los demandantes, sabemos que creen que los abogados de los demandantes cometieron fraude.

Ocho jueces federales de los Estados Unidos han encontrado evidencia de la conducta indebida de los representantes de los demandantes quienes han contaminado el juicio. La única posibilidad que tiene Zambrano de cobrar su prometido soborno de medio millón de dólares está en que se confabule aún más con los abogados de los demandantes.

La compañía advierte sobre el intento de abogados estadounidenses de blanquear el corrupto veredicto de Lago Agrio

Chevron Corp. pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, según sus siglas en portugués) que rechace los intentos de abogados estadounidenses de validar una sentencia ecuatoriana de 19.000 millones de dólares contra la empresa que fue obtenida por medio de fraude, sobornos, intimidación e intromisión del gobierno.

Respondiendo al pedido de los demandantes ecuatorianos de que la sentencia fraudulenta sea reconocida en Brasil, la compañía dijo que la validación del fallo de la corte ecuatoriana socavaría los derechos garantizados por la constitución a un juicio imparcial y justo. El informe de 145 páginas representa la primera vez que Chevron Corp. presenta una gran cantidad de evidencia de la conducta indebida de los demandantes en una acción de reconocimiento de sentencia en una jurisdicción foránea.

En su respuesta, la compañía ofreció a la corte una declaración jurada y documentos que demuestran que la sentencia del Ecuador fue redactada por los abogados de los demandantes, videos que prueban que los informes de expertos fueron falsificados y evidencia adicional que muestra que los jueces fueron sobornados e intimidados. El fraude ecuatoriano es objeto de una demanda por extorsión y asociación ilícita presentada por la compañía en Nueva York en contra de los demandantes y sus representantes, así como de un arbitraje internacional en contra de la República del Ecuador por denegación de justicia.

“Los abogados estadounidenses y ecuatorianos de los demandantes están insultando el sistema judicial de Brasil al intentar blanquear una sentencia corrupta obtenida mediante el fraude”, Hewitt Pate, consejero general de Chevron. “Creemos que una vez que el tribunal revise la abrumadora evidencia de la conducta ilegal de los abogados de los demandantes, no permitirá que este fraude se extienda hacia Brasil”, afirmó.

Pate afirmó “Si los demandantes creyeran tener una sentencia legítima buscarían su reconocimiento en los Estados Unidos, donde Chevron Corp. tiene su domicilio. En cambio, estos usureros abogados norteamericanos y ecuatorianos están buscando acciones en Canadá, Brasil, Argentina y por doquier buscando presionar a Chevron Corporation a llegar a una liquidación del fraudulento caso mediante un acuerdo económico. Esta maniobra no les funcionará”.

La compañía también argumenta que las cortes brasileñas no tienen jurisdicción para reconocer la sentencia de Lago Agrio, que no es definitiva en el Ecuador. Por otra parte, Chevron Corp. nunca operó en el Ecuador, y su subsidiaria indirecta, Texaco Petroleum, remedió su parte de los impactos ambientales en los años 90, consiguiendo de parte del Estado ecuatoriano una completa exoneración de cualquier otra responsabilidad ulterior.

La compañía asegura que la sentencia del Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete el estado de derecho, y que tomará todas las acciones legales necesarias para defenderse de cualquier acción de ejecución.

Una jueza federal del estado de la Florida aceptó este miércoles el pedido de Chevron Corp. para citar a un banco ecuatoriano por los registros bancarios que el gigante energético espera utilizar en un arbitraje relacionado con la sentencia por $ 19.2 mil millones en un juicio por contaminación petrolera.

La jueza federal de distrito Marcia G. Cooke adoptó la recomendación del magistrado norteamericano William C. Turnoff de autorizar a Chevron citar judicialmente al Banco Pichincha CA y calificó al informe del juez de “claro, coherente y convincente”.

Chevron había solicitado registros bancarios de ocho cuentas en el Banco Pichincha, a través de las cuales la compañía afirma que los demandantes en la demanda por contaminación en Lago Agrio, Ecuador, canalizaron sobornos a jueces y peritos para obtener la sentencia DE $19.2 mil millones actualmente en el seno de un arbitraje bajo el Tratado de Inversión Bilateral Estados Unidos-Ecuador.

En una audiencia celebrada el miércoles, el abogado del Banco, Clinton Losego de la firma Gunster Yoakley & Stewart PA, dijo que el Banco no quiso tomar partido en el caso, pero tampoco quería infringir las leyes del Ecuador que prohíben revelar el tema en cuestión. Dado el alto perfil del caso, si el banco revelara los registros, es muy probable que el gobierno ecuatoriano tome acciones legales, afirmó Losego.

“El banco no buscó estar en esta posición y no se le debería pedir violar la ley de su propio país”, dijo Losego.

Agregó que la agencia del Banco en Miami no tenía acceso a los libros y registros del Banco en el Ecuador y que Chevron debería buscar los documentos en el país y no en un tribunal de los EE.UU.

Sin embargo, la abogada de Chevron, Andrea Neuman de la firma Gibson Dunn & Crutcher LLP, argumentó que la connivencia entre los demandantes de Lago Agrio y el gobierno ecuatoriano ha dificultado el acceso a los documentos de Ecuador.

“Aunque tenemos cierta evidencia contundente, necesitamos más”, dijo. “Tenemos que ser capaces de seguir la pista del dinero de Miami al Ecuador”.

La abogada dijo que la República del Ecuador fue la parte contraria en el arbitraje en curso y que había recibido copias de todo lo presentado en el procedimiento en la Florida. Según Neuman los abogados del país no se han opuesto a la solicitud de documentos ni han intervenido para decir que va contra las leyes ecuatorianas.

El gigante energético ha calificado de “farsa” a los procedimientos de la corte de Lago Agrio, alegando que Steven Donzinger, el abogado de los demandantes ecuatorianos han impulsado los reclamos ambientales con el fin de extorsionar a Chevron.

Además de un caso pendiente por crimen organizado entablado contra Donzinger en un tribunal federal de Nueva York, Chevron planteó un recurso de arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversiones, alegando que había sido víctima de denegación de justicia en un tribunal extranjero y acusó al país de participar en el supuesto fraude perpetrado por los demandantes ecuatorianos.

Chevron obtuvo una importante victoria en esta lucha de larga data a principios de este mes, cuando un tribunal internacional de La Haya dijo que el Ecuador había incumplido con las obligaciones establecidas en los tratados con Estados Unidos y el derecho internacional por no haber impedido la ejecución de la sentencia impugnada.

El tribunal, convocado bajo el Tratado y supervisado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en febrero de 2012 emitió una resolución exigiendo al país tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución de la sentencia, dentro y fuera del Ecuador. Según el tribunal, el Ecuador ha violado esa orden al facilitar los intentos de los demandantes para conseguir la congelación de activos de la compañía en Argentina, Brasil y Canadá.

El 13 de febrero, el Quinto Circuito aceptó la petición del Ecuador incluida en el arbitraje amparado bajo el Tratado Bilateral de Inversiones, al dictaminar que la petición de la empresa estadounidense debería proseguir puesto que el arbitraje es un procedimiento de un tribunal internacional y no una controversia de inversión bilateral.

En vista de que Chevron con frecuencia ha argumentado en los procesos judiciales federales que el arbitraje por el Tratado Bilateral de Inversiones es un procedimiento extranjero, el tribunal de apelaciones dijo que el gigante petrolero no podía cambiar de pronto su posición con el fin de obtener un resultado favorable, cuando por orden judicial ya se había beneficiado de una orden de la corte de los Estados Unidos durante el arbitraje.

Chevron es representado por Andrea Neuman, Stavers Jason, Hendricks y Kristen Randy Mastro, de Gibson Dunn & Crutcher LLP, y Carlos Sires, de Boies Schiller & Flexner LLP.

Banco Pichincha es representado por Clinton Losego y Allison Cammack, de Gunster Yoakley & PA Stewart.

Los demandantes de Lago Agrio están representados por Larry Veselka, Bryan Craig y Christina Smyser, de Smyser Kaplan & LLP Veselka, y Martin L.
Reeder Jr. y Christopher Albu, de Reeder Reeder y PA.

El caso es Chevron Corp. contra Banco Pichincha, el número de caso es el 1:11-cv-24599, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.

- Reporte adicional de Sean McLernon y Broady Gavin. Editado por Elizabeth Bowen.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron del artículo publicado en Law 360. Vea el original aquí.

Por Carolina Bolado-Law360, 27 de febrero de 2013, 21:14 ET

Un panel de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya determinará si Chevron deberá ser compensada ante el fracaso del Ecuador en impedir la ejecución de la sentencia de Lago Agrio

Un tribunal internacional de arbitraje emitió ayer un laudo en el que concluye que la República del Ecuador ha violado previos laudos interinos  de la misma corte autorizados bajo el derecho internacional y un tratado entre Estados Unidos y el Ecuador al no impedir el intento de ejecución de una sentencia de 19.000 millones de dólares en contra de Chevron Corp. En resoluciones anteriores, el tribunal advirtió que si el arbitraje  de Chevron terminaba imponiéndose “cualquier pérdida surgida de la ejecución (de la sentencia) serían pérdidas por las que (la República) sería responsable (ante Chevron) bajo el derecho internacional”.

Convocado bajo la autoridad del Tratado de Inversiones Bilaterales (BIT, según sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y el Ecuador, y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, el tribunal concluyó que Ecuador incumplió las resoluciones anteriores del tribunal y ordenó a la República explicar por qué no debe ser condenada a pagar una compensación a Chevron por todos los daños consiguientes de los intentos de los demandantes de ejecutar una sentencia surgida de un juicio ambiental en contra de la compañía en Lago Agrio, Ecuador.

Casi un año atrás, el tribunal emitió un segundo laudo interino ordenando a la República del Ecuador –y a todos sus poderes, incluyendo el judicial- a tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución y el reconocimiento de la sentencia de Lago Agrio dentro y fuera del Ecuador”. Ese laudo  se expandió sobre un laudo anterior que exigía al Ecuador  “tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera del Ecuador de cualquier sentencia”.

“La decisión del tribunal confirma que las acciones de ejecución que están persiguiéndose en contra de Chevron en Argentina, Brasil y Canadá atentan contra el derecho internacional”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “Aun así Ecuador se  ha aliado consistentemente con abogados estadounidenses que han usado cortes corruptas para llevar adelante un fraude sin precedentes. Para la República no es demasiado tarde para revertir el curso, declarar la sentencia de Lago Agrio ilegítima y enfrentar los desafíos reales que enfrentan sus ciudadanos”.

Pese a los laudos del tribunal, la República del Ecuador ha facilitado la búsqueda de la ejecución en Argentina, Brasil y Canadá. Estas acciones son el resultado del incumplimiento del Ecuador de sus obligaciones derivadas del derecho internacional y el tratado bilateral.

El reclamo de arbitraje de Chevron surge de la interferencia del Ecuador en la demanda ambiental en curso en contra de la compañía en el Ecuador y la no administración de justicia de las cortes en un juicio que ha estado viciado por el fraude. Además, Chevron sostiene que el gobierno del Ecuador no ha respetado acuerdos de exención que el gobierno del Ecuador firmó con Texaco Petroleum Company (hoy una subsidiaria de Chevron) cuando el consorcio entre Texaco Petroleum y Petroecuador ’finalizó.

En su resolución, el tribunal sostuvo que “ni un desacuerdo con las órdenes y laudos interinos del tribunal, ni limitaciones bajo la ley ecuatoriana pueden ser excusas del incumplimiento de (la República), a través de cualquiera de sus poderes u órganos, de cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional impuestas por el tratado, las reglas de UNCITRAL y las órdenes y laudos del tribunal al respecto, especialmente el  primer y segundo laudo interino sobre medidas cautelares”.

En agosto de 2011, otro tribunal de arbitraje internacional, convocado bajo el BIT, concedió a Chevron y Texaco Petroleum una indemnización de 96 millones de dólares, más intereses, en una demanda en contra de la República del Ecuador relacionada con operaciones petroleras pasadas. El Tribunal indicó que las cortes del Ecuador violaron el BIT y el derecho internacional con sus demoras de una década en resolver ciertas disputas comerciales entre Texaco Petroleum y el gobierno ecuatoriano. Una corte en los Países Bajos confirmó la indemnización y el Ecuador ha presentado una segunda apelación.