The Amazon Post

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU., dictaminó hoy que la sentencia por $9.5 mil millones en contra de Chevron Corporation en Ecuador fue el resultado de fraude y extorsión, y la declaró inejecutable.

El fallo de casi 500 páginas  concluyó que Steven Donziger, el abogado estadounidense que lideró la demanda ecuatoriana contra la empresa violó la ley federal RICO, por sus siglas en inglés, cometiendo actos de extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia para obtener la sentencia ecuatoriana, además de tratar de encubrir sus crímenes y los de sus asociados.

La corte concluyó que Donziger y su equipo “escribieron la sentencia [ecuatoriana] y prometieron pagar USD 500,000 dólares al juez ecuatoriano para que fallara a su favor y firmara la sentencia’’.

En su fallo, el juez que presidió el proceso, Lewis Kaplan, afirmó que:

“Los actos ilícitos de Steven Donziger y su equipo legal ecuatoriano, serían ofensivos para las leyes de cualquier país que aspire al Estado de Derecho, incluyendo Ecuador– y ellos lo sabían–. De hecho, un miembro del equipo legal ecuatoriano, en un momento de pánico, admitió que si los documentos que exponen sólo una parte de lo que hicieron salieran a la luz, ‘aparte de destruir el caso, todos nosotros, tus abogados, podríamos ir a la cárcel’. Es hora de afrontar los hechos”.

Por su parte, Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron, dijo al respecto que “La decisión de hoy es inequívoca; la sentencia ecuatoriana contra Chevron es un fraude y es el resultado de actos delictivos por parte de un puñado de abogados corruptos que buscan enriquecerse”. Pate agregó que “La reputación de Chevron fue tomada como rehén y retenida en busca de un rescate multimillonario. En lugar de ceder y pagarle a estos criminales, Chevron expuso la verdad. Confiamos en que cualquier corte que respete el Estado de Derecho también encontrará que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable”.

Durante las siete semanas que duró el juicio RICO, Chevron presentó pruebas irrefutables que detallaban el alcance de los actos fraudulentos realizados y dirigidos por Donziger junto a su equipo legal ecuatoriano y otros asociados, incluyendo la fabricación de pruebas ambientales, presión a los expertos científicos para que falsificaran sus informes, planificación de cómo intimidar a los jueces para que dictaran sentencias favorables, soborno a los expertos designados por el tribunal, redacción clandestina de órdenes judiciales e inclusive de la sentencia definitiva. La decisión de la corte deja en claro que Donziger y sus asociados recurrieron al fraude motivados por la falta de pruebas reales para sustentar sus reclamos  contra  Chevron.

El fallo de hoy prohíbe a Donziger y sus asociados tratar de ejecutar la sentencia ecuatoriana en los Estados Unidos al igual que lucrar de sus actos ilegales.

Chevron nunca ha operado en Ecuador. Texaco Petroleum (Texpet), que se convirtió en una subsidiaria de Chevron en el 2001, era un socio minoritario en un consorcio de producción de petróleo en Ecuador, en el que participaba la empresa petrolera estatal Petroecuador, entre los años 1964 a 1992. Después de que en 1992 Texpet cedió su parte de las operaciones a Petroecuador, de conformidad con un acuerdo con el Estado ecuatoriano, Texpet acordó realizar un saneamiento de los sitios de producción seleccionados, mientras que Petroecuador se comprometió a realizar la limpieza de las áreas restantes. El Gobierno de Ecuador supervisó y certificó la  exitosa conclusión de estos trabajos de remediación de Texpet, dejándolo totalmente liberado de cualquier responsabilidad ambiental futura. Petroecuador, sin embargo, no llevó a cabo la limpieza que prometió y, en los últimos 20 años, ha seguido operando y expandiendo las operaciones de petróleo en la antigua concesión.

Un tribunal de arbitraje internacional en La Haya ya ha declarado que la República del Ecuador liberó a Texaco – y por lo tanto a Chevron – de toda responsabilidad por interés público oreclamos ambientales colectivos a través de acuerdos firmados en la década de 1990. En varias ocasiones, los abogados de los demandantes de Lago Agrio han admitido lo que la sentencia de Lago Agrio deja claro, que sus afirmaciones son exclusivamente colectivas y no individuales.

Hewitt Pate agregó que “Chevron cree que la gente del Oriente merece una calidad de vida mejor. Ellos carecen de la infraestructura básica, incluyendo agua y tratamiento de aguas residuales. Esperamos que esta decisión incite a Petroecuador y al Gobierno de Ecuador a que asuman finalmente la responsabilidad de hacerle frente a los problemas que enfrenta la región y su gente”.

Desde finales del año 2013, el Gobierno de Ecuador ha invitado a actores, políticos, periodistas y diversas personalidades, a la región amazónica del país para mostrarles la contaminación petrolera supuestamente causada por Texaco. El Gobierno afirma que estas piscinas son la evidencia de que Chevron es responsable de contaminación en la región. La parada favorita de este tour es un sitio llamado Aguarico-04 (AG-04). A través de espectáculos preparados y especialmente coreografiados para la prensa en este lugar, la República de Ecuador está ayudando a Steven Donziger a seguir adelante con su demanda fraudulenta, al mismo tiempo que trata de distraer la atención pública de las obligaciones sociales y ambientales que tiene el propio Gobierno ecuatoriano en la región.

Pero, la siguiente es una lista de algunos detalles acerca del AG-04 que son convenientemente excluidos del tour estatal:

  • Texaco Petroleum (TexPet), que se convirtió en una subsidiaria de Chevron en el año 2001, fue, desde el año 1964 hasta el año 1992, un socio minoritario en un consorcio dedicado a la extracción y producción petrolera en Ecuador, en el que participaba la compañía petrolera estatal, Petroecuador. Después de que TexPet entregó su parte de las operaciones petroleras a Petroecuador en el año 1992, conforme a un acuerdo con Ecuador, la compañía accedió a realizar las reparaciones correspondientes en una serie de sitios de producción seleccionados, mientras que Petroecuador se comprometía a efectuar cualquier limpieza restante. El Gobierno de Ecuador supervisó y certificó la exitosa finalización de las reparaciones realizadas por TexPet y eximió a la compañía de todas responsabilidades por contaminación. Petroecuador, sin embargo, no llevó a cabo la limpieza a la que se había comprometido y ha continuado extrayendo y expandiendo sus operaciones en la exconcesión durante los pasados veinte años, incluyendo AG-04.
  • El suelo en AG-04 fue remediado por TexPet entre septiembre y octubre del año 1996 y luego fue inspeccionado por el Gobierno de Ecuador. El 14 de marzo del año 1997, inspectores de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y de Petroproducción certificaron que los trabajos de remediación realizados de suelos en AG-04 fueron exitosos, y, el 20 de marzo del año 1997, el ministerio de Energía y Minas de Ecuador aprobó y calificó el trabajo de TexPet en el AG-04 como completo.
  • En el año 2006, Petroecuador identificó el AG-04 como una piscina que debía repararse bajo un programa de remediación del Gobierno. Pero representantes de los demandantes en el juicio contra Chevron se reunieron con representantes del Gobierno del Presidente Rafael Correa para tratar de interferir en el programa de limpieza y para desarrollar un plan para detener las reparaciones, temiendo que podían afectar sus acusaciones.
  • Mientras continuaban señalando públicamente que trabajan para salvaguardar el medioambiente, sus acciones relatan una historia diferente. Privadamente, como se ha demostrado aquí, han presionado a Petroecuador para que detenga su programa de remediación. Temerosos de que, en palabras de Fajardo, “diga que por fin el Estado asumió su deber y va a limpiar lo que le corresponde”, Steven Donziger le dio instrucciones a Fajardo para “ir a Correa para poner fin a esta mierda por una vez”.

Un reportaje reciente de BusinessWeek resume acertadamente los esfuerzos de la República de Ecuador: “Concentrando a las celebridades y la rabia ciudadana en Chevron, Correa espera distraer a sus propios ciudadanos y a cualquier otra persona que esté prestando atención al problema, de la dura realidad de que los ecuatorianos pobres que viven en la selva  sólo tienen a su Gobierno que culpar…”

Por su parte, The Economist afirmó: “Los propios documentos corporativos de Petroecuador sugieren un largo interés en Aguarico-04. Su informe estadístico del año 2007 incluye a Aguarico-04 como un pozo de “producción recuperada”. El informe del año 2011 menciona un “trabajo de reacondicionamiento” que se realiza en el sitio. Esto parece confirmar que, desde hace algún tiempo, Petroecuador ha considerado a Aguarico-4 como su responsabilidad. También parece negar el reclamo del señor Correa de que el sitio ha sido abandonado desde el año 1986. Tal vez el señor Correa debería decirle eso a toda la humanidad”.

La organización independiente Human Rights Watch, “dedicada a defender y proteger los derechos humanos” y que “da voz a los oprimidos y busca que los opresores rindan cuentas por sus crímenes” publicó una carta enviada al Presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador. La carta señala graves infracciones a la independencia judicial y cita ejemplos de interferencia por parte del Gobierno del Presidente de Ecuador Rafael Correa en el sistema judicial del país, así como de parcialidad en el proceso de designaciones judiciales. Desde hace mucho tiempo Chevron ha señalado preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial en Ecuador en el contexto de la demanda de Lago Agrio.

La carta dirige específicamente sus preocupaciones a la integridad de la Corte Nacional de Justicia, la misma corte que ratificó la sentencia fraudulenta contra Chevron en noviembre del año 2013. La Corte Nacional de Justicia tomó esta decisión a pesar de las abrumadoras pruebas de fraude, soborno y corrupción en el caso, violando una vez más las obligaciones internacionales del país y del estado de derecho. La carta señala asimismo otras infracciones que ocurrieron al mismo tiempo que se ventilaba  la apelación de Chevron al veredicto del año 2011.

Human Rights Watch afirma que “durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política” y que en el año 2011 “el gobierno del Presidente Rafael Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos”.

Desafortunadamente, señaló la organización, este proceso de “reforma” ha llevado a todo menos a una reforma verdadera. Mientras que la organización dice que el Gobierno ha dado algunos pasos positivos, la formación temporal de un Consejo Transicional de la Judicatura y de un Consejo de la Judicatura Permanente de cinco miembros, ambos encargados de la designación de jueces, eleva nuevamente las preocupaciones acerca de la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial:

“el Consejo de la Judicatura también ha modificado sustancialmente la composición del poder judicial al designar y destituir a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que, según creemos, atentan contra la independencia judicial en el país”.

La carta continúa:

“En el año 2012, El Consejo Transicional de la Judicatura nombró a los veintiún (21) miembros del tribunal de más autoridad de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a todos sus jueces sustitutos, a través de mecanismos carentes de la objetividad y la transparencia que señalan los estándares internacionales sobre independencia judicial”.

“En 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición designó a los 21 miembros del más alto tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a sus suplentes, aplicando para ello mecanismos que carecen de la objetividad y la transparencia exigidas por los estándares internacionales relativos a independencia judicial”.

En un paralelo a las declaraciones y acciones del presidente Correa respaldando a los demandantes en el caso de Lago Agrio, la carta dice que, “el Presidente Correa en oportunidad del lanzamiento de su iniciativa de reforma judicial hizo declaraciones públicas que contribuyeron a dañar la ya debilitada independencia judicial”.

La carta agrega que además, “la revisión del poder judicial estuvo a cargo de personas que, salvo un caso, son ex funcionarios del gobierno del Presidente Correa” y que “estos nombramientos, junto con las declaraciones de Correa, contravienen los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, que estipulan que “[u]n juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, si no que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.

Human Rights Watch insta a Ecuador a  que “adopte medidas para asegurar que cumpla con estándares internacionales en materia de independencia judicial”. Chevron continuará buscando desagravios bajo las leyes internacionales dada la continua negación de justicia en Ecuador.

Como lo informamos el mes pasado, Chevron reinstaló exitosamente más de 100 videos que fueron retirados por YouTube después que Ares Rights, una firma española que trabaja en nombre del gobierno de Ecuador,  presentó una infundada demanda de violación de los Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA, según sus siglas en inglés).

A pesar del fallido intento por anular la libertad de expresión y eliminar nuestro punto de vista sobre el litigio, el CEO de Ares Rights, Jonathan Palma, contactó nuevamente a Chevron el 10 de enero vía correo electrónico demandando que retiremos los videos (aquí y aquí) y amenazando “escalar” más el asunto si no lo hacíamos.

Como ya hemos demostrado, Chevron tiene el derecho legal de usar, alojar y difundir los videos que muestran la conducta indebida y las actividades potencialmente ilegales de Steven Donziger y otros asociados con el caso en Ecuador. Sencillamente, no existe fundamento para ninguna de las demandas presentadas por Ares Rights en relación con los videos. Cada uno de los videos fue creado por o a nombre de Chevron o, en la mayoría de los casos, fueron extraídos de tomas descartadas de video grabadas por Joseph Berlinger y sus asociados en conexión con el documental Crude. Estos videos fueron entregados a Chevron durante el proceso de descubrimiento de pruebas conforme a un acuerdo que permite a la compañía difundir públicamente los videos. Más aún, debido a que estos videos están siendo usados en el ejercicio de los derechos de libre expresión otorgados a Chevron por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la divulgación de estos videos se inscribe en la disposición relativa al “uso legítimo” de las regulaciones sobre derecho de autor.

Si las demandas de Ares Rights fueran legítimas y no solo un intento de censurar un contenido desfavorable, la firma habría presentado su reclamo contra Chevron en la Corte Federal de Estados Unidos del Distrito Norte de California (donde tanto Chevron como YouTube tienen oficinas) o la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (donde fue presentado el caso Chevron Corp. v. Berlinger) – ambos lugares donde Chevron había dado consentimiento a la jurisdicción al presentar contra-notificaciones de DMCA con YouTube.

Aunque sus tácticas de intimidación pueden haber funcionado con otros, Chevron no cederá a este intento de impedirnos exponer la verdad sobre el caso fraudulento contra Chevron en Ecuador.

Habrá notado que nuestros videos en The Amazon Post no estuvieron disponibles hasta hace algunos días. A fines de noviembre, AresRights, una firma con sede en España que asegura estar “dedicada enteramente a la defensa de derechos en Internet”, presentó una denuncia por violación de derechos de autor contra videos publicados en YouTube por Chevron. ¿Por qué una empresa española está interesada en eliminar videos del caso Chevron en Ecuador?

Según un informe de Adam Steinbaugh, un especialista en Derecho y Tecnología, Ares Rights trabaja en nombre del gobierno de Ecuador para censurar mensajes negativos y contenido de video publicado en Internet sobre el gobierno. Claramente la censura en Ecuador no se detiene en las fronteras del país.

Cuando el material colocado en Internet es percibido como anti-gubernamental, Ares envía una carta a sitios como YouTube, Google, Scribd y Vimeo reclamando que este afecta los derechos de autor de uno de sus clientes en un intento por conseguir que el material sea retirado del sitio, aún si sus clientes no son los propietarios de los derechos de autor del material, como en nuestro caso.

Seguro que Ecuador, país que se ha esforzado recientemente por hacerse pasar como “la sede de la libertad en Internet”, no estaría interesado en censurar nuestros videos, ¿o sí?

Más que una anomalía, esto es una deliberada estrategia de presentar infundadas notificaciones de violaciones a los derechos de autor para eliminar la libre expresión. Otros casos documentados de esta censura en Internet incluyen presentaciones contra:

• Diego Peñaherrera: Exedecán de la Primera Dama, que publicó un video sobre el Presidente de Ecuador, Rafael Correa.

• Pocho Álvarez: Un documentalista que publicó un video sobre protestas anti-mineras en Íntag.

• Emilio Palacio: Un exeditor de El Universo que publicó un video sobre la campaña de Correa contra Chevron.

• Rosie Gray: Una periodista que publicó documentos en Scribd sobre la compra de Ecuador de equipos para espionaje en línea.

• Pedro Granja: Un abogado que publicó un póster que muestra una foto de Jorge Glas Viejó, el padre del Vicepresidente de la República.

El periódico ecuatoriano El Comercio informó sobre estas tácticas en un artículo del 27 de octubre titulado: “Ares Rights retira de la web aquello que incomoda al gobierno”. Otro periódico ecuatoriano, El Universo, divulgó un artículo similar el 9 de diciembre de 2013 bajo el título: “Ares Rights, ¿combate la piratería o intenta controlar la Internet?

Hemos trabajado para rehabilitar los videos en nuestro sitio web con el fin de demostrar a aquellos involucrados y a quienes apoyan el caso fraudulento contra Chevron, que se puede eliminar momentáneamente un video, pero esto no silenciará la verdad.