Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

Abogados litigantes de los Estados Unidos que representan a 48 demandantes ecuatorianos (y no a 30.000 como se alega) intentan lograr que Chevron sea responsabilizado por el pago de más de 27 mil millones de dólares.  Sorprendentemente, esta astronómica cifra no ha sido cuestionada; sin embargo debemos preguntarnos qué es lo que realmente está detrás de una cifra que es diez veces superior al costo de remediación de Kuwait luego de la Guerra del Golfo.

En primer lugar, debemos considerar la manera en que se origina;  la cifra de  27 mil millones de dólares fue presentada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas que carece de la experiencia necesaria en remediación petrolera.  Cabrera fue nombrado por la Corte para evaluar un probable daño ambiental en la antigua área de la concesión del consorcio Petroecuador-Texaco, y de probarse su existencia, determinar la causa y los trabajos requeridos para remediar tal daño.  Además de no estar debidamente calificado para realizar esta tarea, Cabrera ignoró las instrucciones de la Corte y, de manera indebida, excedió el alcance de sus funciones al inventar categorías de daños que no guardan relación ni con los temas incluidos en la demanda, ni con la remediación ambiental.    Como es lógico suponer, su nombramiento fue ampliamente apoyado por los representantes de los demandantes, quiénes en última instancia, pagaron a Cabrera directamente más de  200.000 dólares por su trabajo, aunque se suponía que Cabrera estaba trabajando para la Corte como perito “independiente”.  Sin embargo, quizás aún más sorprendente es el hecho de que Cabrera estableció su equipo técnico con representantes de los demandantes y que partes de su “informe independiente” fueron desarrolladas por organizaciones afines a los demandantes [clic aqui] y [aqui].

A continuación se presenta un desglose del fraude realizado por Cabrera:

Remediación de piscinas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (2.743 millones de dólares)

Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad por la remediación de todas las piscinas petroleras que guardan relación con sus casi 40 años de operaciones en el Oriente ecuatoriano, incluyendo todas las piscinas pendientes de remediación que se encuentran en la antigua área de la concesión.   En 2005 Petroecuador inició un programa de remediación a un costo de 121 millones de dólares, al que se denominó Proyecto de Eliminación de Piscinas en el Distrito Amazónico (PEPDA), con el fin de completar el cierre de todas las piscinas y áreas de derrame, así como otras áreas afectadas, de conformidad con los estándares y regulaciones vigentes en el Ecuador en el 2010.  A diciembre de 2007, el PEPDA había iniciado y/o completado la remediación de más del 40% de las 370 piscinas abiertas que habían sido identificadas en la antigua área de concesión y que fueran inspeccionadas y aprobadas por  la Dirección Nacional de Protección Ambiental, DINAPA, la agencia gubernamental regulatoria.    Bajo un nuevo programa denominado Unidad de Mitigación y Remediación UMR, un programa sucesor del PEPDA, Petroecuador mantiene su compromiso de completar la remediación de todas las piscinas y áreas de derrame en el Oriente ecuatoriano en los próximos años.

En el caso de Chevron, los demandantes afirman que las piscinas petroleras de la región oriental constituyen un grave riesgo para los residentes en la localidad y para el medio ambiente, y exigen que Chevron, cuya subsidiaria Texaco Petroleum fue socia minoritaria de Petroecuador hace más de 20 años, pague a los demandantes los costos de remediación.  Sin embargo, los demandantes no consideran que estas mismas piscinas ya han sido remediadas por Petroecuador o que serán remediadas en un futuro próximo por la compañía estatal petrolera ecuatoriana.  De hecho, Pablo Fajardo, el principal abogado de los demandantes, ha protestado por el programa de limpieza de Petroecuador, aduciendo que “está modificando el juicio” y “ocultando” evidencia.  En octubre de 2007, Fajardo envió una carta formal a la Corte, en la que exigía que se detuviera el proceso de remediación.

Casualmente, el cálculo de 2.743 millones de dólares requeridos para la remediación de piscinas que fuera presentado por Cabrera, es 150 veces más alto que el presupuesto de 18 millones de dólares requeridos por Petroecuador para realizar este mismo trabajo; este estimativo se basa en un costo unitario extremadamente inflado (más de 36 veces el costo actual de remediación por piscina reportado por Petroecuador), así como un cálculo exagerado del número de piscinas (más de cuatro veces el número actual de piscinas pendientes de remediación en la antigua área de concesión).

Remediación de aguas subterráneas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (3.236 millones de dólares)

Cabrera llega a este monto sin ninguna evidencia que corrobore su valoración de los daños.  No tomó NINGUNA muestra de los ríos, arroyos, pozos, o fuentes de agua potable.  Su puñado de “muestras de aguas subterráneas” supuestamente tomadas en la antigua área de concesión, en realidad provienen de perforaciones hechas dentro del área de las piscinas y de ninguna manera son representativas de lo que los geólogos o hidrólogos considerarían como agua subterránea.

Construcción de un Sistema de Salud: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (480 millones de dólares)

Aunque el tema de salud es un problema extremadamente preocupante en la región debido a la contaminación generalizada del agua de consumo con material fecal, la construcción de un sistema de salud es claramente un asunto que no es de responsabilidad de Chevron.  Más aún, éste nunca ha sido parte del litigio.   Julio Prieto, abogado de los demandantes, subrayó este hecho en una entrevista reciente en Radio Majestad, cuando dijo “en nuestra demanda no hemos incluido ningún pedido en particular sobre el tema de salud”.

Este problema es responsabilidad exclusiva del gobierno del Ecuador, ya que promovió una migración masiva a la región y no suministró los servicios sanitarios más elementales tales como el tratamiento de aguas servidas.

Impactos en las poblaciones indígenas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (430 millones de dólares).

El número poblacional de todos los grupos indígenas de la región ha crecido considerablemente desde el descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana.  Mientras tanto, la deforestación y la incursión de los migrantes a las tierras indígenas fue el resultado directo de la política de colonización del Estado ecuatoriano y no del desarrollo de la actividad petrolera.  Cuando se iniciaron las actividades de explotación petrolera en la década de los 60, la población de la región alcanzaba aproximadamente los 25 mil habitantes, distribuidos básicamente entre nativos y misioneros.  Hoy en día, la región está catalogada como una de las zonas de crecimiento más rápido en el Ecuador, y alberga a más de 300 mil habitantes, quienes, con el auspicio del gobierno,  han convertido a la región selvática en tierras agrícolas.

Construcción de un sistema de agua potable: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (428 millones de dólares).

En la región existen numerosos sistemas de agua potable; sin embargo Cabrera no tomó ninguna muestra de éstos.  De igual manera, Cabrera no tomó muestras en los ríos, arroyos o pozos del sector; por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo afirma que hacen falta más sistemas de agua potable? Pero lo más importante es: ¿Cómo justifica su afirmación de que Chevron debe ser responsabilizado por haber causado un problema en la provisión de agua potable en toda la región, cuando el principal problema radica en la contaminación bacterial del agua y no en una contaminación por hidrocarburos?

Infraestructura de Petroecuador: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (375 millones de dólares)

El gobierno y el Estado ecuatoriano obtuvieron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias durante los 20 años de funcionamiento del anterior consorcio, mientras que  Texaco  Petroleum ganó 490 millones de dólares.  El contrato de la compañía expiró en 1992 y ésta dejó el Ecuador, luego de completar satisfactoriamente un programa de remediación y de llevar a cabo varios programas sociales, así como de mejorar el equipo petrolero, en cumplimiento con un acuerdo con el Estado ecuatoriano.  Durante dos décadas Petroecuador ha sido el operador exclusivo de los campos petroleros incluidos en la antigua área de concesión y ha obtenido el 100 por ciento de un cálculo aproximado de 50 mil millones de ganancias adicionales. Por lo tanto, al haber ganado alrededor 75 mil millones de dólares ¿no debería ser Petroecuador quien mantenga, reemplace y construya su propia infraestructura?

Número excesivo de muertes por cáncer: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (9.527 millones de dólares)

Ni Cabrera ni los abogados de los demandantes han presentado en ninguna ocasión a la Corte de Lago Agrio el nombre de una sola víctima de cáncer; ni un solo informe médico, o certificado de defunción que sustente su reclamo.   Más aún, las estadísticas oficiales de mortalidad por cáncer en el Ecuador no sólo revelan que las aseveraciones de Cabrera son falsas, sino que las tasas de cáncer en la región petrolera son más bajas que en las regiones no productoras de petróleo en el país. Finalmente, la única ocasión en que un abogado de los demandantes presentó demandas concretas por cáncer (ante la Corte Federal de San Francisco), éstas fueron desestimadas luego de que Chevron probara su falsedad.   El abogado, quien también iniciara el caso en Lago Agrio, fue multado con 45 mil dólares y sancionado por haber fabricado tales acusaciones.

Deforestación en la zona de las estaciones, pozos y carreteras: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (875 -1.697 millones de dólares)

El gobierno del Ecuador exigió al consorcio la construcción de carreteras en la región, a fin de facilitar el programa de colonización promovido por el Estado.  Más aún, la extensión total de la red de las actuales operaciones petroleras en la antigua área de concesión asciende aproximadamente a 6,8 kilómetros cuadrados y, si se incluyen las carreteras, ésta alcanza un poco más de 44 kilómetros cuadrados.  Este es un dato importante a considerar pues se trata de un área de concesión con una extensión total de 4.429 kilómetros cuadrados en la que se produjeron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias para la República del Ecuador.

Enriquecimiento ilícito: Compensación sugerida (8.421 millones de dólares)

Los datos del Banco Central del Ecuador verifican que Texaco Petroleum ganó la suma de 490 millones de dólares,  mientras que la República del Ecuador recibió a través de impuestos, regalías, subsidios al mercado interno, dividendos provenientes de la participación mayoritaria de Petroecuador, así como otras rentas, un total aproximado de 25 mil millones de dólares durante los 20 años de duración del consorcio.

Los problemas que se presentan en el trabajo de Cabrera no se limitan a las absurdas recomendaciones que hace para la supuesta solución de los problemas.  Los mismos informes están plagados de errores matemáticos y científicos.  En varias ocasiones simplemente inventa las pruebas; mucha de la “evidencia” fue recolectada con la ayuda del equipo técnico de los mismos demandantes.  Copió en sus informes secciones completas del texto de los expedientes presentados por los demandantes ante la Corte para justificar algunas de sus más descabelladas aseveraciones, tales como sus acusaciones sobre los casos de cáncer, o sus montos estimados para los trabajos de remediación.  Cabrera no hace referencia alguna a la responsabilidad de Petroecuador por los problemas ambientales existentes en la región, a pesar de que la compañía estatal tenía una participación mayoritaria del 62.5% en el antiguo consorcio; tampoco menciona su condición de operador exclusivo de las actividades petroleras en la región por más de 20 años.

Cabrera además, no reconoce la inversión de 40 millones de dólares que realizó Texaco Petroleum en un programa de remediación, el mismo que guarda estricta relación con su tercio de participación en el consorcio.  De igual manera, Cabrera omite mencionar el hecho de que el gobierno y Petroecuador en 1998 otorgaron a la compañía una liberación por toda demanda o reclamo futuro.  Finalmente, el perito nombrado por la Corte no parece darse cuenta de que los demandantes están enjuiciando a Chevron estrictamente por costos de remediación ambiental.  Por lo tanto, uno no puede dejar de preguntarse “¿cómo una corte que cumple con la ley, y que es justa e independiente, puede permitir que tales cálculos y demandas sean tomadas como base para pronunciar una sentencia?”  La respuesta no puede ser otra que  “una corte que cumple con la ley, es justa e independiente, no tomaría en cuenta tales inventos y falacias”.

“Será muy costoso realizar la limpieza, pero mucho menos que las ganancias que obtuvieron en Ecuador”. – Steve Donziger, principal abogado litigante. Commondreams.org: 29/10/09.

Las matemáticas del Sr. Donziger finalmente están funcionando, quizá; sin querer ha expuesto uno de los aspectos más fraudulentos del juicio de Ecuador – la recomendación de exigir daños y perjuicios por USD27.000 millones, conocida como el “Informe Cabrera”.

La evaluación realizada por los representantes de los demandantes y presentada al tribunal por el ingeniero en minas, Richard Cabrera, parece hacer responsable a Chevron por más de USD27.000 millones en concepto de daños y perjuicios. En una parte de su dudoso reclamo de USD27.000, Cabrera recomienda que Chevron pague daños por USD27.430 millones para la remediación de los pozos. Por otra parte, Petroecuador, la compañía petrolera estatal que es responsable del estado actual de los yacimientos petrolíferos de Ecuador, realiza la remediación de los pozos, según las leyes y estándares actuales, a un costo de USD85.000 por pozo. Los cálculos de Cabrera implican una remediación de los pozos de hasta USD3 millones por pozo. Esta recomendación es más de 30 veces superior al costo de lo que paga el Estado para la remediación de pozos.

Entretanto, Texaco Petroleum obtuvo una ganancia inferior a USD500 millones durante los días del consorcio. La mayor parte de los beneficios, aproximadamente USD25.000 millones, fueron para el gobierno de Ecuador. Cuando finalizó el consorcio, Texaco Petroleum realizó el trabajo de remediación en 108 de los 321 pozos – el 37,5% que le correspondía a la empresa por su participación en el consorcio. La remediación restante es responsabilidad de Petroecuador.

Por consiguiente, no importa cómo se mire, el Sr. Donziger finalmente ha admitido la verdad sobre los costos de remediación. Cualquier evaluación realista de la condición de Ecuador muestra claramente que el trabajo de remediación del cual Petroecuador es responsable costaría una fracción de lo que el Sr. Donziger y sus colegas ha sostenido. Ahora si únicamente concentraran sus esfuerzos en la parte responsable, en vez de querer llenar sus bolsillos, entonces podría lograrse alguna solución.

“Este juicio comenzó en los Estados Unidos y está financiado por una firma de abogados.” – Julio Prieto, abogado de los demandantes.

En una entrevista del 7 de diciembre con la estación de radio ecuatoriana Majestad, el abogado de los demandantes, Julio Prieto
menciona a una firma de abogados que financia el actual juicio ambiental en contra de Chevron en Ecuador.

La firma mencionada es Kohn, Swift & Graf PC de Filadelfia, la principal entidad que financia la mayor parte del juicio, sino todo, contra Chevron.

Cuando el abogado litigante de EE.UU., Cristóbal Bonifaz, tramó por primera vez el juicio original en contra de Texaco en 1993, contactó a Harold Kohn, un abogado de demanda colectiva de Filadelfia. Poco tiempo después, se sumó el hijo de Kohn, Joe, quien luego se convirtió en socio en Kohn Swift & Graf. Posteriormente, Kohn incorpora a Steven Donziger, un abogado litigante de Nueva York que fue a la Universidad de Leyes con el hijo de Bonifaz.

Cuando se le preguntó sobre su motivación para tomar el caso en contra de Chevron en la película Crude, Joe Kohn sinceramente afirmó, “no fue tomado como un caso gratuito, gran parte de mi motivación es que al final del día … este será un caso lucrativo para la firma.”

Como parte de Kohn, Swift & Graf financió la campaña de RRPP para tomar como rehén la reputación de  Chevron y pedirle a la compañía una gran suma de dinero para su restitución; Kohn contrató a un cabildero de DC Ben Barnes para ejercer presión en el Congreso de EE.UU. sobre “asuntos ambientales que surgen de la explotación de petróleo en Ecuador”. Barnes luego contrató a la representante de RRPP de DC Karen Hinton para difundir información errónea y distorsionar los hechos del caso.

Años de información errónea y distorsión difundida por abogados litigantes de EE.UU. y sus cómplices de RRPP condujeron al público y a los medios a creer que 30,000 indígenas del Amazonas están detrás del juicio, y que toda recompensa financiera de un fallo o veredicto iría a los pueblos indígenas de Oriente.

No obstante, la verdad nos dice una historia distinta. La firma de Kohn ha coordinado una serie de relaciones económicas y políticas entre el gobierno ecuatoriano, abogados litigantes de EE.UU., y grupos activistas a fin de ejercer presión en una pequeña sala rural de un tribunal en Lago Agrio, Ecuador, a fin de encontrar a Chevron culpable en un juicio ambiental. Toda recompensa financiera como resultado de un fallo o sentencia en contra de Chevron iría sin duda solamente al gobierno ecuatoriano y a los abogados con honorarios condicionales que impulsan este juicio frívolo. En realidad, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, confirmó que “el 90% [de cualquier sentencia en contra de Chevron] sería destinado al Estado …”

Una cosa es cierta, Chevron seguirá luchando por este erróneo y falso juicio hasta que se haga valer la  justicia.

Una editorial reciente de Los Angeles Times sobre las preferencias comerciales de Ecuador con los Estados Unidos curiosamente ignora la evidencia de la hostilidad de Ecuador y erróneamente afirma que Chevron está exigiendo terminar con los beneficios con los que goza Ecuador en virtud de Ley de Preferencias Comerciales Andinas.  Mientras que varias organizaciones exigen “frenar el acuerdo comercial” con Ecuador, Chevron no.  Chevron sugiere que los países no deberían recibir gratificaciones de manera incondicional con beneficios comerciales unilaterales aún cuando burlan obligaciones comerciales con los Estados Unidos. Debido a que Ecuador ha tomando algunas medidas para perjudicar normas de inversión y de comercio, Chevron está reclamando que Ecuador recibe un  trato diferente a Perú y Colombia, los otros dos países incluidos en la ley de comercio andina.  Chevron está exponiendo las distintas maneras en las que el Congreso y el gobierno estadounidense tratan a Ecuador, incluidas las revisiones estatutarias periódicas y el límite de preferencias a entidades y firmas privadas en Ecuador, no a entidades que son propiedad del gobierno, tales como la empresa petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador.

El señalamiento que hace Los Angeles Times en cuanto a que Ecuador ha “demostrado su deseo de trabajar con EE.UU.” no refleja lo que realmente está sucediendo con la relación bilateral.  Solo en el último año,  Ecuador ha tomado una serie de medidas que demuestran su hostilidad hacia los intereses estadounidenses.  Por ejemplo, expulsó a los Estados Unidos de una base área que se ocupó de tareas antidrogas durante al menos una década. También fue el segundo país de la historia (después de Bolivia) en retirarse del cuerpo para la resolución de disputas internacionales compuesto por 156  miembros,  después de referirse a él como “una atrocidad” que “simboliza el colonialismo” y “la esclavitud …a Washington.”  Además anunció su intento de retirarse de los tratados de inversión con los Estados Unidos y una docena de otros países, y propuso un plan de acción para utilizar derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos sin permiso.  La situación en Ecuador ha empeorado tanto que en noviembre, Transparency International consideró a Ecuador uno de los gobiernos más corruptos de América, con  una calificación inferior  a 27 de los 31 países del hemisferio y de 146 de los 180 países de todo el mundo.

En una época, Ecuador fue un aliado de EE.UU. que respetaba la ley, pero no fue así en los últimos años, y su tratamiento con los inversores estadounidenses y sus obligaciones respecto de asuntos de inversión y contractuales reflejan tal cambio. El gobierno de EE.UU., Transparency International y el Banco Mundial, todos muestran serias preocupaciones con el sistema judicial de Ecuador y su respeto por la ley.  A diferencia de lo que afirma la editorial, Chevron no le está pidiendo a los Estados Unidos forzar un resultado favorable en el caso. Solicita una audiencia justa, con la esperanza de que Ecuador respete sus obligaciones contractuales y la consideración de las acciones de Ecuador respecto de tratados y pautas de inversión y comercio bien establecidas.

Chevron ha respaldado, por mucho tiempo, el programa de preferencias comerciales. Sin embargo, creemos que ampliar las preferencias comerciales unilaterales debería conllevar algún tipo de reconocimiento de que los países receptores deben acatar el principio de derecho y las obligaciones de inversión y comercio. Esperamos que los legisladores de EE.UU.  y los escritores de editoriales de Los Angeles Times crean en este mismo criterio.

“Al comenzar el arbitraje, es Chevron el que está tratando de escapar a su compromiso,” – Eric Bloom, abogado que representa al Gobierno de Ecuador

Por el contrario, la demanda de la República de Ecuador en contra de Chevron en el Distrito Sur de Nueva York, es frívola en muchos aspectos, al igual que el juicio en contra de Chevron en Ecuador.  Ambas están basadas en la idea ficticia de que Chevron acordó en 2001 presentarse a la jurisdicción de los tribunales de Ecuador.  Pero Chevron, que de ninguna manera estaba involucrado en los procedimientos en 2001, nunca asintió nada; y Texaco nunca aceptó someterse a la jurisdicción en Ecuador para enfrentar los reclamos fabulados, tribunales con preferencias, y procedimientos corruptos que se están realizando en su contra, por parte del gobierno de Ecuador.
Es exactamente por eso que Chevron inició su arbitraje sobre el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI).  Los argumentos planteados por la República en su juicio de Nueva York ignoran estas verdades básicas y no son fundamento descartar el arbitraje. Dada la extensa lista de reclamos de arbitraje internacional por la repetida indiferencia de Ecuador de sus obligaciones legales y los derechos de los inversionistas en su país, no es de sorprender que Ecuador buscara evadir otra opinión por un panel internacional honesto.