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A sólo un día de que se escucharan los argumentos por un caso en el que se le pidió al cineasta documental, Joe Berlinger, presentar 600 horas de tomas descartadas de la edición final de un documental, que fueron solicitadas por la corte en un caso contra el gigante petrolero Chevron, una corte de apelaciones emitió un mandato preliminar que limita las demandas fijadas inicialmente por un juez federal en mayo.

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En este mes se cumplen veinte años desde que Petroecuador asumiera las operaciones de los campos petroleros en el Oriente ecuatoriano antes a cargo de Texaco Petroleum.  Durante este período Petroecuador ha generado más de 50.000 millones de dólares en ingresos petroleros para el país.

Esta abundancia tuvo efectos adversos en la Amazonía por el pésimo récord ambiental y operacional de Petroecuador. No obstante, cabe reconocer que la compañía ahora está tratando de cumplir con sus obligaciones.

  • En el 2002, Petroecuador desarrolló un plan de remediación para sus operaciones en el Oriente ecuatoriano. En el 2005 inició el plan de limpieza aprobado por el gobierno.
  • En el 2007, Petroecuador reportó que el costo de remediación para las 370 piscinas ubicadas dentro de la antigua área de concesión era de 31.45 millones de dólares.  Hasta la fecha, por lo menos 86 piscinas de reserva han sido remediadas.
  • Petroecuador ha indicado que su meta es completar todo el trabajo de remediación hasta el fin de 2013.

Según parece Petroecuador tiene la capacidad, la pericia y la responsabilidad necesarias para limpiar los campos petroleros en el Oriente y lo que es más importante aún, cuenta con el apoyo del Gobierno.

No obstante, los abogados litigantes de los Estados Unidos que están detrás del juicio en la Corte de Lago Agrio han interferido en Petroecuador. Se han opuesto a la limpieza de la empresa estatal y han pedido a la Corte detener el trabajo de Petroecuador, mas no por una preocupación por el medio ambiente, sino por temor a que la remediación de Petroecuador “pueda cambiar su caso”.

El caso de estos abogados ha afectado al Ecuador. El juicio en Lago Agrio ha sido corrompido por los mismos abogados que lo iniciaron. Han presentado ante la Corte informes periciales falsos, evidencias falsas y han actuado en secreta colusión con los peritos de la Corte. Esto describe un fraude que no está únicamente siendo cometido a expensas de las cortes del Ecuador, sino a expensas del Gobierno y de los propios ciudadanos ecuatorianos. Más aún, el juicio ha afectado la reputación internacional del Ecuador en relación a la corrupción y equidad judicial.

El juicio en Lago Agrio y los abogados demandantes constituyen un obstáculo para las soluciones que merecen la región Oriental y sus habitantes.  Es ya tiempo de que los abogados litigantes pongan a un lado sus propios intereses financieros.  Texaco Petroleum cumplió con sus obligaciones; es hora ya de que Petroecuador haga lo mismo.

Hace poco, una delegación liderada por el Frente de Defensa de la Amazonía viajó a Louisiana con el objeto de trazar un paralelo entre la demanda respaldada por abogados litigantes estadounidenses contra Chevron y el derrame de petróleo del Golfo de México.

No hay duda que la población en el Oriente enfrenta dificultades; sin embargo, no es legítimo hacer una comparación entre la situación provocada por el derrame en el Golfo de México y los temas discutidos en el juicio que se está dirimiendo en el Ecuador. Es decepcionante ver como el Frente de Defensa de la Amazonía (el beneficiario financiero designado en el juicio de Ecuador) y sus partidarios tratan de sacar ventaja de la tragedia que enfrenta la gente en el Golfo para legitimar su fraudulento juicio en contra de Chevron.  Sin embargo, esto no nos sorprende, pues constituye el mismo tipo de manipulación y engaño que han hecho a través de los años, aprovechándose de las dificultades y sufrimientos de sus propios compatriotas en la región Amazónica.

De hecho, los problemas en el Oriente han sido exacerbados por el Frente de Defensa de la Amazonía, que se ha opuesto a los esfuerzos de Petroecuador de limpiar la región, lo cual daña los intereses de la misma gente que afirman representar.

Este mes se cumplen 20 años que Texaco Petroleum dejó de ser operador del consorcio controlado por el Estado ecuatoriano en Oriente. La firma dejó el Ecuador luego de completar una  remediación ambiental que demandó una inversión de $40 millones de dólares y que, siendo aprobada por el mismo gobierno, liberó a la compañía de obligaciones futuras.

A partir de 1990, Petroecuador, el socio mayoritario en el consorcio con Texaco, ha sido el operador exclusivo de los campos petrolíferos y ha perforado 414 nuevos pozos, mientras acumulaba un terrible record ambiental. La petrolera estatal ecuatoriana ha reconocido su responsabilidad y ha iniciado su propia limpieza de la zona. Petroecuador planea remediar 370 piscinas, a un costo de 31.5 millones de dólares hasta 2013, y por el momento ha remediado 86 piscinas. Cabe mencionar que Petroecuador tiene la capacidad y la pericia requeridas, pero más que nada, cuenta con el apoyo del gobierno para completar esta tarea.

No obstante, los abogados litigantes de los Estados Unidos que están detrás del juicio en Lago Agrio entablado en contra de Chevron y el Frente de Defensa de la Amazonía han interferido en el programa de limpieza de Petroecuador. Estos han solicitado a la Corte detener la limpieza – no por su preocupación por el medio ambiente, sino por temor a que tal remediación pueda afectar el caso que mantienen en contra de Chevron.

En su lucha por defender su reclamo carente de todo fundamento, estos abogados y los representantes locales del Frente han hecho mucho daño al Ecuador en muchos aspectos. Han corrompido el juicio, no solo a través de maniobras mediáticas como la que realizaron en Louisiana la semana pasada, sino a través de la falsificación de informes periciales, la fabricación de evidencias, la presentación de demandas por salud sin fundamento alguno y la colusión con los peritos de la Corte. Este fraude  en contra de las cortes del Ecuador, el gobierno del país y sus propios ciudadanos ha dañado la reputación internacional de la nación,  en lo atinente a temas de corrupción e imparcialidad de la justicia.

Además del circo mediático de falsas acusaciones que han montado, estos abogados que están detrás del juicio en Lago Agrio son un obstáculo para las soluciones que los habitantes de Oriente merecen. Ya es hora de que dejen de lado sus propios intereses económicos.

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