Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

Se está acusando a Chevron de una situación que es de exclusiva responsabilidad del gobierno ecuatoriano y de Petroecuador.

Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, fue el socio mayoritario en el consorcio con Texaco Petroleum. Hoy, Petroecuador aún posee y opera los yacimientos petrolíferos en la antigua área de Concesión como así también otros yacimientos en el Amazonas. Petroecuador se hizo cargo de las operaciones del consorcio en 1990 y se transformó en el único propietario de los yacimientos y de las instalaciones de dicho consorcio cuando el contrato de concesión de Texaco Petroleum venció en 1992. Desde ese momento, Petroecuador ha desempeñado una mala administración operativa y ambiental, ampliamente evidente por varias razones; entre ellas una corrupción muy generalizada, falta de inversión en equipos e instalaciones, así como también un deficiente mantenimiento y numerosos derrames.

El antecedente ambiental de Petroecuador es alarmante. La empresa ha sido responsable de más de 1.400 derrames entre 2000 y 2008.  De acuerdo con informes de los medios, Petroecuador derramó más de 4,4 millones de galones de petróleo en yacimientos de almacenaje y de producción de petróleo, junto a varios oleoductos.

Entretanto, Petroecuador aumentó en gran medida la superficie ocupada de las operaciones de petróleo dentro de los anteriores yacimientos del consorcio. Por ejemplo, la empresa ha perforado más de 400 pozos nuevos desde que se hizo cargo de las operaciones, a diferencia del consorcio que perforó 321 pozos. Asimismo, Petroecuador construyó más de 270 nuevos pozos de reserva en los últimos tres años. Al mismo tiempo, la empresa ignoró totalmente sus obligaciones para remediar su parte de las operaciones del consorcio de acuerdo con el contrato de remediación con Texaco Petroleum.

Vea una galería de fotos o mire un video de la mala gestión ambiental de Petroecuador.

A pesar del pésimo historial ambiental de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación  de Oriente, y los demandantes y sus abogados nunca han entablado una acción judicial contra la empresa petrolera estatal. Al contrario, Petroecuador se beneficiará, directa o indirectamente, más que cualquier otra entidad ecuatoriana si el costo de la remediación general se transfiere a Chevron por:

• Obligar a Chevron a pagar el trabajo de remediación que es, sin duda alguna, responsabilidad y obligación de Petroecuador: conforme al Acuerdo de Conciliación y Liberación definitiva celebrado por Texaco Petroleum, el gobierno del Ecuador  y Petroecuador; además,  es el único propietario y operador de los anteriores yacimientos del consorcio durante las últimas dos décadas.

• Solicitar a Chevron el reacondicionamiento y actualización de la infraestructura deteriorada de Petroecuador, a pesar de que Texaco Petroleum ha transferido todos los bienes a Petroecuador en óptimas condiciones operativas hace casi 20 años y no ha tenido ni voz ni voto en ninguna de las decisiones operativas de Petroecuador desde 1992.

Vea las fotos de las operaciones de Petroecuador en el Ecuador:

No hay duda de que la gente en la región Oriente del Ecuador enfrenta una serie de desafíos respecto de la salud en sus comunidades. No obstante, ha sido engañada por abogados litigantes y activistas quienes han entablado esta demanda.

Una de las cuestiones más importantes en materia de salud en la región Oriente no está relacionada con el producto de las operaciones petroleras, pero sí con la falta de infraestructura del tratamiento del agua, de una adecuada infraestructura sanitaria y un acceso eficiente a la atención médica.  (Leer sobre Las operaciones pasadas y cuestiones de la salud de Texaco Petroleum.)

Muestras de agua potable tomadas durante inspecciones ordenadas por el tribunal de pozos remediados por Texaco Petroleum arrojaron altos niveles de contaminación bacterianas de residuos humanos o animales en un 90 por ciento de las muestras, lo cual indica contaminación infecciosa generalizada de las fuentes de agua.

Si bien las muestras contenían un alto nivel de contaminación infecciosa, los resultados indicaron pocas pruebas de contaminación proveniente del petróleo. Las inspecciones ordenadas por el tribunal, llegaron a la conclusión de que el 98 por ciento de las muestras de agua superficial y el 99 por ciento de las de agua potable cumplen con los estándares internacionales de agua potable, en materia de hidrocarburos de petróleo. Esas pocas muestras que indican los impactos provocados por el petróleo son de áreas en donde las operaciones de Petroecuador han provocado la contaminación.

El gobierno del Ecuador no cumplió con su obligación de remediar el impacto ambiental que ha generado, menos aún de modernizar o incluso mantener sus instalaciones para mitigar futuros impactos. El gobierno tampoco se encargó de un tratamiento de las aguas residuales en la región, las cuales desembocan directamente en los arroyos y ríos; en los que las comunidades locales utilizan para bañarse o beber. En consecuencia, muchos residentes rurales no tienen acceso al agua potable.

El poder judicial del Ecuador no es justo y está muy lejos de ser independiente.

Desde que asumió el cargo en enero de 2007, el presidente Correa ha consolidado su poder en todo El Ecuador, incluyendo los organismos políticos, financieros y los medios.

Correa consolidó el poder político cuando la Asamblea Constituyente, dominada por su partido político: Alianza PAIS, redactó una nueva constitución, disolvió el Congreso Nacional y anunció que sus decisiones estaban por encima de cualquier otro fallo del poder judicial.

Entonces profirió la siguiente amenaza: que  “[j]Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente” y desde entonces dejó claro que esta amenaza alcanza a los jueces que fallen en contra de los intereses del Estado.

Correa afirma que “el Poder Ejecutivo sí podría ejercer presión sobre el Poder Judicial” para exigir a los organismos de justicia a que “respondan a las necesidades del país” y que, en su carácter de Presidente, “no es sólo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el  Poder Judicial”.

Correa también ha cancelado los contratos de las empresas extranjeras y confiscado sus activos; a la vez que extinguía sus posibilidades de lograr una resolución justa de las disputas, cuando rechaza la jurisdicción de los tribunales arbitrales internacionales y se rehusó a acatar sus fallos. También ha tomado medidas para controlar a los medios, que Correa considera como “instrumentos corruptos de la oligarquía” y el principal “enemigo del cambio”, entre las que se encuentran la amenaza de revocar cientos de licencias de radio y televisión debido a supuestas “irregularidades.”

Existen pruebas, si volvemos a administraciones anteriores, de que los abogados que representan a los demandantes de Lago Agrio y el gobierno del Ecuador están trabajando juntos para asegurarse una sentencia contra Chevron en el juicio de Lago Agrio. La administración de Correa ha mantenido y fomentado este acuerdo, por lo que la causa contra Chevron pasó de ser una cuestión legal a una política.

El gobierno del Ecuador podría beneficiarse ampliamente con un fallo contra Chevron, que lo absolvería de sus propias obligaciones de remediación y daría como resultado la transferencia de una enorme cantidad de dinero a El Ecuador (el dictamen propuesto de USD27.000 millones representa la mitad del PIB del Ecuador). Políticamente, el caso Lago Agrio distrae la atención y aleja la responsabilidad por las condiciones ambientales de Petroecuador y permite que Correa culpe a Chevron de todos los males sociales de Oriente.

Correa ha prejuzgado la responsabilidad de Chevron en el caso públicamente, incluso adoptó la postura infundada y sumamente ofensiva de que Texaco Petroleum era culpable de “delitos contra la humanidad”. El Fiscal General de la Nación confirmó que “la posición del gobierno de Correa en el caso es clara: ‘La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron, no las de Petroecuador’”.

Correa ha colocado el respaldo del gobierno en los demandantes, incluso les ofreció “ayuda para reunir las pruebas” contra Chevron. En abril de 2007, sólo unos meses después de haber asumido su cargo, el presidente Correa hizo junto con los medios una visita a la Amazonía; acompañado por los abogados y representantes de los demandantes, en el que se refirió al abogado de los demandantes Pablo Fajardo y a Luis Yanza, líder del Frente de Defensa de la Amazonía como “héroes reales … que han luchado por años por su gente, su Amazonía”. También se refirió en varias oportunidades a Fajardo y Yanza como “nuestros compañeros” y sus “queridos amigos” en la prensa nacional ecuatoriana.

Correa ha apelado al Fiscal General de la Nación para que inicie una causa penal contra los abogados de Chevron que firmaron la conciliación y los acuerdos de exoneración de responsabilidad en nombre de Texaco Petroleum. Los dos Fiscales Generales anteriores del gobierno de Correa exigieron que los cargos penales fueran desestimados en tres ocasiones distintas. Sin embargo, el siguiente que fue nombrado en el cargo, Washington Pesántez, entonces formuló cargos infundados a pesar de las tres opiniones anteriores de que los cargos debían ser desestimados, sin apuntar a ninguna prueba nueva y sin perjuicio de su opinión anterior, como Fiscal de Distrito, que no había encontrado prueba alguna para respaldar los cargos penales y había confirmado la recomendación de desestimar la demanda penal.

Recientemente, el asesor de legal de Correa, Alex Mera, y la su hermana Pierina Correa, están implicados en una trama de sobornos por USD 3 millones dirigidos a garantizar los contratos de remediación que serían consecuencia de una sentencia contra Chevron por parte de uno de los organizadores del ardid, Patricio García, quien afirmó ser un operador político para el partido gobernante Alianza PAIS. García también afirmó durante una de las reuniones grabadas en video que los abogados del ejecutivo serían enviados a Lago Agrio para ayudar al Juez Núñez (que también estaba implicado en la trama) a redactar la sentencia.

Luego de que la trama de sobornos fue revelada, Correa confirmó su alianza con los demandantes una vez más y manifestó de manera inequívoca “por supuesto quiero que nuestros compañeros indígenas ganen”. Y como otra prueba más del control del gobierno sobre la causa judicial, a pesar de las repetidas afirmaciones de que el gobierno no tiene ningún papel en este juicio, el Fiscal General Washington Pesántez anunció que ha solicitado al juez Núñez excusarse de continuar en el juicio para “garantizar que el fallo ya no se demore más” y para no permitir que Chevron “evite pagar la indemnización por daños y perjuicios que creemos es más que justa, porque ocasionó mucho daño a nuestro país”. Pesántez confirmó luego que el 90% [de cualquier sentencia contra Chevron] iría a manos del Estado para llevar a cabo actividades de remediación y bioremediación”.

Los reclamos por cáncer realizados por Richard Cabrera es uno de los ejemplos más terribles de lo absurdo de su trabajo. Cabrera, ingeniero de minas sin experiencia ni formación en la remediación de yacimientos petrolíferos, fue nombrado por el tribunal para evaluar el posible daño al medio ambiente.

Este es un caso de remediación ambiental, y ninguno de los 48 demandantes tiene una demanda por cáncer o por daños y perjuicios relacionados.

Sin embargo, Cabrera estableció más USD9.500 millones en daños por “excesivas muertes por cáncer”. No obstante, no pudo identificar ni una sola víctima ni suministrar documentación que corroborara el hecho, como por ejemplo, certificados de defunción o diagnósticos médicos.

En su lugar, Cabrera fundamentó sus argumentos con respuestas subjetivas, extraídas de sus estudios a la población local, realizados en secreto por personas desconocidas. La encuesta formulaba preguntas capciosas, como “¿que cree que debería exigirse a Texaco Petroleum en compensación por los daños sufridos?”.

Asimismo, el Sr. Cabrera comete claros errores matemáticos en sus cálculos e interpreta incorrectamente los datos de su propia encuesta para obtener falsamente altas tasas de cáncer.  Agrupa todas las clases de cáncer, a pesar de que no existen pruebas que vinculen los componentes del petróleo crudo con la mayoría de los cánceres conocidos, incluidos el de estómago y el de útero – los dos tipos más comunes mencionados en los estudios. Estos son también dos de los cánceres más comunes en El Ecuador.

Las conclusiones de Cabrera son desmentidas por los datos estadísticos oficiales del Ecuador sobre la mortalidad ocasionada por cáncer, los cuales muestran que no hay un mayor riesgo de contraer cáncer en las zonas productoras de petróleo, comparadas con las zonas no productoras de la Amazonía ecuatoriana. La tasa de cáncer calculada por Cabrera es más de 250 veces superior a la tasa indicada por el gobierno del Ecuador. Vea un análisis de la mortalidad por cáncer y la producción de petróleo en la región de la Amazonía del Ecuador.

Esta no es la primera vez que los abogados relacionados con el caso tratan de interponer demandas por cáncer contra Chevron. En 2007, un tribunal federal de EE.UU. en el Distrito Norte de California rechazó una demanda similar contra Chevron, supuestamente presentada en nombre de ciudadanos ecuatorianos de la región de Oriente. El caso fue desestimado luego de descubrir que a los demandantes nunca se les había diagnosticado cáncer, quienes además testificaron que ni siquiera sabían que se había iniciado una causa en su nombre.

Y seguirán repitiendo su historia una y otra vez con más y más ornamentos hasta que alguien los confronte con la verdad o pague para detenerlos.

Este es uno de los principales mitos que los abogados litigantes de los Estados Unidos y grupos de activistas ambientales han fabricado, en un obvio intento de mancillar la reputación de Chevron en  EE.UU. y presionar a la empresa hasta llegar a un fallo injusto, en el juicio contra Chevron en Ecuador:

Mito 1: Chevron es responsable por daños por un valor de USD27.000 millones al Amazonas.

La estimación de USD27.000 millones contra Chevron fue elucubrada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas, sin ninguna experiencia ni capacitación en el trabajo de remediación de pozos petrolíferos.

Cabrera fue designado por el tribunal para estimar el posible daño ambiental en los pozos petrolíferos de la anterior concesión; es decir la causa, si existiera dicho daño, y los proyectos de remediación para repararlo. Su elección fue totalmente respaldada por el Frente de Defensa de la Amazonía con la oposición de Chevron.

Además de no estar calificado para la tarea que le fue asignada, Cabrera ignoró las directivas del tribunal y amplió de manera improcedente el alcance de su trabajo, inventando tipos de daños que nada tenían que ver con los problemas planteados por el juicio o con la reparación ambiental del área de la concesión anterior.

Casi el 90% de los USD27.000 millones es asignado a problemas que no se relacionan con los reclamos reales en el caso:

• Cabrera no presentó registros médicos ni certificados de defunción para respaldar la suma de más de USD9.500 millones en compensación por “excesivas muertes por cáncer” y no mencionó ni a una sola victima, ni identificó a ningún familiar como beneficiario. No cuenta ni con formación ni experiencia médica como para diagnosticar la epidemiología de cáncer, ni para designar a nadie de su equipo que la tenga. En lugar de contar con un experto, Cabrera basó sus reclamos de cáncer en respuestas surgidas de encuestas ad hoc a la población local, realizadas en secreto y por personas desconocidas.

• Cabrera también reclama USD1.700 millones por daños en concepto de mejoras de los yacimientos petrolíferos, los cuales han sido operados exclusivamente por Petroecuador desde que Texaco Petroleum dejó de operar en 1990.  Los yacimientos son propiedad exclusiva de Ecuador, y actualmente están en uso y están siendo expandidos por la compañía petrolífera estatal.

• Valuó en más de mil millones de dólares la reparación del suelo de yacimientos que nunca visitó, inflando exageradamente el cálculo, para llegar a un costo de remediación por pozo sugerido 25 veces mayor al costo actual del propio programa de remediación de Petroecuador.

• Calculó USD428.000 millones para mejorar el sistema de agua potable en el Oriente y USD3.200 millones para la remediación de aguas subterráneas; a pesar de que no tomó ni una sola muestra de arroyos, ríos, fuentes municipales de agua ni pozos de agua potable. Además, no hizo nada para evaluar si otros factores (como la contaminación fecal) eran factores causales de problemas de salud, y manifestó en su propio informe que no tenía información suficiente para desarrollar un plan de remediación de aguas subterráneas.

• También exigió USD320 millones para un criadero de animales salvajes, para luego soltarlos, a fin de que los pueblos indígenas pudieran cazarlos.

Hasta ahora, Cabrera se ha rehusado a responder preguntas sobre: su metodología, identificar a otros miembros del equipo, explicar sus responsabilidades y aportes; o siquiera sobre presentar documentación respaldatoria, particularmente relacionada con la encuesta en la que fundamenta su análisis del daño por cáncer.

El trabajo de Cabrera distó mucho de ser independiente.

Hay indicadores que sugieren que Cabrera trabajó estrechamente con los abogados de los demandantes para preparar su último informe:

• Recibió pagos de al menos USD200.000 por su trabajo de Selva Viva, una empresa ecuatoriana que opera como intermediario financiero y de logística para el Frente. Aparentemente, los cheques fueron firmados por Luis Yanza, coordinador legal del Frente y gerente general de Selva Viva.

• Se benefició con la ayuda de miembros del Frente durante su trabajo de campo, tal como lo indican fotografías y el video tomados en el momento en que se impedía, a expertos de Chevron, observar el trabajo de Cabrera.

• Incluso copió partes, palabra por palabra, de su informe de USD27.000 millones de las observaciones que los abogados demandantes presentaron al tribunal.