En la ceremonia de jura del cargo, que tuvo lugar en un teatro de Quito, el presidente Rafael Correa les advirtió a los jueces que se preparen para “un ataque mediático” que intentará posicionar “la idea de que la única forma de demostrar la imparcialidad de la nueva Corte será fallando contra el Ejecutivo o contra sus miembros”.
En el año 1993, algunos pobladores amazónicos demandaron a Texaco por supuesta contaminación ambiental mientras perforaba 325 pozos entre 1964 y 1992.
Ahora, analicemos lo que pasó antes: Cuando Texaco se iba de Ecuador porque no le renovaron el contrato que terminaba en el año 1998, se hicieron auditorías que demostraron la existencia de pasivos ambientales, pero también se determinó en ese estudio que las operaciones de Texaco en el Ecuador fueron conforme a las leyes ecuatorianas y estándares internacionales de producción de petróleo.
Ante la existencia de un pasivo ambiental, el consorcio (Petroecuador-Texaco) debía hacer una remediación que fue pactada por el Estado y Texaco en cumplimiento con sus contratos y sus obligaciones legales vigentes para esa época. El ofrecimiento se cumplió y Texaco gastó más $40 millones en remediar 162 piscinas de residuos y otras labores. Este trabajo fue debidamente auditado, llegando en el año 1998 a la firma de un acta final donde liberaron a Texaco de toda futura responsabilidad por problemas que podrían existir en la zona.
En un video, de la autoría de Chevron, la petrolera resume el fraude de los demandantes y explica que se está defendiendo de falsas acusaciones de ser responsable de los daños ambientales y sociales en la región amazónica del Ecuador, aunque -dijo- no haber producido nunca petróleo en este país.
Texaco, subsidiaria suya, tabajó en Ecuador y reparó totalmente la parte propocional del impacto ocasionado por las operaciones petrolera previas a 1992. También indica que la sentencia de parte de un tribunal ecuatoriano en su contra es ilegítima, pues no se respetó el debido proceso y es inaplicable porque fue obtenida por medio de fraude.
Según Chevron, los representantes de los demandantes se han confabulado con la corte y sus peritos para inventar pruebas y falsificar informes. Esa realidad es admitida por el abogado Steven Dozinger en tomas no usadas de la película “Crudo”, y que se pueden observar en el siguiente link:
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Diego Oquendo, Radio Vision, Ecuador, entrevista a James Craig, asesor para Chevron en América Latina, sobre los últimos sucesos del caso.
Chevron tiene recurrida en Ecuador la multimillonaria sanción por un presunto delito ecológico. La petrolera estadounidense no solo niega su responsabilidad en los vertidos, sino que insiste en que el proceso judicial en Ecuador estuvo viciado, por lo que presentó en tribunales de EE UU una reclamación por fraude y conspiración para cometer este delito, y ha llevado el caso a un tribunal de arbitraje de La Haya. Chevron adquirió Texaco en 2001.
James Craig, portavoz de la petrolera estadounidense Chevron para América Latina, considera que en el Ecuador ha habido, en los últimos siete años, un deterioro de la administración de justicia, que a su parecer se inició desde la destitución de jueces de la Corte Suprema en el 2004.
El Gobierno de Ecuador tendrá que pagar 96 millones de dólares a Chevron, según una sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, informó el miércoles la compañía estadounidense.
El fallo hace referencia a siete querellas emitidas entre 1991 y 1993, cuando la petrolera Texaco, que fue posteriormente comprada por Chevron, operaba en territorio ecuatoriano en virtud de un acuerdo con el Gobierno.
En Ecuador una mafia de abogados y “expertos” conspiró con el Juez de la causa para tratar de estafarle 18.000 millones de dólares a ChevronTexaco, en el jucio llevado a cabo en Lago Agrio. En efecto, el juez falló en contra de la empresa pero, tanto la opinión del “experto independiente” como hasta su misma decisión, fueron escritos o usaron argumentos elaborados, por la parte acusadora. La empresa acaba de apelar el fallo en su contra en Ecuador, mostrando una vez más las evidencias que han hecho de este fallo un monstruoso fraude. En este fraude están involucrados la parte acusadora, sus abogados Pablo Fajardo y Steve Donziger, el llamado “experto independiente” Stalin Cabrera y el juez de la causa, Nicolás Zambrano. Aparecen como miembros integrantes de una mafia, actuando bajo la mirada tolerante del Ejecutivo de Ecuador.
