New turn in $19-billion litigation.

In filings this morning in federal court in Manhattan, Chevron has submitted statements from the top two scientific experts for the Ecuadorian plaintiffs suing the company for alleged oil contamination, disavowing essentially all of their previous findings and conclusions in the case—findings that formed the purported basis for a $19 billion judgment handed down by an Ecuadorian provincial court against Chevron in February 2011.

“I disavow any and all findings and conclusions in all of my reports and testimony on the Ecuador Project,” writes Douglas Beltman, the executive vice president of Boulder-based Stratus Consulting, who headed the firm’s assignment. “I deeply regret that I allowed myself and my company to be used in the Lago Agrio Litigation in the way that we were.”

“I am not aware,” he writes later in the report, “of any scientific data that shows that any adverse health effects are caused by contamination from petroleum operations in the Oriente”—i.e., the Eastern provinces of Ecuador where Texaco performed drilling operations between 1964 and 1992. (Texaco was acquired by Chevron (CVX) in 2001.)

In 28-page and 16-page declarations, Beltman and the number two environmental expert on the project, Ann Maest, state that the plaintiffs’ chief U.S. lawyer, Steven Donziger, directed the firm to ghostwrite a crucial damages assessment report for an ostensibly neutral and independent court-appointed expert, Richard Cabrera. They say that Donziger instructed them to keep Stratus’s involvement in the writing secret even from the plaintiff team’s then-communications director, Karen Hinton, as well as from Donziger’s then-law associate, Andrew Wood.

Stratus, Beltman, and Maest reached a cooperation agreement with Chevron last month, finalized this week, that calls for the firm to make its experts available to give “truthful testimony” in exchange for Chevron’s agreement to drop the three of them from a civil racketeering suit it filed in 2011 against them, Donziger, and several lead Ecuadorian lawyers in the case.

Attorney Craig Smyser of Houston, who represents the Ecuadorian plaintiffs team in the RICO case, says in a statement: “Chevron bullied Stratus until Stratus had no choice but to succumb: the firm was faced with financial extinction” from the RICO suit and its potential consequences to its government contracting business.

Smyser quotes language that an attorney then representing Stratus filed in court 3 months ago, stating: “Chevron knows that based on scientific data collected during the Lago Agrio litigation, including data collected by Chevron, Stratus actually found that contamination was present at every single well site and station that was sampled … [causing] a huge amount of environmental damage costing immense sums to remediate.”

By Roger Parloff,-Fortune (Blog), April 12, 2013

Una jueza federal del estado de la Florida aceptó este miércoles el pedido de Chevron Corp. para citar a un banco ecuatoriano por los registros bancarios que el gigante energético espera utilizar en un arbitraje relacionado con la sentencia por $ 19.2 mil millones en un juicio por contaminación petrolera.

La jueza federal de distrito Marcia G. Cooke adoptó la recomendación del magistrado norteamericano William C. Turnoff de autorizar a Chevron citar judicialmente al Banco Pichincha CA y calificó al informe del juez de “claro, coherente y convincente”.

Chevron había solicitado registros bancarios de ocho cuentas en el Banco Pichincha, a través de las cuales la compañía afirma que los demandantes en la demanda por contaminación en Lago Agrio, Ecuador, canalizaron sobornos a jueces y peritos para obtener la sentencia DE $19.2 mil millones actualmente en el seno de un arbitraje bajo el Tratado de Inversión Bilateral Estados Unidos-Ecuador.

En una audiencia celebrada el miércoles, el abogado del Banco, Clinton Losego de la firma Gunster Yoakley & Stewart PA, dijo que el Banco no quiso tomar partido en el caso, pero tampoco quería infringir las leyes del Ecuador que prohíben revelar el tema en cuestión. Dado el alto perfil del caso, si el banco revelara los registros, es muy probable que el gobierno ecuatoriano tome acciones legales, afirmó Losego.

“El banco no buscó estar en esta posición y no se le debería pedir violar la ley de su propio país”, dijo Losego.

Agregó que la agencia del Banco en Miami no tenía acceso a los libros y registros del Banco en el Ecuador y que Chevron debería buscar los documentos en el país y no en un tribunal de los EE.UU.

Sin embargo, la abogada de Chevron, Andrea Neuman de la firma Gibson Dunn & Crutcher LLP, argumentó que la connivencia entre los demandantes de Lago Agrio y el gobierno ecuatoriano ha dificultado el acceso a los documentos de Ecuador.

“Aunque tenemos cierta evidencia contundente, necesitamos más”, dijo. “Tenemos que ser capaces de seguir la pista del dinero de Miami al Ecuador”.

La abogada dijo que la República del Ecuador fue la parte contraria en el arbitraje en curso y que había recibido copias de todo lo presentado en el procedimiento en la Florida. Según Neuman los abogados del país no se han opuesto a la solicitud de documentos ni han intervenido para decir que va contra las leyes ecuatorianas.

El gigante energético ha calificado de “farsa” a los procedimientos de la corte de Lago Agrio, alegando que Steven Donzinger, el abogado de los demandantes ecuatorianos han impulsado los reclamos ambientales con el fin de extorsionar a Chevron.

Además de un caso pendiente por crimen organizado entablado contra Donzinger en un tribunal federal de Nueva York, Chevron planteó un recurso de arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversiones, alegando que había sido víctima de denegación de justicia en un tribunal extranjero y acusó al país de participar en el supuesto fraude perpetrado por los demandantes ecuatorianos.

Chevron obtuvo una importante victoria en esta lucha de larga data a principios de este mes, cuando un tribunal internacional de La Haya dijo que el Ecuador había incumplido con las obligaciones establecidas en los tratados con Estados Unidos y el derecho internacional por no haber impedido la ejecución de la sentencia impugnada.

El tribunal, convocado bajo el Tratado y supervisado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en febrero de 2012 emitió una resolución exigiendo al país tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución de la sentencia, dentro y fuera del Ecuador. Según el tribunal, el Ecuador ha violado esa orden al facilitar los intentos de los demandantes para conseguir la congelación de activos de la compañía en Argentina, Brasil y Canadá.

El 13 de febrero, el Quinto Circuito aceptó la petición del Ecuador incluida en el arbitraje amparado bajo el Tratado Bilateral de Inversiones, al dictaminar que la petición de la empresa estadounidense debería proseguir puesto que el arbitraje es un procedimiento de un tribunal internacional y no una controversia de inversión bilateral.

En vista de que Chevron con frecuencia ha argumentado en los procesos judiciales federales que el arbitraje por el Tratado Bilateral de Inversiones es un procedimiento extranjero, el tribunal de apelaciones dijo que el gigante petrolero no podía cambiar de pronto su posición con el fin de obtener un resultado favorable, cuando por orden judicial ya se había beneficiado de una orden de la corte de los Estados Unidos durante el arbitraje.

Chevron es representado por Andrea Neuman, Stavers Jason, Hendricks y Kristen Randy Mastro, de Gibson Dunn & Crutcher LLP, y Carlos Sires, de Boies Schiller & Flexner LLP.

Banco Pichincha es representado por Clinton Losego y Allison Cammack, de Gunster Yoakley & PA Stewart.

Los demandantes de Lago Agrio están representados por Larry Veselka, Bryan Craig y Christina Smyser, de Smyser Kaplan & LLP Veselka, y Martin L.
Reeder Jr. y Christopher Albu, de Reeder Reeder y PA.

El caso es Chevron Corp. contra Banco Pichincha, el número de caso es el 1:11-cv-24599, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.

- Reporte adicional de Sean McLernon y Broady Gavin. Editado por Elizabeth Bowen.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron del artículo publicado en Law 360. Vea el original aquí.

Por Carolina Bolado-Law360, 27 de febrero de 2013, 21:14 ET

Una millonaria demanda interpuesta en Ecuador contra Chevron amenaza con extenderse a Colombia, donde la multinacional produce el 60 por ciento del gas que se consume en el país. Historia de un pleito que parece no tener fin.

Ante los tribunales colombianos podría llegar en las próximas semanas una multimillonaria demanda contra la petrolera Chevron. Se trata del pleito que lleva cerca de una década, en los tribunales de Estados Unidos y Ecuador, entre esta empresa norteamericana y representantes de un grupo de indígenas de la Amazonia ecuatoriana.

La disputa ya traspasó las fronteras de estas dos naciones y amenaza con extenderse a otros países en donde la multinacional energética tiene presencia.

Los abogados de los demandantes -aborígenes de Ecuador- presentaron su caso en Nueva York donde no prosperó porque los jueces señalaron que no tenían competencia para asumirlo. Pero sí ganaron el litigio en Ecuador, donde las autoridades judiciales determinaron que para cobrar la costosa multa, que asciende actualmente a 19.000 millones de dólares, se podrían embargar los bienes de la compañía en cualquier parte del mundo.

Chevron considera la sanción exorbitante y sin ningún asidero legal. Es superior, por ejemplo, a la multa por 4.500 millones de dólares que deberá pagar BP por el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Ya hay un antecedente sobre los alcances que está adquiriendo esta disputa. Hace un mes un juez de Argentina anunció el embargo de todos los bienes de la petrolera, sus dividendos y el 40 por ciento de sus ventas de crudo. La decisión se realizó al amparo de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares en el Extranjero, un acuerdo judicial regional del cual Colombia también hace parte.

Los demandantes también han llevado el pleito a Canadá y Brasil y planean presentar demandas en Europa, Asia y Oceanía. De los cerca de 100 países en los que tiene presencia Chevron, esperan interponer pleitos en por lo menos 30. En Colombia las acciones legales se oficializarían una vez se levante el paro que afecta a la rama Judicial. Pero antes, un juez del Ecuador tendría que enviar una carta a la Cancillería para solicitar la colaboración de la justicia en este caso.

Aunque algunos expertos en el sector sostienen que las pretensiones no se justifican y que no prosperarán en el país, que tiene reglas de juego claras para la inversión extranjera, Chevron Colombia no se ha quedado quieta y contrató a las firmas más reconocidas de abogados. La petrolera produce actualmente el 60 por ciento de todo el gas que se consume localmente, que extrae de sus campos Chuchupa y Ballenas, en La Guajira, en asocio con Ecopetrol. Opera más de 370 estaciones de servicio Texaco. Sus activos ascendieron el año pasado a 1,5 billones de pesos y sus ventas a 3,7 billones.

El abogado Néstor Humberto Martínez, asesor de Chevron Colombia, asegura que sería absolutamente improcedente la demanda porque la compañía nunca ha sido parte del proceso que se sigue en Ecuador.

Un largo pleito

Para entender el caso hay que remontarse varias décadas atrás. Entre 1964 y 1990 la petrolera estadounidense Texaco realizó trabajos de exploración y explotación de crudo en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonia ecuatoriana, en asociación con la compañía estatal Petroecuador. Se estima que se perforaron 356 pozos y se construyeron 430 piscinas petroleras para atajar los líquidos provenientes de la perforación. En 1990 Texaco abandonó el país una vez se terminó la concesión y Petroecuador continuó explorando y explotando los ricos yacimientos del área.

En 1993 un grupo de indígenas de la región, respaldados por el abogado ecuatoriano Pablo Fajardo, decidió demandar a Texaco en un juzgado de Nueva York argumentando que la exploración de la petrolera estadounidense había provocado graves daños ambientales en la zona relacionados con la contaminación de los ríos y del aire, lo que habría provocado muertes por cáncer a la población expuesta a estos químicos. A la petrolera se le acusó de no haber puesto en marcha medidas suficientes para amortiguar el impacto de su explotación.

Pero ¿qué tiene que ver Chevron en esta historia? La multinacional entró en escena en 2001 cuando compró por 45.000 millones de dólares a Texaco, con lo cual se posicionó como la segunda más grande petrolera de Estados Unidos, después de ExxonMobil. Ese es precisamente uno de los principales argumentos de los abogados de la multinacional: Chevron Corp. no tiene nada que ver con este pleito porque nunca realizó actividades de exploración en Ecuador.

Además, afirma que cuando Texaco salió de Ecuador acordó con el gobierno de ese país pagar una compensación por los posibles daños ambientales, proporcional a su participación en el contrato de asociación petrolera, donde era socio minoritario con menos del 40 por ciento. Por eso realizó trabajos de recuperación en 162 piscinas -las restantes le correspondía repararlas a Petroecuador, que según Chevron es la verdadera responsable de los daños ambientales- y pagó 40 millones de dólares, monto superior a los estipulados en las diferentes auditorías que se realizaron sobre el terreno. Una vez culminó el contrato, la petrolera salió del país con el beneplácito de las autoridades ecuatorianas.

Con estos y otros argumentos Chevron ganó la demanda instaurada ante los tribunales de Nueva York. Pero los demandantes no se dieron por vencidos y tras la derrota interpusieron una nueva demanda ante un tribunal de Lago Agrio, en Sucumbíos, en 2003. El mismo tribunal que emitió la orden de detención contra el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos por la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano.

Después de casi una década de debates y enfrentamientos entre las partes involucradas, de decenas de informes de peritos para determinar el nivel de toxicidad de las aguas aledañas a la explotación minera, en febrero de 2011 un juez de Lago Agrio condenó a Chevron a pagar una multa de 8.500 millones de dólares por los daños causados al medio ambiente y a los habitantes. Pero advirtió que la cifra se duplicará si la multinacional no se disculpa con las comunidades indígenas. A estas alturas del pleito la demanda ya está tasada en 19.000 millones de dólares.

Mientras el abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, sostiene ante diversos medios de comunicación que “no vamos a perdonar un solo centavo de Chevron en esta batalla y que vamos a iniciar las acciones jurídicas en distintos continentes y en distintos países donde tiene activos alrededor del mundo”, la petrolera se mantiene en su posición de que no va a pagar un solo dólar. James Craig, portavoz para América Latina y África de la multinacional le dijo a SEMANA que Chevron Corp. no tiene nada que ver con el pleito ecuatoriano y que “no tiene intención alguna de sentarse a girar cheques a abogados corruptos”.

Sustenta la acusación con base en decenas de videos y cientos de correos que tiene la compañía en su poder y ha presentado ante diversos tribunales para demostrar de qué manera los demandantes han realizado extorsiones y pagado sobornos. Craig asegura que los abogados ecuatorianos no se atreven a seguir con el litigio en Estados Unidos porque la compañía les interpuso una demanda donde los acusa de asociación ilícita para delinquir, extorsión y crimen organizado. Dice que este pleito no es entre indígenas ecuatorianos y una multinacional del petróleo porque detrás de él hay abogados estadounidenses y fondos de inversión que están tratando de beneficiarse.

Como ninguna de las partes está dispuesta a ceder, este litigio podría seguir por varios años más y extenderse a otras naciones. Todavía no se sabe cómo terminará ni quién ganará de manera definitiva esta batalla jurídica. Por ahora la expectativa es cuándo llegará a terreno colombiano.

John Spears

Toronto Star
30 de noviembre de 2012

Cuando los abogados de un grupo de ecuatorianos se reunió en una sala de audiencias de Toronto para enfrentar a los abogados de la estadounidense Chevron Corp., en relación a un juicio ambiental en el Ecuador, el juez David Brown en voz alta se preguntó y ¿por qué Canadá?

“Todos ustedes deberían estar en Nueva York”, sostuvo Brown el jueves pasado.

No obstante, los ecuatorianos se han presentado en Ontario para solicitar la ejecución de una sentencia por 18.300 millones de dólares, derivada del fallo de un tribunal ecuatoriano en contra de Chevron, por haber contaminado el agua y el suelo ecuatoriaos hace más de 40 años.

Lo que ha motivado esta demanda es el hecho de que Chevron no tiene activos importantes en Ecuador, mientras que su filial Chevron Canadá tiene intereses en las arenas bituminosas de Alberta, en campos petroleros de Terranova y en operaciones de refinamiento y ventas al por menor en Canadá. Sin embargo, esto no impidió que Brown preguntara en repetidas ocasiones las razones por las que el caso debía ser escuchado aquí.

“Esta es una disputa de Nueva York; no es una disputa de Ontario”, objetó.

El juez se molestó aún más al descubrir que el caso aún está bajo apelación en el Ecuador. “¿Por qué debería un tribunal de Ontario meter sus narices en un caso en el que aún no hay veredicto final?”, se preguntó.

Chevron y Chevron Canadá buscan que la corte desestime el recurso, ya que consideran que no existe ninguna conexión significativa entre Chevron Canadá y lo que sucedió en el Ecuador hace varias décadas.

La cuestión se complica aún más por el hecho de que fue una operación de Texaco la que contaminó el medioambiente ecuatoriano. Chevron y Texaco se fusionaron en 2001.

Clarke Hunter, el abogado de Chevron Canadá, subrayó este hecho. “En ese entonces, Chevron Canadá ni siquiera era una filial lejana de Texaco”, afirmó.

Tanto Chevron como Chevron Canadá han pretendido describir su relación como indirecta, con una estructura de gestión descentralizada. El juicio en el Ecuador es sólo contra la matriz, Chevron Corp., señaló Hunter.

El abogado sostuvo que si bien Chevron es una empresa global, sus operaciones son demasiado extensas y complejas como para que la casa matriz ejerza un dominio y control sobre su unidad canadiense.

Por otro lado, Alan Mark, abogado de Chevron Corp., argumentó que los ecuatorianos no han podido demostrar que los activos de Chevron Canadá pertenezcan a Chevron Corp. “Sin ese elemento de conexión, la ejecución de la sentencia (ecuatoriana) sería un mero ejercicio académico, además de totalmente irrelevante en Ontario”, argumentó.

Se espera contar con la presencia del abogado de los ecuatorianos, Alan Lenczner, para defender su caso el día viernes. En el material presentado ante la corte, este abogado se ha referido a Chevron como un “moroso” que intenta evadir el pago de la sentencia.

Lenczner también arguye que Chevron Corp. está estrechamente ligado a sus filiales, puesto que es de éstas de donde provienen sus ganancias.

“Pero parecería ser que de las ganancias derivadas de sus subsidiarias, incluyendo a Chevron Canadá, no habría ganancias o dividendos para Chevron Corp., ni para ninguna compañía que cotice en bolsa o para accionista alguno,” afirmó el abogado durante su exposición.

Cabe anotar que los ecuatorianos también han puesto en marcha acciones en Brasil y Argentina.

Por Sean McLernon, Law360, Nueva York  (1 de noviembre de 2012, 7:50 PM ET)

Un juez federal de Colorado el jueves pasado permitió que tres compañías de seguros eviten asumir la defensa de Stratus Consulting Inc.,  en una demanda por extorsión entablada por Chevron Corp.,  en la que se acusa a la consultora y a otros de difundir acusaciones falsas sobre un derrame de petróleo en el Ecuador,  que derivó en una sentencia por 19.200 millones de dólares en contra de la compañía.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Richard P. Matsch, afirmó que según los términos que rigen a Navigators Specialty Insurance Co., Hartford Casualty Insurance Co. y Twin City Fire Insurance Co.,  contienen exclusiones que eliminan cualquier obligación de cubrir a la consultora ambiental en la demanda de Chevron y concedió juicio sumario a favor de las compañías aseguradoras.

Chevron acusa a  Stratus, al abogado Steve Donziger y a otros imputados,  de la redacción clandestina de un informe pericial que incluye una evaluación de daños por 27 mil millones de dólares, así como de coludir con el Ecuador para presentar cargos penales fraudulentos en contra de los abogados de Chevron, acusándolos de haber engañado al gobierno con una falsa limpieza de la contaminación en cuestión a cargo de la gigante petrolera.

A fin de evitar asumir la defensa de Stratus en la demanda, Navigators Specialty resaltó que según lo dispuesto en su póliza, se excluye la cobertura por reclamos derivados de “actos deshonestos, fraudulentos, maliciosos o deliberadamente ilícitos, error u omisión”.

Stratus argumentó que aún cuando debía haber tenido conocimiento de que había algo ilegal en la relación entre Donziger y los demandantes ecuatorianos,  puede ser que el trabajo de la firma en relación  al informe ambiental  haya sido negligente; sin embargo, esto no logró convencer al juez Matsch.

“Las detalladas imputaciones basadas en hechos en contra de los acusados de la firma Stratus,  son suficientes para establecer una conducta que cae dentro de los criterios de exclusión, lo que anula cualquier obligación de defensa en la demanda de Nueva York por parte de Navigators”, afirmó el juez.

Navigators Specialty también sostuvo que cuando la póliza de responsabilidad profesional inició en octubre de 2010,  Stratus tenía conocimiento sobre una supuesta acción, error u omisión que podía  razonablemente terminar en demanda. El juez dijo que hubo un componente subjetivo añadido a esa exclusión de la póliza,  fuera del ámbito de la corte en la fase de juicio sumario, pero reiteró que la exclusión de actos intencionales es suficiente para liberar a Navigators Specialty de cualquier obligación de asumir la defensa de Stratus.

Navigators Specialty inició el caso en marzo de 2011, poco tiempo después de que Chevron presentara su demanda contra Stratus bajo la Ley RICO. La consultora ambiental respondió y presentó una contrademanda, al tiempo que agregó a Hartford Casualty y Twin City Fire como acusados.

Según el fallo, la póliza de Twin City Fire con Stratus contempla una exclusión por servicios profesionales, en la que se especifica que la aseguradora no tiene obligación de cubrir ningún reclamo “relacionado con la prestación o la falta de prestación de cualquier servicio profesional para otros”.  Asimismo, el fallo establece que en vista de que Stratus  supuestamente logró cometer fraude a través de su trabajo en el informe, la exclusión aplica.

“La provisión de servicios profesionales por parte de Stratus fue un componente integral de la supuesta trama fraudulenta y no un factor incidental o irrelevante en la comisión del supuesto fraude”, sentenció el juez.

La estipulación sobre “violación consciente de los derechos de otro” incluida en la póliza de Hartford también le permite evitar la cobertura, dado que la provisión claramente establece que no existe cobertura para violaciones intencionales de la ley, de lo que Chevron acusa a Stratus.

Los abogados de ambas partes no estuvieron inmediatamente disponibles el jueves pasado para presentar sus comentarios.

Navigators Specialty Insurance Co. está representado por Natalie M.Lucas, Nancy L. Pearl y Marilyn Sue Sterrenberg-Rose de Pearl Schneider LLC.

Hartford Casualty Insurance Co. y Twin City Fire Insurance Co. está representado por Lawrence Michael Brooks Jr., Michelle Brand Muhleisen y Geoffrey Race de Wells Anderson & Race LLC.

Stratus  está representado por Benjamin H. Green, Stuart A. Krause y Anna Sydney Park de Zeichner Ellman & Krause LLP y por  Joe L. Silver y Martin Dean Beier de  Silver & DeBoskey PC.

El caso en mención se identifica como Navigators Specialty Insurance Co. v. Beltman et al., número 1:11-cv-00715, ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado.

–Informes adicionales de Erin Fuchs. Editado por Rebecca Flanagan.

Las firmas estadounidenses huirán de Canadá si las cortes respaldan la sentencia ecuatoriana

Por Thomas J. Donohue

Financial Post, 23 de octubre, 2012

La existencia de un sistema legal que tolere el abuso judicial es la manera más rápida de cerrar las puertas a la inversión extranjera.

Como bien sabemos todos en los Estados Unidos, cuando un sistema legal se convierte en un mecanismo que sirve para que los abogados de los demandantes se enriquezcan a expensas de empleadores e inversores, es imposible que éste imparta justicia.  Un sistema en el que el abuso se hiciera crónico, cada año representaría una pérdida de miles de millones de dólares,  tanto para los negocios como para los trabajadores y consumidores.  Además, sería una manera de decir a los inversionistas que deben llevar su dinero a otra parte.

Este es un tema que le puede interesar a Canadá, país que difícilmente podría denominarse  meca o paraíso judicial, especialmente si se lo compara con los Estados Unidos.

Sin embargo, cuando se trata de la ejecución de sentencias extranjeras que son legalmente discutibles, Canadá posee algunos de los estándares más favorables para los demandantes entre  los países desarrollados. Esto hace que se considere a este país como un objetivo claro para una nueva forma de abuso de las leyes, a la que denomino “turismo legal” y que funciona de la siguiente manera.

Los abogados de los demandantes entablan demandas civiles en el extranjero a fin de lograr obtener indemnizaciones considerables de distintas compañías ante cortes extranjeras débiles o corruptas.   Los abogados luego intentan cobrar estas sentencias en países con normas más bien liberales que favorecen el reconocimiento de sentencias extranjeras.  Estados Unidos es un destino popular para este “turismo judicial”.

Un caso reciente podría indicar que este tipo de abuso se ha extendido aCanadá.  En mayo pasado, un grupo de demandantes ecuatorianos solicitó a la Corte Superior de Ontario la ejecución de una monumental sentencia por 18 200 millones de dólares en contra de Chevron Corp., que fuera emitida el año pasado por una corte de Ecuador.  La sentencia se deriva de una demanda por daños ambientales supuestamente ocasionados por las operaciones petroleras de Texaco hace varias décadas, a pesar de que esta firma, adquirida por Chevron en el 2001, cesó sus operaciones en el Ecuador en 1992 y resolvió las demandas pendientes con el gobierno ecuatoriano en 1994.

Este litigio en contra de Chevron en el Ecuador, que ha tomado casi diez años, se ha visto severamente contaminado por fraude, incluso por la falsificación de peritajes, conducta judicial indebida y chantaje a jueces y testigos.  Chevron ha impugnado la ejecución de la sentencia en los Estados Unidos y ha entablado una demanda por fraude y corrupción en contra de los abogados de los demandantes que tienen su sede en los Estados Unidos.

A pesar de esto, los demandantes no se han amilanado.  Según consta en un memo confidencial que fuera revelado dentro del proceso judicial, la estrategia de los demandantes es buscar la ejecución de la sentencia en ciertos países “clave”  que tengan una historia de aplicar estándares favorables para la ejecución de sentencias extranjeras.    El siguiente paso en su turismo de abuso judicial parece ser Canadá.

Para los demandantes, Canadá es una jurisdicción muy atractiva por las importantes operaciones de Chevron en el país, en parte gracias a las reformas positivas que han resultado ser un atractivo para la inversión en energía.   Si la Corte de Ontario sentencia en contra de Chevron, todas estas operaciones podrían ser confiscadas para ejecutar la sentencia por 18 200 millones de dólares, poniendo en riesgo a miles de puestos  de trabajo y miles de millones de dólares invertidos en actividades económicas en el país.  La industria energética, a la que se debe mucho del extraordinario crecimiento de Canadá, podría verse severa y directamente afectada.

Es evidente que muchos líderes empresariales están muy asustados con este caso.  De hecho, los estándares canadienses en relación a la ejecución de sentencias extranjeras ponen a las compañías en riesgo.  Cabe preguntarse cuáles son las razones por las que podrían escoger invertir en Canadá cuando sus operaciones podrían verse amenazadas.

Las consecuencias económicas podrían ser muy severas.  La inversión extranjera directa llegó a más de 560.000 millones de dólares en el 2010, con una alta concentración en los sectores de petróleo y gas, claves para la economía canadiense.    Una de cada diez plazas de trabajo en Canadá dependen de la inversión extranjera y el país debería afrontar de manera muy clara esta obvia amenaza a su clima de inversión.

Canadá ha experimentado un increíble progreso en los últimos 25 años en el desarrollo de un clima propicio para los negocios.  Gracias a las reformas introducidas en el sistema de impuestos y a la seguridad social, así como a una estrategia energética para aprovechar al máximo sus múltiples recursos, Canadá está creciendo a un ritmo mucho más rápido que cualquier otra nación del G7.  Si desea mantenerse como uno de los lugares más atractivos para hacer negocios en el mundo, tiene que procurar brindar un sistema legal que no permita el abuso.  Una manera de proceder distinta enviaría a los inversionistas el mensaje de que ya no está abierta a los negocios.

La petición de revisión (writ of certiorari) presentada por Chevron en relación a la interpretación de la Ley de Sentencias Declarativas de la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito fue rechazada hoy por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Cada año la Corte Suprema acepta un pequeño porcentaje de casos para su revisión. Desafortunadamente, la petición de Chevron no fue concedida.  Sin embargo, el rechazo del pedido de la compañía no se fundamenta en la revisión de los méritos de fondo del caso.  La misma Corte Suprema sostiene que: “El rechazo de una petición de revisión (writ of certiorari) no involucra expresión alguna sobre los méritos del caso”. Más aún, como Stern & Gressman – el tratado destacado por la Corte Suprema- explica: “Una simple orden de rechazo a una petición de revisión (writ of certiorari) no está concebida para reflejar los puntos de vista de la Corte sobre los méritos del caso o sobre su jurisdicción para conocer en el asunto”.

Al no estar basado en los méritos del caso, el fallo emitido hoy día tampoco afecta las conclusiones a las que llegó el juez federal de Nueva York, Lewis Kaplan, en el sentido de que el proceso y la sentencia ecuatoriana se han visto contaminados por el fraude y la parcialidad.

Si bien el rechazo de la Corte ha decepcionado a Chevron, la compañía continuará defendiéndose de los intentos de los abogados de los demandantes por ejecutar la sentencia fraudulenta del Ecuador y seguirá poniendo al descubierto su conducta indebida a través de la demanda entablada bajo la Ley RICO, que aún está pendiente en Nueva York, así como en otros procesos.

Por Victor Li-The Litigation Daily, 31 de julio de 2012

Quizás el aspecto ético más complicado en el tema del financiamiento de litigios por terceros es quién controla el caso ¿el cliente o el financista?

Burford Group, uno de los mayores fondos de financiamiento de litigios en el mundo, en su sitio de internet claramente sostiene que Burford no está autorizada a manejar el litigio. “Tampoco tenemos derecho alguno para controlar la resolución del litigio”, afirma Burford en su sitio web. “Esto es algo que se mantiene completamente bajo el control del litigante”.

Una prueba presentada el día martes por los abogados de Gibson, Dunn & Crutcher, a nombre de Chevron Corporation, en su demanda civil bajo la ley RICO en contra del abogado de los demandantes Steven Donziger y otros despierta interrogantes sobre las afirmaciones de Burford. Entre estos documentos existe una presentación confidencial ofrecida por Burford en junio de 2010, en la que se esbozan los términos económicos propuestos para el financiamiento del litigio de los demandantes ecuatorianos, quienes acusan a la gigante petrolera de contaminación y señala que Burford presionó a los demandantes para que no lleguen a un arreglo por un monto demasiado bajo. (Ir al anexo 2405).

Según dicha presentación, Burford estaba preocupado por la posibilidad de un arreglo “increíblemente bajo”.  Para evitarlo,  presuntamente pidió a los demandantes no llegar a un arreglo por un monto inferior a los $900 millones, sin el previo consentimiento de Burford. En caso de que los demandantes arreglaran sin su consentimiento, Burford pedía ser compensada como si el acuerdo hubiese efectivamente sido por los $900 millones. “Dado que Burford no tiene control sobre cuándo ni por cuánto se arreglaría este caso, la firma necesita protegerse de un arreglo por un monto demasiado bajo, lo que esperamos  nunca sea el caso”, se afirma en la presentación. El documento también propuso una recuperación del 1 por ciento para los primeros $2.5 millones invertidos y un 1 por ciento adicional por cada uno de los siguientes $2.75 millones invertidos, hasta una inversión tope de $15 millones.

La presentación precedió al acuerdo formal firmado el 31 de octubre de 2010 entre Burford y las firmas de abogados que representan a los demandantes ecuatorianos: Patton Boggs, Donziger and Associates y Emery, Celli, Brinckerhoff & Abady.  A través de su subsidiaria, Treca Financial Solutions, en este acuerdo Burford en realidad negoció un acuerdo aparentemente mejor.  Según el acuerdo, si los demandantes llegaran a un arreglo por debajo de los $1.000 millones, entonces Burford sería compensada como si el monto acordado fuera efectivamente de $1.000 millones. Además, Burford recibiría 5,545 por ciento de cualquier resarcimiento, siempre y cuando invirtieran los $15 millones. Burford terminó invirtiendo sólo $4 millones y vendió su participación en el caso, a la vez que retuvo un porcentaje no determinado sobre el resarcimiento.

En febrero de 2011 en el Ecuador los demandantes obtuvieron una sentencia por $8.200 millones de dólares; sin embargo, un mes más tarde, el juez federal Lewis Kaplan emitió una orden judicial que bloqueaba la ejecución de dicha sentencia. La corte del Segundo Circuito revocó esta orden judicial y los demandantes ahora intentan ejecutar la sentencia en Canadá y Brasil. El día martes Kaplan emitió otro fallo relacionado con la ejecución de la sentencia, el mismo que tuvo efectos variados en ambas partes. A continuación se presenta la cobertura que nuestra filial New York Law Journal ha hecho sobre este fallo.

El portavoz de Chevron, Kent Robertson, calificó la presentación como “muy reveladora”. Robertson afirmó: “Hace mucho que está claro que el litigio en el Ecuador no tiene nada que ver con la Amazonía, sino que guarda estrecha relación con el rendimiento de una inversión. Esto ha sido puesto en evidencia en las tomas no utilizadas de la película ‘Crude’, así como en la correspondencia interna de los abogados de los demandantes que tenemos como pruebas y en el acuerdo de financiamiento de Burford”.

Por su parte, Burford rechazó este documento y lo calificó de irrelevante. “Como se expuso anteriormente, por más de 18 meses Burford no ha tenido ningún capital de riesgo en el caso Chevron. El documento en cuestión fue presentado como anexo 2405 dentro de un proceso de descubrimiento de pruebas entre Chevron y Patton Boggs y no tiene nada que ver con Burford. De todos modos, el contenido de este documento de marketing, que es muy anterior a la inversión de corto plazo realizada por Burford no es algo nuevo en este tema”, dijo Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, en un comunicado difundido a través de un correo electrónico.

Randy Mastro, abogado de Chevron  y socio de Gibson Dunn, no estuvo disponible para hacer comentarios.  James Tyrell, socio de Patton Boggs, no respondió a nuestro pedido de  declaraciones de su parte.

**Esta es una traducción no oficial del artículo de Victor Li **

Ver nota original aquí:

http://www.americanlawyer.com/digestTAL.jsp?id=1202565596196&Burford_Didnt_Want_Chevron_Plaintiffs_To_Settle_for_Less_than_900_Million_According_To_Internal_Report=&et=editorial&bu=The%20American%20Lawyer&cn=Lit_Daily_20120801&src=EMC-Email&pt=Am%20Law%20Litigation%20Daily&kw=Burford%20Didn%27t%20Want%20Chevron%20Plaintiffs%20To%20Settle%20for%20Less%20than%20%24900%20Million%2C%20According%20To%20Internal%20R&slreturn=20120702101644