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El punto de inflexión en la campaña de Chevron para bloquear la ejecución de una sentencia por 9.000 millones de dólares dictada por un tribunal ecuatoriano en contra del gigante petrolero se dió a finales del 2010, cuando el juez federal de Manhattan, Lewis Kaplan, dictaminó que el abogado de los demandantes, Steven Donziger, debía entregar todo material que podría haber sido mantenido en reserva o secreto y que se encontrara en su poder en ese momento.  Tanto los correos electrónicos como los  diarios personales y los memos internos tenían que entregarse  a los abogados de la defensa de la compañía. Esta fue una decisión fuera de lo común  que puso en evidencia la manera en que trabaja  el equipo que representa a los ecuatorianos, quienes sostienen haber sido perjudicados por la contaminación causada en la región amazónica de Lago Agrio por Texaco, la firma predecesora de Chevron. Quienes sacaron el mayor provecho de esta resolución fueron los abogados de Gibson, Dunn & Crutcher, la firma que trabaja para Chevron ;  Sobre la base de estos elementos hasta entonces confidenciales, Chevron entabló una demanda en la que acusó tanto a Donziger como a los demandantes de Lago Agrio y a muchos de sus peritos de asociación ilícita para extorsionar a la compañía. Bajo los auspicios de dicha demanda en el mes de marzo el juez Kaplan dictó una amplia medida cautelar, que prohíbe a los demandantes intentar cualquier cobro derivado de la sentencia emitida por un juez ecuatoriano en el mes de febrero.

La medida cautelar será  analizada el 16 de septiembre durante una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, así como en un proceso posterior ante el juez Kaplan, que se estima iniciará en el mes de noviembre. Mientras tanto, en el período previo al juicio, los abogados de Gibson Dunn que representan a Chevron,  han exigido la desclasificación y entrega de material adicional que permanece protegido por el privilegio de confidencialidad abogado-cliente, perteneciente a   dos abogados jóvenes que trabajaron con  Donziger, así como los elementos en poder de la firma  de abogados de los demandantes en Filadelfia, Kohn Swift & Graf. Durante varios años Kohn Swift financió el caso, hasta que el socio principal de la firma Joseph Kohn   y Donziger se distanciaron por discrepancias sobre la estrategia utilizada por el abogado de los demandantes. (En un fascinante reportaje publicado en junio pasado, Roger Parloff de la revista Fortune detalla el complejo proceso del financiamiento del caso de Lago Agrio)

Gracias a una orden judicial emitida por una corte federal de Filadelfia que permitía a la compañía obtener información y pruebas relativas al litigio, Chevron prácticamente había ganado acceso al material en poder de la firma de Kohn; sin embargo, tal como he informado anteriormente, en el mes de mayo el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en los Estados Unidos revocó tal orden  y sostuvo que Chevron no tenía derecho a acceder a estos documentos  privados ya que no había presentado pruebas de fraude que sustentaran la aplicabilidad de la excepción a la garantía de confidencialidad.  .

El día miércoles el juez de primera instancia que trabaja con el juez Kaplan ordenó al bufete de Kohn presentar sus documentos privados a Chevron. El juez James Francis IV sostuvo que todos los elementos que Kohn afirmaba podía ser mantenidos en reserva entraban en la órbita de la excepción a la garantía de confidencialidad impuesta a Donziger con anterioridad. Randy Mastro,  abogado de Chevron, perteneciente a la firma Gibson Dunn, sostuvo que la orden es “muy importante”. El abogado afirmó que los documentos privados de Kohn revelan que la firma posee muchos documentos que Donziger no entregó anteriormente a Chevron. “Vamos a obtener más información sobre lo que realmente sucedió en este caso”, afirmó Mastro. Sin embargo, el abogado se rehusó a revelar si los materiales de Kohn divulgan información alguna en relación a negociaciones  sobre posibles acuerdos entre Chevron y los abogados de los demandantes, que podrían haber tenido lugar antes de que el caso estallara en el 2009. Los documentos que ya han salido a la luz muestran a Kohn presionando a otros abogados de los demandantes para llegar a un acuerdo entre $700 y $1.200 millones.

Mastro destacó que el juez Francis analizó si la excepción por delito de fraude se aplica a un subconjunto de documentos que pertenecen a uno de los anteriores socios de Donziger (el magistrado había llegado a la conclusión de que esta categoría de documentos estaba fuera del ámbito de la excepción a la garantía de confidencialidad de Donziger.) En aplicación del precedente establecido por el juez Kaplan en su fallo judicial, el juez Francis afirmó que la excepción se aplica a algunos de estos documentos. “El juez Kaplan ya ‘ha constatado’ la existencia de  bases razonables que hagan sospechar que la sentencia emitida en el litigio de Lago Agrio fue obtenida por medio de fraude”, declaró el juez Francis. “Especialmente teniendo en cuenta que en la excepción a la garantía de confidencialidad por delito de fraude, sólo se requiere demostrar una causa probable de la existencia de intención de delito o fraude; esta determinación es suficiente para aplicar la excepción por delito de fraude”.

“El hecho de que el juez llegara a conclusiones expresas respecto del delito de fraude es sumamente importante “, afirmó Mastro. “Ahora ya son dos jueces los que han encontrado una causa probable”. (Cabe destacar que el juez Francis dijo en otra parte del fallo que no había prueba alguna de intención delictiva o fraudulenta por parte de Kohn, de su bufete, o de los dos socios de Donziger.)

Una portavoz de los demandantes ecuatorianos afirmó que el fallo sobre el privilegio de confidencialidad “es absolutamente intrascendente”. En ocasiones anteriores los demandantes han  sostenido que las inauditas prácticas de Chevron tienen la intención de acosar a los demandantes de Lago Agrio.

Patricia Hamill, abogada de Kohn Swift, de Conrad O’Brien afirmó que salvo que hubiera una suspensión del proceso, el bufete y Joseph Kohn tienen la intención de entregar a Chevron la documentación amparada por el privilegio de confidencialidad. “Kohn Swift & Graf y Joseph Kohn han querido, desde el primer día, entregar sus documentos a Chevron; sin embargo no han tenido la libertad de hacerlo debido a los posibles privilegios  que amparan a tales documentos”. El fallo del juez Francis, dijo Hamill, elimina cualquier obstáculo.

Elliot Peters de Keker & Van Nest, quien representa a los asociados de Donziger, se negó a hacer comentarios. Seth Ard de Susman Godfrey, quien representa a Kohn Swift en el posible litigio en contra de Donziger, no dio respuesta al pedido de comentarios.

Dejé varios mensajes en las oficinas de Elliot Peters de Keker & Van Nest, quien representa a los socios de Donziger, así como en la de James Rohn de la firma Conrad O’Brien, quien representa a Kohn Swift.  Ninguno de ellos me devolvió la llamada.  Seth Ard de Susman Godfrey, quien representa a Kohn Swift en un posible proceso en contra de Donziger, tampoco devolvió mis llamadas.

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La agria disputa ambiental entablada en contra de Chevron en el Ecuador pone al descubierto un nuevo e inquietante género de negocios: la especulación financiera en litigios.

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El juez estadounidense que bloqueó temporalmente la aplicación de la sentencia que exigía a Chevron el pago de una multa de miles de millones de dólares por contaminación medioambiental en Ecuador rehusó hoy retirarse de la causa, tal y como pidieron las comunidades de la Amazonía afectadas.

“Esta corte ha estudiado la moción con todo el cuidado que merece”, asegura el juez Lewis Kaplan en una decisión emitida hoy y en la que concluye que “no hay razones para pensar que haya habido nada que no haya sido completamente imparcial”.

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Un juez federal defendió su imparcialidad en el juicio que enfrenta a Chevron contra el grupo de indígenas ecuatorianos, al tiempo que sostiene que la sentencia por $18.000 millones se habría obtenido mediante fraude.

Lewis Kaplan, juez de distrito de los Estados Unidos, está al frente de la causa iniciada por Chevron el pasado febrero, en la que se acusa a los ecuatorianos y a sus defensores de tratar de obtener una desmesurada sentencia en contra de Chevron, o de llegar a un acuerdo con la gigante petrolera.

Dos semanas después de la presentación de esta demanda, un juez en Lago Agrio, Ecuador, consideró que Chevron era responsable y debía pagar 18.200 millones de dólares por la masiva contaminación petrolera, supuestamente causada por Texaco antes de que Chevron adquiriera esta compañía en el 2001.

Chevron afirma que no pagará, al tiempo que argumenta que la refinería estatal petrolera es la verdadera responsable pues Texaco habría sido anteriormente exonerada de toda responsabilidad y que la sentencia se obtuvo en las cortes mediante fraude.

El Juez Kaplan recientemente falló a favor de Chevron en el juicio iniciado en Manhattan a comienzos de noviembre, en el que se solicitaba que se declare la inaplicabilidad del veredicto ecuatoriano.

Steven Donziger, el abogado estadounidense que supuestamente orquestó el juicio de los ecuatorianos con miras a obtener altos honorarios, en un intento por transferir el caso a otro juez, rápidamente arremetió contra Chevron, argumentando que Kaplan habría “alentado” a Chevron a presentar cargos por delitos contra el crimen organizado.

Aunque tal jugada fracasó, los ecuatorianos, también conocidos como los demandantes de Lago Agrio, imitaron el ataque al entablar una recusación contra Kaplan a través de un escrito en el que lo describen como el “mayor aliado de Chevron”.

Kaplan, quien debe decidir si el caso se pasa a otro juez, en un fallo de 41 páginas emitido el pasado lunes, rehusó recusarse alegando que las acusaciones son “absolutamente infundadas”. En el texto del dictamen Kaplan destacó que el 2do. Circuito ha elogiado su manera de llevar el caso.

“En vista de la complejidad de este caso y de la urgencia de su resolución, deseamos destacar la manera ejemplar en la que el competente Juez de Distrito ha cumplido con sus deberes”, declaró la Corte de Apelaciones. “No hay duda de que todas las partes interesadas, incluso esta Corte, se ven complacidas con el minucioso y completo análisis reflejado en los numerosos memorandos y fallos de la Corte de Distrito, muchos de los

cuales se han elaborado con rapidez en el contexto del abrumador calendario de la Corte de Distrito respecto de éste y de otros casos importantes”.

Kaplan igualmente negó haber “instado” a Chevron a entablar una demanda por delitos contra el crimen organizado.

Los ecuatorianos sostienen que Kaplan hizo tal recomendación durante una audiencia al preguntar: “Veamos ¿la Ley de Hobbs, la palabra extorsión, o la ley RICO están de alguna manera relacionadas con este caso?” Kaplan sin embargo afirmó que formuló esta pregunta luego de que Chevron hubiera hecho públicas sus acusaciones.

“Chevron había presentado su demanda fundada en la ley RICO, la ley de Hobbs y por extorsión mucho antes de que la moción de anulación fuera tratada e incluso antes de que la corte formulara tal pregunta”, indicó Kaplan. “En resumen, la cronología es categóricamente contradictoria con lo afirmado por los representantes de los demandantes de Lago Agrio”.

El juez frecuentemente citado también rechazó los extractos de las transcripciones y fallos sacados “fuera de contexto” que los ecuatorianos citaron como pruebas de su parcialidad.

De igual manera, los ecuatorianos dijeron sentirse ofendidos por la descripción que hace Kaplan sobre las supuestas acciones que han tomado en contra de Chevron que él define como un “juego” financiado y fruto “de la entelequia de los abogados estadounidenses”. Aseveran también que el juez puso en duda su existencia al referirse a ellos como los “presuntos demandantes de Lago Agrio”.

En clara actitud desafiante, Kaplan inicia su memorando diciendo “Los presuntos demandantes de Lago Agrio” y luego añade que el diccionario Merriam-Webster da a la frase el significado de “los generalmente denominados”. Insiste el juez en afirmar que hasta los abogados ecuatorianos se han referido así a los demandantes.

Kaplan agregó estar citando a Donziger con este juego de palabras y enfatizó que incluso un comentario que mostrara hostilidad hacia los ecuatorianos no garantizaría su recusación.

Al citar el caso Liteky contra los Estados Unidos Kaplan dijo, “Los comentarios judiciales realizados en el transcurso de un juicio que sean considerados como críticos, desaprobatorios, o incluso hostiles para con los abogados, las partes o sus casos, comúnmente no constituyen causa suficiente para una recusación por sesgo o parcialidad”.

Una portavoz de los ecuatorianos dijo estar “decepcionada” y que no prevé un resultado favorable.

“Estamos decepcionados, pero no por ello menos sorprendidos por el hecho de que el juez Kaplan se haya negado a recusarse, incluso con las pruebas meticulosamente documentadas de su reiterada parcialidad en contra de las comunidades ecuatorianas y sus abogados, quienes han obtenido un fallo histórico en contra de Chevron”, dijo la portavoz Karen Hinton en un mensaje de correo electrónico. “Los demandantes ecuatorianos reiteran su convencimiento de que ningún analista sensato podría afirmar que el juez Kaplan estaría en la capacidad de presidir el caso de manera justa e imparcial tomando cuenta estos antecedentes.”

Chevron acusó a los ecuatorianos de “complejizar jurídicamente” el caso de manera excesiva, lo cual no ha convencido a varios jueces estadounidenses.

“Los demandantes de Lago Agrio han presentando hasta ahora sus argumentos ante casi 40 jueces federales y no han podido presentar un caso convincente”, dijo Ken Robertson, el portavoz de Chevron. “A los únicos que tendrían que culpar por las dificultades es a ellos mismo. El juicio de Lago Agrio ha estado contaminado de manera irreparable por el fraude de los demandantes, y ningún truco jurídico puede cambiar esta realidad”.

Se prevé que el tribunal de apelación del 2do Circuito escuchará los alegatos sobre el fallo de Kaplan para el juicio de noviembre durante la audiencia del 2do. Circuito en la mañana del próximo martes.

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El juez estadounidense que bloqueó temporalmente el cumplimiento de un fallo en un juicio ambiental en Ecuador contra Chevron rechazó los pedidos de los demandantes para que se salga del caso.
El juez estadounidense de distrito, Lewis Kaplan, rechazó las acusaciones acerca de que tomaba partido en el caso y calificó a sus supuestos comentarios impropios y dictámenes como “perfectamente normales”.
La batalla legal, que ya lleva 18 años, se centra en las acusaciones de que la ex Texaco, que fue adquirida por Chevron hace una década, contaminó partes de la selva de Ecuador en los 70 y los 80, enfermando a los residentes locales y deteriorando su tierra.
Una corte de Ecuador falló que Chevron Corp debe pagar 8.600 millones de dólares por la contaminación.
El 7 de marzo, Kaplan había emitido un dictamen preliminar para evitar que los demandantes de Ecuador trataran de obtener el dinero fuera de su país.
Fijó para el 14 de noviembre la fecha del juicio para decir si deja como permanente ese dictamen.

El juez estadounidense que bloqueó temporalmente el cumplimiento de un fallo en un juicio ambiental en Ecuador contra Chevron rechazó los pedidos de los demandantes para que se salga del caso.

El juez estadounidense de distrito, Lewis Kaplan, rechazó las acusaciones acerca de que tomaba partido en el caso y calificó a sus supuestos comentarios impropios y dictámenes como “perfectamente normales”.

La batalla legal, que ya lleva 18 años, se centra en las acusaciones de que la ex Texaco, que fue adquirida por Chevron hace una década, contaminó partes de la selva de Ecuador en los 70 y los 80, enfermando a los residentes locales y deteriorando su tierra.

Una corte de Ecuador falló que Chevron Corp debe pagar 8.600 millones de dólares por la contaminación.

El 7 de marzo, Kaplan había emitido un dictamen preliminar para evitar que los demandantes de Ecuador trataran de obtener el dinero fuera de su país.

Fijó para el 14 de noviembre la fecha del juicio para decir si deja como permanente ese dictamen.

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La petrolera Chevron trabaja pacientemente para conseguir que un juez estadounidense invalide un juicio en Ecuador, donde una corte local la obliga a pagar 8.600 millones de dólares por haber contaminado la selva de ese país.

Un juez federal en Manhattan decidió este mes agilizar un proceso que permitiría a la corte federal de Estados Unidos impedir que los 8.600 millones de dólares que el juez ordenó pagar a Chevron sean cobrados por los demandantes en Estados Unidos.

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La Corte de Sucumbíos nombró a Richard Cabrera para que realice el llamado peritaje global en el juicio que 48 demandantes siguen contra Chevron, dijo ayer la empresa petrolera de Estados Unidos.

Según Chevron, el perito debía llevar a cabo una evaluación general, objetiva e independiente de las partes del supuesto impacto ambiental de la operación de Texaco Petroleum Company que terminó hace 20 años en la Amazonia.

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