Hace dos semanas, un tribunal regional de Ecuador condenó a la petrolera estadounidense Chevron a pagar una indemnización de 8.200 millones de dólares por daños ambientales en la región del Amazonas, donde hace unos 50 años estuvo explotando crudo la empresa Texaco.
La sentencia emitida por el juez Nicolás Zambrano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, declarando culpable de contaminación ambiental a la petrolera Chevron (ex Texaco), no les tomó por sorpresa y ayer pidieron la aclaración y ampliación del fallo.
Woody Allen filmó la película “Bananas” en 1971, en la que describía a una “ república bananera” sudamericana; pero a esta comedia circense le resulta difícil superar a la sentencia de 8.600 millones de dólares emitida esta semana en contra de Chevron por una corte provincial en el Ecuador. Lo que resulta aún más absurdo en este caso es que los demandantes quieren aún más dinero.
La demanda presentada ante una corte de Lago Agrio en el 2003, acusa a Texaco (fusionada entonces con Chevron) de no haber realizado las tareas de limpieza que les correspondían en relación a los derrames de petróleo de los pozos que perforó en los años 70 y que, por consiguiente, su responsabilidad económica ascendería a los 113 mil millones de dólares. El hecho de que Texaco haya remediado los sitios petroleros que le correspondían y de que además haya sido exonerado de toda responsabilid futura, tanto por el Gobierno del Ecuador como por la petrolera estatal Petroecuador, no evitó que los demandantes, liderados por Steven Donziger, inventaran un caso utilizando dudosas tácticas legales.
Analicemos la historia de Richard Cabrera. Este es un perito aparentemente “independiente” de la corte ecuatoriana, cuya tarea era redactar un informe para calcular el costo estimado de los daños ambientales por los cuales tendría que responder Chevron. Este perito se aventuró a establecer la cifra de 27 mil millones de dólares (monto posteriormente elevado; sin embargo, Chevron ha presentado pruebas de que sus las conclusiones de Cabrera fueron elaboradas en colaboración con Stratus, una consultora ambiental de Colorado que trabajaba para los demandantes.
La prueba B en este caso, es una extensa colección de comentarios sospechosos tomados de fragmentos y tomas descartadas de la película “Crude”, un documental sobre el caso que pone en evidencia la posible falta de ética profesional, tanto de los demandantes como del Gobierno del Ecuador. En uno de los videos el Sr. Donziger se refiere a todos los jueces ecuatorianos como “corruptos” y afirma “el único idioma que considero que este juez va a comprender es el de la presión, intimidación y humillación y eso es lo que vamos a hacer hoy”.
En los Estados Unidos cuatro cortes federales ya se han pronunciado sobre el hecho de que existen pruebas que demuestran que el comportamiento de los demandantes es fraudulento. Mientras muchas empresas demandadas llegan a un acuerdo para evitar el riesgo que implica una mala publicidad, Chevron ha optado por defenderse. Su última decisión fue interponer una demanda RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) en contra de los abogados y consultores que se han convertido en sus “torturadores”.
Según la demanda de Chevron presentada ante una corte federal en Nueva York, los demandantes falsificaron pruebas para forzar un acuerdo. Alentados por ONGs estadounidenses que saben que no pueden imponerse en una corte en los Estados Unidos, la campaña de relaciones públicas de los demandantes apuntó hacia los inversionistas, utilizando tácticas para amedrentarlos con una posible responsabilidad de Chevron en el extranjero. Exigieron que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) realizara investigaciones, y acudieron ante el Departamento de Justicia y el procurador general de Nueva York, Andrew Cuomo, para que interviniera en su nombre. Cuomo acepto y en mayo de 2009 envió una carta al Presidente de Chevron, David O’Reilly.
El martes pasado, el juez del distrito federal de Nueva York, Lewis Kaplan, emitió una orden de restricción temporal que impide a los demandados en el caso RICO, incluyendo al Sr. Donziger, cobrar el monto establecido por daños en cualquier parte del mundo. Al día siguiente, un panel de arbitros de la Corte de Arbitraje en La Haya ordenó al gobierno ecuatoriano prohibir la ejecución de cualquier sentencia, de conformidad con el Tratado de Inversión Bilateral con los Estados Unidos
En este caso hay más que el balance de una empresa en juego. El juicio en el Ecuador es una especie de búsqueda de un fuero internacional que involucra a abogados litigantes estadounidenses y ONGs que tratan de tomar como rehenes a empresas estadounidenses en los sistemas legales menos transparentes y responsables del mundo. Si los demandantes logran su cometido, el resultado sería una contienda mundial generalizada en contra de las multinacionales estadounidenses en jurisdicciones extranjeras.
Chevron no tiene activos en el Ecuador; el lunes el mercado de valores optó por ignorar la sentencia, dando a entender que pocos son los inversionistas que esperan que los demandantes alguna vez logren embolsarse la descabellada suma concedida por la corte ecuatoriana. Esperamos que la negativa de la empresa a rendirse ante los abogados que están aliados con una república bananera, constituya un mensaje para otros ambiciosos cazadores de recompensas.
Chevron Corp., la segunda compañía petrolera más grande de los Estados Unidos, probablemente nunca pague ni un solo centavo de los más de 17 mil millones de dólares en multas y sanciones impuestas por una corte ecuatoriana por el daño ambiental que data de los años 60.
“Chevron no posee refinerías, terminales de almacenamiento, pozos petroleros u otras propiedades en el Ecuador que pudiesen ser embargadas para presionar a la empresa a pagar”, dijo Mark Gilman, un analista de Benchmark Co. LLC de Nueva York. En previsión de un fallo adverso, la semana pasada Chevron acudió ante la corte de Nueva York para obtener una orden que protegería a la empresa de una instancia de cobro relacionada con el caso en cualquier lugar del mundo.
La sentencia dictada ayer por un juez de Lago Agrio, una capital de provincia cercana a la frontera con Colombia, ordenó a Chevron pagar una multa de 8.600 millones de dólares, además de un monto equivalente por daños punitivos, según reza el fallo de la corte obtenido por Bloomberg. La sentencia es el resultado de un juicio que ha tomado 18 años, en el que se afirma que Texaco Inc. desechó aguas residuales repletas de sustancias químicas en la cuenca del río Amazonas entre 1964 y 1992. Chevron adquirió Texaco en el 2001.
“Es probable que el fallo sea inoponible (que no pueda ejecutarse)”, dijo Gilman ayer en una entrevista telefónica. “No quiere decir que 8 mil millones de dólares sea una cifra insignificante para Chevron, porque no lo es, pero dada la falta de activos en el país, al Ecuador le va a resultar difícil ejecutar la sentencia”.
Según el fallo, la corte ordenó a la empresa pagar un 10% adicional al valor de las multas al Frente de Defensa de la Amazonía. La organización también es beneficiaria del fideicomiso que la corte quiere que se establezca para pagar las multas.
Se duplica la multa
Adicionalmente, el pago de daños punitivos podría ser condonado si la compañía presenta, una disculpa pública a través de los principales periódicos, dentro de los 15 días posteriores a la decisión de la corte.
Kent Robertson, un portavoz de Chevron, dijo que la compañía apelará la sentencia. Robertson añadió que el lunes por la noche, los abogados de Chevron aún analizaban detenidamente el documento , a fin de calcular el monto de los daños, multas y otras sanciones impuestas por el juez.
“De lo que si estamos seguros es de que este fallo es producto de un fraude y totalmente opuesto a lo que prueba la legítima evidencia científica”, manifestó Robertson ayer en una entrevista telefónica.
A fines de diciembre Chevron tenía 17.100 millones de dólares en efectivo y activos fijos , según el estado financiero al 28 de enero. El valor de mercado de la compañía alcanza los 195.000 millones de dólares, tres veces el valor del producto interno bruto anual de Ecuador.
Contaminación de agua y suelo
El Ecuador extrajo un promedio de 470.000 barriles de petróleo crudo por día el año pasado, la producción más baja entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, según mostraron las cifras del Organismo Internacional de Energía. Ecuador se ubicó en el puesto 127 entre 178 países en el índice de percepción de corrupción del 2010, elaborado por Transparencia Internacional. Etiopía, Indonesia y Armenia fueron consideradas las naciones menos corruptas, según este índice.
El fallo dictaminó la responsabilidad de Chevron por contaminación de suelo y agua que según una evaluación ordenada por la corte, estimó la reparación de los daños infringidos a los residentes de la Amazonía en 27 mil millones de dólares por enfermedad, muerte y pérdidas económicas.
Chevron sostuvo que limpió la parte correspondiente a su participación de los campos petroleros y que fue liberada de toda responsabilidad por contaminación en un acuerdo firmado con el Ecuador y la empresa estatal petrolera, PetroEcuador, que tomó el control de las operaciones de Texaco en 1992.
“Realmente, el caso envía el mensaje de que las compañías que están operando en países en vías de desarrollo, no pueden confiar en gobiernos dóciles o en normas ambientales relajadas como una manera de protejerse permanente de sus pasivos”, dijo Robert Percival, un profesor de derecho y director del programa de legislación ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en Baltimore.
Acciones con un rendimiento inferior al esperado
Puede ser que la sentencia emitida el día de ayer haya preocupado a algunos inversionistas, además de constituir un golpe para el precio de las acciones de Chevron, dijo Gilman. El incremento del 1,3por ciento de Chevron la deja rezagada con respecto a sus pares , empresas como ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp.que alcanzaron el 3,1 por ciento y el 2,5 por ciento, respectivamente.
“En cierta medida, hubo un rendimiento inferior al esperado”, dijo Gilman, quien tiene una calificación de “comprar” para las acciones de Chevron.
Chevron aumentó un 33 por ciento el año pasado. Las acciones tienen una calificación de compra de 18 y 7 de retención.
Esta sentencia ocupa el segundo lugar en los juicios por daños ambientales, detrás del fallo por 20 mil millones de dólares del Gulf Coast Claim Facility (Centro de Reclamaciones de la Costa del Golfo) , un fondo de liquidación establecido a consecuencia del derrame de petróleo en el Golfo de México administrado por BP Plc, dijo Percival.
“La sentencia de hoy ratifica lo que los demandantes han sostenido durante los últimos 18 años sobre la contaminación intencional e ilegal de Chevron en la selva tropical ecuatoriana”, afirmó Pablo Fajardo, el abogado principal de los demandantes ecuatorianos en una declaración enviada por correo electrónico.
Demanda por crimen organizado
Chevron acusó al gobierno ecuatoriano de influir indebidamente en los procesos judiciales y alegó que la evaluación de los daños por 27 mil millones de dólares realizada por un perito designado por la corte, fue secretamente redactada por los consultores y abogados contratados por los demandantes.
El año pasado la empresa logró fallos favorables ante las cortes estadounidense que obligaron a los abogados y consultores de los ecuatorianos a responder bajo juramento a un interrogatorio sobre el caso y dieron acceso a Chevron a las tomas descartadas de un documental sobre el juicio.
En el mes de febrero Chevron presentó una demanda por organización ilícita para delinquir en contra de los abogados y los demandantes ante una corte federal en Manhattan por “llevar adelante un juicio fraudulento y promover una campaña de relaciones públicas en contra de la empresa”. En el 2009 La compañía presentó una demanda en contra del Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya que busca obtener fallos que la exoneren de responsabilidad por la contaminación ambiental y para hacer que Petroecuador cubra la indemnización por los daños existentes.
La demanda entablada en contra de la firma de California, Chevron Corporation, ha tenido el efecto contrario al buscado por los abogados de los demandantes ecuatorianos. Hoy día en Manhattan, el Juez federal de distrito Lewis A. Kaplan está analizando una demanda basada en la ley RICO (Ley del Gobierno de los Estados Unidos contra el crimen organizado) que fuera presentada por Chevron el 1 de febrero, en contra de los abogados y consultores que persiguen al gigante petrolero.
Diecinueve jueces norteamericanos han emitido resoluciones preliminares favorables a Chevron y por lo menos cuatro de ellos utilizaron la palabra “fraude” para describir las acciones judiciales de los demandantes; sin embargo, el Departamento de Justicia aún tiene que investigar. La Ley RICO, mejor conocida por ser aplicada para atrapar a los capos de la Mafia, también ha sido utilizada (en ocasiones de manera abusiva) para desbaratar supuestas evasiones corporativas cuando un patrón de fraude o corrupción se considera lo suficientemente claro como para ser visto como una “iniciativa para delinquir”. Chevron está utilizando parte de esta legislación que permite a particulares entablar demandas amparadas en la Ley RICO aduciendo que han sido afectados por tales operaciones.
La demanda original alega que en 1992, tras la expiración de su licencia de explotación petrolera en el Ecuador por un período de veinte años, la compañía dejó daños ambientales en la zona. Un gobierno ecuatoriano, anterior a la actual administración izquierdista y anti-estadounidense, en 1998 oficialmente absolvió a Texaco de toda responsabilidad futura. No obstante, la demanda prosiguió, básicamente impulsada por el abogado estadounidense Steven R. Donziger, en representación de los demandantes e impulsada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Los últimos reclamos hechos en contra de Chevron alcanzan un total de 113 mil millones de dólares.
En los últimos dos años, se han sacado a la luz numerosas revelaciones que ponen a los demandantes en una situación muy incómoda; estas incluyen un video en el que aparece un juez ecuatoriano aparentemente participando en un intento de soborno; un experto científico alegando que el equipo de Donziger habría utilizado falsamente su firma en un informe; además de escenas no utilizadas en un documental que muestran al Sr. Donziger jactándose de la manera en la que se habría congraciado con autoridades ecuatorianas y con peritos supuestamente independientes. En un escrito de un juez federal de Nueva Jersey, este afirma que la conducta del Sr. Donziger con toda seguridad corresponde a “un fraude en el proceso judicial”. Por otro lado, un juez federal de Carolina del Norte escribió “Lo que obviamente ha ocurrido en este caso de hecho sería considerado un fraude por cualquier corte”. El Juez Kaplan anteriormente habría manifestado que “Las propias palabras de Donziger generan importantes preguntas con respecto a su posible responsabilidad penal y a su responsabilidad en razón de la disciplina profesional”.
Joseph Kohn, un abogado de Filadelfia, quien en gran parte financió el caso del Sr. Donziger, afirmó “Cada vez me resulta más claro que tanto mi firma como yo hemos sido engañados, en parte aparentemente empujados por una combinación entre la petulancia y la ingenuidad de Donziger, una peligrosa mezcla que está rápidamente llevando el caso hacia el desastre total”. El Sr. Kohn añadió que las acciones del Sr. Donziger “puede haber sido una conducta flagrantemente improcedente”. Ya es hora de que el Departamento de Justicia investigue este lío.
La petrolera Chevron presentó hoy una demanda en un tribunal de Nueva York contra docenas de abogados y entidades a los que acusa de participar en una conspiración para “extorsionarle” 113.000 millones de dólares en un litigio ambiental en Ecuador.
Un magnate del póker online y una firma londinense especializada en financiar demandas colectivas, son algunos de los inversionistas que se han unido a la prolongada demanda por contaminación entablada en contra de Chevron Corporation en la Amazonía ecuatoriana. Su participación podría apuntar a que ambos esperan un lucrativo arreglo, o simplemente reflejan una arriesgada apuesta en un juicio que hasta ahora les ha costado a los demandantes más de siete millones de dólares en gastos, solo para lograr un magro resultado.
Leer más>>
La multinacional petrolera Chevron afirmó el martes que obtuvo acceso a un correo electrónico en el que uno de los abogados que encabeza una demanda multimillonaria en su contra en Ecuador, expresa el temor de ir a la cárcel si se llega a revelar su correspondencia.
Según la denuncia, Julio Prieto, abogado de un grupo de demandantes que exige a Chevron una indemnización de $113,000 millones por daños ambientales y a la salud, escribió el mensaje tras enterarse de que un juez en EEUU había ordenado la entrega de documentos y correspondencia electrónica de una firma consultora de los demandantes.
