Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

El recurso solicita que la Corte Nacional de Justicia revise y revoque la sentencia de segunda instancia

Chevron Corporation anunció hoy que ha presentado un recurso de casación buscando que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador revise la sentencia de segunda instancia emitida contra la compañía a principios del 2012 por un panel de tres jueces temporales en la demanda ambiental en Ecuador.

El recurso de casación detalla los múltiples fundamentos legales para revertir la decisión tomada por la corte de segunda instancia en enero. El recurso de Chevron establece que las cortes de instancias inferiores violaron la constitución ecuatoriana al rehusar tomar cualquier acción correctiva en respuesta del amplio fraude y corrupción cometidos por los abogados de los demandantes y sus representantes. El recurso contiene varios puntos adicionales, incluyendo: que la sentencia de la corte inferior se fundamenta ilegítimamente en evidencia fraudulenta y sin fundamento científico; que la sentencia se basa ilegalmente en la aplicación retroactiva de la ley; que ésta ignora la liberación de responsabilidades otorgada a Texaco Petroleum Company (Tex Pet) por el gobierno ecuatoriano luego de la remediación realizada en los años 90 en un número de sitios proporcional a su participación accionaria; y que la sentencia concede indemnizaciones punitivas y otros daños nunca pedidos en el reclamo de los demandantes y no autorizados por la ley ecuatoriana.

“Durante todo el litigio, los jueces, actuando de manera corrupta y confabulando con los abogados de los demandantes,  han generado injusticias, en lugar de corregirlas”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “El pedido de casación realizado el día de hoy le da a la Corte Nacional de Justicia una oportunidad para corregir las graves injusticias que se han cometido en este caso”.

Además del recurso de casación presentado hoy, Chevron continúa buscando otras alternativas a través de procedimientos legales fuera del Ecuador. En el proceso de arbitraje promovido por Chevron en contra del Ecuado, en la Corte de La Haya bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, el tribunal emitió una orden el 9 de febrero de 2011 requiriendo que Ecuador tome todas las medidas a su alcance para detener la ejecución de la sentencia de Lago Agrio hasta nuevo aviso de ese tribunal. El tribunal también señaló que si se estableciera que cualquier sentencia de una corte ecuatoriana en el caso de Lago Agrio violara una obligación del Ecuador con Chevron de acuerdo al derecho internacional, entonces  el Ecuador podría ser responsable de cualquier pérdida que genere la ejecución de dicha sentencia (dentro o fuera de Ecuador).

De acuerdo a la orden del tribunal, Chevron ha pedido a la corte de apelaciones del Ecuador que tome todas las medidas necesarias para detener la ejecución de la sentencia de Lago Agrio hasta nuevo aviso del Tribunal, incluyendo la suspensión de cualquier requerimiento de que Chevron deposite una garantía para prevenir que se ejecute la sentencia durante el proceso de casación. Cualquier requerimiento de garantía violaría las obligaciones internacionales del Ecuador de acuerdo a la orden del Tribunal de Arbitraje y, por lo tanto, Chevron no tienen ninguna obligación de depositar dicha garantía.

Los demandantes han dicho que buscarán que el Ecuador desafíe la orden del Tribunal Internacional de Arbitraje procurando ejecutar la sentencia fraudulenta fuera del Ecuador, antes que el Tribunal tenga la oportunidad de revisar los méritos del caso. Si los demandantes cumplen con sus amenazas y presentan acciones legales contra filiales de Chevron en otros países para ejecutar la sentencia, Chevron tomará los pasos necesarios para defenderse contra este fraude.

Chevron también está entablando acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de los representantes de los demandantes de Lago Agrio, por violaciones contra los estatutos federales contra la asociación para delinquir y extorsionar, así como en otras leyes basadas en la abrumadora evidencia de fraude y corrupción existente en este caso.

Se puede obtener una copia del recurso de casación presentado por Chevron aquí.

Chevron Corporation anunció hoy que un panel compuesto por tres jueces temporales que presiden los procesos de apelación en laCorte Provincial de Justicia de Sucumbíos en Lago Agrio, Ecuador, emitieron un fallo adverso, en un juicio ambiental que involucra a Texaco Petroleum Company. Con este fallo se ratifica la sentencia de la corte de primera instancia del 14 de febrero de 2011.

Chevron continúa buscando otras opciones a través de procedimientos legales fuera del Ecuador. En el proceso de arbitraje promovido por Chevron en contra del Ecuador, en la Corte de La Haya bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, el tribunal emitió una orden el 9 de febrero de 2011 ordenando que el Ecuador tome todas las medidas a su alcance para detener la ejecución de la sentencia de Lago Agrio hasta nuevo aviso de ese tribunal. El tribunal también señaló que si se estableciera cualquier sentencia de una corte ecuatoriana en el caso de Lago Agrio, estaría violando una obligación del Ecuador con Chevron, de acuerdo a las leyes de derecho internacional, el Ecuador podría ser responsable de cualquier pérdida que genere la ejecución de dicha sentencia (dentro o fuera de Ecuador). Chevron también está entablando acciones legales en la Corte de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York en contra de los representantes de los demandantes de Lago Agrio, por violaciones contra los estatutos federales contra la asociación para delinquir y extorsionar, así como en otras leyes, basadas en la abrumadora evidencia de fraude y corrupción existentes en este caso.

En respuesta al reciente fallo, Chevron emitió las siguientes declaraciones:

“La decisión de hoy es otro ejemplo evidente de la politización y corrupción del sistema judicial ecuatoriano, que ha empañado este fraudulento caso desde su inicio. La sentencia de Lago Agrio fue obtenida a través de un plan corrupto y fraudulento, gran parte del cual fue captado en video y expuesto en la correspondencia y correos electrónicos de los propios representantes de los demandantes. Su conducta indebida incluye la fabricación de reportes periciales, la invención de evidencia, el soborno y la confabulación con funcionarios de las cortes, el lanzamiento de una campaña de intimidación contra los jueces y hasta la redacción por terceros de partes del mismo veredicto.

“Hemos presentado evidencias de estos actos ilícitos a los jueces y fiscales del Ecuador, pero las autoridades no han tomado ninguna acción correctiva. En Estados Unidos, sin embargo, no menos de ocho jueces federales han encontrado que el juicio en Ecuador ha estado empañado por el fraude y la conducta indebida de los representantes de los demandantes. Además, un tribunal internacional en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya ha ordenado al Ecuador a tomar todas las medidas a su alcance para suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio dentro o fuera del Ecuador.

“Chevron entiende que la sentencia ecuatoriana no es aplicable en ninguna corte y que en Ecuador no se respeta el estado de derecho. La compañía continuará buscando que los que han perpetrado este fraude, para que rindan cuentas ante la Justicia”.

Antecedentes:

Más información sobre la apelación de Chevron puede ser encontrada aquí. Chevron se está defendiendo contra falsas acusaciones de que es responsable de daños ambientales y sociales en la región amazónica del Ecuador. Chevron nunca realizó operaciones de producción petrolera en Ecuador y su subsidiaria, Texaco Petroleum (TexPet), remedió completamente la parte que le correspondía de los impactos ambientales surgidos de su participación en el consorcio de producción petrolera con Petroecuador previo a 1992. Después de que el trabajo de remediación fuera certificado por todos los organismos del gobierno ecuatoriano responsables de la supervisión, TexPet fue eximida por completo por los gobiernos nacional, provincial y municipales de Ecuador antes de ser adquirida por Chevron en 2001.

Petroecuador era el socio mayoritario del consorcio en el que TexPet participó hasta 1992 y ha sido el único propietario de las operaciones petroleras ampliamente expandidas en las últimas dos décadas en la antigua área de concesión. El mes pasado, Petroecuador anunció que completará la remediación de los sitios de los que es responsable, por un costo de 70 millones de dólares. Esta cifra contrasta fuertemente con la sentencia multimillonaria hoy ratificada.

La compañía presentó evidencias de fraude y otros delitos al Fiscal General del Estado ecuatoriano

Chevron Corporation divulgó hoy una carta presentada al Fiscal General del Estado ecuatoriano, Galo Chiriboga, en la que documenta pruebas de fraude y corrupción en el litigio contra la compañía en el Ecuador. Chevron pide a las autoridades ecuatorianas que investiguen la conducta indebida de los abogados de los demandantes y el juez que lleva el caso, Nicolás Zambrano, en la redacción de la fraudulenta sentencia formulada contra la compañía a principios de año.

Chevron presentó evidencias que muestran que los representantes de los demandantes – incluyendo a Steven Donziger, Pablo Fajardo, Juan Pablo Sáenz, Julio Prieto y Luis Yanza—trabajaron en secreto con el juez Zambrano para redactar el fallo. La carta establece que la conducta fraudulenta ¨está causando un continuo y enorme daño a la República de Ecuador y a Chevron Corporation”.

“Hasta la fecha, los representantes de los demandantes no han podido explicar cómo sus archivos internos –que nunca fueron presentados a la corte– terminaron apareciendo en el texto de la sentencia fraudulenta de Lago Agrio¨, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. ¨Tampoco el juez ha explicado cómo los documentos privados de los demandantes terminaron apareciendo en el fallo que lleva su firma. En aras de la justicia y el debido proceso, le corresponde a las autoridades ecuatorianas investigar plenamente esta conducta indebida¨.

Existe evidencia sustancial e irrefutable de que la sentencia contra Chevron es fraudulenta. Las pruebas entregadas al fiscal general incluyen

• La sentencia incluye un texto que ha sido copiado de manera literal de un correo electrónico de junio de 2009 que Fajardo envió a Donziger, Sáenz y Prieto. El texto del correo incluye un breve memo de un tercero todavía no identificado y una ¨transcri[pción]¨ de una opinión publicada por una corte ecuatoriana. Dicha ¨transcripción¨ contiene numerosos errores q ue no se encontraban en el fallo publicado por la misma corte . El fallo repite con exactitud todos estos errores, así como un error de cita que Fajardo comete en su correo electrónico.
• La sentencia también hace referencia a varias muestras de análisis con nombres que no se encontraban en los registros, sino en documentos privados creados por los demandantes que contienen información extraída de la propia base de datos de los demandantes. El fallo replica errores incluidos en dicha base de datos, atribuyendo datos a los expertos equivocados y confundiendo unidades de medida.
• La sentencia contiene texto de un memorándum privado elaborado alrededor de noviembre de 2007 por el abogado de los demandantes Juan Pablo Sáenz y otros miembros del equipo legal de los demandantes, en relación con una fusión de una subsidiaria de Chevron con Texaco. En no menos de quince ocasiones, partes significativas del memorándum de Sáenz, incluyendo frases enteras, aparecen copiadas de manera literal en el fallo.

Mucha de esta evidencia ha sido corroborada por analistas expertos comisionados por Chevron, quienes encontraron que las similitudes entre los documentos de los demandantes y la sentencia eran demasiado grandes para ser sólo coincidencia, y concluyeron que los demandantes escribieron al menos parte del fallo, o que el autor (o autores) de la sentencia tenían acceso a documentos preparados por los representantes y abogados de los demandantes que nunca fueron presentados durante el juicio.

“Esta evidencia plantea alarmantes dudas sobre quién realmente está detrás de la sentencia de Lago Agrio¨, agregó Pate. ¨Esto es sólo el capítulo más reciente de un patrón establecido de fraude que están llevando adelante los abogados de los demandantes y sus representantes¨.

Además de la carta, Chevron ha presentado a los fiscales en Ecuador evidencias que incluyen tomas descartadas de un video, correos electrónicos y otros documentos. Para acceder al texto de la carta favor conectarse a este documento.

Chevron Corporation dio a conocer la siguiente declaración de Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general, sobre el reciente anuncio de la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, de que la compañía culminará la remediación de los sitios que le corresponden bajo el acuerdo de 1995 con Texaco Petroleum Co. (TexPet) al finalizar el consorcio de producción de petróleo:

“Chevron recibe con beneplácito el anuncio de Petroecuador de que remediará los sitios restantes de los que es responsable bajo el acuerdo de remediación. El presupuesto de saneamiento de 70 millones de dólares de Petroecuador, que cubre un área mayor que la de la remediación de TexPet, está dentro de un rango de costos razonables según los estándares de Naciones Unidas. Esta cifra contrasta con los reclamos de miles de millones de dólares inventados por los abogados que pretenden extorsionar a Chevron a través de una sentencia escrita en secreto por terceros y no por el juez a cargo.

“Se debe reconocer el mérito del gobierno ecuatoriano por haber tomado acciones positivas para ayudar a la gente y al medio ambiente del Oriente ecuatoriano, y por romper con el círculo de corrupción y desinformación generado por el juicio fraudulento contra Chevron.

“La remediación de Petroecuador debería completarse sin más interferencias, y los perpetradores del litigio fraudulento –que han presionado para postergar el saneamiento– deberían ser llevados a la justicia. A Chevron le complacería iniciar un diálogo constructivo con el gobierno del Ecuador sobre ambos temas”.

El 7 de octubre de 2011 Chevron presentó ante la oficina del Contralor del estado de Nueva York, una petición amparada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés), para lograr acceder a documentos relacionados a los nexos entre la Oficina del Contralor y los representantes de los demandantes. Chevron busca acceder a estos documentos amparándose bajo la Ley FOIL, a fin de lograr esclarecer la ayuda brindada por el Contralor Thomas DiNapoli y su antecesor Alan Hevesi a los abogados y consultores de los demandantes involucrados en el juicio fraudulento contra Chevron.

Pruebas documentales obtenidas a través de una orden judicial en los Estados Unidos, revelan una relación entre las contribuciones financieras realizadas por los representantes de los demandantes de Lago Agrio y las declaraciones públicas a favor de los demandantes realizadas por el Contralor.

Puede acceder a una copia de la petición realizada por Chevron bajo la Ley FOIL (aqui), además de documentos que la acreditan (aqui) (aqui).

Acceda a documentos adicionales presentados ante la Corte por Chevron, que brindan detalles sobre la relación entre las autoridades electas en el estado de Nueva York y los representantes de los demandantes aquí.

Chevron tiene recurrida en Ecuador la multimillonaria sanción por un presunto delito ecológico. La petrolera estadounidense no solo niega su responsabilidad en los vertidos, sino que insiste en que el proceso judicial en Ecuador estuvo viciado, por lo que presentó en tribunales de EE UU una reclamación por fraude y conspiración para cometer este delito, y ha llevado el caso a un tribunal de arbitraje de La Haya. Chevron adquirió Texaco en 2001. Texaco, que ya operaba en sociedad con la estatal Petroecuador antes de 1992, fue acusada entonces de no aplicar medidas suficientes en las áreas petroleras de la Amazonia ecuatoriana. Texaco contaba con una participación de 37,5% en el consorcio y Petroecuador controlaba el 62,5% restante. La millonaria demanda contra Chevron, que arrancó en 2003, acusa a esta firma de haber afectado el ecosistema y la salud de los habitantes de la región. James Craig, asesor de comunicación de Chevron para América Latina, no ve la batalla perdida: “Estamos en la fase de primera apelación en Ecuador, y se espera el fallo a fines de año”.

Pregunta. Han hecho acusaciones graves sobre corrupción en el sistema judicial del país. ¿Tienen pruebas contundentes?

Respuesta. Sí. Tenemos montañas de evidencia contundente para demostrar que ha sido una sentencia fraudulenta. Son documentos, correos electrónicos y material fílmico recopilados en los últimos dos años, por medio de procesos judiciales en Estados Unidos, que revelan la conducta ilícita de los abogados demandantes. Estos falsificaron las firmas de los demandantes en los documentos presentados a nombre de ellos. Fabricaron evidencias. Falsificaron informes técnicos. Cometieron fraude con el informe pericial global del caso, que debió ser realizado de forma transparente por un perito imparcial de la Corte. Presentamos estas pruebas a la corte de Lago Agrio, y simplemente fueron ignoradas. El efecto es bastante negativo para Ecuador, para su sistema judicial

P. La demanda original se hizo en 1993 contra Texaco, por sus operaciones entre 1964 y 1990. ¿Chevron no hereda el problema legal cuando adquiere esta firma?

R. Texaco, en este caso, nada tiene que ver con estos problemas. Y a nuestro favor hay una serie de argumentos legales que demuestran que Chevron no es el heredero de los pasivos históricos de Texaco. Fue irónico cómo en 1999 se modificó la ley en este país específicamente para poder demandar a Texaco, por eventos ocurridos antes de 1990. Por eso, desde nuestro punto de vista, la demanda representa una aplicación retroactiva ilícita de la ley de 1999.

P. Según Chevron, ¿quién ha sido el culpable de los miles de derrames petroleros en la región amazónica?

R. Texaco, cuando termina su concesión, llega a un acuerdo con el Estado ecuatoriano y su socio Petroecuador. Era socio minoritario, y hasta junio de 1990 era el operador de la zona. Luego comenzó Petroecuador, quien ha sido el único operando en los campos petroleros en los últimos 21 años. Cuando Texaco negocia su salida con el Estado, acuerdan que la empresa dé una compensación ecológica proporcional a su participación en el consorcio, es decir, un poco más de un tercio del daño identificado en esa época. Desde 1995 hasta 1998, Texaco se encargó de la parte que le correspondía, y fue liberado de toda futura responsabilidad ambiental por el propio Estado ecuatoriano. Nuestra posición es que Texaco ya cumplió su parte, pero no el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, quedan dos tercios de pasivos ambientales de la época del consorcio, mas dos décadas de operaciones exclusivas de Petroecuador, donde ellos han perforado más de 520 pozos nuevos y han creado cientos de piscinas adicionales. Entre 2000 y 2008, Petroecuador tuvo unos 1.400 derrames de petróleo. Todo el mundo sabe que la compañía estatal tiene un récord ambiental lamentable. Por eso, el objetivo de demandar a Chevron es transferir toda esa responsabilidad a nuestra empresa, que jamás opero en el país, y liberar al Estado de una responsabilidad que nunca cumplió.

P. ¿Qué sucedería tras otro fallo desfavorable en EE UU?

R. Presentaríamos un nuevo caso en Estados Unidos por asociación para cometer fraude y corrupción, con el fin de obtener un fallo civil por este delito en contra de los abogados de los demandantes. Además, hemos solicitado el arbitraje en La Haya. Esperamos que cualquier resolución que se determine en Ecuador se aplique al Estado ecuatoriano, porque es el verdadero responsable de los problemas ecológicos.

La Corte Federal de Apelaciones para el segundo circuito emitió una orden que rechaza el intento de los demandantes ecuatorianos de recusar al Juez Lewis Kaplan. La orden, además, deja sin efecto la medida cautelar dictada por el Juez Kaplan que prohibía la ejecución de la sentencia ecuatoriana en contra de Chevron, frenando la solicitud de la petrolera para que se emita un fallo definitivo de que la sentencia ecuatoriana es inaplicable.

Al desechar la petición de los demandantes ecuatorianos, la Corte de segunda instancia rechazó las acusaciones de que el Juez Kaplan no es imparcial y se rehusó a separarlo del caso o a asignar a otro juez. La corte de segunda instancia dejó sin efecto la medida cautelar [emitida por el Juez Kaplan] luego de que el 16 de septiembre recibiera de parte de los abogados de los demandantes ecuatorianos, una declaración escrita en la que se comprometían a no intentar ejecutar la sentencia de la corte ecuatoriana mientras no se emita un fallo de segunda instancia. En múltiples ocasiones los demandantes ecuatorianos se rehusaron a asumir tal compromiso ante la corte, tanto antes como después de que la primera medida cautelar fuese emitida.

Por lo tanto, la demanda de Chevron en contra de los demandantes de Lago Agrio y sus representantes, por violación a la ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar (RICO, por su siglas en inglés) continúa.

Los reclamos de Chevron se sustentan en la abrumadora evidencia que comprueba que los abogados de los demandantes de Lago Agrio realizaron pagos fraudulentos a un funcionario de la corte ecuatoriana desde una cuenta bancaria secreta y que falsificaron reportes de peritos que fueron presentados en la corte, los mismos que contenían información fraudulenta, y que además participaron en la redacción de la propia sentencia de la corte ecuatoriana. Esta evidencia ha sido documentada en los mismos archivos y materiales de los abogados ecuatorianos de los demandantes, e incluso en declaraciones de sus abogados, las cuales han sido captadas en video. No existe evidencia legítima alguna que sustente cualquier alegación de responsabilidad por parte de Chevron puesto que Texaco Petroleum Company remedió los impactos ambientales generados en el Ecuador de conformidad con su participación en el consorcio. Los impactos ambientales que aún existen son de total responsabilidad del gobierno ecuatoriano y de la petrolera estatal Petroecuador.

Chevron lamenta que el juicio que estaba previsto para noviembre se haya suspendido. Sin embargo, la empresa continua firme en su propósito de lograr que una corte imparcial evalúe los méritos del caso, particularmente del fraude perpetrado por los abogados de los demandantes ecuatorianos antes de que se intente ejecutar la sentencia dictada por corte ecuatoriana. Chevron confía en que una vez que se evalúen todos los hechos se determinará que esta sentencia fraudulenta es inejecutable y que todos aquellos que la procuraron tendrán que responder por su falta de ética.

La orden de segunda instancia no tiene efecto alguno sobre la orden de medidas cautelares emitida por el Tribunal de Arbitraje sobre los Tratados de Inversión Bilateral de la Corte Permanente de Arbitraje en la Haya en relación a los reclamos de Chevron en contra de la República del Ecuador. La orden del Tribunal de Arbitraje aún exige que la República del Ecuador tome todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento de cualquier sentencia, fuera o dentro del Ecuador, en contra de Chevron por el caso de Lago Agrio, mientras esté pendiente una orden ulterior de este Tribunal.

El tribunal internacional determina que las cortes ecuatorianas incumplieron con su obligación de administrar justicia

Un tribunal de arbitraje internacional otorgó a Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company 96 millones de dólares en una demanda contra el Ecuador relacionada con las antiguas operaciones petroleras de Texaco Petroleum, actualmente una subsidiaria de Chevron. El tribunal, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, determinó que las cortes del Ecuador violaron las normas de Derecho Internacional al demorar de manera significativa los fallos en ciertas disputas comerciales entre Texaco Petroleum y el gobierno ecuatoriano. El monto final de la indemnización incluye impuestos, intereses y costos asociados con la indemnización preliminar que fuera anunciada en marzo de 2010.

Chevron y Texaco Petroleum presentaron el caso de arbitraje internacional en diciembre de 2006 bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La Corte Permanente de Arbitraje es una organización intergubernamental con más de 100 países miembros, establecida por una convención internacional en 1899 para facilitar el arbitraje y otras formas de resolución de controversias. Estados Unidos suscribió dicha convención en 1900 y el Ecuador lo hizo en 1907.

La decisión del tribunal de arbitraje resuelve siete demandas comerciales que Texaco Petroleum presentó en Ecuador entre 1991 y 1993. De manera continua las cortes ecuatorianas demoraron y se rehusaron a emitir un fallo en los siete casos, actitud que el tribunal internacional determinó constituye una violación de la obligación que tiene el Ecuador, según lo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones que el país firmó con los Estados Unidos, de asegurar los medios efectivos para que los inversionistas estadounidenses en el país puedan presentar reclamos y hacer valer sus derechos.

“Este fallo confirma que el Ecuador puede ser responsabilizado por las obligaciones adquiridas según el derecho internacional”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y director jurídico de Chevron. “Ya que el sistema judicial ecuatoriano incumplió con su obligación de suministrar cortes imparciales y el debido proceso, Chevron tuvo que buscar una resolución en cortes internacionales. Chevron continuará procurando que se ejecuten los acuerdos firmados entre Texaco Petroleum, el Ecuador y la estatal petrolera, Petroecuador, cuando todos eran parte del consorcio de explotación petrolera”.

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya no es la única que resalta el incumplimiento de las cortes ecuatorianas en garantizar la administración de justicia. En abril de 2011, el Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió su informe sobre derechos humanos en el Ecuador, en el que sostiene lo siguiente: “Los medios han denunciado la susceptibilidad del poder judicial a los sobornos pagados para tomar decisiones favorables y para resolver casos legales, así como la distribución por parte de los jueces de casos a abogados externos, quienes redactan las sentencias judiciales y las envían al juez presidente para su firma”. En la misma línea, los últimos Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial determinan que el Ecuador se encuentra en el 10% de los países con el peor desempeño en relación a la vigencia del estado de derecho, aún detrás de Corea del Norte.

Eventos recientes demuestran el continuo deterioro y la politización del sistema de justicia ecuatoriano:

• Luego que el diario El Universo publicó una columna de opinión crítica del Presidente Rafael Correa, un juez ecuatoriano — tras ser exhortado por el Presidente Correa– sentenció a tres ejecutivos del diario y al columnista a tres años de prisión, y a una multa de 40 millones de dólares.
• Según la revista británica The Economist, “al juez Juan Paredes, quien reemplazó al juez original que estaba de vacaciones, le tomó menos de dos días leer el expediente de 5,000 fojas” y emitir la sentencia. El Presidente Correa asistió personalmente a la audiencia “acompañado de un pequeño grupo de simpatizantes quienes embistieron a los acusados y sus abogados con botellas y huevos en las afueras de la corte. Se le prohibió la entrada [a la corte] a la prensa”. Observadores internacionales como Human Rights Watch, opinaron que con esta sentencia “la libre expresión en el Ecuador había sufrido un enorme revés”.
• El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, emitió un comunicado oficial que decía que, “por orden constitucional del Presidente de la República” se requiere que los ministerios presenten inmediatamente querellas por daños y perjuicios contra cualquier juez que ocasione la suspensión o retraso de una obra del Estado, si las medidas cautelares impuestas son revertidas por una corte superior.