Stratus Consulting, la principal consultora ambiental de los demandantes contra Chevron en el juicio que se ventila en Ecuador, proporcionó declaraciones bajo juramento (disponibles aquí y aquí) que describen en detalle la conducta inapropiada de los abogados de los demandantes en el juicio.  Stratus también testificó que no existe ninguna base científica que sustente los reclamos punitivos de los demandantes contra Chevron Corp. (NYSE: CVX) y Texaco Petroleum (Texpet).

Chevron  llegó a un acuerdo extrajudicial con la consultora estadounidense  Stratus Consulting recientemente relacionado a las demandas por fraude y extorsión que estaban pendientes en su contra.

Stratus, parte acusada en la demanda bajo la ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar , RICO, que fue presentada por Chevron en febrero de 2011, ha entregado declaraciones juradas que describen el conocimiento de la consultora acerca de la conducta indebida de los abogados de los demandantes en el juicio de Lago Agrio; además han atestiguado que no existe mérito científico alguno  que sustente los reclamos por daños de los demandantes en contra de Chevron Corp.

“Nos complace que Stratus se haya presentado para revelar la verdad. Solicitamos a todos quienes conozcan algo sobre el fraude que contamina el juicio en el Ecuador que comparezcan y hagan lo que es correcto”,  dijo  Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron.

En declaraciones juradas, Stratus detalla el papel que la firma y los abogados de los demandantes desempeñaron en la redacción del informe de daños supuestamente independiente de  Richard Cabrera, que sirvió como base probatoria en la sentencia de 2011 en contra de Chevron en el Ecuador. El testimonio también ofrece un recuento directo sobre el control que ejerció el abogado principal de los demandantes, Steven Donziger, sobre el proceso del “Informe Cabrera” y la presión que éste ejerció para fabricar los daños que se le atribuyen a Chevron.  En una presentación ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, el día de hoy los representantes de Stratus declararon:

• “Stratus no tiene conocimiento de evidencia científica alguna de que la gente en la antigua área de concesión esté tomando agua contaminada con petróleo”.

• “Durante mi trabajo en el Ecuador, en ningún momento observé dato alguno que apoyara una determinación sobre contaminación de aguas subterráneas por las operaciones de TexPet…”

• “No tengo conocimiento  de ningún dato científico que muestre que  algún efecto adverso para la salud sea ocasionado por contaminación derivada de operaciones petroleras en el Oriente”.

• “…la conclusión de que existe un exceso de  1.400  muertes relacionadas con cáncer cerca del área de operaciones petroleras es inválida e infundada”.

• “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que respalde la afirmación de que los índices de cáncer fueron 30 veces más altos que lo normal, o que se haya determinado que la incidencia de leucemia infantil haya alcanzado niveles alarmantes”.

• “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que indique que más de 9.000 personas en el área de las operaciones petroleras en el Ecuador habrán de contraer cáncer en las próximas décadas o que se pueda vincular tal incidencia con las operaciones petroleras”.

• “No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica creíble que respalde la afirmación de que la operación de la concesión a cargo de TexPet haya destruido miles de kilómetros cuadrados de selva virgen, o de que haya contaminado a decenas de miles de personas, ni que haya diezmado a los grupos indígenas que habitaban en la región”.

• “Rechazo todos y cada uno de los resultados o conclusiones presentadas, tanto en  mis reportes como en mi testimonio en el Proyecto de Ecuador. Lamento profundamente haber permitido que mi compañía y yo hayamos sido utilizados en el litigio de Lago Agrio,  como evidentemente lo fuimos…”

Stratus es el caso más reciente de individuos o grupos, anteriormente alineados con los demandantes, que acusan de fraude a los abogados de los demandantes,  o que ofrecen testimonios de primera mano sobre la corrupción que ha contaminado, tanto al juicio como a la sentencia. En el mes de enero, un ex juez ecuatoriano se presentó para admitir su papel a la hora de orquestar la sentencia fraudulenta en contra de Chevron. También fue revelado que Burford Capital, uno de los mayores contribuyentes de fondos de los demandantes, acusó a los abogados de los demandantes de fraude y de otras conductas indebidas en conexión con su batalla para ganar el caso. En el mes de diciembre de 2012, un ex consultor ambiental de los demandantes se presentó con pruebas adicionales del fraude y la fabricación de evidencia por los abogados de los demandantes.

La fecha para el juicio de la demanda de Chevron entablada bajo la ley RICO ha sido fijada para  el 15 de octubre de  2013.

La agencia de noticias Reuters informó que “El juez ecuatoriano que emitió una sentencia por 18.200 millones de dólares en contra de Chevron Corp. ha rechazado las acusaciones de soborno realizadas por otro juez que presidió el emblemático caso de contaminación en el país sudamericano”, según una presentación realizada ante la corte el día jueves.

“Nicolás Zambrano había sido acusado en una declaración jurada presentada ante una corte estadounidense por Alberto Guerra, un juez colega que presidió el caso en el Ecuador entre el 2003 y 2004, de haber aceptado un soborno de 500.000 dólares de los demandantes”.

Las acusaciones de Zambrano son falsas y completamente infundadas.  Tal como admite en su declaración jurada, esta no sería la primera vez que Zambrano ha mentido sobre su participación en la sentencia.

Adicionalmente, el testimonio del señor Guerra está corroborado por pruebas concluyentes: registros informáticos, registros bancarios (véalos aquí, aquí, aquí y aquí)  y de envíos, así como correos electrónicos internos de los mismos abogados de los demandantes Más aún, el testimonio del señor Guerra respalda lo que la evidencia ya ha probado: que los abogados de los demandantes redactaron la sentencia. La información contenida en ocho documentos internos de los demandantes aparece en 60 de las 188 páginas de la sentencia. No existe ninguna explicación creíble para justificar este hecho y Zambrano no ofrece ninguna explicación verosímil, y menos aún pruebas.

¿Cómo explica Zambrano los registros de envíos? ¿Cómo explica Zambrano los borradores de al menos una docena de órdenes emitidas por él que se encuentran en la computadora del Sr. Guerra?  La declaración jurada de Zambrano enmudece cuando se analizan las pruebas. Más aún, dicha declaración jurada es importante tan sólo por lo que no dice.

Consideremos todo lo que se sabe:

• En cuanto al Dr. Charles Calmbacher, quien fuera inicialmente el perito principal de los demandantes, sabemos que los informes judiciales de los demandantes fueron falsificados.
• De parte de Dave Russell, asesor técnico principal de los demandantes, sabemos que la evidencia no respaldaba los reclamos de los abogados de los demandantes. Russell les dijo a los abogados de los demandantes que sus análisis eran “auto-destructivos” y “contraproducentes”. También admitió  que la limpieza ambiental de Texaco fue “cumplida conforme a lo diseñado”.
• Debido a Fernando Reyes, otro experto ambiental que trabajó para los demandantes, sabemos que los abogados de los demandantes interrumpieron su proceso de recolección de evidencia “auto-destructiva” y lo reemplazaron por otro arreglado a su favor.
• Según  los documentos de los abogados de los demandantes obtenidos a través de procesos de descubrimiento de pruebas por orden judicial, conocemos que tres firmas de abogados alineados con los demandantes se retiraron argumentando preocupaciones éticas; una cuarta firma sostuvo que “parece que no sólo Cabrera y los demandantes pueden ser acusados de ‘fraude’ en relación con el reporte del primero…”
• Uno de los abogados ecuatorianos que representa a los demandantes admitió en un correo electrónico que si la evidencia de su colusión y fraude fuera expuesta “todos nosotros, sus abogados, podríamos ir a la cárcel”.
• En cuanto a Kohn, Swift, and Graf, estudio jurídico que invirtió siete millones de dólares en el caso de los demandantes, sabemos que creen que su abogado defensor adjunto cometió un fraude.
• En cuanto a Burford Capital, el fondo de inversión que invirtió cuatro millones de dólares en el caso de los demandantes, sabemos que creen que los abogados de los demandantes cometieron fraude.

Ocho jueces federales de los Estados Unidos han encontrado evidencia de la conducta indebida de los representantes de los demandantes quienes han contaminado el juicio. La única posibilidad que tiene Zambrano de cobrar su prometido soborno de medio millón de dólares está en que se confabule aún más con los abogados de los demandantes.

La compañía advierte sobre el intento de abogados estadounidenses de blanquear el corrupto veredicto de Lago Agrio

Chevron Corp. pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, según sus siglas en portugués) que rechace los intentos de abogados estadounidenses de validar una sentencia ecuatoriana de 19.000 millones de dólares contra la empresa que fue obtenida por medio de fraude, sobornos, intimidación e intromisión del gobierno.

Respondiendo al pedido de los demandantes ecuatorianos de que la sentencia fraudulenta sea reconocida en Brasil, la compañía dijo que la validación del fallo de la corte ecuatoriana socavaría los derechos garantizados por la constitución a un juicio imparcial y justo. El informe de 145 páginas representa la primera vez que Chevron Corp. presenta una gran cantidad de evidencia de la conducta indebida de los demandantes en una acción de reconocimiento de sentencia en una jurisdicción foránea.

En su respuesta, la compañía ofreció a la corte una declaración jurada y documentos que demuestran que la sentencia del Ecuador fue redactada por los abogados de los demandantes, videos que prueban que los informes de expertos fueron falsificados y evidencia adicional que muestra que los jueces fueron sobornados e intimidados. El fraude ecuatoriano es objeto de una demanda por extorsión y asociación ilícita presentada por la compañía en Nueva York en contra de los demandantes y sus representantes, así como de un arbitraje internacional en contra de la República del Ecuador por denegación de justicia.

“Los abogados estadounidenses y ecuatorianos de los demandantes están insultando el sistema judicial de Brasil al intentar blanquear una sentencia corrupta obtenida mediante el fraude”, Hewitt Pate, consejero general de Chevron. “Creemos que una vez que el tribunal revise la abrumadora evidencia de la conducta ilegal de los abogados de los demandantes, no permitirá que este fraude se extienda hacia Brasil”, afirmó.

Pate afirmó “Si los demandantes creyeran tener una sentencia legítima buscarían su reconocimiento en los Estados Unidos, donde Chevron Corp. tiene su domicilio. En cambio, estos usureros abogados norteamericanos y ecuatorianos están buscando acciones en Canadá, Brasil, Argentina y por doquier buscando presionar a Chevron Corporation a llegar a una liquidación del fraudulento caso mediante un acuerdo económico. Esta maniobra no les funcionará”.

La compañía también argumenta que las cortes brasileñas no tienen jurisdicción para reconocer la sentencia de Lago Agrio, que no es definitiva en el Ecuador. Por otra parte, Chevron Corp. nunca operó en el Ecuador, y su subsidiaria indirecta, Texaco Petroleum, remedió su parte de los impactos ambientales en los años 90, consiguiendo de parte del Estado ecuatoriano una completa exoneración de cualquier otra responsabilidad ulterior.

La compañía asegura que la sentencia del Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete el estado de derecho, y que tomará todas las acciones legales necesarias para defenderse de cualquier acción de ejecución.

Un panel de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya determinará si Chevron deberá ser compensada ante el fracaso del Ecuador en impedir la ejecución de la sentencia de Lago Agrio

Un tribunal internacional de arbitraje emitió ayer un laudo en el que concluye que la República del Ecuador ha violado previos laudos interinos  de la misma corte autorizados bajo el derecho internacional y un tratado entre Estados Unidos y el Ecuador al no impedir el intento de ejecución de una sentencia de 19.000 millones de dólares en contra de Chevron Corp. En resoluciones anteriores, el tribunal advirtió que si el arbitraje  de Chevron terminaba imponiéndose “cualquier pérdida surgida de la ejecución (de la sentencia) serían pérdidas por las que (la República) sería responsable (ante Chevron) bajo el derecho internacional”.

Convocado bajo la autoridad del Tratado de Inversiones Bilaterales (BIT, según sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y el Ecuador, y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, el tribunal concluyó que Ecuador incumplió las resoluciones anteriores del tribunal y ordenó a la República explicar por qué no debe ser condenada a pagar una compensación a Chevron por todos los daños consiguientes de los intentos de los demandantes de ejecutar una sentencia surgida de un juicio ambiental en contra de la compañía en Lago Agrio, Ecuador.

Casi un año atrás, el tribunal emitió un segundo laudo interino ordenando a la República del Ecuador –y a todos sus poderes, incluyendo el judicial- a tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución y el reconocimiento de la sentencia de Lago Agrio dentro y fuera del Ecuador”. Ese laudo  se expandió sobre un laudo anterior que exigía al Ecuador  “tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera del Ecuador de cualquier sentencia”.

“La decisión del tribunal confirma que las acciones de ejecución que están persiguiéndose en contra de Chevron en Argentina, Brasil y Canadá atentan contra el derecho internacional”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “Aun así Ecuador se  ha aliado consistentemente con abogados estadounidenses que han usado cortes corruptas para llevar adelante un fraude sin precedentes. Para la República no es demasiado tarde para revertir el curso, declarar la sentencia de Lago Agrio ilegítima y enfrentar los desafíos reales que enfrentan sus ciudadanos”.

Pese a los laudos del tribunal, la República del Ecuador ha facilitado la búsqueda de la ejecución en Argentina, Brasil y Canadá. Estas acciones son el resultado del incumplimiento del Ecuador de sus obligaciones derivadas del derecho internacional y el tratado bilateral.

El reclamo de arbitraje de Chevron surge de la interferencia del Ecuador en la demanda ambiental en curso en contra de la compañía en el Ecuador y la no administración de justicia de las cortes en un juicio que ha estado viciado por el fraude. Además, Chevron sostiene que el gobierno del Ecuador no ha respetado acuerdos de exención que el gobierno del Ecuador firmó con Texaco Petroleum Company (hoy una subsidiaria de Chevron) cuando el consorcio entre Texaco Petroleum y Petroecuador ’finalizó.

En su resolución, el tribunal sostuvo que “ni un desacuerdo con las órdenes y laudos interinos del tribunal, ni limitaciones bajo la ley ecuatoriana pueden ser excusas del incumplimiento de (la República), a través de cualquiera de sus poderes u órganos, de cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional impuestas por el tratado, las reglas de UNCITRAL y las órdenes y laudos del tribunal al respecto, especialmente el  primer y segundo laudo interino sobre medidas cautelares”.

En agosto de 2011, otro tribunal de arbitraje internacional, convocado bajo el BIT, concedió a Chevron y Texaco Petroleum una indemnización de 96 millones de dólares, más intereses, en una demanda en contra de la República del Ecuador relacionada con operaciones petroleras pasadas. El Tribunal indicó que las cortes del Ecuador violaron el BIT y el derecho internacional con sus demoras de una década en resolver ciertas disputas comerciales entre Texaco Petroleum y el gobierno ecuatoriano. Una corte en los Países Bajos confirmó la indemnización y el Ecuador ha presentado una segunda apelación.

Un ex juez ecuatoriano reconoció su  participación directa en la redacción de la fraudulenta sentencia contra de Chevron Corp. en el juicio ambiental que se le sigue a la compañía en Lago Agrio, Ecuador.

Mediante una declaración jurada (véala aquí) presentada hoy en una corte federal de Nueva York, Alberto Guerra, quien presidió el caso inicialmente cuando fue presentada la demanda en 2003, revela que, fue pagado miles de dólares por los abogados de los demandantes el caso Chevron y por el subsiguiente juez Nicolás Zambrano, para redactar  clandestina e ilegalmente  las órdenes judiciales emitidas por Zambrano y orientar el juicio a favor de los demandantes. Guerra, quien ya no ejerce como juez, afirma que a los abogados de los demandantes les fue permitido redactar la sentencia de 18 mil millones de dólares a su favor luego de que prometieron pagar a Zambrano un soborno de 500 mil dólares de los fondos derivados de la ejecución de la sentencia, y que él [Guerra] luego revisó el borrador elaborado por los abogados de los demandantes antes que el juez Zambrano lo emitiera como propio.

“Otro participante del fraude ha decidido presentarse antes de esperar a ser expuesto por otros”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “Chevron exhorta a otros denunciantes en el Ecuador, Estados Unidos o cualquier otro país a presentarse. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad”.

La declaración de Guerra, que está corroborada por  registros informáticos, bancarios y de envíos, así como por los propios correos electrónicos internos de los abogados de los demandantes, ofrece un relato directo de la corrupción que ha empañado el juicio por años. Guerra describe múltiples reuniones con los abogados y representantes de los demandantes –específicamente el abogado neoyorquino Steven Donziger, Pablo Fajardo y Luis Yanza – para discutir pagos, sobornos y la redacción clandestina de las órdenes judiciales favorables a los demandantes.

Guerra certifica:

• “Yo  era el “escritor fantasma” del Sr. Zambrano y escribí la gran mayoría de las providencias dictadas en los casos civiles asignados que al Sr. Zambrano  correspondió, incluyendo el caso Chevron”.
• “El señor Donziger me agradeció por mi trabajo como escritor fantasma  en el caso y por ayudar a conducir el caso a favor de los demandantes [sic].  Los pagos de los representantes de los demandantes me los entregaba el Sr. Fajardo en efectivo o me los depositaban en mi cuenta de ahorros en el Banco Pichincha.  Recuerdo que también me reunía con el Sr. Fajardo regularmente mientras estaba redactando las providencias para el Sr. Zambrano quizás dos veces por mes, para discutir mi trabajo”.
• “El señor Zambrano me dijo que estaba en contacto directamente con el señor Fajardo y que los abogados de los representantes habían accedido a pagarle $500.000 dólares de  lo que ellos recolectaran en el futuro con la sentencia a cambio de permitirles escribir la sentencia a favor de los demandantes”.
• “Aproximadamente dos semanas antes de que el fallo de primera instancia del caso Chevron fuera emitido, el señor Zambrano me entregó un borrador de sentencia para que la revisara; por él me informé sobre el hecho de que los abogados de los demandantes habían redactado la sentencia y le habían entregado”.
• “… sobre dicho documento trabajé desde el domicilio del señor Zambrano en Lago Agrio y usando el computador del señor Fajardo”.
• “Basado en lo que me dijo el señor Zambrano, que los abogados de los demandantes le hicieron cambios a la sentencia hasta el último minuto antes de ser publicada”.
• “Yo sabía en ese momento, y lo sé hoy, que ese acuerdo del cual yo era  partícipe, y por el cual los abogados de los demandantes redactaban la sentencia del caso de Chevron y el juez Zambrano, con mi ayuda la dictaba, era una violación de las leyes Ecuatorianas. Según la legislación Ecuatoriana, el Juez es el único autorizado a redactar los autos y sentencias. Por las mismas razones, sabía en ese momento, y lo sé hoy, que el arreglo en el que participé, en el que yo redactaba providencias para el señor Zambrano manejando el caso a favor de los demandantes y ser pagado por los representantes de los  demandantes por ese trabajo, era una violación a la ley ecuatoriana. Y sabía en ese momento, y lo sé hoy, que el acuerdo que el señor Zambrano dijo que había conseguido  con los abogados de los representantes, para dejarles redactar la sentencia a favor de los demandantes y en contra de Chevron, a cambio de que él recibiera $500.000 dólares una vez recolectaran el dinero de la sentencia, era una violación a la Ley ecuatoriana”.

Un año después de emitir la sentencia en contra de Chevron, Zambrano fue destituido de su cargo de juez como parte de una investigación sobre el crimen organizado que incluía la liberación indebida de narcotraficantes encarcelados.

El testimonio de Guerra es corroborado por evidencias documentales contemporáneas obtenidas a través de órdenes judiciales en Estados Unidos.  Por ejemplo, su computadora  contiene los borradores de múltiples órdenes judiciales emitidas por Zambrano (véalos aquí), incluyendo el caso de Lago Agrio. Y en sus registros bancarios (véalos aquí, aquí, aquí y aquí) figuran los pagos que le fueron realizados por un representante de los demandantes. Los registros de envíos (véalos aquí) y la agenda de Guerra (véala aquí) corroboran aún más su testimonio.

Las declaraciones juradas de otros testigos también corroboran el testimonio de Guerra. Los abogados ecuatorianos de Chevron y otras personas conocidas de ellos dan fe que en varias oportunidades mientras Zambrano presidía el caso, Guerra se aproximó a ellos directamente solicitando sobornos a nombre de Zambrano para arreglar la sentencia de Lago Agrio, y que Chevron rechazó estos acercamientos de Guerra.  Además, declaraciones contemporáneas de dos de los abogados ecuatorianos de Chevron describieron las fallidas solicitudes de soborno en el momento en que ocurrieron. Estos varios testigos aseguran en sus declaraciones juradas que Chevron rechazó enfáticamente las repetidas solicitudes de soborno de Guerra a nombre de Zambrano.

El testimonio de Guerra y la evidencia concordante confirman lo que  la amplia convergencia  entre los archivos internos de los abogados de los demandantes y la sentencia misma ya han sustentado: los abogados de los demandantes corrompieron la corte ecuatoriana y redactaron la sentencia de 18 mil millones de dólares en contra de Chevron.

Correos electrónicos entre los abogados y los representantes de los demandantes, obtenidos a través de procesos judiciales de descubrimientos de pruebas en Estados Unidos, también corroboran la declaración de Guerra. Cuando otro juez tuvo que recusarse del caso en medio de un escándalo de pedidos de soborno y Zambrano se preparaba para volver a presidirlo, los abogados de los demandantes identificaron a  “Guerra” como un blanco potencial para influir la resolución final del caso (vea el correo aquí). Más aún, los abogados de los demandantes asignaron nombres en clave para  Zambrano y Guerra, refiriéndose a ellos como “el titiritero” y su “marioneta”. El 27 de octubre de 2009, Fajardo envió a Donziger y Yanza un correo electrónico  (véalo aquí)  indicando: “El titiretero [sic] no moverá su marioneta hasta que el público [sic] no le pague algo”.  El 27 de noviembre de 2009, Yanza envió a Donziger un correo electrónico (véalo aquí) advirtiéndole de los crecientes costos debido al pago del “titiritero”.

Esta es la más reciente de una serie de revelaciones en las que individuos y grupos anteriormente asociados con los demandantes han acusado a los abogados demandantes de fraude o han proporcionado testimonios de primera mano sobre la corrupción que ha contaminado el juicio y la sentencia. A principios de este mes,  se reveló que Burford Capital, uno de los financistas más grandes de los demandantes, acusó a los abogados demandantes de fraude y otras conductas indebidas en conexión con el caso. En diciembre un ex consultor ambiental de los demandantes, el Ing. ecuatoriano Fernando Reyes, se presentó con pruebas adicionales de fraude y  fabricación de evidencia por parte de los abogados de los demandantes.

Debido a los riesgos para Guerra y su familia por su declaración, Chevron ha tomado medidas razonables para proteger la seguridad de Guerra y la de sus familiares — fundamentadas en evaluaciones de terceros–  incluyendo la salida de ellos del Ecuador y ofreciéndoles asistencia adicional.  A cambio de la entrega de pruebas contundentes que ratifican su testimonio, incluyendo su computadora personal, dos teléfonos celulares, sus agendas y registros bancarios, telefónicos y de envíos, Guerra recibió de Chevron un total de $38.000 dólares pero, como Guerra afirma, “no he solicitado ni he  recibido dinero alguno o ninguna remuneración  a cambio de firmar esta declaración juramentada”.

Evidencia adicional producida por los abogados estadounidenses de los demandantes ofrece pruebas que corroboran que los representantes de los demandantes de Lago Agrio participaron en la redacción de la sentencia. En al menos ocho instancias distintas, la sentencia sigue el texto de los propios documentos de los abogados de los demandantes, en algunos casos copiando palabra por palabra, repitiendo contenido de materiales internos de los abogados de los demandantes que no formaban parte del expediente, así como copia errores y citas a referencias idiosincrásicas que sólo aparecían en los documentos internos de los demandantes.

Chevron pretende entregar toda esta evidencia al Fiscal General del Ecuador y pedir a la fiscalía que investigue a Zambrano y los abogados de los demandantes. La compañía ha provisto en el pasado a las autoridades ecuatorianas similar evidencia de fraude, corrupción y conducta indebida de los abogados pero hasta la fecha el Estado no ha tomado  ninguna medida aparente para hacer cumplir sus leyes.

“Una vez más, Chevron hace un llamado a las autoridades ecuatorianas, y a las autoridades donde estos abogados demandantes estén intentando avanzar con su fraude, para que investiguen y pongan punto final a este plan”, añadió Pate. “El Ecuador no debería tolerar que abogados estadounidenses utilicen las instituciones y ciudadanos del Ecuador como títeres”.

Con su declaración, Guerra ha aceptado también ponerse a disposición para presentarse ante otras cortes, tribunales e investigadores que lo requieran.

FORTUNE – Burford Capital, un fondo de inversión de 300 millones de dólares que cotiza en bolsa e invierte en demandas judiciales, ha acusado a los abogados de los ecuatorianos que están demandando a Chevron en Lago Agrio, Ecuador, de haber engañado a la empresa para que invirtiera en su caso hace dos años.

Esta acusación, que no había sido hecha pública anteriormente, fue realizada a través de una carta en septiembre de 2011,  que Burford envió a los encargados de la demanda ambiental, incluyendo al abogado estadounidense Steven Donziger.  En diciembre Burford entregó la carta a Chevron y la petrolera la presentó el lunes ante una corte federal en Manhattan, en donde se está llevando a cabo un juicio civil por extorsión en contra de Donziger y otros miembros del equipo.

“Creemos que ustedes,  y en especial sus representantes estadounidenses, durante varios meses urdieron un plan para engañar nos y estafar a nuestra empresa,  a fin de obtener los fondos para financiar su caso,  que tan desesperadamente necesitaban “, afirma la carta, “todo esto mientras ocultaban información relevante y tergiversaban hechos críticos, por miedo a que nos alejaramos al conocer la verdadera situación”. (Lea la carta completa original aquí)

(A finales de mayo de 2011,  unos cuatro meses antes de que Burford redactara la carta que ha sido recientemente revelada,  Fortune publicó un artículo de interés intitulado ¿Tiene usted un trozo de esta demanda? que hablaba de la inversión de Burford en el polémico caso).

El 31 de octubre de 2010, Burford entregó a los demandantes 4 millones de dólares, como primer aporte de financiamiento, de lo que se proyectaba terminaría siendo una inversión de 15 millones de dólares. A cambio recibió una participación del 1,5% del monto que se fuera a cobrar, porcentaje que ascendería a 5,5% cuando se completara la financiación.

Inicialmente la inversión de Burford fue secreta, como lo son la mayoría de los financiamientos de litigios. Sin embargo, su participación se descubrió en diciembre de 2010, cuando Chevron solicitó  a Donziger  presentar su testimonio en Nueva York. Ese mismo mes, Burford recuperó su inversión total mediante la venta de una “participación” de 4 millones de dólares a otro inversor, manteniendo al mismo tiempo, un alto interés en el caso que más adelante se reveló en documentos presentados a los accionistas.

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En febrero de 2011, Chevron demandó a Donziger y a otros miembros del equipo de los demandantes bajo la ley RICO contra el crimen organizado.  La compañía alegó que los acusados habían participado en actos que constituyen extorsión criminal, violación de correspondencia y fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. Burford no fue nombrado como acusado en el caso RICO, pero se lo identificó como un “co-conspirador”. (Donziger y los acusados que han respondido a las acusaciones (algunos de los acusados ecuatorianos no se presentaron o no pudieron ser ubicados-) han negado haber actuado incorrectamente)

Dos semanas más tarde, el corte provincial de Lago Agrio dictó un fallo por 18.200 millones de dólares a favor de los demandantes, el que desde entonces ha sido incrementado a más de 19 mil millones de dólares.

En algún momento a principios de 2011, Burford decidió que no suministraría más fondos. En la carta de septiembre 2011,de  reciente divulgación, Burford expresa que la evidencia que surgió después de su inversión reveló que Donziger y otros mintieron a Burford sobre los alcances de su colaboración secreta con el perito especial designado por la corte, Richard Cabrera, y hasta qué punto temían que su conducta fuera ilegal, ncluso bajo la ley ecuatoriana.  La carta de tres páginas, a espacio simple, cita, entre otras cosas, pasajes de las declaraciones de Donziger de diciembre de 2010 y enero de 2011, en las que, a su juicio, efectivamente “admitió que los demandantes habían redactado el informe completo de manera clandestina  y que habían trabajado muy duro para ocultarlo”.    También hicieron hincapié en la primera aparición, en febrero de 2011, de un correo electrónico que uno de los abogados ecuatorianos que trabajaba para Donziger le había escrito nueve meses atrás, en el que le advertía que si los expertos de los demandantes estadounidenses fueran obligados a entregar documentos que revelaran su papel en la redacción del informe de Cabrera, cosa que finalmente sucedió,  ”todos nosotros, sus abogados, podríamos ir a la cárcel”.

Burford mencionó también el hecho de que el equipo de los demandantes no haya dado a conocer una carta escrita a los líderes de los demandantes ecuatorianos en agosto de 2010 por Joseph Kohn, de Kohn Swift & Graf, el bufete de abogados de Filadelfia que sirvió como principal financista del juicio entre 2003 y 2009. Burford señaló que en ella Kohn “criticó el señor Donziger por haberlo engañado casi en la misma manera en la que nosotros hemos sido engañados”.

Burford cierra: “Ahora está claro que estaban dispuestos a hacer y decir cualquier cosa para atraer nuevos fondos”.

En un comunicado, Karen Hinton, una portavoz del equipo de los demandantes ecuatorianos, escribe: “La carta de Burford en sí no es más que un intento fraudulento para eludir sus obligaciones de financiación con los ecuatorianos. Como resultado de las presiones indebidas de Chevron, Burford trató de salirse del caso, pero manteniendo al mismo tiempo su participación en el juicio en Ecuador. Las falsas acusaciones de Chevron sobre fraude en contra de los ecuatorianos y sus abogados siempre fueron informadas a Burford y estuvieron disponibles a través de una simple búsqueda de documentos públicos en Google”.

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Christopher Bogart, CEO de Burford, responde: “La declaración de la Sra. Hinton es un despropósito, pero un debate público sobre estas cuestiones no tiene sentido alguno. Burford ha abordado las condiciones de su inversión en sus presentaciones públicas y no tiene más comentarios sustantivos”. (Bogart fue vicepresidente ejecutivo y asesor general de Time Warner, empresa matriz de Fortune. Dejó ese cargo en 2003.)

Dos abogados de Donziger no respondieron los mensajes de correo electrónico.

El pasado mes de julio, en el caso por extorsión entablado bajo la Ley RICO, el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan dictaminó que el caso de los demandantes ecuatorianos estuvo “sin duda alguna (…) contaminado” por el fraude, aunque se reservó la decisión sobre si la sentencia era totalmente inaplicable en los EE.UU. como consecuencia de ello. (En repetidas ocasiones los demandantes han acusado a Kaplan de parcialidad y un tribunal federal de apelaciones ha rechazado dichos reclamos).

En junio pasado un juez federal de la Florida  afirmó que además del presunto fraude de Cabrera, Chevron (CVX) también ha presentado “gran cantidad de evidencia” de que la sentencia ecuatoriana por 18.200 millones de dólares fue redactada con la ayuda secreta de los abogados de los demandantes. Véase, por ejemplo, aquí y aquí. En su fallo del mes de julio, el juez Kaplan encontró tal evidencia “preocupante”, pero mantuvo en suspenso la sentencia en espera de la presentación de pruebas adicionales.

Esta es una traducción no oficial del artículo original en inglés publicado por Fortune que puede ser visto aquí.

Chevron condena intentos de intimidación e insta a otros a comparecer

 SAN RAMON, Calif. – 18 de diciembre de 2012 – Chevron Corp. (NYSE: CVX) condenó hoy las acciones emprendidas por los abogados de los demandantes de Lago Agrio con la intención de intimidar, amenazar y acosar al denunciante Fernando Reyes, quien ha entregado una declaración jurada  en la que ofrece un relato detallado del fraude de los abogados de los demandantes durante el juicio en el Ecuador. Luego de la presentación de la declaración de Reyes, los abogados y el publicista de los demandantes difundieron declaraciones de prensa donde atacan y descalifican a Reyes, al mismo tiempo que lo amenazan con un litigio por acoso. En respuesta, Chevron ha emitido la siguiente declaración:

“En lugar de pronunciarse sobre las cuestiones de fondo del testimonio de Reyes, los representantes de los demandantes buscan intimidarlo. Chevron solicita a las autoridades que investiguen esas amenazas contra Reyes. Chevron exhorta a otros denunciantes que posean información sobre el fraude de los abogados de los demandantes a que la presenten”.

Nota a los editores:

Reyes es un ingeniero ambiental y petrolero ecuatoriano quien se desempeñaba como consultor de los abogados de los demandantes. El pasado miércoles, Chevron presentó una declaración jurada de Reyes donde respalda la demanda por fraude y extorsión que la compañía ha entablado en Nueva York contra los abogados de los demandantes y sus colaboradores. En su declaración jurada, Reyes ofrece un testimonio directo sobre cómo los abogados de los demandantes han buscado manipular el juicio desde sus inicios, engañar a la corte, corromper el proceso judicial y comprometerse en la elaboración de un reporte “independiente” fraudulento.  El testimonio de Reyes no sólo es corroborado por sus propios apuntes, sino también por los documentos elaborados por Steven Donziger, principal abogado estadounidense de los demandantes, en la producción de pruebas ordenada por la corte, una declaración testimonial y en las tomas descartadas (aquí y aquí) de la película “Crudo”.  Donziger describió alguna vez a Reyes como “uno de los ingenieros y académicos más calificados en la materia”.

La declaración de Reyes confirma el fraude de los abogados de los demandantes en múltiples niveles. Reyes estuvo fuertemente involucrado con los demandantes en el caso de Lago Agrio. Primero, desempeñándose dentro de lo que fue presentado como un monitoreo “independiente” de peritos judiciales y luego como un asesor “en las sombras” de Richard Cabrera, el supuesto perito judicial independiente.  De hecho, Reyes fue quien presentó Cabrera a Donziger y sus colegas, para que luego los abogados de los demandantes presionaran a la corte en el Ecuador para designar a Cabrera para conducir una “evaluación global” de las condiciones ambientales en la región Oriente del Amazonas ecuatoriano. Reyes también estuvo presente en la reunión entre los abogados y consultores de los demandantes y Cabrera antes de que éste último fuera designado como perito judicial independiente (video de la reunión aquí y aquí).  Al final, Cabrera presentó un informe a la corte, descrito por uno de los consultores de los demandantes como “el documento técnico más importante para el caso”, donde asigna más de 27.000 millones de dólares en daños en contra de Chevron.

El informe de Cabrera ha sido señalado desde entonces como un fraude, redactado por los representantes de los demandantes y presentado como el trabajo de una persona independiente y neutral nombrada por la corte.  La declaración de Reyes describe el proceso en el que los abogados de los demandantes buscaron alguien que, tal como Donziger dijo,  pudiera “trabajar plenamente con nosotros y nos permita asumir el liderazgo mientras proyecta la imagen de que está trabajando para la corte”. Los abogados de los demandantes estaban al tanto del fraude que estaban cometiendo:  cuando su plan para engañar a la corte fue develándose,  otro abogado de los demandantes escribió “todos nosotros, tus abogados podríamos terminar en prisión”.

Mientras que las cortes en Ecuador han ignorado la evidencia de fraude de los abogados demandantes, y más aún, han llegado a incluir muchas de las “afirmaciones de Cabrera“ en la sentencia emitida el año pasado, otras cortes no lo han hecho así. En una opinión emitida en Julio, una corte del Distrito Sur de Nueva York encontró que “incuestionable evidencia demuestra que el reporte y respuestas subsecuentes entregadas a nombre de Cabrera estuvieron manchadas con fraude“

Para obtener mayor información sobre el fraude de los abogados de los demandantes, favor consultar aquí.  Se pueden obtener más antecedentes sobre el litigio en el Ecuador aquí y aquí.

Chevron es una de las principales compañías de energía integrada en el mundo, con subsidiarias que realizan negocios en todo el planeta. La empresa trabaja en casi todos los aspectos de la industria energética. Chevron explora, produce y transporta petróleo crudo y gas natural; comercializa y distribuye combustibles y lubricantes para la transportación; fabrica y vende productos petroquímicos; genera electricidad y produce energía geotérmica; aporta con soluciones de eficiencia energética y desarrolla recursos energéticos para el futuro, que incluyen biocombustibles. Chevron tiene su sede central en San Ramón, California.    Más información acerca de Chevron está disponible en www.chevron.com.

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Contacto: James Craig, asesor de comunicaciones para América Latina y África, Chevron Corp.

En EE. UU: +646-416-0191; en Quito: +5939-946-3043

Más información: www.juiciocrudo.com y en Twitter @JuicioCrudo

La denuncia detalla aparentes incumplimientos de sus obligaciones éticas para con los ciudadanos del estado de Nueva York 

SAN RAMON, California, 20 de noviembre de 2012 – Chevron Corporation (NYSE: CVX) el día de hoy presentó una denuncia ante la Comisión Conjunta sobre Ética Pública del Estado de Nueva York, en la que solicita se investigue al Contralor del Estado de Nueva York,  Thomas DiNapoli, así como a los actuales y anteriores miembros de su equipo, por múltiples violaciones a la Ley de Funcionarios Públicos de Nueva York.

La denuncia de Chevron está relacionada con el litigio que actualmente se ventila en el Ecuador y demuestra cómo el contralor DiNapoli, quien supervisa el Fondo de Pensiones del estado de Nueva York y quien según información provista por la SEC (Comisión de Valores) es dueño de más de 800 millones de dólares en acciones de Chevron, aparentemente incumplió con sus obligaciones éticas y fiduciarias.   Bajo la Ley de Funcionarios Públicos de Nueva York, está prohibido que dichos funcionarios tengan “cualquier interés financiero o de otra naturaleza… que esté en conflicto sustancial con el fiel desempeño de sus funciones en beneficio del interés público”. La evidencia demuestra que el Contralor DiNapoli utilizó su oficina para apoyar la maniobra de los abogados de los demandantes ecuatorianos para presionar a Chevron a forzar un acuerdo, a cambio de beneficios recibidos de parte de los representantes de los demandantes.

Quienes apoyan a los demandantes, entre otras cosas, han realizado contribuciones financieras directas a la campaña de DiNapoli, las que superan los 60.000 dólares y le han otorgado otros beneficios políticos. En un aparente intercambio de compensaciones, DiNapoli ha dado su firme apoyo y ha usado su oficina pública para ejercer acciones en nombre de los demandantes, tales como patrocinar resoluciones de los accionistas y emitir declaraciones públicas en contra de Chevron, las que estaban explícitamente dirigidas a presionar a la compañía a llegar a un arreglo en la fraudulenta demanda.

“La persistente defensa del Contralor se ha dado pese a las reiteradas conclusiones a las que han llegado distintas cortes federales en los Estados Unidos, en relación a que el proceso en el Ecuador está contaminado por el fraude”, afirmó Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “Las acciones del señor  DiNapoli sirven sólo a sus promotores políticos, no así a los ciudadanos del Estado de Nueva York o los beneficiarios del Fondo de pensiones.  Este tipo de conducta en búsqueda de retribuciones constituye una aparente violación de sus responsabilidades éticas y legales que merece una investigación”.

El controlador DiNapoli asumió sus funciones en el 2007,  luego de que su predecesor, Alan Hevesi, abandonara el cargo bajo acusaciones de conducta indebida, que incluyeron un escándalo por pagos ilegales que finalmente terminaron en su encarcelamiento.

Nota a los editores:

Chevron se encuentra defendiéndose de las falsas imputaciones que sostienen que es responsable por los supuestos daños ambientales y sociales en el Oriente ecuatoriano. Chevron nunca tuvo operaciones de producción petrolera en el Ecuador y su subsidiaria Texaco Petroleum Co. (“TexPet”) remedió completamente su parte de responsabilidad sobre los impactos ambientales derivados de las operaciones petroleras  antes de salir del Ecuador en 1992. Luego de que dicha remediación fuera certificada por todos los organismos de control del  gobierno ecuatoriano, TexPet fue totalmente liberada por el gobierno nacional, así como por el gobierno provincial y municipal, lo que extinguió todo reclamo antes de que Chevron adquiriera TexPet en el 2001. Todas las evidencias científicas legítimas exoneran a Chevron y prueban que los sitios remediados no representan un riesgo significativo para la salud humana o para el medio ambiente.

Para obtener mayor información sobre el fraude de los abogados de los demandantes, favor consultar aquí.  Se pueden obtener más antecedentes sobre el litigio en el Ecuador aquí y aquí.

Chevron es una de las principales compañías de energía integrada  en el mundo, con subsidiarias que realizan negocios en todo el planeta. La empresa trabaja en casi todos los aspectos de la industria energética. Chevron explora, produce y transporta petróleo crudo y gas natural; comercializa y distribuye combustibles y lubricantes para la transportación; fabrica y vende productos petroquímicos; genera electricidad y produce energía geotérmica; aporta con soluciones de eficiencia energética y desarrolla recursos energéticos para el futuro, que incluyen biocombustibles. Chevron tiene su sede central en San Ramón, California.    Más información acerca de Chevron está disponible en www.chevron.com.

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Contacto: James Craig, asesor de comunicaciones para América Latina y África, Chevron Corp.

En EE. UU: +646-416-0191; en Quito: +5939-946-3043

Más información: www.juiciocrudo.com y en Twitter @JuicioCrudo