The Chevron Ecuador Lawsuit Trial | Chevron's Views & Opinions

Chevron tiene recurrida en Ecuador la multimillonaria sanción por un presunto delito ecológico. La petrolera estadounidense no solo niega su responsabilidad en los vertidos, sino que insiste en que el proceso judicial en Ecuador estuvo viciado, por lo que presentó en tribunales de EE UU una reclamación por fraude y conspiración para cometer este delito, y ha llevado el caso a un tribunal de arbitraje de La Haya. Chevron adquirió Texaco en 2001. Texaco, que ya operaba en sociedad con la estatal Petroecuador antes de 1992, fue acusada entonces de no aplicar medidas suficientes en las áreas petroleras de la Amazonia ecuatoriana. Texaco contaba con una participación de 37,5% en el consorcio y Petroecuador controlaba el 62,5% restante. La millonaria demanda contra Chevron, que arrancó en 2003, acusa a esta firma de haber afectado el ecosistema y la salud de los habitantes de la región. James Craig, asesor de comunicación de Chevron para América Latina, no ve la batalla perdida: “Estamos en la fase de primera apelación en Ecuador, y se espera el fallo a fines de año”.

Pregunta. Han hecho acusaciones graves sobre corrupción en el sistema judicial del país. ¿Tienen pruebas contundentes?

Respuesta. Sí. Tenemos montañas de evidencia contundente para demostrar que ha sido una sentencia fraudulenta. Son documentos, correos electrónicos y material fílmico recopilados en los últimos dos años, por medio de procesos judiciales en Estados Unidos, que revelan la conducta ilícita de los abogados demandantes. Estos falsificaron las firmas de los demandantes en los documentos presentados a nombre de ellos. Fabricaron evidencias. Falsificaron informes técnicos. Cometieron fraude con el informe pericial global del caso, que debió ser realizado de forma transparente por un perito imparcial de la Corte. Presentamos estas pruebas a la corte de Lago Agrio, y simplemente fueron ignoradas. El efecto es bastante negativo para Ecuador, para su sistema judicial

P. La demanda original se hizo en 1993 contra Texaco, por sus operaciones entre 1964 y 1990. ¿Chevron no hereda el problema legal cuando adquiere esta firma?

R. Texaco, en este caso, nada tiene que ver con estos problemas. Y a nuestro favor hay una serie de argumentos legales que demuestran que Chevron no es el heredero de los pasivos históricos de Texaco. Fue irónico cómo en 1999 se modificó la ley en este país específicamente para poder demandar a Texaco, por eventos ocurridos antes de 1990. Por eso, desde nuestro punto de vista, la demanda representa una aplicación retroactiva ilícita de la ley de 1999.

P. Según Chevron, ¿quién ha sido el culpable de los miles de derrames petroleros en la región amazónica?

R. Texaco, cuando termina su concesión, llega a un acuerdo con el Estado ecuatoriano y su socio Petroecuador. Era socio minoritario, y hasta junio de 1990 era el operador de la zona. Luego comenzó Petroecuador, quien ha sido el único operando en los campos petroleros en los últimos 21 años. Cuando Texaco negocia su salida con el Estado, acuerdan que la empresa dé una compensación ecológica proporcional a su participación en el consorcio, es decir, un poco más de un tercio del daño identificado en esa época. Desde 1995 hasta 1998, Texaco se encargó de la parte que le correspondía, y fue liberado de toda futura responsabilidad ambiental por el propio Estado ecuatoriano. Nuestra posición es que Texaco ya cumplió su parte, pero no el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, quedan dos tercios de pasivos ambientales de la época del consorcio, mas dos décadas de operaciones exclusivas de Petroecuador, donde ellos han perforado más de 520 pozos nuevos y han creado cientos de piscinas adicionales. Entre 2000 y 2008, Petroecuador tuvo unos 1.400 derrames de petróleo. Todo el mundo sabe que la compañía estatal tiene un récord ambiental lamentable. Por eso, el objetivo de demandar a Chevron es transferir toda esa responsabilidad a nuestra empresa, que jamás opero en el país, y liberar al Estado de una responsabilidad que nunca cumplió.

P. ¿Qué sucedería tras otro fallo desfavorable en EE UU?

R. Presentaríamos un nuevo caso en Estados Unidos por asociación para cometer fraude y corrupción, con el fin de obtener un fallo civil por este delito en contra de los abogados de los demandantes. Además, hemos solicitado el arbitraje en La Haya. Esperamos que cualquier resolución que se determine en Ecuador se aplique al Estado ecuatoriano, porque es el verdadero responsable de los problemas ecológicos.

La Corte Federal de Apelaciones para el segundo circuito emitió una orden que rechaza el intento de los demandantes ecuatorianos de recusar al Juez Lewis Kaplan. La orden, además, deja sin efecto la medida cautelar dictada por el Juez Kaplan que prohibía la ejecución de la sentencia ecuatoriana en contra de Chevron, frenando la solicitud de la petrolera para que se emita un fallo definitivo de que la sentencia ecuatoriana es inaplicable.

Al desechar la petición de los demandantes ecuatorianos, la Corte de segunda instancia rechazó las acusaciones de que el Juez Kaplan no es imparcial y se rehusó a separarlo del caso o a asignar a otro juez. La corte de segunda instancia dejó sin efecto la medida cautelar [emitida por el Juez Kaplan] luego de que el 16 de septiembre recibiera de parte de los abogados de los demandantes ecuatorianos, una declaración escrita en la que se comprometían a no intentar ejecutar la sentencia de la corte ecuatoriana mientras no se emita un fallo de segunda instancia. En múltiples ocasiones los demandantes ecuatorianos se rehusaron a asumir tal compromiso ante la corte, tanto antes como después de que la primera medida cautelar fuese emitida.

Por lo tanto, la demanda de Chevron en contra de los demandantes de Lago Agrio y sus representantes, por violación a la ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar (RICO, por su siglas en inglés) continúa.

Los reclamos de Chevron se sustentan en la abrumadora evidencia que comprueba que los abogados de los demandantes de Lago Agrio realizaron pagos fraudulentos a un funcionario de la corte ecuatoriana desde una cuenta bancaria secreta y que falsificaron reportes de peritos que fueron presentados en la corte, los mismos que contenían información fraudulenta, y que además participaron en la redacción de la propia sentencia de la corte ecuatoriana. Esta evidencia ha sido documentada en los mismos archivos y materiales de los abogados ecuatorianos de los demandantes, e incluso en declaraciones de sus abogados, las cuales han sido captadas en video. No existe evidencia legítima alguna que sustente cualquier alegación de responsabilidad por parte de Chevron puesto que Texaco Petroleum Company remedió los impactos ambientales generados en el Ecuador de conformidad con su participación en el consorcio. Los impactos ambientales que aún existen son de total responsabilidad del gobierno ecuatoriano y de la petrolera estatal Petroecuador.

Chevron lamenta que el juicio que estaba previsto para noviembre se haya suspendido. Sin embargo, la empresa continua firme en su propósito de lograr que una corte imparcial evalúe los méritos del caso, particularmente del fraude perpetrado por los abogados de los demandantes ecuatorianos antes de que se intente ejecutar la sentencia dictada por corte ecuatoriana. Chevron confía en que una vez que se evalúen todos los hechos se determinará que esta sentencia fraudulenta es inejecutable y que todos aquellos que la procuraron tendrán que responder por su falta de ética.

La orden de segunda instancia no tiene efecto alguno sobre la orden de medidas cautelares emitida por el Tribunal de Arbitraje sobre los Tratados de Inversión Bilateral de la Corte Permanente de Arbitraje en la Haya en relación a los reclamos de Chevron en contra de la República del Ecuador. La orden del Tribunal de Arbitraje aún exige que la República del Ecuador tome todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento de cualquier sentencia, fuera o dentro del Ecuador, en contra de Chevron por el caso de Lago Agrio, mientras esté pendiente una orden ulterior de este Tribunal.

El tribunal internacional determina que las cortes ecuatorianas incumplieron con su obligación de administrar justicia

Un tribunal de arbitraje internacional otorgó a Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company 96 millones de dólares en una demanda contra el Ecuador relacionada con las antiguas operaciones petroleras de Texaco Petroleum, actualmente una subsidiaria de Chevron. El tribunal, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, determinó que las cortes del Ecuador violaron las normas de Derecho Internacional al demorar de manera significativa los fallos en ciertas disputas comerciales entre Texaco Petroleum y el gobierno ecuatoriano. El monto final de la indemnización incluye impuestos, intereses y costos asociados con la indemnización preliminar que fuera anunciada en marzo de 2010.

Chevron y Texaco Petroleum presentaron el caso de arbitraje internacional en diciembre de 2006 bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La Corte Permanente de Arbitraje es una organización intergubernamental con más de 100 países miembros, establecida por una convención internacional en 1899 para facilitar el arbitraje y otras formas de resolución de controversias. Estados Unidos suscribió dicha convención en 1900 y el Ecuador lo hizo en 1907.

La decisión del tribunal de arbitraje resuelve siete demandas comerciales que Texaco Petroleum presentó en Ecuador entre 1991 y 1993. De manera continua las cortes ecuatorianas demoraron y se rehusaron a emitir un fallo en los siete casos, actitud que el tribunal internacional determinó constituye una violación de la obligación que tiene el Ecuador, según lo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones que el país firmó con los Estados Unidos, de asegurar los medios efectivos para que los inversionistas estadounidenses en el país puedan presentar reclamos y hacer valer sus derechos.

“Este fallo confirma que el Ecuador puede ser responsabilizado por las obligaciones adquiridas según el derecho internacional”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y director jurídico de Chevron. “Ya que el sistema judicial ecuatoriano incumplió con su obligación de suministrar cortes imparciales y el debido proceso, Chevron tuvo que buscar una resolución en cortes internacionales. Chevron continuará procurando que se ejecuten los acuerdos firmados entre Texaco Petroleum, el Ecuador y la estatal petrolera, Petroecuador, cuando todos eran parte del consorcio de explotación petrolera”.

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya no es la única que resalta el incumplimiento de las cortes ecuatorianas en garantizar la administración de justicia. En abril de 2011, el Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió su informe sobre derechos humanos en el Ecuador, en el que sostiene lo siguiente: “Los medios han denunciado la susceptibilidad del poder judicial a los sobornos pagados para tomar decisiones favorables y para resolver casos legales, así como la distribución por parte de los jueces de casos a abogados externos, quienes redactan las sentencias judiciales y las envían al juez presidente para su firma”. En la misma línea, los últimos Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial determinan que el Ecuador se encuentra en el 10% de los países con el peor desempeño en relación a la vigencia del estado de derecho, aún detrás de Corea del Norte.

Eventos recientes demuestran el continuo deterioro y la politización del sistema de justicia ecuatoriano:

• Luego que el diario El Universo publicó una columna de opinión crítica del Presidente Rafael Correa, un juez ecuatoriano — tras ser exhortado por el Presidente Correa– sentenció a tres ejecutivos del diario y al columnista a tres años de prisión, y a una multa de 40 millones de dólares.
• Según la revista británica The Economist, “al juez Juan Paredes, quien reemplazó al juez original que estaba de vacaciones, le tomó menos de dos días leer el expediente de 5,000 fojas” y emitir la sentencia. El Presidente Correa asistió personalmente a la audiencia “acompañado de un pequeño grupo de simpatizantes quienes embistieron a los acusados y sus abogados con botellas y huevos en las afueras de la corte. Se le prohibió la entrada [a la corte] a la prensa”. Observadores internacionales como Human Rights Watch, opinaron que con esta sentencia “la libre expresión en el Ecuador había sufrido un enorme revés”.
• El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, emitió un comunicado oficial que decía que, “por orden constitucional del Presidente de la República” se requiere que los ministerios presenten inmediatamente querellas por daños y perjuicios contra cualquier juez que ocasione la suspensión o retraso de una obra del Estado, si las medidas cautelares impuestas son revertidas por una corte superior.

El siguiente video revela los últimos acontecimientos  en el caso fraudulento que enfrenta Chevron en el Ecuador. Entérese de las razones por las cuáles la sentencia contra la empresa es  ilegítima e inaplicable.  Este mismo video, en su versión en inglés, fue presentado el 25 de mayo del corriente durante la reunión anual de accionistas.

Chevron ha presentado nuevos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. que exponen aún más el fraude y la falta de ética profesional del equipo legal de los demandantes:

– Dos especialistas en lingüística forense, el doctor y profesor Robert A. Leonard y la doctora M. Teresa Turell han descubierto patrones de escritura irregulares en la sentencia, que indican plagio. Leonard escribe que “partes de la sentencia son plagiadas de  trabajos de los demandantes no presentados ante la corte”. Léase el anexo 11 de Leonard y el anexo 13 de Turell. Léase la declaración que describe cado uno de los anexos presentados por Chevron.

Gerald R. McMenamin revela pruebas de fraude en el informe del supuesto “perito independiente” Richard Cabrera. Afirma que “hay sustanciales pruebas lingüísticas externas que Cabrera no es el autor del Informe Pericial Cabrera ni del Informe Complementario que se le atribuye”. Léase aquí el anexo 15.

– El escrito que presentó Chevron en respaldo a la medida cautelar que impide la ejecución de la sentencia del Ecuador da más indicios del plan de extorsión ideado por los abogados demandantes.

Según este documento que presentó Chevron esta semana, el equipo legal de los demandantes está “haciendo una falsa representación del proceso [y], al hacerlo, se difama a un juez federal muy respetado” quien dictó la medida cautelar que impide la ejecución de la sentencia. Léase aquí el escrito presentado por Chevron.

El escrito agrega que detrás del juicio hay “casi 100 abogados en todo el país, que no pueden ayudar, pero que se sienten motivados por la tajada que les tocaría de la sentencia de $18.200 millones” y que “muchas otras cortes – y un tribunal de arbitraje internacional que trata temas de tratados bilaterales de inversión – han fallado a favor de Chevron…, citando pruebas irrefutables de conducta fraudulenta”.

Resumen del documento:
Escrito de Chevron que se opone a la moción de suspensión presentada por Donziger-demandantes de Lago Agrio
Declaración de Randy Mastro en respaldo al escrito de Chevron
Anexos 1-10
Anexos 11-12
Anexos 13-20
Anexos 21-27

http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas

La demanda presentada contra la petrolera estadounidense Chevron en Ecuador ha recibido considerable cobertura de prensa.

Chevron adquirió Texaco Petroleum (Texpet) en el 2001. La firma estaba acusada de no aplicar medidas suficientes de remediación ambiental en las áreas petroleras de la Amazonía ecuatoriana cercanas a Lago Agrio, donde antes de 1992 operaba en sociedad con la estatal Petroecuador.

Texpet contaba con una participación de 37,5% en el consorcio, mientras que Petroecuador controlaba el 62,5% restante. Cuando terminó la sociedad, Texpet firmó un acuerdo con el gobierno para realizar trabajos de remediación en los campos petroleros.

La demanda contra Chevron acusa a Texpet de dejar contaminantes en el agua y el suelo de la región que afectarían la salud de los habitantes de la zona.

Chevron niega las acusaciones e insiste en que realizó la remediación, estimada en US$40mn, de acuerdo con los criterios establecidos en el acuerdo firmado en 1995 con el Gobierno ecuatoriano y Petroecuador.

El 14 de febrero de este año la Corte de Lago Agrio emitió un fallo que obliga a Chevron a pagar US$18.000mn.

Actualmente, Chevron sigue con el caso en tribunales de EEUU y cortes de arbitraje internacional en La Haya, e insiste en que el proceso en Ecuador estuvo viciado.

BNamericas se reunió con el vocero de Chevron, James Craig, para conversar acerca de los últimos acontecimientos del caso y sus consecuencias de largo alcance.

BNamericas: ¿Cuál es la situación actual del caso?

Craig: Nos encontramos en la fase de primera apelación en Ecuador, y los demandantes han dicho que esperan el fallo a fines de año. En noviembre tenemos un juicio en Nueva York en el que solicitamos a un juez federal de EEUU que deje sin efecto el fallo ecuatoriano por estar viciado. También presentamos en EEUU un reclamo por fraude y conspiración para cometer fraude, y además llevamos el caso a un tribunal de arbitraje en La Haya. Esto último es de hecho una demanda de Chevron en contra de la República de Ecuador, no en contra de los demandantes.

BNamericas: ¿Qué resultado espera del proceso en Nueva York?

Craig: Esperamos que el juez declare improcedente el fallo ecuatoriano en EEUU. Presentamos pruebas contundentes a la corte de Lago Agrio, que simplemente no fueron consideradas. Pensamos que la corte está coludida con los demandantes para perjudicar a Chevron con esta sentencia de US$18.000mn. Ahora está en apelación, y lo que haremos es llevar toda esta evidencia al tribunal de Nueva York antes del juicio en noviembre.

BNamericas: ¿En qué se basan las acusaciones de fraude de Chevron en contra de los demandantes?

Chevron: En 1999 se modificó la ley en Ecuador específicamente para poder demandar a Texpet. Por eso, desde nuestro punto de vista, la demanda representa una aplicación retroactiva ilícita de la ley de 1999, porque los demandantes ayudaron a los legisladores a redactar una ley que permitiera presentar cargos contra Texpet por eventos ocurridos antes de 1990.

BNamericas: ¿Y qué pruebas presentará Chevron para respaldar su acusación de fraude?

Craig: Chevron tiene una orden judicial que le da acceso a más de 500 horas de tomas descartadas del documental CRUDE, emails, documentos, agendas de personas que participaron en el documental y borradores de informes. El caso presentado por la parte demandante se refería a un elevado nivel de contaminación de aguas subterráneas, pero tenemos en video a sus propios expertos diciendo que no tienen evidencia de contaminación de aguas subterráneas. Tenemos pruebas de que en la resolución que se emitió el 14 de febrero el juez se basó en datos disponibles sólo en los archivos internos de los demandantes, que pudimos obtener con un mandato de obtención de pruebas. Nunca estuvieron en los expedientes del caso. ¿Cómo es posible?

BNamericas: Y en caso de que la corte de EEUU emita un fallo desfavorable, ¿cuál sería el siguiente paso para Chevron?

Craig: Bueno, presentamos otro caso en EEUU por asociación para cometer fraude y corrupción e intentaremos obtener un fallo civil por fraude en contra de los abogados de los demandantes.

También estamos en un procedimiento de arbitraje en La Haya -en la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas- y esperamos que cualquier resolución que salga de Ecuador se aplique finalmente al Estado ecuatoriano, porque es el único responsable de cualquier potencial problema ecológico.

BNamericas: ¿Existe alguna posibilidad de que Chevron llegue a acuerdo con los demandantes?

Craig: Nunca es bueno decir nunca, pero ahora nuestra prioridad es luchar contra la aplicación de un fallo fraudulento y llevar a la justicia a quienes perpetraron el fraude.

BNamericas: Los demandantes sostienen que la contaminación sigue afectando a quienes viven ahí y no se trataría de eventos que ocurrieron hace diez años. ¿Qué diría Chevron a eso?

Craig: Petroecuador también ha estado operando exclusivamente durante los últimos 21 años en la región, han perforado unos 415 pozos nuevos, han realizado cientos de excavaciones -exactamente el mismo tipo de pozos de reserva que se usaban cuando Texpet operaba como socio minoritario. Creemos que ellos son los responsables por los actuales problemas ambientales. Entre el 2000 y el 2008, Petroecuador informó unos 1.400 derrames de petróleo.

Texpet era socio minoritario, pero Petroecuador, el socio mayoritario, no aparece mencionado en ninguna de las demandas presentadas. Encontraron un blanco con dinero al cual perseguir, y saben que probablemente sería muy difícil sacarle dinero a Petroecuador.

BNamericas: Además del asunto de quién es responsable por la remediación, ¿están diciendo que no creen que el agua del área esté contaminada?

Craig: Hicimos pruebas en ríos, arroyos, pozos de agua dulce, fuentes de agua municipal, y casi el 100% arroja muestras de hidrocarburos dentro de los estándares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) y la Organización Mundial de la Salud. Lo que sí hay son niveles extremadamente altos de contaminación bacteriana, principalmente coliformes fecales, así que el agua representa un serio problema de salud para la región.

BNamericas: ¿Y qué piensan de la supuesta alta incidencia de cáncer, que según los demandantes está relacionada con la contaminación por petróleo en el área?

Craig: Las estadísticas del Gobierno de Ecuador indican que existe una menor incidencia de cáncer en la región amazónica donde se produce petróleo que en Quito, que en la región amazónica que no produce petróleo, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

BNamericas: Aparte de Chevron, ¿cree que otras compañías evitarán invertir en Ecuador?

Craig: Bueno, hay otras petroleras que han tenido problemas con la renegociación unilateral de sus contratos. Occidental Petroleum entabló un proceso de arbitraje en La Haya porque asegura que sus activos ecuatorianos fueron confiscados ilegalmente por la administración anterior. Ecuador está enfrentando varios procesos de arbitraje.

BNamericas: ¿En general Chevron perdió interés en operar en Latinoamérica?

Craig: No, en absoluto. Ecuador es realmente un caso aislado. Chevron no tiene una experiencia ni remotamente similar en otros países de la región.

BNamericas: ¿Cuánto le ha costado a Chevron este caso en términos económicos y de reputación?

Craig: No hemos dado a conocer el costo, pero ha sido alto. Hablamos de millones de dólares. En términos de reputación, ha sido un problema, pero creemos que una vez que los tribunales declaren improcedente el fallo e indiquen que el verdadero responsable es el Estado, la gente comprenderá que todo ha sido un plan de extorsión. Los demandantes lo han visto no tanto como un caso legal, sino más bien como un tema de política y comunicaciones. Ha afectado la imagen de la empresa y esa es una de las razones por las que hemos luchado con tanto ahínco. Nuestra intención es llevar a la justicia a quienes han perpetrado este fraude y no sentarnos a hacerles un cheque.

Una coalición diversa ha presentado una serie de escritos amicus curiae en los que expresan su apoyo a la medida preliminar que bloquea la ejecución de la sentencia contra Chevron en el Ecuador.

Los escritos han sido presentados por: la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; la asociación empresarial Business Roundtable – conjuntamente con un distinguido grupo de académicos del derecho; la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM, por su sigla en inglés) y el Consejo Nacional de Comercio Exterior (National Foreign Trade Council), las empresas Dow Chemical Company, Shell Oil Company y Dole Food Company, Inc., y la Washington Legal Foundation – una organización dedicada a mantener la integridad de los procesos judiciales en Estados Unidos.

En defensa de dicha orden, aducen lo siguiente:

• Las medidas cautelares son ampliamente reconocidas, tanto por los países que se ajustan al derecho civil como los de derecho consuetudinario (common law), como un método razonable de impedir la ejecución de sentencias fraudulentas.

• El juez estadounidense no abusó de sus facultades discrecionales cuando dictó la medida cautelar después de que le fueron presentadas pruebas fehacientes de un plan para utilizar una “sentencia extranjera obtenida en forma ilegal” con el objetivo de congelar los activos mundiales de una corporación estadounidense para extorsionar un acuerdo extrajudicial.

• Steven Donziger y los otros apelantes no han abusado sólo del sistema judicial ecuatoriano, sino que también pretenden inhabilitar a las cortes de EE.UU. de que eviten que dicho abuso se extienda a las cortes internacionales.

• El caso ecuatoriano es un ejemplo de un litigio en un sistema judicial que se ha politizado y corrompido de tal forma que ya no provee un foro válido para la resolución imparcial de disputas.

• Existen defectos lamentables en el sistema judicial ecuatoriano.

Haga un click aquí para leer resúmenes de cada escrito y encontrar links a los escritos.

La compañía presenta nuevas pruebas de actos ilícitos por parte de los abogados de los demandantes y de la corte ecuatoriana en un juicio de EE.UU. que busca detener la ejecución y el reconocimiento de una sentencia fraudulenta

Chevron Corporation presentó hoy una demanda enmendada en el juicio ante la corte federal de Nueva York que busca detener la ejecución y reconocimiento de una sentencia dictada en contra de la compañía en Lago Agrio, Ecuador. La demanda enmendada cita pruebas descubiertas recientemente que demuestran que los abogados y consultores de los demandantes de Lago Agrio, como mínimo, ayudaron en forma clandestina a la corte ecuatoriana a redactar la sentencia en contra de Chevron.

Mediante el proceso de obtención de pruebas en Estados Unidos, Chevron ha obtenido archivos –hasta entonces privados– que pertenecen a los abogados de los demandantes de Lago Agrio y sus conspiradores. Estos archivos contienen numerosos y peculiares errores, de gran y pequeña escala. Esos mismos errores e irregularidades ahora aparecen en la sentencia de la corte ecuatoriana, aunque jamás se han incluido en el expediente del caso.

“No hay justificación aparente sobre cómo la sentencia podría haber incorporado estos errores e irregularidades sin la cooperación entre la corte ecuatoriana y los representantes de los demandantes”, expresó R. Hewitt Pate, vicepresidente y director jurídico de Chevron. “Este es otro ejemplo del fraude y la corrupción que han empañado los procesos judiciales en el Ecuador”.

Algunos ejemplos de las similitudes que aparecen en la sentencia y en los archivos privados de los demandantes:

• La sentencia utiliza repetidamente un esquema de denominación irregular para el muestreo de datos que es exclusiva a los patrones utilizados en los archivos privados de los abogados de los demandantes de Lago Agrio.
• Los archivos internos reemplazan erróneamente “microgramos” por “miligramos” en ciertos informes de muestras y la sentencia presenta el mismo error para las mismas muestras.
• Los archivos privados de los abogados de los demandantes de Lago Agrio presentan datos de manera tal que pueden hacer que los resultados de ciertos análisis indiquen la presencia de mercurio, a pesar de que los informes reales del laboratorio muestran que no se detectó mercurio. La sentencia reporta, incorrectamente, que existe la presencia de mercurio en estas mismas muestras.
• La sentencia repite errores que aparecen en otros documentos internos que fueron preparados por los abogados de los demandantes de Lago Agrio y sus conspiradores, inclusive citaciones que refieren a páginas erróneas del expediente de la corte ecuatoriana y otros errores gramaticales y sustanciales.

Esta nueva evidencia se agrega a un largo récord que ya ha llevado a varias cortes federales estadounidenses, durante el proceso de descubrimiento de pruebas del año pasado, a dictar fallos contra los representantes de los demandantes por haber cometido fraude. La demanda modificada se presenta luego de recientes e importantes fallos de las cortes federales de Nueva York y Washington, D.C.:

• El 7 de marzo de 2011, el juez Lewis A. Kaplan del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden cautelar que impide la ejecución de la sentencia ecuatoriana fuera del Ecuador.
• El 15 de abril de 2011, el juez Kaplan aceptó la moción de Chevron de dividir los reclamos en función de la Ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar (RICO, por su sigla en inglés), y de otras leyes estatales y federales, y fijó una fecha de juicio anticipada en virtud de la solicitud de Chevron para obtener de la corte una declaración que establezca que la sentencia ecuatoriana no debe ser reconocida ni ejecutada.
• El 18 de abril de 2011, el juez Kaplan rechazó un pedido para suspender la orden preliminar, en el que afirmó que “Es difícil encontrar una razón sustancial que permita que los demandantes y otros vinculados con la orden preliminar [se] preparen para ejecutar una sentencia que ya la Corte ha determinado que probablemente nunca se permitirá su ejecución fuera del Ecuador” .
• El 19 de abril de 2011, el juez Henry H. Kennedy (h.) de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia desestimó la demanda contra Chevron presentada previamente por la firma de abogados Patton Boggs LLP, uno de los bufetes de abogados de los demandantes de Lago Agrio, que ha sido designado como conspirador no nombrado en la demanda fundada en la ley RICO. Al denegar a Patton Boggs la posibilidad de hacer valer una demanda por intervención dolosa contra Chevron y sus abogados del bufete Gibson Dunn & Crutcher LLP, el juez Kennedy manifestó: “Patton Boggs no comprende la ley”.

Se puede encontrar mayor información sobre el juicio de Ecuador y copia de la demanda modificada que se basa en la ley RICO en www.chevron.com/ecuador.