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Chevron Corporation anunció hoy que ha presentado un recurso de casación buscando que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador revise la sentencia de segunda instancia emitida contra la compañía a principios del 2012 por un panel de tres jueces temporales en la demanda ambiental en Ecuador.

El recurso de casación detalla los múltiples fundamentos legales para revertir la decisión tomada por la corte de segunda instancia en enero. El recurso de Chevron establece que las cortes de instancias inferiores violaron la constitución ecuatoriana al rehusar tomar cualquier acción correctiva en respuesta del amplio fraude y corrupción cometidos por los abogados de los demandantes y sus representantes. El recurso contiene varios puntos adicionales, incluyendo: que la sentencia de la corte inferior se fundamenta ilegítimamente en evidencia fraudulenta y sin fundamento científico; que la sentencia se basa ilegalmente en la aplicación retroactiva de la ley; que ésta ignora la liberación de responsabilidades otorgada a Texaco Petroleum Company (Tex Pet) por el gobierno ecuatoriano luego de la remediación realizada en los años 90 en un número de sitios proporcional a su participación accionaria; y que la sentencia concede indemnizaciones punitivas y otros daños nunca pedidos en el reclamo de los demandantes y no autorizados por la ley ecuatoriana.

“Durante todo el litigio, los jueces, actuando de manera corrupta y confabulando con los abogados de los demandantes,  han generado injusticias, en lugar de corregirlas”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “El pedido de casación realizado el día de hoy le da a la Corte Nacional de Justicia una oportunidad para corregir las graves injusticias que se han cometido en este caso”.

Además del recurso de casación presentado hoy, Chevron continúa buscando otras alternativas a través de procedimientos legales fuera del Ecuador. En el proceso de arbitraje promovido por Chevron en contra del Ecuado, en la Corte de La Haya bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, el tribunal emitió una orden el 9 de febrero de 2011 requiriendo que Ecuador tome todas las medidas a su alcance para detener la ejecución de la sentencia de Lago Agrio hasta nuevo aviso de ese tribunal. El tribunal también señaló que si se estableciera que cualquier sentencia de una corte ecuatoriana en el caso de Lago Agrio violara una obligación del Ecuador con Chevron de acuerdo al derecho internacional, entonces  el Ecuador podría ser responsable de cualquier pérdida que genere la ejecución de dicha sentencia (dentro o fuera de Ecuador).

De acuerdo a la orden del tribunal, Chevron ha pedido a la corte de apelaciones del Ecuador que tome todas las medidas necesarias para detener la ejecución de la sentencia de Lago Agrio hasta nuevo aviso del Tribunal, incluyendo la suspensión de cualquier requerimiento de que Chevron deposite una garantía para prevenir que se ejecute la sentencia durante el proceso de casación. Cualquier requerimiento de garantía violaría las obligaciones internacionales del Ecuador de acuerdo a la orden del Tribunal de Arbitraje y, por lo tanto, Chevron no tienen ninguna obligación de depositar dicha garantía.

Los demandantes han dicho que buscarán que el Ecuador desafíe la orden del Tribunal Internacional de Arbitraje procurando ejecutar la sentencia fraudulenta fuera del Ecuador, antes que el Tribunal tenga la oportunidad de revisar los méritos del caso. Si los demandantes cumplen con sus amenazas y presentan acciones legales contra filiales de Chevron en otros países para ejecutar la sentencia, Chevron tomará los pasos necesarios para defenderse contra este fraude.

Chevron también está entablando acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de los representantes de los demandantes de Lago Agrio, por violaciones contra los estatutos federales contra la asociación para delinquir y extorsionar, así como en otras leyes basadas en la abrumadora evidencia de fraude y corrupción existente en este caso.

Se puede obtener una copia del recurso de casación presentado por Chevron aquí.

Ahora, analicemos lo que pasó antes: Cuando Texaco se iba de Ecuador porque no le renovaron el contrato que terminaba en el año 1998, se hicieron auditorías que demostraron la existencia de pasivos ambientales, pero también se determinó en ese estudio que las operaciones de Texaco en el Ecuador fueron conforme a las leyes ecuatorianas y estándares internacionales de producción de petróleo.

Ante la existencia de un pasivo ambiental, el consorcio (Petroecuador-Texaco) debía hacer una remediación que fue pactada por el Estado y Texaco en cumplimiento con sus contratos y sus obligaciones legales vigentes para esa época. El ofrecimiento se cumplió y Texaco gastó más $40 millones en remediar 162 piscinas de residuos y otras labores. Este trabajo fue debidamente auditado, llegando en el año 1998 a la firma de un acta final donde liberaron a Texaco de toda futura responsabilidad por problemas que podrían existir en la zona.

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Chevron continúa buscando otras opciones a través de procedimientos legales fuera del Ecuador. En el proceso de arbitraje promovido por Chevron en contra del Ecuador, en la Corte de La Haya bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, el tribunal emitió una orden el 9 de febrero de 2011 ordenando que el Ecuador tome todas las medidas a su alcance para detener la ejecución de la sentencia de Lago Agrio hasta nuevo aviso de ese tribunal. El tribunal también señaló que si se estableciera cualquier sentencia de una corte ecuatoriana en el caso de Lago Agrio, estaría violando una obligación del Ecuador con Chevron, de acuerdo a las leyes de derecho internacional, el Ecuador podría ser responsable de cualquier pérdida que genere la ejecución de dicha sentencia (dentro o fuera de Ecuador). Chevron también está entablando acciones legales en la Corte de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York en contra de los representantes de los demandantes de Lago Agrio, por violaciones contra los estatutos federales contra la asociación para delinquir y extorsionar, así como en otras leyes, basadas en la abrumadora evidencia de fraude y corrupción existentes en este caso.

En respuesta al reciente fallo, Chevron emitió las siguientes declaraciones:

“La decisión de hoy es otro ejemplo evidente de la politización y corrupción del sistema judicial ecuatoriano, que ha empañado este fraudulento caso desde su inicio. La sentencia de Lago Agrio fue obtenida a través de un plan corrupto y fraudulento, gran parte del cual fue captado en video y expuesto en la correspondencia y correos electrónicos de los propios representantes de los demandantes. Su conducta indebida incluye la fabricación de reportes periciales, la invención de evidencia, el soborno y la confabulación con funcionarios de las cortes, el lanzamiento de una campaña de intimidación contra los jueces y hasta la redacción por terceros de partes del mismo veredicto.

“Hemos presentado evidencias de estos actos ilícitos a los jueces y fiscales del Ecuador, pero las autoridades no han tomado ninguna acción correctiva. En Estados Unidos, sin embargo, no menos de ocho jueces federales han encontrado que el juicio en Ecuador ha estado empañado por el fraude y la conducta indebida de los representantes de los demandantes. Además, un tribunal internacional en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya ha ordenado al Ecuador a tomar todas las medidas a su alcance para suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio dentro o fuera del Ecuador.

“Chevron entiende que la sentencia ecuatoriana no es aplicable en ninguna corte y que en Ecuador no se respeta el estado de derecho. La compañía continuará buscando que los que han perpetrado este fraude, para que rindan cuentas ante la Justicia”.

Antecedentes:

Más información sobre la apelación de Chevron puede ser encontrada aquí. Chevron se está defendiendo contra falsas acusaciones de que es responsable de daños ambientales y sociales en la región amazónica del Ecuador. Chevron nunca realizó operaciones de producción petrolera en Ecuador y su subsidiaria, Texaco Petroleum (TexPet), remedió completamente la parte que le correspondía de los impactos ambientales surgidos de su participación en el consorcio de producción petrolera con Petroecuador previo a 1992. Después de que el trabajo de remediación fuera certificado por todos los organismos del gobierno ecuatoriano responsables de la supervisión, TexPet fue eximida por completo por los gobiernos nacional, provincial y municipales de Ecuador antes de ser adquirida por Chevron en 2001.

Petroecuador era el socio mayoritario del consorcio en el que TexPet participó hasta 1992 y ha sido el único propietario de las operaciones petroleras ampliamente expandidas en las últimas dos décadas en la antigua área de concesión. El mes pasado, Petroecuador anunció que completará la remediación de los sitios de los que es responsable, por un costo de 70 millones de dólares. Esta cifra contrasta fuertemente con la sentencia multimillonaria hoy ratificada.

Chevron Corporation divulgó hoy una carta presentada al Fiscal General del Estado ecuatoriano, Galo Chiriboga, en la que documenta pruebas de fraude y corrupción en el litigio contra la compañía en el Ecuador. Chevron pide a las autoridades ecuatorianas que investiguen la conducta indebida de los abogados de los demandantes y el juez que lleva el caso, Nicolás Zambrano, en la redacción de la fraudulenta sentencia formulada contra la compañía a principios de año.

Chevron presentó evidencias que muestran que los representantes de los demandantes – incluyendo a Steven Donziger, Pablo Fajardo, Juan Pablo Sáenz, Julio Prieto y Luis Yanza—trabajaron en secreto con el juez Zambrano para redactar el fallo. La carta establece que la conducta fraudulenta ¨está causando un continuo y enorme daño a la República de Ecuador y a Chevron Corporation”.

“Hasta la fecha, los representantes de los demandantes no han podido explicar cómo sus archivos internos –que nunca fueron presentados a la corte– terminaron apareciendo en el texto de la sentencia fraudulenta de Lago Agrio¨, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. ¨Tampoco el juez ha explicado cómo los documentos privados de los demandantes terminaron apareciendo en el fallo que lleva su firma. En aras de la justicia y el debido proceso, le corresponde a las autoridades ecuatorianas investigar plenamente esta conducta indebida¨.

Existe evidencia sustancial e irrefutable de que la sentencia contra Chevron es fraudulenta. Las pruebas entregadas al fiscal general incluyen

• La sentencia incluye un texto que ha sido copiado de manera literal de un correo electrónico de junio de 2009 que Fajardo envió a Donziger, Sáenz y Prieto. El texto del correo incluye un breve memo de un tercero todavía no identificado y una ¨transcri[pción]¨ de una opinión publicada por una corte ecuatoriana. Dicha ¨transcripción¨ contiene numerosos errores q ue no se encontraban en el fallo publicado por la misma corte . El fallo repite con exactitud todos estos errores, así como un error de cita que Fajardo comete en su correo electrónico.
• La sentencia también hace referencia a varias muestras de análisis con nombres que no se encontraban en los registros, sino en documentos privados creados por los demandantes que contienen información extraída de la propia base de datos de los demandantes. El fallo replica errores incluidos en dicha base de datos, atribuyendo datos a los expertos equivocados y confundiendo unidades de medida.
• La sentencia contiene texto de un memorándum privado elaborado alrededor de noviembre de 2007 por el abogado de los demandantes Juan Pablo Sáenz y otros miembros del equipo legal de los demandantes, en relación con una fusión de una subsidiaria de Chevron con Texaco. En no menos de quince ocasiones, partes significativas del memorándum de Sáenz, incluyendo frases enteras, aparecen copiadas de manera literal en el fallo.

Mucha de esta evidencia ha sido corroborada por analistas expertos comisionados por Chevron, quienes encontraron que las similitudes entre los documentos de los demandantes y la sentencia eran demasiado grandes para ser sólo coincidencia, y concluyeron que los demandantes escribieron al menos parte del fallo, o que el autor (o autores) de la sentencia tenían acceso a documentos preparados por los representantes y abogados de los demandantes que nunca fueron presentados durante el juicio.

“Esta evidencia plantea alarmantes dudas sobre quién realmente está detrás de la sentencia de Lago Agrio¨, agregó Pate. ¨Esto es sólo el capítulo más reciente de un patrón establecido de fraude que están llevando adelante los abogados de los demandantes y sus representantes¨.

Además de la carta, Chevron ha presentado a los fiscales en Ecuador evidencias que incluyen tomas descartadas de un video, correos electrónicos y otros documentos. Para acceder al texto de la carta favor conectarse a este documento.

“Chevron recibe con beneplácito el anuncio de Petroecuador de que remediará los sitios restantes de los que es responsable bajo el acuerdo de remediación. El presupuesto de saneamiento de 70 millones de dólares de Petroecuador, que cubre un área mayor que la de la remediación de TexPet, está dentro de un rango de costos razonables según los estándares de Naciones Unidas. Esta cifra contrasta con los reclamos de miles de millones de dólares inventados por los abogados que pretenden extorsionar a Chevron a través de una sentencia escrita en secreto por terceros y no por el juez a cargo.

“Se debe reconocer el mérito del gobierno ecuatoriano por haber tomado acciones positivas para ayudar a la gente y al medio ambiente del Oriente ecuatoriano, y por romper con el círculo de corrupción y desinformación generado por el juicio fraudulento contra Chevron.

“La remediación de Petroecuador debería completarse sin más interferencias, y los perpetradores del litigio fraudulento –que han presionado para postergar el saneamiento– deberían ser llevados a la justicia. A Chevron le complacería iniciar un diálogo constructivo con el gobierno del Ecuador sobre ambos temas”.

Texaco, subsidiaria suya, tabajó en Ecuador y reparó totalmente la parte propocional del impacto ocasionado por las operaciones petrolera previas a 1992. También indica que la sentencia de parte de un tribunal ecuatoriano en su contra es ilegítima, pues no se respetó el debido proceso y es inaplicable porque fue obtenida por medio de fraude.

Según Chevron, los representantes de los demandantes se han confabulado con la corte y sus peritos para inventar pruebas y falsificar informes. Esa realidad es admitida por el abogado Steven Dozinger en tomas no usadas de la película “Crudo”, y que se pueden observar en el siguiente link:

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