Washington Times – EDITORIAL: El tinglado ecuatoriano
La demanda entablada en contra de la firma de California, Chevron Corporation, ha tenido el efecto contrario al buscado por los abogados de los demandantes ecuatorianos. Hoy día en Manhattan, el Juez federal de distrito Lewis A. Kaplan está analizando una demanda basada en la ley RICO (Ley del Gobierno de los Estados Unidos contra el crimen organizado) que fuera presentada por Chevron el 1 de febrero, en contra de los abogados y consultores que persiguen al gigante petrolero.
Diecinueve jueces norteamericanos han emitido resoluciones preliminares favorables a Chevron y por lo menos cuatro de ellos utilizaron la palabra “fraude” para describir las acciones judiciales de los demandantes; sin embargo, el Departamento de Justicia aún tiene que investigar. La Ley RICO, mejor conocida por ser aplicada para atrapar a los capos de la Mafia, también ha sido utilizada (en ocasiones de manera abusiva) para desbaratar supuestas evasiones corporativas cuando un patrón de fraude o corrupción se considera lo suficientemente claro como para ser visto como una “iniciativa para delinquir”. Chevron está utilizando parte de esta legislación que permite a particulares entablar demandas amparadas en la Ley RICO aduciendo que han sido afectados por tales operaciones.
La demanda original alega que en 1992, tras la expiración de su licencia de explotación petrolera en el Ecuador por un período de veinte años, la compañía dejó daños ambientales en la zona. Un gobierno ecuatoriano, anterior a la actual administración izquierdista y anti-estadounidense, en 1998 oficialmente absolvió a Texaco de toda responsabilidad futura. No obstante, la demanda prosiguió, básicamente impulsada por el abogado estadounidense Steven R. Donziger, en representación de los demandantes e impulsada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Los últimos reclamos hechos en contra de Chevron alcanzan un total de 113 mil millones de dólares.
En los últimos dos años, se han sacado a la luz numerosas revelaciones que ponen a los demandantes en una situación muy incómoda; estas incluyen un video en el que aparece un juez ecuatoriano aparentemente participando en un intento de soborno; un experto científico alegando que el equipo de Donziger habría utilizado falsamente su firma en un informe; además de escenas no utilizadas en un documental que muestran al Sr. Donziger jactándose de la manera en la que se habría congraciado con autoridades ecuatorianas y con peritos supuestamente independientes. En un escrito de un juez federal de Nueva Jersey, este afirma que la conducta del Sr. Donziger con toda seguridad corresponde a “un fraude en el proceso judicial”. Por otro lado, un juez federal de Carolina del Norte escribió “Lo que obviamente ha ocurrido en este caso de hecho sería considerado un fraude por cualquier corte”. El Juez Kaplan anteriormente habría manifestado que “Las propias palabras de Donziger generan importantes preguntas con respecto a su posible responsabilidad penal y a su responsabilidad en razón de la disciplina profesional”.
Joseph Kohn, un abogado de Filadelfia, quien en gran parte financió el caso del Sr. Donziger, afirmó “Cada vez me resulta más claro que tanto mi firma como yo hemos sido engañados, en parte aparentemente empujados por una combinación entre la petulancia y la ingenuidad de Donziger, una peligrosa mezcla que está rápidamente llevando el caso hacia el desastre total”. El Sr. Kohn añadió que las acciones del Sr. Donziger “puede haber sido una conducta flagrantemente improcedente”. Ya es hora de que el Departamento de Justicia investigue este lío.