Foreign Policy – El caso Chevron y el peculiar sistema judicial del Ecuador
Es difícil lograr que una compañía petrolera internacional sea juzgada positivamente, sin embargo, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa lo ha logrado. A primera vista, la sentencia recientemente dictada por una corte ecuatoriana en contra de Chevron por daños ambientales, que asciende a la suma de $8.600 millones de dólares y que copó los titulares en todo el mundo , parece ser algo sacado de una increible “fantasía antropológica”: una empresa multinacional saquea una inmaculada selva tropical, es causante de enfermedades de sus habitantes indígenas, se niega a pagar y finalmente recibe su merecido en una corte judicial.
Sin embargo, a medida que uno empieza a remover las cosas, el caso se asemeja más a un turbio intento de estafa a una gran multinacional y definitivamente, más que señalar a los culpables, pone en evidencia las deficiencias de la justicia ecuatoriana.
Sería imposible en este espacio hacer un recuento de todos los entresijos de un litigio que ha tomado los últimos 18 años, pero estos son los hechos básicos: entre 1964 y 1992, Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2001, operó en el noreste del Ecuador con una participación minoritaria en el consorcio con la petrolera estatal Petroecuador. Cuando concluyó el consorcio, Texaco abandonó el país, no sin antes llegar a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano por $40 millones de dólares para limpiar una parte de la zona. Luego la empresa quedó exenta de cualquier responsabilidad futura. Petroecuador continuó operando en el área hasta la fecha.
Chevron, que heredó el juicio cuando adquirió Texaco, sostiene que esta última cumplió con sus obligaciones según el acuerdo anterior y que cualquier remediación ulterior cae bajo la responsabilidad de Petroecuador. Los demandantes no han reconocido el acuerdo y afirman que Chevron les debe miles de millones de dólares en nombre y representación de Texaco, a pesar de que ninguna de las compañías mencionadas ha realizado perforaciones en el Ecuador en casi veinte años. (Los sitios Web relacionados con el caso se pueden encontrar aquí y aquí.) A pesar de todo el alboroto que rodea al caso, es poco probable que los demandantes reciban un centavo de la sentencia. No es sólo que Chevron no posee activos en el Ecuador, sino que no es muy probable que una corte responsable en cualquier lugar del mundo apoye la idea de incautar los activos de Chevron sobre la base de un veredicto eclipsado por una flagrante interferencia política, por la conducta impropia de la justicia y de los demandantes así como por la doble moral del sistema judicial. (Esta semana, un juez federal de Nueva York amplió la orden temporal que prohíbe el cobro derivado de la sentencia.)
Particularmente nocivas para el criterio del debido proceso en este caso, han sido las acciones emprendidas por el gobierno de Correa. Según el diario financiero Investor’s Business Daily, no sólo que “los demandantes han sido repetidamente sorprendidos en bochornosos actos de fraude y confabulación con el gobierno ecuatoriano y sus cortes”, sino que, “– hasta un juez ecuatoriano fue sorprendido ante una cámara oculta diciéndo a los demandantes que la solución iba a provenir de la sentencia que él dictase en el futuro y un ‘asesor independiente’ fue descubierto en las tomas descartadas de una película confabulando con los demandantes, evidenciando así que todo el sistema judicial está claramente comprometido.”
El propio presidente Correa ha ” clamado venganza” al declarar a Texaco culpable de “crímenes contra la humanidad” y amenazar a los jueces con acciones judiciales si no apoyan la posición del gobierno, a a más de ofrecer a los demandantes los recursos del Estado para que continúen con el caso.
Como si semejante atropello a los derechos de los acusados no fuera suficiente, basta comparar el comportamiento desfavorable del gobierno de Correa en el caso Chevron con el de otra crisis ambiental en otra parte del Ecuador. En el poblado de Tenguel, ubicado en la provincia bananera del Guayas, Esther Landetta, una activista ambiental, , ha estado librando una batalla solitaria — y peligrosa — contra la continua contaminación de cuatro ríos a consecuencia de las actividades mineras irregulares y sin control, que vierten desechos tóxicos en las aguas, poniendo en peligro la salud de la población local y amenazando sus medios de vida basados en la agricultura.
La ONG Amnesty International ha realizado un perfil del caso de la Sra. Landetta, citándolo como resultado de la intimidación y amenazas de muerte que ha recibido por su campaña para lograr que el gobierno detenga la contaminación de los ríos de la región. Sus súplicas han caído en oídos sordos, básicamente porque ella afirma que la planta de procesamiento que causa la mayor contaminación pertenece a Galo Borja, un asesor cercano al presidente Correa, ex Ministro Coordinador de Sectores Estratégicas y ex Sub-secretario de Comercio Exterior.
La Sra. Landetta dijo a la revista ecuatoriana Gestión, “Siempre he sostenido que mientras este hombre (Borja) ocupe un alto cargo, va a ser muy difícil librar a nuestros ríos de la actividad minera”. Igualmente afirmó que obtuvo una reunión con el presidente Correa para discutir el asunto, pero que en cuanto empezó a explicar el problema, “Él simplemente se levantó y se fue, justo en plena conversación. No quería escuchar nada”.
Es evidente que en el Ecuador esta doble moral confirma que el gobierno de Correa está menos interesado en que se haga la justicia que en proteger a sus amigos . Atacar a una multinacional petrolera como Chevron es “políticamente correcto” en el país y le permite a Correa desviar la atención de la culpabilidad de su propia empresa petrolera estatal en este tema. Sin embargo, si enfocamos el tema de las justicia con este populista radical, simplemente se acordará de otra cita y nos dejará con la palabra en la boca. Una estrategia de los gobiernos populistas ha sido siempre recurrir a chivos expiatorios , pero si bien apuntar a presuntas empresas culpables de alto perfil puede resultar intersante para algunos, el daño que se causa al estado de derecho y a los intereses de todos los ecuatorianos no es tema de broma.