Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

Abogados litigantes de los Estados Unidos que representan a 48 demandantes ecuatorianos (y no a 30.000 como se alega) intentan lograr que Chevron sea responsabilizado por el pago de más de 27 mil millones de dólares.  Sorprendentemente, esta astronómica cifra no ha sido cuestionada; sin embargo debemos preguntarnos qué es lo que realmente está detrás de una cifra que es diez veces superior al costo de remediación de Kuwait luego de la Guerra del Golfo.

En primer lugar, debemos considerar la manera en que se origina;  la cifra de  27 mil millones de dólares fue presentada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas que carece de la experiencia necesaria en remediación petrolera.  Cabrera fue nombrado por la Corte para evaluar un probable daño ambiental en la antigua área de la concesión del consorcio Petroecuador-Texaco, y de probarse su existencia, determinar la causa y los trabajos requeridos para remediar tal daño.  Además de no estar debidamente calificado para realizar esta tarea, Cabrera ignoró las instrucciones de la Corte y, de manera indebida, excedió el alcance de sus funciones al inventar categorías de daños que no guardan relación ni con los temas incluidos en la demanda, ni con la remediación ambiental.    Como es lógico suponer, su nombramiento fue ampliamente apoyado por los representantes de los demandantes, quiénes en última instancia, pagaron a Cabrera directamente más de  200.000 dólares por su trabajo, aunque se suponía que Cabrera estaba trabajando para la Corte como perito “independiente”.  Sin embargo, quizás aún más sorprendente es el hecho de que Cabrera estableció su equipo técnico con representantes de los demandantes y que partes de su “informe independiente” fueron desarrolladas por organizaciones afines a los demandantes [clic aqui] y [aqui].

A continuación se presenta un desglose del fraude realizado por Cabrera:

Remediación de piscinas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (2.743 millones de dólares)

Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad por la remediación de todas las piscinas petroleras que guardan relación con sus casi 40 años de operaciones en el Oriente ecuatoriano, incluyendo todas las piscinas pendientes de remediación que se encuentran en la antigua área de la concesión.   En 2005 Petroecuador inició un programa de remediación a un costo de 121 millones de dólares, al que se denominó Proyecto de Eliminación de Piscinas en el Distrito Amazónico (PEPDA), con el fin de completar el cierre de todas las piscinas y áreas de derrame, así como otras áreas afectadas, de conformidad con los estándares y regulaciones vigentes en el Ecuador en el 2010.  A diciembre de 2007, el PEPDA había iniciado y/o completado la remediación de más del 40% de las 370 piscinas abiertas que habían sido identificadas en la antigua área de concesión y que fueran inspeccionadas y aprobadas por  la Dirección Nacional de Protección Ambiental, DINAPA, la agencia gubernamental regulatoria.    Bajo un nuevo programa denominado Unidad de Mitigación y Remediación UMR, un programa sucesor del PEPDA, Petroecuador mantiene su compromiso de completar la remediación de todas las piscinas y áreas de derrame en el Oriente ecuatoriano en los próximos años.

En el caso de Chevron, los demandantes afirman que las piscinas petroleras de la región oriental constituyen un grave riesgo para los residentes en la localidad y para el medio ambiente, y exigen que Chevron, cuya subsidiaria Texaco Petroleum fue socia minoritaria de Petroecuador hace más de 20 años, pague a los demandantes los costos de remediación.  Sin embargo, los demandantes no consideran que estas mismas piscinas ya han sido remediadas por Petroecuador o que serán remediadas en un futuro próximo por la compañía estatal petrolera ecuatoriana.  De hecho, Pablo Fajardo, el principal abogado de los demandantes, ha protestado por el programa de limpieza de Petroecuador, aduciendo que “está modificando el juicio” y “ocultando” evidencia.  En octubre de 2007, Fajardo envió una carta formal a la Corte, en la que exigía que se detuviera el proceso de remediación.

Casualmente, el cálculo de 2.743 millones de dólares requeridos para la remediación de piscinas que fuera presentado por Cabrera, es 150 veces más alto que el presupuesto de 18 millones de dólares requeridos por Petroecuador para realizar este mismo trabajo; este estimativo se basa en un costo unitario extremadamente inflado (más de 36 veces el costo actual de remediación por piscina reportado por Petroecuador), así como un cálculo exagerado del número de piscinas (más de cuatro veces el número actual de piscinas pendientes de remediación en la antigua área de concesión).

Remediación de aguas subterráneas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (3.236 millones de dólares)

Cabrera llega a este monto sin ninguna evidencia que corrobore su valoración de los daños.  No tomó NINGUNA muestra de los ríos, arroyos, pozos, o fuentes de agua potable.  Su puñado de “muestras de aguas subterráneas” supuestamente tomadas en la antigua área de concesión, en realidad provienen de perforaciones hechas dentro del área de las piscinas y de ninguna manera son representativas de lo que los geólogos o hidrólogos considerarían como agua subterránea.

Construcción de un Sistema de Salud: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (480 millones de dólares)

Aunque el tema de salud es un problema extremadamente preocupante en la región debido a la contaminación generalizada del agua de consumo con material fecal, la construcción de un sistema de salud es claramente un asunto que no es de responsabilidad de Chevron.  Más aún, éste nunca ha sido parte del litigio.   Julio Prieto, abogado de los demandantes, subrayó este hecho en una entrevista reciente en Radio Majestad, cuando dijo “en nuestra demanda no hemos incluido ningún pedido en particular sobre el tema de salud”.

Este problema es responsabilidad exclusiva del gobierno del Ecuador, ya que promovió una migración masiva a la región y no suministró los servicios sanitarios más elementales tales como el tratamiento de aguas servidas.

Impactos en las poblaciones indígenas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (430 millones de dólares).

El número poblacional de todos los grupos indígenas de la región ha crecido considerablemente desde el descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana.  Mientras tanto, la deforestación y la incursión de los migrantes a las tierras indígenas fue el resultado directo de la política de colonización del Estado ecuatoriano y no del desarrollo de la actividad petrolera.  Cuando se iniciaron las actividades de explotación petrolera en la década de los 60, la población de la región alcanzaba aproximadamente los 25 mil habitantes, distribuidos básicamente entre nativos y misioneros.  Hoy en día, la región está catalogada como una de las zonas de crecimiento más rápido en el Ecuador, y alberga a más de 300 mil habitantes, quienes, con el auspicio del gobierno,  han convertido a la región selvática en tierras agrícolas.

Construcción de un sistema de agua potable: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (428 millones de dólares).

En la región existen numerosos sistemas de agua potable; sin embargo Cabrera no tomó ninguna muestra de éstos.  De igual manera, Cabrera no tomó muestras en los ríos, arroyos o pozos del sector; por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo afirma que hacen falta más sistemas de agua potable? Pero lo más importante es: ¿Cómo justifica su afirmación de que Chevron debe ser responsabilizado por haber causado un problema en la provisión de agua potable en toda la región, cuando el principal problema radica en la contaminación bacterial del agua y no en una contaminación por hidrocarburos?

Infraestructura de Petroecuador: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (375 millones de dólares)

El gobierno y el Estado ecuatoriano obtuvieron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias durante los 20 años de funcionamiento del anterior consorcio, mientras que  Texaco  Petroleum ganó 490 millones de dólares.  El contrato de la compañía expiró en 1992 y ésta dejó el Ecuador, luego de completar satisfactoriamente un programa de remediación y de llevar a cabo varios programas sociales, así como de mejorar el equipo petrolero, en cumplimiento con un acuerdo con el Estado ecuatoriano.  Durante dos décadas Petroecuador ha sido el operador exclusivo de los campos petroleros incluidos en la antigua área de concesión y ha obtenido el 100 por ciento de un cálculo aproximado de 50 mil millones de ganancias adicionales. Por lo tanto, al haber ganado alrededor 75 mil millones de dólares ¿no debería ser Petroecuador quien mantenga, reemplace y construya su propia infraestructura?

Número excesivo de muertes por cáncer: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (9.527 millones de dólares)

Ni Cabrera ni los abogados de los demandantes han presentado en ninguna ocasión a la Corte de Lago Agrio el nombre de una sola víctima de cáncer; ni un solo informe médico, o certificado de defunción que sustente su reclamo.   Más aún, las estadísticas oficiales de mortalidad por cáncer en el Ecuador no sólo revelan que las aseveraciones de Cabrera son falsas, sino que las tasas de cáncer en la región petrolera son más bajas que en las regiones no productoras de petróleo en el país. Finalmente, la única ocasión en que un abogado de los demandantes presentó demandas concretas por cáncer (ante la Corte Federal de San Francisco), éstas fueron desestimadas luego de que Chevron probara su falsedad.   El abogado, quien también iniciara el caso en Lago Agrio, fue multado con 45 mil dólares y sancionado por haber fabricado tales acusaciones.

Deforestación en la zona de las estaciones, pozos y carreteras: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (875 -1.697 millones de dólares)

El gobierno del Ecuador exigió al consorcio la construcción de carreteras en la región, a fin de facilitar el programa de colonización promovido por el Estado.  Más aún, la extensión total de la red de las actuales operaciones petroleras en la antigua área de concesión asciende aproximadamente a 6,8 kilómetros cuadrados y, si se incluyen las carreteras, ésta alcanza un poco más de 44 kilómetros cuadrados.  Este es un dato importante a considerar pues se trata de un área de concesión con una extensión total de 4.429 kilómetros cuadrados en la que se produjeron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias para la República del Ecuador.

Enriquecimiento ilícito: Compensación sugerida (8.421 millones de dólares)

Los datos del Banco Central del Ecuador verifican que Texaco Petroleum ganó la suma de 490 millones de dólares,  mientras que la República del Ecuador recibió a través de impuestos, regalías, subsidios al mercado interno, dividendos provenientes de la participación mayoritaria de Petroecuador, así como otras rentas, un total aproximado de 25 mil millones de dólares durante los 20 años de duración del consorcio.

Los problemas que se presentan en el trabajo de Cabrera no se limitan a las absurdas recomendaciones que hace para la supuesta solución de los problemas.  Los mismos informes están plagados de errores matemáticos y científicos.  En varias ocasiones simplemente inventa las pruebas; mucha de la “evidencia” fue recolectada con la ayuda del equipo técnico de los mismos demandantes.  Copió en sus informes secciones completas del texto de los expedientes presentados por los demandantes ante la Corte para justificar algunas de sus más descabelladas aseveraciones, tales como sus acusaciones sobre los casos de cáncer, o sus montos estimados para los trabajos de remediación.  Cabrera no hace referencia alguna a la responsabilidad de Petroecuador por los problemas ambientales existentes en la región, a pesar de que la compañía estatal tenía una participación mayoritaria del 62.5% en el antiguo consorcio; tampoco menciona su condición de operador exclusivo de las actividades petroleras en la región por más de 20 años.

Cabrera además, no reconoce la inversión de 40 millones de dólares que realizó Texaco Petroleum en un programa de remediación, el mismo que guarda estricta relación con su tercio de participación en el consorcio.  De igual manera, Cabrera omite mencionar el hecho de que el gobierno y Petroecuador en 1998 otorgaron a la compañía una liberación por toda demanda o reclamo futuro.  Finalmente, el perito nombrado por la Corte no parece darse cuenta de que los demandantes están enjuiciando a Chevron estrictamente por costos de remediación ambiental.  Por lo tanto, uno no puede dejar de preguntarse “¿cómo una corte que cumple con la ley, y que es justa e independiente, puede permitir que tales cálculos y demandas sean tomadas como base para pronunciar una sentencia?”  La respuesta no puede ser otra que  “una corte que cumple con la ley, es justa e independiente, no tomaría en cuenta tales inventos y falacias”.

Los reclamos por cáncer realizados por Richard Cabrera es uno de los ejemplos más terribles de lo absurdo de su trabajo. Cabrera, ingeniero de minas sin experiencia ni formación en la remediación de yacimientos petrolíferos, fue nombrado por el tribunal para evaluar el posible daño al medio ambiente.

Este es un caso de remediación ambiental, y ninguno de los 48 demandantes tiene una demanda por cáncer o por daños y perjuicios relacionados.

Sin embargo, Cabrera estableció más USD9.500 millones en daños por “excesivas muertes por cáncer”. No obstante, no pudo identificar ni una sola víctima ni suministrar documentación que corroborara el hecho, como por ejemplo, certificados de defunción o diagnósticos médicos.

En su lugar, Cabrera fundamentó sus argumentos con respuestas subjetivas, extraídas de sus estudios a la población local, realizados en secreto por personas desconocidas. La encuesta formulaba preguntas capciosas, como “¿que cree que debería exigirse a Texaco Petroleum en compensación por los daños sufridos?”.

Asimismo, el Sr. Cabrera comete claros errores matemáticos en sus cálculos e interpreta incorrectamente los datos de su propia encuesta para obtener falsamente altas tasas de cáncer.  Agrupa todas las clases de cáncer, a pesar de que no existen pruebas que vinculen los componentes del petróleo crudo con la mayoría de los cánceres conocidos, incluidos el de estómago y el de útero – los dos tipos más comunes mencionados en los estudios. Estos son también dos de los cánceres más comunes en El Ecuador.

Las conclusiones de Cabrera son desmentidas por los datos estadísticos oficiales del Ecuador sobre la mortalidad ocasionada por cáncer, los cuales muestran que no hay un mayor riesgo de contraer cáncer en las zonas productoras de petróleo, comparadas con las zonas no productoras de la Amazonía ecuatoriana. La tasa de cáncer calculada por Cabrera es más de 250 veces superior a la tasa indicada por el gobierno del Ecuador. Vea un análisis de la mortalidad por cáncer y la producción de petróleo en la región de la Amazonía del Ecuador.

Esta no es la primera vez que los abogados relacionados con el caso tratan de interponer demandas por cáncer contra Chevron. En 2007, un tribunal federal de EE.UU. en el Distrito Norte de California rechazó una demanda similar contra Chevron, supuestamente presentada en nombre de ciudadanos ecuatorianos de la región de Oriente. El caso fue desestimado luego de descubrir que a los demandantes nunca se les había diagnosticado cáncer, quienes además testificaron que ni siquiera sabían que se había iniciado una causa en su nombre.

Y seguirán repitiendo su historia una y otra vez con más y más ornamentos hasta que alguien los confronte con la verdad o pague para detenerlos.

Este es uno de los principales mitos que los abogados litigantes de los Estados Unidos y grupos de activistas ambientales han fabricado, en un obvio intento de mancillar la reputación de Chevron en  EE.UU. y presionar a la empresa hasta llegar a un fallo injusto, en el juicio contra Chevron en Ecuador:

Mito 1: Chevron es responsable por daños por un valor de USD27.000 millones al Amazonas.

La estimación de USD27.000 millones contra Chevron fue elucubrada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas, sin ninguna experiencia ni capacitación en el trabajo de remediación de pozos petrolíferos.

Cabrera fue designado por el tribunal para estimar el posible daño ambiental en los pozos petrolíferos de la anterior concesión; es decir la causa, si existiera dicho daño, y los proyectos de remediación para repararlo. Su elección fue totalmente respaldada por el Frente de Defensa de la Amazonía con la oposición de Chevron.

Además de no estar calificado para la tarea que le fue asignada, Cabrera ignoró las directivas del tribunal y amplió de manera improcedente el alcance de su trabajo, inventando tipos de daños que nada tenían que ver con los problemas planteados por el juicio o con la reparación ambiental del área de la concesión anterior.

Casi el 90% de los USD27.000 millones es asignado a problemas que no se relacionan con los reclamos reales en el caso:

• Cabrera no presentó registros médicos ni certificados de defunción para respaldar la suma de más de USD9.500 millones en compensación por “excesivas muertes por cáncer” y no mencionó ni a una sola victima, ni identificó a ningún familiar como beneficiario. No cuenta ni con formación ni experiencia médica como para diagnosticar la epidemiología de cáncer, ni para designar a nadie de su equipo que la tenga. En lugar de contar con un experto, Cabrera basó sus reclamos de cáncer en respuestas surgidas de encuestas ad hoc a la población local, realizadas en secreto y por personas desconocidas.

• Cabrera también reclama USD1.700 millones por daños en concepto de mejoras de los yacimientos petrolíferos, los cuales han sido operados exclusivamente por Petroecuador desde que Texaco Petroleum dejó de operar en 1990.  Los yacimientos son propiedad exclusiva de Ecuador, y actualmente están en uso y están siendo expandidos por la compañía petrolífera estatal.

• Valuó en más de mil millones de dólares la reparación del suelo de yacimientos que nunca visitó, inflando exageradamente el cálculo, para llegar a un costo de remediación por pozo sugerido 25 veces mayor al costo actual del propio programa de remediación de Petroecuador.

• Calculó USD428.000 millones para mejorar el sistema de agua potable en el Oriente y USD3.200 millones para la remediación de aguas subterráneas; a pesar de que no tomó ni una sola muestra de arroyos, ríos, fuentes municipales de agua ni pozos de agua potable. Además, no hizo nada para evaluar si otros factores (como la contaminación fecal) eran factores causales de problemas de salud, y manifestó en su propio informe que no tenía información suficiente para desarrollar un plan de remediación de aguas subterráneas.

• También exigió USD320 millones para un criadero de animales salvajes, para luego soltarlos, a fin de que los pueblos indígenas pudieran cazarlos.

Hasta ahora, Cabrera se ha rehusado a responder preguntas sobre: su metodología, identificar a otros miembros del equipo, explicar sus responsabilidades y aportes; o siquiera sobre presentar documentación respaldatoria, particularmente relacionada con la encuesta en la que fundamenta su análisis del daño por cáncer.

El trabajo de Cabrera distó mucho de ser independiente.

Hay indicadores que sugieren que Cabrera trabajó estrechamente con los abogados de los demandantes para preparar su último informe:

• Recibió pagos de al menos USD200.000 por su trabajo de Selva Viva, una empresa ecuatoriana que opera como intermediario financiero y de logística para el Frente. Aparentemente, los cheques fueron firmados por Luis Yanza, coordinador legal del Frente y gerente general de Selva Viva.

• Se benefició con la ayuda de miembros del Frente durante su trabajo de campo, tal como lo indican fotografías y el video tomados en el momento en que se impedía, a expertos de Chevron, observar el trabajo de Cabrera.

• Incluso copió partes, palabra por palabra, de su informe de USD27.000 millones de las observaciones que los abogados demandantes presentaron al tribunal.