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“Este juicio comenzó en los Estados Unidos y está financiado por una firma de abogados.” – Julio Prieto, abogado de los demandantes.

En una entrevista del 7 de diciembre con la estación de radio ecuatoriana Majestad, el abogado de los demandantes, Julio Prieto
menciona a una firma de abogados que financia el actual juicio ambiental en contra de Chevron en Ecuador.

La firma mencionada es Kohn, Swift & Graf PC de Filadelfia, la principal entidad que financia la mayor parte del juicio, sino todo, contra Chevron.

Cuando el abogado litigante de EE.UU., Cristóbal Bonifaz, tramó por primera vez el juicio original en contra de Texaco en 1993, contactó a Harold Kohn, un abogado de demanda colectiva de Filadelfia. Poco tiempo después, se sumó el hijo de Kohn, Joe, quien luego se convirtió en socio en Kohn Swift & Graf. Posteriormente, Kohn incorpora a Steven Donziger, un abogado litigante de Nueva York que fue a la Universidad de Leyes con el hijo de Bonifaz.

Cuando se le preguntó sobre su motivación para tomar el caso en contra de Chevron en la película Crude, Joe Kohn sinceramente afirmó, “no fue tomado como un caso gratuito, gran parte de mi motivación es que al final del día … este será un caso lucrativo para la firma.”

Como parte de Kohn, Swift & Graf financió la campaña de RRPP para tomar como rehén la reputación de  Chevron y pedirle a la compañía una gran suma de dinero para su restitución; Kohn contrató a un cabildero de DC Ben Barnes para ejercer presión en el Congreso de EE.UU. sobre “asuntos ambientales que surgen de la explotación de petróleo en Ecuador”. Barnes luego contrató a la representante de RRPP de DC Karen Hinton para difundir información errónea y distorsionar los hechos del caso.

Años de información errónea y distorsión difundida por abogados litigantes de EE.UU. y sus cómplices de RRPP condujeron al público y a los medios a creer que 30,000 indígenas del Amazonas están detrás del juicio, y que toda recompensa financiera de un fallo o veredicto iría a los pueblos indígenas de Oriente.

No obstante, la verdad nos dice una historia distinta. La firma de Kohn ha coordinado una serie de relaciones económicas y políticas entre el gobierno ecuatoriano, abogados litigantes de EE.UU., y grupos activistas a fin de ejercer presión en una pequeña sala rural de un tribunal en Lago Agrio, Ecuador, a fin de encontrar a Chevron culpable en un juicio ambiental. Toda recompensa financiera como resultado de un fallo o sentencia en contra de Chevron iría sin duda solamente al gobierno ecuatoriano y a los abogados con honorarios condicionales que impulsan este juicio frívolo. En realidad, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, confirmó que “el 90% [de cualquier sentencia en contra de Chevron] sería destinado al Estado …”

Una cosa es cierta, Chevron seguirá luchando por este erróneo y falso juicio hasta que se haga valer la  justicia.

“Desde que se fue Texaco, Petro[Ecuador] produjo más daño y  muchos más desastes que Texaco.”
– Pablo Fajardo, miembro del equipo legal de los demandantes

Siempre nos preguntamos por qué los abogados litigantes de EE.UU. en el juicio ecuatoriano del Amazonas en contra de Chevron eligen demandar a Texaco, el socio minoritario del consorcio que lanzó el sector de energía del país, y  no a Petroecuador. Después de todo, Petroecuador, la compañía petrolera estatal, fue el socio mayoritario y 100% responsable de la producción de petróleo en el área de concesión a partir de 1992.

Ésta es la razón.

De acuerdo con las fuentes de noticias ecuatorianas, los abogados de los demandantes en el juicio contra Chevron prometieron al gobierno de Quito que no demandarían a Petroecuador, la compañía petrolera estatal de Ecuador por el daño ambiental en el Amazonas.

El abogado Cristobal Bonifaz, uno de los artífices del juicio, ha garantizado por escrito al gobierno de Ecuador que Petroecuador se evitaría un juicio, si los funcionarios del gobierno ejercieran su influencia respaldando a los demandantes.

En una entrevista de 1997 publicada en el periódico ecuatoriano Hoy, Bonifaz dijo que “No hay razón para que el Gobierno se preocupe porque los demandantes y sus abogados han asumido en documentos legales no demandar al Gobierno si ultimadamente este asevera ser responsable, conjuntamente con Texaco, del daño ambiental causado.”

Una semana después, Bonifaz le dijo a un periódico ecuatoriano El Comercio, “Presenté documentos certificados al Fiscal General que confirman el compromiso de los pueblos indígenas de abstenerse de demandar al Gobierno.”

Sin embargo, ninguno de los abogados de los demandantes ha informado este acuerdo, ni ha presentado  los documentos al Tribunal Supremo de Nueva Loja, el cual está supervisando el juicio actual. Tampoco los abogados de Chevron han podido obtener una copia de dicho acuerdo.

En lugar de enfrentar a Texaco Petroleum y Petroecuador, los abogados litigantes de EE.UU. trataron de demandar solamente a Chevron por daños ambientales ocasionados en Ecuador por Texaco (adquirida por Chevron en 2001). Además, a sabiendas, descartan la contaminación constante y el mal manejo ambiental de Petroecuador.

Mientras tanto, el caso en Ecuador ha sido deteriorado por la excesiva interferencia del gobierno
– interferencia que ha instigado a una advertencia por parte de los representantes comerciales del gobierno estadounidense.