Pruebas documentales obtenidas a través de una orden judicial en los Estados Unidos, revelan una relación entre las contribuciones financieras realizadas por los representantes de los demandantes de Lago Agrio y las declaraciones públicas a favor de los demandantes realizadas por el Contralor.

Puede acceder a una copia de la petición realizada por Chevron bajo la Ley FOIL (aqui), además de documentos que la acreditan (aqui) (aqui).

Acceda a documentos adicionales presentados ante la Corte por Chevron, que brindan detalles sobre la relación entre las autoridades electas en el estado de Nueva York y los representantes de los demandantes aquí.

En una entrevista del 7 de diciembre con la estación de radio ecuatoriana Majestad, el abogado de los demandantes, Julio Prieto
menciona a una firma de abogados que financia el actual juicio ambiental en contra de Chevron en Ecuador.

La firma mencionada es Kohn, Swift & Graf PC de Filadelfia, la principal entidad que financia la mayor parte del juicio, sino todo, contra Chevron.

Cuando el abogado litigante de EE.UU., Cristóbal Bonifaz, tramó por primera vez el juicio original en contra de Texaco en 1993, contactó a Harold Kohn, un abogado de demanda colectiva de Filadelfia. Poco tiempo después, se sumó el hijo de Kohn, Joe, quien luego se convirtió en socio en Kohn Swift & Graf. Posteriormente, Kohn incorpora a Steven Donziger, un abogado litigante de Nueva York que fue a la Universidad de Leyes con el hijo de Bonifaz.

Cuando se le preguntó sobre su motivación para tomar el caso en contra de Chevron en la película Crude, Joe Kohn sinceramente afirmó, “no fue tomado como un caso gratuito, gran parte de mi motivación es que al final del día … este será un caso lucrativo para la firma.”

Como parte de Kohn, Swift & Graf financió la campaña de RRPP para tomar como rehén la reputación de  Chevron y pedirle a la compañía una gran suma de dinero para su restitución; Kohn contrató a un cabildero de DC Ben Barnes para ejercer presión en el Congreso de EE.UU. sobre “asuntos ambientales que surgen de la explotación de petróleo en Ecuador”. Barnes luego contrató a la representante de RRPP de DC Karen Hinton para difundir información errónea y distorsionar los hechos del caso.

Años de información errónea y distorsión difundida por abogados litigantes de EE.UU. y sus cómplices de RRPP condujeron al público y a los medios a creer que 30,000 indígenas del Amazonas están detrás del juicio, y que toda recompensa financiera de un fallo o veredicto iría a los pueblos indígenas de Oriente.

No obstante, la verdad nos dice una historia distinta. La firma de Kohn ha coordinado una serie de relaciones económicas y políticas entre el gobierno ecuatoriano, abogados litigantes de EE.UU., y grupos activistas a fin de ejercer presión en una pequeña sala rural de un tribunal en Lago Agrio, Ecuador, a fin de encontrar a Chevron culpable en un juicio ambiental. Toda recompensa financiera como resultado de un fallo o sentencia en contra de Chevron iría sin duda solamente al gobierno ecuatoriano y a los abogados con honorarios condicionales que impulsan este juicio frívolo. En realidad, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, confirmó que “el 90% [de cualquier sentencia en contra de Chevron] sería destinado al Estado …”

Una cosa es cierta, Chevron seguirá luchando por este erróneo y falso juicio hasta que se haga valer la  justicia.