Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

El poder judicial del Ecuador no es justo y está muy lejos de ser independiente.

Desde que asumió el cargo en enero de 2007, el presidente Correa ha consolidado su poder en todo El Ecuador, incluyendo los organismos políticos, financieros y los medios.

Correa consolidó el poder político cuando la Asamblea Constituyente, dominada por su partido político: Alianza PAIS, redactó una nueva constitución, disolvió el Congreso Nacional y anunció que sus decisiones estaban por encima de cualquier otro fallo del poder judicial.

Entonces profirió la siguiente amenaza: que  “[j]Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente” y desde entonces dejó claro que esta amenaza alcanza a los jueces que fallen en contra de los intereses del Estado.

Correa afirma que “el Poder Ejecutivo sí podría ejercer presión sobre el Poder Judicial” para exigir a los organismos de justicia a que “respondan a las necesidades del país” y que, en su carácter de Presidente, “no es sólo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el  Poder Judicial”.

Correa también ha cancelado los contratos de las empresas extranjeras y confiscado sus activos; a la vez que extinguía sus posibilidades de lograr una resolución justa de las disputas, cuando rechaza la jurisdicción de los tribunales arbitrales internacionales y se rehusó a acatar sus fallos. También ha tomado medidas para controlar a los medios, que Correa considera como “instrumentos corruptos de la oligarquía” y el principal “enemigo del cambio”, entre las que se encuentran la amenaza de revocar cientos de licencias de radio y televisión debido a supuestas “irregularidades.”

Existen pruebas, si volvemos a administraciones anteriores, de que los abogados que representan a los demandantes de Lago Agrio y el gobierno del Ecuador están trabajando juntos para asegurarse una sentencia contra Chevron en el juicio de Lago Agrio. La administración de Correa ha mantenido y fomentado este acuerdo, por lo que la causa contra Chevron pasó de ser una cuestión legal a una política.

El gobierno del Ecuador podría beneficiarse ampliamente con un fallo contra Chevron, que lo absolvería de sus propias obligaciones de remediación y daría como resultado la transferencia de una enorme cantidad de dinero a El Ecuador (el dictamen propuesto de USD27.000 millones representa la mitad del PIB del Ecuador). Políticamente, el caso Lago Agrio distrae la atención y aleja la responsabilidad por las condiciones ambientales de Petroecuador y permite que Correa culpe a Chevron de todos los males sociales de Oriente.

Correa ha prejuzgado la responsabilidad de Chevron en el caso públicamente, incluso adoptó la postura infundada y sumamente ofensiva de que Texaco Petroleum era culpable de “delitos contra la humanidad”. El Fiscal General de la Nación confirmó que “la posición del gobierno de Correa en el caso es clara: ‘La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron, no las de Petroecuador’”.

Correa ha colocado el respaldo del gobierno en los demandantes, incluso les ofreció “ayuda para reunir las pruebas” contra Chevron. En abril de 2007, sólo unos meses después de haber asumido su cargo, el presidente Correa hizo junto con los medios una visita a la Amazonía; acompañado por los abogados y representantes de los demandantes, en el que se refirió al abogado de los demandantes Pablo Fajardo y a Luis Yanza, líder del Frente de Defensa de la Amazonía como “héroes reales … que han luchado por años por su gente, su Amazonía”. También se refirió en varias oportunidades a Fajardo y Yanza como “nuestros compañeros” y sus “queridos amigos” en la prensa nacional ecuatoriana.

Correa ha apelado al Fiscal General de la Nación para que inicie una causa penal contra los abogados de Chevron que firmaron la conciliación y los acuerdos de exoneración de responsabilidad en nombre de Texaco Petroleum. Los dos Fiscales Generales anteriores del gobierno de Correa exigieron que los cargos penales fueran desestimados en tres ocasiones distintas. Sin embargo, el siguiente que fue nombrado en el cargo, Washington Pesántez, entonces formuló cargos infundados a pesar de las tres opiniones anteriores de que los cargos debían ser desestimados, sin apuntar a ninguna prueba nueva y sin perjuicio de su opinión anterior, como Fiscal de Distrito, que no había encontrado prueba alguna para respaldar los cargos penales y había confirmado la recomendación de desestimar la demanda penal.

Recientemente, el asesor de legal de Correa, Alex Mera, y la su hermana Pierina Correa, están implicados en una trama de sobornos por USD 3 millones dirigidos a garantizar los contratos de remediación que serían consecuencia de una sentencia contra Chevron por parte de uno de los organizadores del ardid, Patricio García, quien afirmó ser un operador político para el partido gobernante Alianza PAIS. García también afirmó durante una de las reuniones grabadas en video que los abogados del ejecutivo serían enviados a Lago Agrio para ayudar al Juez Núñez (que también estaba implicado en la trama) a redactar la sentencia.

Luego de que la trama de sobornos fue revelada, Correa confirmó su alianza con los demandantes una vez más y manifestó de manera inequívoca “por supuesto quiero que nuestros compañeros indígenas ganen”. Y como otra prueba más del control del gobierno sobre la causa judicial, a pesar de las repetidas afirmaciones de que el gobierno no tiene ningún papel en este juicio, el Fiscal General Washington Pesántez anunció que ha solicitado al juez Núñez excusarse de continuar en el juicio para “garantizar que el fallo ya no se demore más” y para no permitir que Chevron “evite pagar la indemnización por daños y perjuicios que creemos es más que justa, porque ocasionó mucho daño a nuestro país”. Pesántez confirmó luego que el 90% [de cualquier sentencia contra Chevron] iría a manos del Estado para llevar a cabo actividades de remediación y bioremediación”.

Una y otra vez, Pablo Fajardo ha utilizado la muerte de su hermano para fines de relaciones públicas en un intento de arrojar sospechas sobre Chevron y maximizar ostensiblemente los objetivos de su demanda. En diversos discursos, compromisos públicos y noticias, Fajardo ha insinuado que Texaco (Chevron) fue responsable del asesinato de su hermano, en el año 2004. A continuación, se presentan dos ejemplos de declaraciones hechas por Pablo Fajardo, referentes a la muerte de su hermano.

“En mi caso, en el 2004, cuando estábamos empezando el caso, uno de mis hermanos fue asesinado. No puedo decir que Texaco tenga la culpa de esto, pero tampoco puedo decir lo contrario. Esto nunca se investigó. Han sucedido un montón de cosas, un montón de presión y persecución”, Pablo Fajardo, Ecuador TV, 22 de abril de 2008.

“Fajardo afirmó: “En estos 15 años han recibido mucho tipo de presiones, desde llamadas telefónicas amenazantes o campañas de desprestigio a los expertos que defendían la causa de FEDAM”. Pero, sin duda, el aspecto más dramático del enfrentamiento es la muerte del hermano de Fajardo, ocho días antes de que comenzara la vista oral del proceso judicial. “No puedo probar si la Texaco estuvo detrás o no de ese crimen, pero la realidad es que a mi hermano lo asesinaron”, sentenció Fajardo. – Europa Press (Zaragoza), 3 de septiembre de 2008.

En realidad, la muerte de Wilson Fajardo ha sido investigada a fondo y los informes policiales han identificado a los individuos locales responsables. De hecho, antes de sus primeras acusaciones públicas sobre la supuesta participación de Texaco (Chevron), Fajardo presentó una declaración ante el fiscal del distrito, en el momento del asesinato de su hermano, que no menciona ni a Texaco ni a Chevron. En una declaración oficial, él alega que tres hombres de la localidad, que tenían una historia con su hermano, fueron los responsables del asesinato.

Además, un editorial de El Comercio implica que la muerte de Fajardo fue el resultado de las observaciones formuladas por él acerca de las FARC y el tráfico de drogas, mientras trabajaba como reportero de Radio de Ecuador.

Cualquiera que sea el caso, los informes de la policía, las investigaciones y los reportes noticiosos carecen de cualquier especulación que involucre a Texaco (Chevron). El mismo Fajardo admitió que Chevron no tuvo ningún papel en estos acontecimientos. No obstante, Fajardo sigue haciendo engañosas declaraciones públicas sobre el asesinato de su hermano y la presunta participación de Chevron.

FALSEDADES:
“La existencia de un daño ambiental y la presencia de elementos tóxicos como el cromo, benceno, benzopireno, e innumerables elementos que amenazan la salud han sido sistemáticamente comprobados.” – Pablo Fajardo, Radio Tropicana: 31/1/08

HECHOS:
Mientras que los abogados de los demandantes continuamente reclaman la presencia de agentes cancerígenos, los hechos demuestran lo contrario. El Sr. Cabrera no analizó ni una sola muestra de benceno del suelo para comprobar la existencia de posibles metales pesados cancerígenos, incluido el cromo hexavalente. Pero si analizó 178 muestras de suelo buscando hidrocarburos aromáticos, incluido el benzopireno. No se detectó ningún benzopireno en 171 de tales muestras (96%), y en las 7 muestras en donde se encontró provenían de los yacimientos de Petroecuador, y no de pozos remediados por Texaco Petroleum. El Sr. Cabrera recolectó un total de nueve muestras de agua ya sea directamente del agua de pozos abiertos o de perforaciones dentro de pozos, y no se detectó benzopireno en ninguna de esas muestras.

Las acciones de los demandantes dicen más que las palabras. Mientras que se sigue mintiendo sobre los hallazgos de benceno en declaraciones a los medios, la realidad es que los demandantes detuvieron las pruebas de este compuesto en 2005 después de que los resultados de las pruebas continuamente demostraban la ausencia de rastros de benceno.