Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

El Frente de Defensa de la Amazonía se ha apresurado en su intento de desacreditar una crítica del Columbia Journalism Review sobre el corto “60 Minutes” que dio cobertura a la demanda en el Ecuador. Así pues, la portavoz del Frente, Karen Hinton, ha malinterpretado el expediente de hechos referente a un sitio en particular, Shushufindi-38.

Shushufindi-38 entró en producción en 1974 y se cerró finalmente en 1984. Aquí termina la historia cuando la Sra. Hinton la cuenta. Sin embargo, su aseveración de que Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, no tenía ninguna operación en el lugar después de 1992, es falsa.

El Frente pasa por alto el hecho de que en 1994, y después de haber expirado el Consorcio Petroecuador-Texaco Petroleum, Petroecuador convirtió Shushufindi-38 en un pozo de inyección, un tipo de pozo que devuelve subproductos de la producción de petróleo a las formaciones geológicas de donde provienen. De hecho, 119 páginas de registros de mantenimiento de Petroecuador demuestran que la actividad de Petroecuador en este sitio sigue en curso, hasta en fechas tan recientes como del año 2008. En noviembre de 2005, Petroecuador estaba realizando trabajos de mantenimiento en Shushufindi-38, el mismo día en que iba a ocurrir una inspección judicial. El Frente, estuvo presente durante la inspección y fue testigo de primera mano de las operaciones de Petroecuador, pero aún sigue proporcionando declaraciones inexactas.

Shushufindi-38 continúa operando en la actualidad. Sin embargo, ahí no termina la actividad de Petroecuador en el sitio. De hecho, al menos desde 2007, Petroecuador ha estado realizando trabajos de remediación en el sitio. ¿Por qué? Porque el sitio no fue asignado a Texaco-Petroleum como parte del programa de remediación de la empresa. Más bien, y como lo reconoce Petroecuador, la petrolera estatal es la única responsable de cualquier esfuerzo de remediación o tareas de limpieza necesarias en Shushufindi-38. El trabajo en curso en dicho sitio fue captado por un fotógrafo de Reuters a principios de este año.

Las misivas de la Sra. Hinton a los medios de comunicación acerca de Shushufindi-38 también apuntan a los hidrocarburos existentes en el pozo. La presencia de petróleo en un pozo activo de Petroecuador no debería de sorprender a nadie, además esto aclara el por qué Petroecuador está en proceso de limpieza del sitio. Por otra parte, el amplio y permanente mantenimiento de Petroecuador en Shushufindi-38 explica por qué los pozos de reserva en el sitio permanecieron activos y por qué contenían crudo fresco al momento de la inspección judicial.

De la misma forma, la Sra. Hinton ha insistido a los medios de comunicación sobre resultados científicos dudosos que, según los abogados demandantes, provienen del análisis de suelos en Shushufindi-38. Dejando a un lado las tergiversadas normas regulatorias del Frente, los resultados analíticos de los demandantes simplemente confirman lo que ya se sabe y que tiene sentido común –  que Petroecuador debe completar su remediación en el sitio.

El Frente no está siendo sincero al negar más de 16 años de actividad de Petroecuador en Shushufindi-38. La verdad acerca de este sitio está bien documentada, y los trabajos de limpieza que está realizando Petroecuador, simplemente evidencian más que la petrolera estatal es responsable de la remediación de Shushufindi-38. El promover falsedades para influir en la opinión pública, como frecuentemente lo hacen el Frente y la Sra. Hinton, no ayuda a nadie, mucho menos a los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. El Frente tiene que poner fin a su campaña de tergiversaciones, y confesar sobre Shushufindi-38, así como sobre su juicio sin mérito.

En el lapso de una semana, el equipo técnico de Chevron ha descubierto dos nuevos derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana,  zona de producción petrolera. Uno abarca tres hectáreas (7,4 acres) cerca de la estación productora Guanta de la petrolera estatal Petroecuador, en el corazón de la nacionalidad indígena Cofán. El otro afecta media hectárea (1,2 acres) en el campo Sacha, una zona operada por el consorcio Río Napo. El derrame está cerca del pueblo de San Carlos en donde los abogados de los demandantes afirman que el petróleo ha ocasionado un sinfín de problemas de salud.

Sin embargo, el Frente de Defensa de la Amazonía, Amazon Watch y Rainforest Action Network – los grupos que respaldan el juicio sin fundamentos contra Chevron – no se han manifestado al respecto. A pesar de declararse defensores del ambiente y de la gente de la región de Oriente de Ecuador, no ha habido ninguna expresión de agravio, ninguna denuncia de las empresas que operan en estas áreas, ningún comunicado de prensa, ninguna conferencia de prensa y, por supuesto, ningún juicio.

17 de abril de 2010: Foto con orientación noroeste. Vista general del derrame de Petroecuador.

17 de abril de 2010: Foto con orientación sureste que muestra un arcén que hace de dique para contener los fluidos como parte de las actividades de remediación realizadas por Petroecuador en la zona del derrame ubicada aproximadamente 1 km al norte de la estación productora de Guanta.

10 de abril de 2010: Actividades de remediación del reciente derrame de petróleo de Petroecuador desde la línea de producción cerca de San Carlos.

10 de abril de 2010: Actividades de remediación del reciente derrame de petróleo de Petroecuador desde la línea de producción cerca de San Carlos.

Localización de Derrames de Crudo Ocurridos Recientemente en el área de la Antigua Concesión Petroecuador-Texpet

No obstante, este comportamiento es coherente con el patrón actual de ignorar la conducta de Petroecuador y de oponerse a los esfuerzos de limpieza de Petroecuador. Dado su historial, valdría preguntarse si estos abogados y activistas son realmente defensores del ambiente y de los pueblos indígenas que afirman representar.

Bien podría ser que el Frente de Defensa de la Amazonía, Amazon Watch y Rainforest Action Network están realmente más interesados en sacarle todo el dinero que puedan a Chevron, más que en limpiar la Amazonía.

El jueves, un juez de EE.UU. accedió a la petición de Chevron de desestimar la moción del Gobierno del Ecuador, la cual intentaba bloquear la demanda de arbitraje internacional que la compañía interpuso en su contra. En su decisión, el  juez Leonard Sand se negó a intervenir el arbitraje, indicando en su sentencia que, “es inapropiado impedir el arbitraje”.

A Chevron le complace que el arbitraje apoyado  en el Tratado Bilateral de Inversiones puede proceder. Chevron busca que el Ecuador y la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, cumplan con su promesa de completar la remediación ambiental en el Amazonas.

Texaco Petroleum, de acuerdo a su compromiso, hizo su parte de la remediación; ahora, Petroecuador necesita cumplir con su parte y hacerle frente a los problemas ambientales que incorrectamente se le atribuyen a Chevron.

Sólo un panel de arbitraje puede traer a Petroecuador a la mesa y obligarla a que haga lo correcto y limpie sus campos petroleros.  Con la decisión de la Corte de hoy día, estamos un paso más cerca de que esto se haga realidad.

Abogados litigantes de los Estados Unidos que representan a 48 demandantes ecuatorianos (y no a 30.000 como se alega) intentan lograr que Chevron sea responsabilizado por el pago de más de 27 mil millones de dólares.  Sorprendentemente, esta astronómica cifra no ha sido cuestionada; sin embargo debemos preguntarnos qué es lo que realmente está detrás de una cifra que es diez veces superior al costo de remediación de Kuwait luego de la Guerra del Golfo.

En primer lugar, debemos considerar la manera en que se origina;  la cifra de  27 mil millones de dólares fue presentada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas que carece de la experiencia necesaria en remediación petrolera.  Cabrera fue nombrado por la Corte para evaluar un probable daño ambiental en la antigua área de la concesión del consorcio Petroecuador-Texaco, y de probarse su existencia, determinar la causa y los trabajos requeridos para remediar tal daño.  Además de no estar debidamente calificado para realizar esta tarea, Cabrera ignoró las instrucciones de la Corte y, de manera indebida, excedió el alcance de sus funciones al inventar categorías de daños que no guardan relación ni con los temas incluidos en la demanda, ni con la remediación ambiental.    Como es lógico suponer, su nombramiento fue ampliamente apoyado por los representantes de los demandantes, quiénes en última instancia, pagaron a Cabrera directamente más de  200.000 dólares por su trabajo, aunque se suponía que Cabrera estaba trabajando para la Corte como perito “independiente”.  Sin embargo, quizás aún más sorprendente es el hecho de que Cabrera estableció su equipo técnico con representantes de los demandantes y que partes de su “informe independiente” fueron desarrolladas por organizaciones afines a los demandantes [clic aqui] y [aqui].

A continuación se presenta un desglose del fraude realizado por Cabrera:

Remediación de piscinas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (2.743 millones de dólares)

Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad por la remediación de todas las piscinas petroleras que guardan relación con sus casi 40 años de operaciones en el Oriente ecuatoriano, incluyendo todas las piscinas pendientes de remediación que se encuentran en la antigua área de la concesión.   En 2005 Petroecuador inició un programa de remediación a un costo de 121 millones de dólares, al que se denominó Proyecto de Eliminación de Piscinas en el Distrito Amazónico (PEPDA), con el fin de completar el cierre de todas las piscinas y áreas de derrame, así como otras áreas afectadas, de conformidad con los estándares y regulaciones vigentes en el Ecuador en el 2010.  A diciembre de 2007, el PEPDA había iniciado y/o completado la remediación de más del 40% de las 370 piscinas abiertas que habían sido identificadas en la antigua área de concesión y que fueran inspeccionadas y aprobadas por  la Dirección Nacional de Protección Ambiental, DINAPA, la agencia gubernamental regulatoria.    Bajo un nuevo programa denominado Unidad de Mitigación y Remediación UMR, un programa sucesor del PEPDA, Petroecuador mantiene su compromiso de completar la remediación de todas las piscinas y áreas de derrame en el Oriente ecuatoriano en los próximos años.

En el caso de Chevron, los demandantes afirman que las piscinas petroleras de la región oriental constituyen un grave riesgo para los residentes en la localidad y para el medio ambiente, y exigen que Chevron, cuya subsidiaria Texaco Petroleum fue socia minoritaria de Petroecuador hace más de 20 años, pague a los demandantes los costos de remediación.  Sin embargo, los demandantes no consideran que estas mismas piscinas ya han sido remediadas por Petroecuador o que serán remediadas en un futuro próximo por la compañía estatal petrolera ecuatoriana.  De hecho, Pablo Fajardo, el principal abogado de los demandantes, ha protestado por el programa de limpieza de Petroecuador, aduciendo que “está modificando el juicio” y “ocultando” evidencia.  En octubre de 2007, Fajardo envió una carta formal a la Corte, en la que exigía que se detuviera el proceso de remediación.

Casualmente, el cálculo de 2.743 millones de dólares requeridos para la remediación de piscinas que fuera presentado por Cabrera, es 150 veces más alto que el presupuesto de 18 millones de dólares requeridos por Petroecuador para realizar este mismo trabajo; este estimativo se basa en un costo unitario extremadamente inflado (más de 36 veces el costo actual de remediación por piscina reportado por Petroecuador), así como un cálculo exagerado del número de piscinas (más de cuatro veces el número actual de piscinas pendientes de remediación en la antigua área de concesión).

Remediación de aguas subterráneas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (3.236 millones de dólares)

Cabrera llega a este monto sin ninguna evidencia que corrobore su valoración de los daños.  No tomó NINGUNA muestra de los ríos, arroyos, pozos, o fuentes de agua potable.  Su puñado de “muestras de aguas subterráneas” supuestamente tomadas en la antigua área de concesión, en realidad provienen de perforaciones hechas dentro del área de las piscinas y de ninguna manera son representativas de lo que los geólogos o hidrólogos considerarían como agua subterránea.

Construcción de un Sistema de Salud: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (480 millones de dólares)

Aunque el tema de salud es un problema extremadamente preocupante en la región debido a la contaminación generalizada del agua de consumo con material fecal, la construcción de un sistema de salud es claramente un asunto que no es de responsabilidad de Chevron.  Más aún, éste nunca ha sido parte del litigio.   Julio Prieto, abogado de los demandantes, subrayó este hecho en una entrevista reciente en Radio Majestad, cuando dijo “en nuestra demanda no hemos incluido ningún pedido en particular sobre el tema de salud”.

Este problema es responsabilidad exclusiva del gobierno del Ecuador, ya que promovió una migración masiva a la región y no suministró los servicios sanitarios más elementales tales como el tratamiento de aguas servidas.

Impactos en las poblaciones indígenas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (430 millones de dólares).

El número poblacional de todos los grupos indígenas de la región ha crecido considerablemente desde el descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana.  Mientras tanto, la deforestación y la incursión de los migrantes a las tierras indígenas fue el resultado directo de la política de colonización del Estado ecuatoriano y no del desarrollo de la actividad petrolera.  Cuando se iniciaron las actividades de explotación petrolera en la década de los 60, la población de la región alcanzaba aproximadamente los 25 mil habitantes, distribuidos básicamente entre nativos y misioneros.  Hoy en día, la región está catalogada como una de las zonas de crecimiento más rápido en el Ecuador, y alberga a más de 300 mil habitantes, quienes, con el auspicio del gobierno,  han convertido a la región selvática en tierras agrícolas.

Construcción de un sistema de agua potable: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (428 millones de dólares).

En la región existen numerosos sistemas de agua potable; sin embargo Cabrera no tomó ninguna muestra de éstos.  De igual manera, Cabrera no tomó muestras en los ríos, arroyos o pozos del sector; por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo afirma que hacen falta más sistemas de agua potable? Pero lo más importante es: ¿Cómo justifica su afirmación de que Chevron debe ser responsabilizado por haber causado un problema en la provisión de agua potable en toda la región, cuando el principal problema radica en la contaminación bacterial del agua y no en una contaminación por hidrocarburos?

Infraestructura de Petroecuador: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (375 millones de dólares)

El gobierno y el Estado ecuatoriano obtuvieron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias durante los 20 años de funcionamiento del anterior consorcio, mientras que  Texaco  Petroleum ganó 490 millones de dólares.  El contrato de la compañía expiró en 1992 y ésta dejó el Ecuador, luego de completar satisfactoriamente un programa de remediación y de llevar a cabo varios programas sociales, así como de mejorar el equipo petrolero, en cumplimiento con un acuerdo con el Estado ecuatoriano.  Durante dos décadas Petroecuador ha sido el operador exclusivo de los campos petroleros incluidos en la antigua área de concesión y ha obtenido el 100 por ciento de un cálculo aproximado de 50 mil millones de ganancias adicionales. Por lo tanto, al haber ganado alrededor 75 mil millones de dólares ¿no debería ser Petroecuador quien mantenga, reemplace y construya su propia infraestructura?

Número excesivo de muertes por cáncer: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (9.527 millones de dólares)

Ni Cabrera ni los abogados de los demandantes han presentado en ninguna ocasión a la Corte de Lago Agrio el nombre de una sola víctima de cáncer; ni un solo informe médico, o certificado de defunción que sustente su reclamo.   Más aún, las estadísticas oficiales de mortalidad por cáncer en el Ecuador no sólo revelan que las aseveraciones de Cabrera son falsas, sino que las tasas de cáncer en la región petrolera son más bajas que en las regiones no productoras de petróleo en el país. Finalmente, la única ocasión en que un abogado de los demandantes presentó demandas concretas por cáncer (ante la Corte Federal de San Francisco), éstas fueron desestimadas luego de que Chevron probara su falsedad.   El abogado, quien también iniciara el caso en Lago Agrio, fue multado con 45 mil dólares y sancionado por haber fabricado tales acusaciones.

Deforestación en la zona de las estaciones, pozos y carreteras: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (875 -1.697 millones de dólares)

El gobierno del Ecuador exigió al consorcio la construcción de carreteras en la región, a fin de facilitar el programa de colonización promovido por el Estado.  Más aún, la extensión total de la red de las actuales operaciones petroleras en la antigua área de concesión asciende aproximadamente a 6,8 kilómetros cuadrados y, si se incluyen las carreteras, ésta alcanza un poco más de 44 kilómetros cuadrados.  Este es un dato importante a considerar pues se trata de un área de concesión con una extensión total de 4.429 kilómetros cuadrados en la que se produjeron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias para la República del Ecuador.

Enriquecimiento ilícito: Compensación sugerida (8.421 millones de dólares)

Los datos del Banco Central del Ecuador verifican que Texaco Petroleum ganó la suma de 490 millones de dólares,  mientras que la República del Ecuador recibió a través de impuestos, regalías, subsidios al mercado interno, dividendos provenientes de la participación mayoritaria de Petroecuador, así como otras rentas, un total aproximado de 25 mil millones de dólares durante los 20 años de duración del consorcio.

Los problemas que se presentan en el trabajo de Cabrera no se limitan a las absurdas recomendaciones que hace para la supuesta solución de los problemas.  Los mismos informes están plagados de errores matemáticos y científicos.  En varias ocasiones simplemente inventa las pruebas; mucha de la “evidencia” fue recolectada con la ayuda del equipo técnico de los mismos demandantes.  Copió en sus informes secciones completas del texto de los expedientes presentados por los demandantes ante la Corte para justificar algunas de sus más descabelladas aseveraciones, tales como sus acusaciones sobre los casos de cáncer, o sus montos estimados para los trabajos de remediación.  Cabrera no hace referencia alguna a la responsabilidad de Petroecuador por los problemas ambientales existentes en la región, a pesar de que la compañía estatal tenía una participación mayoritaria del 62.5% en el antiguo consorcio; tampoco menciona su condición de operador exclusivo de las actividades petroleras en la región por más de 20 años.

Cabrera además, no reconoce la inversión de 40 millones de dólares que realizó Texaco Petroleum en un programa de remediación, el mismo que guarda estricta relación con su tercio de participación en el consorcio.  De igual manera, Cabrera omite mencionar el hecho de que el gobierno y Petroecuador en 1998 otorgaron a la compañía una liberación por toda demanda o reclamo futuro.  Finalmente, el perito nombrado por la Corte no parece darse cuenta de que los demandantes están enjuiciando a Chevron estrictamente por costos de remediación ambiental.  Por lo tanto, uno no puede dejar de preguntarse “¿cómo una corte que cumple con la ley, y que es justa e independiente, puede permitir que tales cálculos y demandas sean tomadas como base para pronunciar una sentencia?”  La respuesta no puede ser otra que  “una corte que cumple con la ley, es justa e independiente, no tomaría en cuenta tales inventos y falacias”.

Los abogados litigantes estadounidenses a cargo del juicio ambiental en el Ecuador  afirman que Chevron, una empresa que nunca operó en el Ecuador, es de alguna manera responsable de la situación actual por  la mala gestión ambiental de Petroecuador. Asimismo, al confrontarse con el desempeño irresponsable de Petroecuador  durante las últimas dos décadas, los abogados reclaman que la contaminación de  Petroecuador es responsabilidad de Chevron porque (tal como lo expresaron ellos) Petroecuador “heredó” un “sistema de producción deficiente” de Texaco Petroleum.

Tales reclamos son absolutamente falsos.

(1)   Está comprobado que Texaco Petroleum, actualmente una subsidiaria de quinto nivel de Chevron, operó en el Ecuador  como un socio minoritario de la empresa estatal Petroecuador. Todas las decisiones del consorcio fueron tomadas conjuntamente por Petroecuador, el gobierno del Ecuador  y Texaco Petroleum. El sistema del que Petroecuador se hizo cargo por completo en 1992 se construyó de acuerdo con las reglamentaciones aplicables ecuatorianas y con las prácticas del sector,  aún vigentes en muchas partes del mundo.

(2)   En las últimas dos décadas, Petroecuador destinó más de mil millones de dólares a duplicar la cantidad de pozos en el área de concesión. A efectos de aumentar la producción de petróleo, Petroecuador ha perforado más de 400 pozos, lo cual representa un costo mayor a $1.200 millones y realizó miles de remodelaciones (250 a un costo aproximado de $170.000 cada uno en 2009). Sin embargo, Petroecuador gastó poco en prevención contra corrosión y en mantenimiento, tareas que son clave para prevenir los derrames de petróleo. También continúan utilizando pozos sin revestir, habiendo construido al menos 270 pozos (más del 90% de estos están ubicados en la antigua área de concesión) en los últimos tres años.

A principios de los 90, después de que el gobierno del Ecuador  tomó la decisión de no renovar el contrato de concesión, Texaco Petroleum gastó $40 millones en la remediación de su participación en las operaciones del consorcio. En ese entonces, el gobierno del Ecuador dio por finalizada esta remediación y liberó a Texaco de responsabilidad ante cualquier reclamo futuro. Petroecuador ha reconocido reiteradamente que era su responsabilidad remediar el resto de los yacimientos en el área de concesión incluidos “todos los pozos.”

Desde que asumió el control total de las operaciones de los yacimientos petrolíferos de Oriente, las operaciones de Petroecuador han generado más de 1.200 millones de barriles de petróleo crudo y 260 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa un valor de mercado de más de $57.000 millones. Mientras que la empresa ha destinado recientemente más de mil millones de dólares a perforar nuevos pozos para maximizar las utilidades del petróleo, han destinado poco dinero a la remediación ambiental y a los proyectos socioeconómicos en el área. La falta de gasto destinado al mantenimiento y adecuadas medidas preventivas contra los derrames ha dado como consecuencia flujos y oleoductos colapsados, lo cual generó un registro deplorable de derrames de petróleo.

A pesar de la constante contaminación de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación de Oriente. Cuando Petroecuador comenzó a remediación los pozos en el2006, el Frente de Defensa de la Amazonía exigió que la empresa detuviera sus planes de remediación tan esperados ya que estos esfuerzos estaban “alterando el juicio.”

Si bien los abogados litigantes de los Estados Unidos y sus socios constantemente describieron la mala gestión ambiental de Petroecuador como responsabilidad de Chevron, no cabe duda de que no es así. Los hechos son claros – Texaco Petroleum actuó con responsabilidad y realizó la remediación  de la parte que le correspondía por el consorcio hace años, mientras que el gobierno del Ecuador  y Petroecuador han preferido sacar rédito de la administración ambiental.

Se está acusando a Chevron de una situación que es de exclusiva responsabilidad del gobierno ecuatoriano y de Petroecuador.

Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, fue el socio mayoritario en el consorcio con Texaco Petroleum. Hoy, Petroecuador aún posee y opera los yacimientos petrolíferos en la antigua área de Concesión como así también otros yacimientos en el Amazonas. Petroecuador se hizo cargo de las operaciones del consorcio en 1990 y se transformó en el único propietario de los yacimientos y de las instalaciones de dicho consorcio cuando el contrato de concesión de Texaco Petroleum venció en 1992. Desde ese momento, Petroecuador ha desempeñado una mala administración operativa y ambiental, ampliamente evidente por varias razones; entre ellas una corrupción muy generalizada, falta de inversión en equipos e instalaciones, así como también un deficiente mantenimiento y numerosos derrames.

El antecedente ambiental de Petroecuador es alarmante. La empresa ha sido responsable de más de 1.400 derrames entre 2000 y 2008.  De acuerdo con informes de los medios, Petroecuador derramó más de 4,4 millones de galones de petróleo en yacimientos de almacenaje y de producción de petróleo, junto a varios oleoductos.

Entretanto, Petroecuador aumentó en gran medida la superficie ocupada de las operaciones de petróleo dentro de los anteriores yacimientos del consorcio. Por ejemplo, la empresa ha perforado más de 400 pozos nuevos desde que se hizo cargo de las operaciones, a diferencia del consorcio que perforó 321 pozos. Asimismo, Petroecuador construyó más de 270 nuevos pozos de reserva en los últimos tres años. Al mismo tiempo, la empresa ignoró totalmente sus obligaciones para remediar su parte de las operaciones del consorcio de acuerdo con el contrato de remediación con Texaco Petroleum.

Vea una galería de fotos o mire un video de la mala gestión ambiental de Petroecuador.

A pesar del pésimo historial ambiental de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación  de Oriente, y los demandantes y sus abogados nunca han entablado una acción judicial contra la empresa petrolera estatal. Al contrario, Petroecuador se beneficiará, directa o indirectamente, más que cualquier otra entidad ecuatoriana si el costo de la remediación general se transfiere a Chevron por:

• Obligar a Chevron a pagar el trabajo de remediación que es, sin duda alguna, responsabilidad y obligación de Petroecuador: conforme al Acuerdo de Conciliación y Liberación definitiva celebrado por Texaco Petroleum, el gobierno del Ecuador  y Petroecuador; además,  es el único propietario y operador de los anteriores yacimientos del consorcio durante las últimas dos décadas.

• Solicitar a Chevron el reacondicionamiento y actualización de la infraestructura deteriorada de Petroecuador, a pesar de que Texaco Petroleum ha transferido todos los bienes a Petroecuador en óptimas condiciones operativas hace casi 20 años y no ha tenido ni voz ni voto en ninguna de las decisiones operativas de Petroecuador desde 1992.

Vea las fotos de las operaciones de Petroecuador en el Ecuador:

El poder judicial del Ecuador no es justo y está muy lejos de ser independiente.

Desde que asumió el cargo en enero de 2007, el presidente Correa ha consolidado su poder en todo El Ecuador, incluyendo los organismos políticos, financieros y los medios.

Correa consolidó el poder político cuando la Asamblea Constituyente, dominada por su partido político: Alianza PAIS, redactó una nueva constitución, disolvió el Congreso Nacional y anunció que sus decisiones estaban por encima de cualquier otro fallo del poder judicial.

Entonces profirió la siguiente amenaza: que  “[j]Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente” y desde entonces dejó claro que esta amenaza alcanza a los jueces que fallen en contra de los intereses del Estado.

Correa afirma que “el Poder Ejecutivo sí podría ejercer presión sobre el Poder Judicial” para exigir a los organismos de justicia a que “respondan a las necesidades del país” y que, en su carácter de Presidente, “no es sólo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el  Poder Judicial”.

Correa también ha cancelado los contratos de las empresas extranjeras y confiscado sus activos; a la vez que extinguía sus posibilidades de lograr una resolución justa de las disputas, cuando rechaza la jurisdicción de los tribunales arbitrales internacionales y se rehusó a acatar sus fallos. También ha tomado medidas para controlar a los medios, que Correa considera como “instrumentos corruptos de la oligarquía” y el principal “enemigo del cambio”, entre las que se encuentran la amenaza de revocar cientos de licencias de radio y televisión debido a supuestas “irregularidades.”

Existen pruebas, si volvemos a administraciones anteriores, de que los abogados que representan a los demandantes de Lago Agrio y el gobierno del Ecuador están trabajando juntos para asegurarse una sentencia contra Chevron en el juicio de Lago Agrio. La administración de Correa ha mantenido y fomentado este acuerdo, por lo que la causa contra Chevron pasó de ser una cuestión legal a una política.

El gobierno del Ecuador podría beneficiarse ampliamente con un fallo contra Chevron, que lo absolvería de sus propias obligaciones de remediación y daría como resultado la transferencia de una enorme cantidad de dinero a El Ecuador (el dictamen propuesto de USD27.000 millones representa la mitad del PIB del Ecuador). Políticamente, el caso Lago Agrio distrae la atención y aleja la responsabilidad por las condiciones ambientales de Petroecuador y permite que Correa culpe a Chevron de todos los males sociales de Oriente.

Correa ha prejuzgado la responsabilidad de Chevron en el caso públicamente, incluso adoptó la postura infundada y sumamente ofensiva de que Texaco Petroleum era culpable de “delitos contra la humanidad”. El Fiscal General de la Nación confirmó que “la posición del gobierno de Correa en el caso es clara: ‘La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron, no las de Petroecuador’”.

Correa ha colocado el respaldo del gobierno en los demandantes, incluso les ofreció “ayuda para reunir las pruebas” contra Chevron. En abril de 2007, sólo unos meses después de haber asumido su cargo, el presidente Correa hizo junto con los medios una visita a la Amazonía; acompañado por los abogados y representantes de los demandantes, en el que se refirió al abogado de los demandantes Pablo Fajardo y a Luis Yanza, líder del Frente de Defensa de la Amazonía como “héroes reales … que han luchado por años por su gente, su Amazonía”. También se refirió en varias oportunidades a Fajardo y Yanza como “nuestros compañeros” y sus “queridos amigos” en la prensa nacional ecuatoriana.

Correa ha apelado al Fiscal General de la Nación para que inicie una causa penal contra los abogados de Chevron que firmaron la conciliación y los acuerdos de exoneración de responsabilidad en nombre de Texaco Petroleum. Los dos Fiscales Generales anteriores del gobierno de Correa exigieron que los cargos penales fueran desestimados en tres ocasiones distintas. Sin embargo, el siguiente que fue nombrado en el cargo, Washington Pesántez, entonces formuló cargos infundados a pesar de las tres opiniones anteriores de que los cargos debían ser desestimados, sin apuntar a ninguna prueba nueva y sin perjuicio de su opinión anterior, como Fiscal de Distrito, que no había encontrado prueba alguna para respaldar los cargos penales y había confirmado la recomendación de desestimar la demanda penal.

Recientemente, el asesor de legal de Correa, Alex Mera, y la su hermana Pierina Correa, están implicados en una trama de sobornos por USD 3 millones dirigidos a garantizar los contratos de remediación que serían consecuencia de una sentencia contra Chevron por parte de uno de los organizadores del ardid, Patricio García, quien afirmó ser un operador político para el partido gobernante Alianza PAIS. García también afirmó durante una de las reuniones grabadas en video que los abogados del ejecutivo serían enviados a Lago Agrio para ayudar al Juez Núñez (que también estaba implicado en la trama) a redactar la sentencia.

Luego de que la trama de sobornos fue revelada, Correa confirmó su alianza con los demandantes una vez más y manifestó de manera inequívoca “por supuesto quiero que nuestros compañeros indígenas ganen”. Y como otra prueba más del control del gobierno sobre la causa judicial, a pesar de las repetidas afirmaciones de que el gobierno no tiene ningún papel en este juicio, el Fiscal General Washington Pesántez anunció que ha solicitado al juez Núñez excusarse de continuar en el juicio para “garantizar que el fallo ya no se demore más” y para no permitir que Chevron “evite pagar la indemnización por daños y perjuicios que creemos es más que justa, porque ocasionó mucho daño a nuestro país”. Pesántez confirmó luego que el 90% [de cualquier sentencia contra Chevron] iría a manos del Estado para llevar a cabo actividades de remediación y bioremediación”.

“Desde que se fue Texaco, Petro[Ecuador] produjo más daño y  muchos más desastes que Texaco.”
– Pablo Fajardo, miembro del equipo legal de los demandantes

Siempre nos preguntamos por qué los abogados litigantes de EE.UU. en el juicio ecuatoriano del Amazonas en contra de Chevron eligen demandar a Texaco, el socio minoritario del consorcio que lanzó el sector de energía del país, y  no a Petroecuador. Después de todo, Petroecuador, la compañía petrolera estatal, fue el socio mayoritario y 100% responsable de la producción de petróleo en el área de concesión a partir de 1992.

Ésta es la razón.

De acuerdo con las fuentes de noticias ecuatorianas, los abogados de los demandantes en el juicio contra Chevron prometieron al gobierno de Quito que no demandarían a Petroecuador, la compañía petrolera estatal de Ecuador por el daño ambiental en el Amazonas.

El abogado Cristobal Bonifaz, uno de los artífices del juicio, ha garantizado por escrito al gobierno de Ecuador que Petroecuador se evitaría un juicio, si los funcionarios del gobierno ejercieran su influencia respaldando a los demandantes.

En una entrevista de 1997 publicada en el periódico ecuatoriano Hoy, Bonifaz dijo que “No hay razón para que el Gobierno se preocupe porque los demandantes y sus abogados han asumido en documentos legales no demandar al Gobierno si ultimadamente este asevera ser responsable, conjuntamente con Texaco, del daño ambiental causado.”

Una semana después, Bonifaz le dijo a un periódico ecuatoriano El Comercio, “Presenté documentos certificados al Fiscal General que confirman el compromiso de los pueblos indígenas de abstenerse de demandar al Gobierno.”

Sin embargo, ninguno de los abogados de los demandantes ha informado este acuerdo, ni ha presentado  los documentos al Tribunal Supremo de Nueva Loja, el cual está supervisando el juicio actual. Tampoco los abogados de Chevron han podido obtener una copia de dicho acuerdo.

En lugar de enfrentar a Texaco Petroleum y Petroecuador, los abogados litigantes de EE.UU. trataron de demandar solamente a Chevron por daños ambientales ocasionados en Ecuador por Texaco (adquirida por Chevron en 2001). Además, a sabiendas, descartan la contaminación constante y el mal manejo ambiental de Petroecuador.

Mientras tanto, el caso en Ecuador ha sido deteriorado por la excesiva interferencia del gobierno – interferencia que ha instigado a una advertencia por parte de los representantes comerciales del gobierno estadounidense.