El 20 de abril 2010 Karen Hinton, publicista del Frente, respondió a un editorial del Washington Times, crítico de la mala conducta de los abogados demandantes, diciendo: “los resultados de contaminación que la propia Chevron presentó ante la Corte Ecuatoriana muestran niveles ilegales de contaminación, peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, en los mismos sitios que Texaco dijo que había limpiado”. Esta declaración es falsa:

1. Existe evidencia científica abrumadora que demuestra que la remediación de Texaco Petroleum fue efectiva y que cumple con los estándares aplicables establecidos por el Gobierno del Ecuador al momento de la remediación.
2. El análisis científico independiente de todos los sitios remediados, realizados por  técnicos que trabajan para el gobierno del Ecuador en el momento de la limpieza, corrobora aún más la eficacia de la remediación.
3. Tras la remediación, los Fiscales Generales del Ecuador cuyas funciones pertenecieron a dos administraciones distintas, encargaron evaluaciones científicas adicionales en los sitios remediados por Texaco Petroleum. En ambos casos, los resultados científicos demuestran que la remediación de Texaco reunió y cumplió con los estándares aplicables.

Como base para sus reclamos, los abogados demandantes señalan un estándar de 1.000 partes por millón (ppm) de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en el Decreto 1215, un reglamento promulgado por el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador en 2001. Aunque el Decreto 1215 fue destinado a regir los aspectos medioambientales de la producción de hidrocarburos, la Constitución ecuatoriana prohíbe la aplicación injusta y retroactiva de una norma de 2001 a una remediación completada en 1998. Por otra parte, el estándar de 1.000 ppm sólo puede ser aplicada al “patrimonio nacional de áreas naturales u otras áreas identificadas por su estudio ambiental correspondiente” – parques nacionales u otras zonas designadas como zonas protegidas. De ninguna manera los campos petrolíferos remediados entran en esta definición. Además, ni siquiera Petroecuador, la petrolera estatal del Ecuador, utiliza este estándar. Actualmente Petroecuador remedia por debajo de 2.500 ppm TPH (estándar de las tierras agrícolas del Decreto 1215) con el pleno consentimiento del Gobierno del Ecuador.

Al tratar de desviar la atención pública lejos de su propia mala conducta, el Frente y sus abogados están tratando de ocultar la verdad, reforzando su reputación de ser una fuente fácil de información falsa. De hecho, en lugar de explicar por qué los abogados del Frente presentaron informes falsificados a la Corte en Lago Agrio, la Sra. Hinton se pregunta por qué el ex-perito de los demandantes, el Dr. Charles Calmbacher, quien antes de su reciente declaración no sabía que los abogados demandantes habían presentado informes fabricados con su nombre, “espera 6 años para hablar”. Los hechos les resultan incómodos, y es hora de que los abogados con honorarios que están detrás del Frente pongan fin a su juego de distracción y respondan por su mala conducta en Lago Agrio.

En primer lugar, debemos considerar la manera en que se origina;  la cifra de  27 mil millones de dólares fue presentada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas que carece de la experiencia necesaria en remediación petrolera.  Cabrera fue nombrado por la Corte para evaluar un probable daño ambiental en la antigua área de la concesión del consorcio Petroecuador-Texaco, y de probarse su existencia, determinar la causa y los trabajos requeridos para remediar tal daño.  Además de no estar debidamente calificado para realizar esta tarea, Cabrera ignoró las instrucciones de la Corte y, de manera indebida, excedió el alcance de sus funciones al inventar categorías de daños que no guardan relación ni con los temas incluidos en la demanda, ni con la remediación ambiental.    Como es lógico suponer, su nombramiento fue ampliamente apoyado por los representantes de los demandantes, quiénes en última instancia, pagaron a Cabrera directamente más de  200.000 dólares por su trabajo, aunque se suponía que Cabrera estaba trabajando para la Corte como perito “independiente”.  Sin embargo, quizás aún más sorprendente es el hecho de que Cabrera estableció su equipo técnico con representantes de los demandantes y que partes de su “informe independiente” fueron desarrolladas por organizaciones afines a los demandantes [clic aqui] y [aqui].

A continuación se presenta un desglose del fraude realizado por Cabrera:

Remediación de piscinas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (2.743 millones de dólares)

Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad por la remediación de todas las piscinas petroleras que guardan relación con sus casi 40 años de operaciones en el Oriente ecuatoriano, incluyendo todas las piscinas pendientes de remediación que se encuentran en la antigua área de la concesión.   En 2005 Petroecuador inició un programa de remediación a un costo de 121 millones de dólares, al que se denominó Proyecto de Eliminación de Piscinas en el Distrito Amazónico (PEPDA), con el fin de completar el cierre de todas las piscinas y áreas de derrame, así como otras áreas afectadas, de conformidad con los estándares y regulaciones vigentes en el Ecuador en el 2010.  A diciembre de 2007, el PEPDA había iniciado y/o completado la remediación de más del 40% de las 370 piscinas abiertas que habían sido identificadas en la antigua área de concesión y que fueran inspeccionadas y aprobadas por  la Dirección Nacional de Protección Ambiental, DINAPA, la agencia gubernamental regulatoria.    Bajo un nuevo programa denominado Unidad de Mitigación y Remediación UMR, un programa sucesor del PEPDA, Petroecuador mantiene su compromiso de completar la remediación de todas las piscinas y áreas de derrame en el Oriente ecuatoriano en los próximos años.

En el caso de Chevron, los demandantes afirman que las piscinas petroleras de la región oriental constituyen un grave riesgo para los residentes en la localidad y para el medio ambiente, y exigen que Chevron, cuya subsidiaria Texaco Petroleum fue socia minoritaria de Petroecuador hace más de 20 años, pague a los demandantes los costos de remediación.  Sin embargo, los demandantes no consideran que estas mismas piscinas ya han sido remediadas por Petroecuador o que serán remediadas en un futuro próximo por la compañía estatal petrolera ecuatoriana.  De hecho, Pablo Fajardo, el principal abogado de los demandantes, ha protestado por el programa de limpieza de Petroecuador, aduciendo que “está modificando el juicio” y “ocultando” evidencia.  En octubre de 2007, Fajardo envió una carta formal a la Corte, en la que exigía que se detuviera el proceso de remediación.

Casualmente, el cálculo de 2.743 millones de dólares requeridos para la remediación de piscinas que fuera presentado por Cabrera, es 150 veces más alto que el presupuesto de 18 millones de dólares requeridos por Petroecuador para realizar este mismo trabajo; este estimativo se basa en un costo unitario extremadamente inflado (más de 36 veces el costo actual de remediación por piscina reportado por Petroecuador), así como un cálculo exagerado del número de piscinas (más de cuatro veces el número actual de piscinas pendientes de remediación en la antigua área de concesión).

Remediación de aguas subterráneas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (3.236 millones de dólares)

Cabrera llega a este monto sin ninguna evidencia que corrobore su valoración de los daños.  No tomó NINGUNA muestra de los ríos, arroyos, pozos, o fuentes de agua potable.  Su puñado de “muestras de aguas subterráneas” supuestamente tomadas en la antigua área de concesión, en realidad provienen de perforaciones hechas dentro del área de las piscinas y de ninguna manera son representativas de lo que los geólogos o hidrólogos considerarían como agua subterránea.

Construcción de un Sistema de Salud: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (480 millones de dólares)

Aunque el tema de salud es un problema extremadamente preocupante en la región debido a la contaminación generalizada del agua de consumo con material fecal, la construcción de un sistema de salud es claramente un asunto que no es de responsabilidad de Chevron.  Más aún, éste nunca ha sido parte del litigio.   Julio Prieto, abogado de los demandantes, subrayó este hecho en una entrevista reciente en Radio Majestad, cuando dijo “en nuestra demanda no hemos incluido ningún pedido en particular sobre el tema de salud”.

Este problema es responsabilidad exclusiva del gobierno del Ecuador, ya que promovió una migración masiva a la región y no suministró los servicios sanitarios más elementales tales como el tratamiento de aguas servidas.

Impactos en las poblaciones indígenas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (430 millones de dólares).

El número poblacional de todos los grupos indígenas de la región ha crecido considerablemente desde el descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana.  Mientras tanto, la deforestación y la incursión de los migrantes a las tierras indígenas fue el resultado directo de la política de colonización del Estado ecuatoriano y no del desarrollo de la actividad petrolera.  Cuando se iniciaron las actividades de explotación petrolera en la década de los 60, la población de la región alcanzaba aproximadamente los 25 mil habitantes, distribuidos básicamente entre nativos y misioneros.  Hoy en día, la región está catalogada como una de las zonas de crecimiento más rápido en el Ecuador, y alberga a más de 300 mil habitantes, quienes, con el auspicio del gobierno,  han convertido a la región selvática en tierras agrícolas.

Construcción de un sistema de agua potable: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (428 millones de dólares).

En la región existen numerosos sistemas de agua potable; sin embargo Cabrera no tomó ninguna muestra de éstos.  De igual manera, Cabrera no tomó muestras en los ríos, arroyos o pozos del sector; por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo afirma que hacen falta más sistemas de agua potable? Pero lo más importante es: ¿Cómo justifica su afirmación de que Chevron debe ser responsabilizado por haber causado un problema en la provisión de agua potable en toda la región, cuando el principal problema radica en la contaminación bacterial del agua y no en una contaminación por hidrocarburos?

Infraestructura de Petroecuador: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (375 millones de dólares)

El gobierno y el Estado ecuatoriano obtuvieron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias durante los 20 años de funcionamiento del anterior consorcio, mientras que  Texaco  Petroleum ganó 490 millones de dólares.  El contrato de la compañía expiró en 1992 y ésta dejó el Ecuador, luego de completar satisfactoriamente un programa de remediación y de llevar a cabo varios programas sociales, así como de mejorar el equipo petrolero, en cumplimiento con un acuerdo con el Estado ecuatoriano.  Durante dos décadas Petroecuador ha sido el operador exclusivo de los campos petroleros incluidos en la antigua área de concesión y ha obtenido el 100 por ciento de un cálculo aproximado de 50 mil millones de ganancias adicionales. Por lo tanto, al haber ganado alrededor 75 mil millones de dólares ¿no debería ser Petroecuador quien mantenga, reemplace y construya su propia infraestructura?

Número excesivo de muertes por cáncer: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (9.527 millones de dólares)

Ni Cabrera ni los abogados de los demandantes han presentado en ninguna ocasión a la Corte de Lago Agrio el nombre de una sola víctima de cáncer; ni un solo informe médico, o certificado de defunción que sustente su reclamo.   Más aún, las estadísticas oficiales de mortalidad por cáncer en el Ecuador no sólo revelan que las aseveraciones de Cabrera son falsas, sino que las tasas de cáncer en la región petrolera son más bajas que en las regiones no productoras de petróleo en el país. Finalmente, la única ocasión en que un abogado de los demandantes presentó demandas concretas por cáncer (ante la Corte Federal de San Francisco), éstas fueron desestimadas luego de que Chevron probara su falsedad.   El abogado, quien también iniciara el caso en Lago Agrio, fue multado con 45 mil dólares y sancionado por haber fabricado tales acusaciones.

Deforestación en la zona de las estaciones, pozos y carreteras: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (875 -1.697 millones de dólares)

El gobierno del Ecuador exigió al consorcio la construcción de carreteras en la región, a fin de facilitar el programa de colonización promovido por el Estado.  Más aún, la extensión total de la red de las actuales operaciones petroleras en la antigua área de concesión asciende aproximadamente a 6,8 kilómetros cuadrados y, si se incluyen las carreteras, ésta alcanza un poco más de 44 kilómetros cuadrados.  Este es un dato importante a considerar pues se trata de un área de concesión con una extensión total de 4.429 kilómetros cuadrados en la que se produjeron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias para la República del Ecuador.

Enriquecimiento ilícito: Compensación sugerida (8.421 millones de dólares)

Los datos del Banco Central del Ecuador verifican que Texaco Petroleum ganó la suma de 490 millones de dólares,  mientras que la República del Ecuador recibió a través de impuestos, regalías, subsidios al mercado interno, dividendos provenientes de la participación mayoritaria de Petroecuador, así como otras rentas, un total aproximado de 25 mil millones de dólares durante los 20 años de duración del consorcio.

Los problemas que se presentan en el trabajo de Cabrera no se limitan a las absurdas recomendaciones que hace para la supuesta solución de los problemas.  Los mismos informes están plagados de errores matemáticos y científicos.  En varias ocasiones simplemente inventa las pruebas; mucha de la “evidencia” fue recolectada con la ayuda del equipo técnico de los mismos demandantes.  Copió en sus informes secciones completas del texto de los expedientes presentados por los demandantes ante la Corte para justificar algunas de sus más descabelladas aseveraciones, tales como sus acusaciones sobre los casos de cáncer, o sus montos estimados para los trabajos de remediación.  Cabrera no hace referencia alguna a la responsabilidad de Petroecuador por los problemas ambientales existentes en la región, a pesar de que la compañía estatal tenía una participación mayoritaria del 62.5% en el antiguo consorcio; tampoco menciona su condición de operador exclusivo de las actividades petroleras en la región por más de 20 años.

Cabrera además, no reconoce la inversión de 40 millones de dólares que realizó Texaco Petroleum en un programa de remediación, el mismo que guarda estricta relación con su tercio de participación en el consorcio.  De igual manera, Cabrera omite mencionar el hecho de que el gobierno y Petroecuador en 1998 otorgaron a la compañía una liberación por toda demanda o reclamo futuro.  Finalmente, el perito nombrado por la Corte no parece darse cuenta de que los demandantes están enjuiciando a Chevron estrictamente por costos de remediación ambiental.  Por lo tanto, uno no puede dejar de preguntarse “¿cómo una corte que cumple con la ley, y que es justa e independiente, puede permitir que tales cálculos y demandas sean tomadas como base para pronunciar una sentencia?”  La respuesta no puede ser otra que  “una corte que cumple con la ley, es justa e independiente, no tomaría en cuenta tales inventos y falacias”.

Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, fue el socio mayoritario en el consorcio con Texaco Petroleum. Hoy, Petroecuador aún posee y opera los yacimientos petrolíferos en la antigua área de Concesión como así también otros yacimientos en el Amazonas. Petroecuador se hizo cargo de las operaciones del consorcio en 1990 y se transformó en el único propietario de los yacimientos y de las instalaciones de dicho consorcio cuando el contrato de concesión de Texaco Petroleum venció en 1992. Desde ese momento, Petroecuador ha desempeñado una mala administración operativa y ambiental, ampliamente evidente por varias razones; entre ellas una corrupción muy generalizada, falta de inversión en equipos e instalaciones, así como también un deficiente mantenimiento y numerosos derrames.

El antecedente ambiental de Petroecuador es alarmante. La empresa ha sido responsable de más de 1.400 derrames entre 2000 y 2008.  De acuerdo con informes de los medios, Petroecuador derramó más de 4,4 millones de galones de petróleo en yacimientos de almacenaje y de producción de petróleo, junto a varios oleoductos.

Entretanto, Petroecuador aumentó en gran medida la superficie ocupada de las operaciones de petróleo dentro de los anteriores yacimientos del consorcio. Por ejemplo, la empresa ha perforado más de 400 pozos nuevos desde que se hizo cargo de las operaciones, a diferencia del consorcio que perforó 321 pozos. Asimismo, Petroecuador construyó más de 270 nuevos pozos de reserva en los últimos tres años. Al mismo tiempo, la empresa ignoró totalmente sus obligaciones para remediar su parte de las operaciones del consorcio de acuerdo con el contrato de remediación con Texaco Petroleum.

Vea una galería de fotos o mire un video de la mala gestión ambiental de Petroecuador.

A pesar del pésimo historial ambiental de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación  de Oriente, y los demandantes y sus abogados nunca han entablado una acción judicial contra la empresa petrolera estatal. Al contrario, Petroecuador se beneficiará, directa o indirectamente, más que cualquier otra entidad ecuatoriana si el costo de la remediación general se transfiere a Chevron por:

• Obligar a Chevron a pagar el trabajo de remediación que es, sin duda alguna, responsabilidad y obligación de Petroecuador: conforme al Acuerdo de Conciliación y Liberación definitiva celebrado por Texaco Petroleum, el gobierno del Ecuador  y Petroecuador; además,  es el único propietario y operador de los anteriores yacimientos del consorcio durante las últimas dos décadas.

• Solicitar a Chevron el reacondicionamiento y actualización de la infraestructura deteriorada de Petroecuador, a pesar de que Texaco Petroleum ha transferido todos los bienes a Petroecuador en óptimas condiciones operativas hace casi 20 años y no ha tenido ni voz ni voto en ninguna de las decisiones operativas de Petroecuador desde 1992.

Vea las fotos de las operaciones de Petroecuador en el Ecuador:

Una de las cuestiones más importantes en materia de salud en la región Oriente no está relacionada con el producto de las operaciones petroleras, pero sí con la falta de infraestructura del tratamiento del agua, de una adecuada infraestructura sanitaria y un acceso eficiente a la atención médica.  (Leer sobre Las operaciones pasadas y cuestiones de la salud de Texaco Petroleum.)

Muestras de agua potable tomadas durante inspecciones ordenadas por el tribunal de pozos remediados por Texaco Petroleum arrojaron altos niveles de contaminación bacterianas de residuos humanos o animales en un 90 por ciento de las muestras, lo cual indica contaminación infecciosa generalizada de las fuentes de agua.

Si bien las muestras contenían un alto nivel de contaminación infecciosa, los resultados indicaron pocas pruebas de contaminación proveniente del petróleo. Las inspecciones ordenadas por el tribunal, llegaron a la conclusión de que el 98 por ciento de las muestras de agua superficial y el 99 por ciento de las de agua potable cumplen con los estándares internacionales de agua potable, en materia de hidrocarburos de petróleo. Esas pocas muestras que indican los impactos provocados por el petróleo son de áreas en donde las operaciones de Petroecuador han provocado la contaminación.

El gobierno del Ecuador no cumplió con su obligación de remediar el impacto ambiental que ha generado, menos aún de modernizar o incluso mantener sus instalaciones para mitigar futuros impactos. El gobierno tampoco se encargó de un tratamiento de las aguas residuales en la región, las cuales desembocan directamente en los arroyos y ríos; en los que las comunidades locales utilizan para bañarse o beber. En consecuencia, muchos residentes rurales no tienen acceso al agua potable.

Como era de esperar, los abogados de los demandantes no mencionaron que trataban de aplicar los estándares de remediación aprobados en 2001, tres años después de que el trabajo de remediación de Texaco Petroleum fuera terminado y certificado por el gobierno de Ecuador.

Para respaldar su argumento, los abogados hacen referencia al estándar de 2001, según lo establecido en el Decreto 1215 de las normas ambientales del Ministerio de Ambiente de Ecuador, el cual tiene la misión de regir los aspectos ambientales de la producción de hidrocarburos. Un punto importante para destacar es que la constitución ecuatoriana prohíbe la aplicación retroactiva de la ley de 2001.

No obstante, los abogados de los demandantes apuntan a las 1.000 partes por millón (ppm) de hidrocarburos totales de petróleo total (TPH), según lo contemplado en el Decreto 1215, como la base de sus declaraciones. Este estándar no solo es inaplicable en forma retroactiva, sino que únicamente se puede aplicar a “áreas naturales que son patrimonio nacional y otras identificadas en un estudio ambiental correspondiente”; esto es a un parque nacional o área protegida designada. En ningún momento las zonas remediadas fueron designadas como parques nacionales. Además, Petroecuador, actualmente realiza remediaciones por debajo de las 2.500 ppm TPH (el estándar de las tierras agrícolas contemplado en la normativa 1215) con la aprobación total del gobierno de Ecuador.

El trabajo de remediación que realizó Texaco fue y es coherente con lo exigido por el gobierno de Ecuador. Se ha demostrado en forma concluyente que los yacimientos remediados por Texaco no representan ninguna amenaza a la salud humana ni al ambiente. Lamentablemente, los abogados de los demandantes se han metido en el ejercicio de tergiversar no sólo los estándares vigentes en ese momento, sino también aquellos que rigen el trabajo de remediación actual de Petroecuador. Asimismo, inventan nuevos estándares de remediación (100 ppm TPH) que no se exigen a nadie en Ecuador  con el objeto de confundir al público, a los medios y al tribunal, en busca de beneficios económicos personales.

HECHOS:
Los abogados litigantes de EE.UU. en el juicio contra Chevron argumentan que sus clientes nunca dieron el visto bueno a la remediación de Texaco Petroleum, por lo que les brinda la posibilidad de demandar a la compañía.

Sin embargo, el Sr. Donziger no menciona que este no es el caso, debido a que la reparación fue realizada en tierras del estado y fue controlada y aprobada en nombre de los demandantes, y en el de todos los ciudadanos ecuatorianos, por parte de los funcionarios de Ecuador. De acuerdo con la ley, los funcionarios ecuatorianos representan a todos los ciudadanos, ya que de lo contrario toda eximición de responsabilidad habría requerido que cada ciudadano ecuatoriano de su consentimiento. El Sr. Donzinger tampoco menciona que ninguno de sus 48 clientes ha iniciado demandas por lesiones personales o daños materiales.

Cuando la concesión de la producción de petróleo entre Texaco Petroleum y Petroecuador finalizó en 1992, Texaco Petroleum acordó llevar a cabo un programa de reparación de USD 40 millones en los yacimientos que contaba con la conformidad de ambas partes y del gobierno de Ecuador.

Durante la remediación, docenas de inspectores del gobierno, personal de laboratorio y representantes del Estado controlaron dicha reparación y exoneraron por completo a Texaco Petroleum y a todas sus subsidiarias y personal directivo de cualquier otra responsabilidad ambiental.

Asimismo, en 1996, se llegó a un acuerdo en cuatro juicios diferentes por daño ambiental que habían sido iniciados en 1994 por las municipales de Joya de los Sachas, Shushufindi, Lago Agrio y Orellana. Las jurisdicciones de estas municipalidades abarcan toda el área de la antigua concesión. Los cuatro acuerdos fueron aprobados por los tribunales ecuatorianos poniendo fin a todo otro reclamo ambiental futuro sobre estos territorios que están bajo la jurisdicción de dichas municipalidades.

Haga clic sobre el mapa para ampliar la imagen:

En aquel momento, conforme a la ley ecuatoriana, sólo el gobierno tenía el derecho de iniciar acciones por impacto ambiental en las tierras pertenecientes al Estado en donde se realizaban operaciones petroleras. Otro problema para el Sr. Donzinger y sus colegas fue que no podían iniciar una acción de clase al estilo estadounidense, ya que esta figura no existe en el sistema jurídico ecuatoriano. Por tal motivo, según los informes de la prensa, presionaron a la legislatura de Ecuador y convencieron a los funcionarios de redactar una nueva ley que permitiera a los particulares iniciar acciones colectivas en concepto de daños, cuando exista daño ambiental. En 1999, un año después de que Texaco Petroleum finalizó la reparación y fue exonerado de responsabilidad por parte del gobierno, se aprobó la Ley de Gestión Ambiental.

Aún así, esta ley de 1999 no puede aplicarse retroactivamente a un asunto que ya fue resuelto por completo con el gobierno de Ecuador. Además, la ley no otorga a los clientes del Sr. Donzinger ni a ninguna otra persona “el derecho” de demandar, de manera ilimitada, por daño ambiental. Este “derecho” solamente puede ejercerse, si los demandantes han sufrido un daño directo (los 48 demandantes no han demostrado haber sufrido tal daño ni lo han reclamado así). En consecuencia, los demandantes están tratando de aplicar indebidamente la Ley de Gestión Ambiental de 1999 en un intento por exigir sin derecho alguno un acuerdo a Chevron.

]]> http://www.theamazonpost.com/es/news/who-signed-off-on-texaco%e2%80%99s-remediation/feed 0 http://www.theamazonpost.com/es/news/ecuador-government-signed-off-on-texaco-cleanup-in-1998 http://www.theamazonpost.com/es/news/ecuador-government-signed-off-on-texaco-cleanup-in-1998#comments Tue, 09 Jun 2009 22:47:27 +0000 Chevron Ecuador http://www.theamazonpost.com/?p=487 FALSEDADES:
“La caracterización errónea de Chevron de las pruebas en su contra en Ecuador es un ejemplo claro de la insensibilidad ante el sufrimiento humano y de la falta de cumplimiento de las obligaciones legales de la compañía.” – Comunicado de Prensa del Frente de Defensa de la Amazonía: 4/6/09

HECHOS:
No hay duda de que la gente de la región de Oriente enfrenta una serie de desafíos respecto de la salud en su comunidad. Sin embargo, están siendo engañados por los abogados litigantes y activistas que han iniciado este juicio.

Las principales inquietudes en materia de salud en la región de Oriente no son consecuencia de las operaciones petroleras, sino que están relacionadas con la falta de infraestructura de tratamiento del agua, la falta de infraestructura sanitaria y el acceso inadecuado a la atención médica. La gente de dicha región, como la de las otras áreas de Ecuador, está padeciendo la carencia de una infraestructura municipal adecuada de servicios esenciales, como agua potable y el tratamiento de aguas residuales.

La verdad es que los demandantes no han presentado ninguna prueba médica para fundamentar sus acusaciones en cuanto al impacto en la salud. Además, Texaco Petroleum, designado por el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y supervisado por Petroecuador y por el gobierno de Ecuador, cumplió en su totalidad con las obligaciones legales de realizar las tareas de remediación correspondientes en 133 de 321 pozos del Consorcio (el equivalente a su participación en el consorcio con Petroecuador). En realidad, el trabajo de remediación fue supervisado por el gobierno de Ecuador y verificado científicamente por dos laboratorios independientes. Como resultado de la remediación exitosa, Texaco Petroleum fue exonerado de cualquier otra responsabilidad en Ecuador.