Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

“Será muy costoso realizar la limpieza, pero mucho menos que las ganancias que obtuvieron en Ecuador”. – Steve Donziger, principal abogado litigante. Commondreams.org: 29/10/09.

Las matemáticas del Sr. Donziger finalmente están funcionando, quizá; sin querer ha expuesto uno de los aspectos más fraudulentos del juicio de Ecuador – la recomendación de exigir daños y perjuicios por USD27.000 millones, conocida como el “Informe Cabrera”.

La evaluación realizada por los representantes de los demandantes y presentada al tribunal por el ingeniero en minas, Richard Cabrera, parece hacer responsable a Chevron por más de USD27.000 millones en concepto de daños y perjuicios. En una parte de su dudoso reclamo de USD27.000, Cabrera recomienda que Chevron pague daños por USD27.430 millones para la remediación de los pozos. Por otra parte, Petroecuador, la compañía petrolera estatal que es responsable del estado actual de los yacimientos petrolíferos de Ecuador, realiza la remediación de los pozos, según las leyes y estándares actuales, a un costo de USD85.000 por pozo. Los cálculos de Cabrera implican una remediación de los pozos de hasta USD3 millones por pozo. Esta recomendación es más de 30 veces superior al costo de lo que paga el Estado para la remediación de pozos.

Entretanto, Texaco Petroleum obtuvo una ganancia inferior a USD500 millones durante los días del consorcio. La mayor parte de los beneficios, aproximadamente USD25.000 millones, fueron para el gobierno de Ecuador. Cuando finalizó el consorcio, Texaco Petroleum realizó el trabajo de remediación en 108 de los 321 pozos – el 37,5% que le correspondía a la empresa por su participación en el consorcio. La remediación restante es responsabilidad de Petroecuador.

Por consiguiente, no importa cómo se mire, el Sr. Donziger finalmente ha admitido la verdad sobre los costos de remediación. Cualquier evaluación realista de la condición de Ecuador muestra claramente que el trabajo de remediación del cual Petroecuador es responsable costaría una fracción de lo que el Sr. Donziger y sus colegas ha sostenido. Ahora si únicamente concentraran sus esfuerzos en la parte responsable, en vez de querer llenar sus bolsillos, entonces podría lograrse alguna solución.

“Este juicio comenzó en los Estados Unidos y está financiado por una firma de abogados.” – Julio Prieto, abogado de los demandantes.

En una entrevista del 7 de diciembre con la estación de radio ecuatoriana Majestad, el abogado de los demandantes, Julio Prieto
menciona a una firma de abogados que financia el actual juicio ambiental en contra de Chevron en Ecuador.

La firma mencionada es Kohn, Swift & Graf PC de Filadelfia, la principal entidad que financia la mayor parte del juicio, sino todo, contra Chevron.

Cuando el abogado litigante de EE.UU., Cristóbal Bonifaz, tramó por primera vez el juicio original en contra de Texaco en 1993, contactó a Harold Kohn, un abogado de demanda colectiva de Filadelfia. Poco tiempo después, se sumó el hijo de Kohn, Joe, quien luego se convirtió en socio en Kohn Swift & Graf. Posteriormente, Kohn incorpora a Steven Donziger, un abogado litigante de Nueva York que fue a la Universidad de Leyes con el hijo de Bonifaz.

Cuando se le preguntó sobre su motivación para tomar el caso en contra de Chevron en la película Crude, Joe Kohn sinceramente afirmó, “no fue tomado como un caso gratuito, gran parte de mi motivación es que al final del día … este será un caso lucrativo para la firma.”

Como parte de Kohn, Swift & Graf financió la campaña de RRPP para tomar como rehén la reputación de  Chevron y pedirle a la compañía una gran suma de dinero para su restitución; Kohn contrató a un cabildero de DC Ben Barnes para ejercer presión en el Congreso de EE.UU. sobre “asuntos ambientales que surgen de la explotación de petróleo en Ecuador”. Barnes luego contrató a la representante de RRPP de DC Karen Hinton para difundir información errónea y distorsionar los hechos del caso.

Años de información errónea y distorsión difundida por abogados litigantes de EE.UU. y sus cómplices de RRPP condujeron al público y a los medios a creer que 30,000 indígenas del Amazonas están detrás del juicio, y que toda recompensa financiera de un fallo o veredicto iría a los pueblos indígenas de Oriente.

No obstante, la verdad nos dice una historia distinta. La firma de Kohn ha coordinado una serie de relaciones económicas y políticas entre el gobierno ecuatoriano, abogados litigantes de EE.UU., y grupos activistas a fin de ejercer presión en una pequeña sala rural de un tribunal en Lago Agrio, Ecuador, a fin de encontrar a Chevron culpable en un juicio ambiental. Toda recompensa financiera como resultado de un fallo o sentencia en contra de Chevron iría sin duda solamente al gobierno ecuatoriano y a los abogados con honorarios condicionales que impulsan este juicio frívolo. En realidad, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, confirmó que “el 90% [de cualquier sentencia en contra de Chevron] sería destinado al Estado …”

Una cosa es cierta, Chevron seguirá luchando por este erróneo y falso juicio hasta que se haga valer la  justicia.

FALSEDAD:
“Bueno, nuestros clientes nunca eximieron a Texaco de su responsabilidad”. – Steven Donziger, 60 Minutos, 3 de mayo de 2009.

HECHOS:
Los abogados litigantes de EE.UU. en el juicio contra Chevron argumentan que sus clientes nunca dieron el visto bueno a la remediación de Texaco Petroleum, por lo que les brinda la posibilidad de demandar a la compañía.

Sin embargo, el Sr. Donziger no menciona que este no es el caso, debido a que la reparación fue realizada en tierras del estado y fue controlada y aprobada en nombre de los demandantes, y en el de todos los ciudadanos ecuatorianos, por parte de los funcionarios de Ecuador. De acuerdo con la ley, los funcionarios ecuatorianos representan a todos los ciudadanos, ya que de lo contrario toda eximición de responsabilidad habría requerido que cada ciudadano ecuatoriano de su consentimiento. El Sr. Donzinger tampoco menciona que ninguno de sus 48 clientes ha iniciado demandas por lesiones personales o daños materiales.

Cuando la concesión de la producción de petróleo entre Texaco Petroleum y Petroecuador finalizó en 1992, Texaco Petroleum acordó llevar a cabo un programa de reparación de USD 40 millones en los yacimientos que contaba con la conformidad de ambas partes y del gobierno de Ecuador.

Durante la remediación, docenas de inspectores del gobierno, personal de laboratorio y representantes del Estado controlaron dicha reparación y exoneraron por completo a Texaco Petroleum y a todas sus subsidiarias y personal directivo de cualquier otra responsabilidad ambiental.

Asimismo, en 1996, se llegó a un acuerdo en cuatro juicios diferentes por daño ambiental que habían sido iniciados en 1994 por las municipales de Joya de los Sachas, Shushufindi, Lago Agrio y Orellana. Las jurisdicciones de estas municipalidades abarcan toda el área de la antigua concesión. Los cuatro acuerdos fueron aprobados por los tribunales ecuatorianos poniendo fin a todo otro reclamo ambiental futuro sobre estos territorios que están bajo la jurisdicción de dichas municipalidades.

Haga clic sobre el mapa para ampliar la imagen:

En aquel momento, conforme a la ley ecuatoriana, sólo el gobierno tenía el derecho de iniciar acciones por impacto ambiental en las tierras pertenecientes al Estado en donde se realizaban operaciones petroleras. Otro problema para el Sr. Donzinger y sus colegas fue que no podían iniciar una acción de clase al estilo estadounidense, ya que esta figura no existe en el sistema jurídico ecuatoriano. Por tal motivo, según los informes de la prensa, presionaron a la legislatura de Ecuador y convencieron a los funcionarios de redactar una nueva ley que permitiera a los particulares iniciar acciones colectivas en concepto de daños, cuando exista daño ambiental. En 1999, un año después de que Texaco Petroleum finalizó la reparación y fue exonerado de responsabilidad por parte del gobierno, se aprobó la Ley de Gestión Ambiental.

Aún así, esta ley de 1999 no puede aplicarse retroactivamente a un asunto que ya fue resuelto por completo con el gobierno de Ecuador. Además, la ley no otorga a los clientes del Sr. Donzinger ni a ninguna otra persona “el derecho” de demandar, de manera ilimitada, por daño ambiental. Este “derecho” solamente puede ejercerse, si los demandantes han sufrido un daño directo (los 48 demandantes no han demostrado haber sufrido tal daño ni lo han reclamado así). En consecuencia, los demandantes están tratando de aplicar indebidamente la Ley de Gestión Ambiental de 1999 en un intento por exigir sin derecho alguno un acuerdo a Chevron.

Steven Donziger, el principal abogado litigante por los demandantes, declaró ante la comisión del Congreso el 28 de abril de 2009.

Durante toda la audiencia, acusó a Chevron de una larga lista de reclamos inexactos. Este documento responde a todos los cargos y pone las cosas en su lugar.