Chevron Ecuador Case | The Chevron Ecuador Lawsuit Trial & Chevron's Views & Opinions | The Amazon Post

“Será muy costoso realizar la limpieza, pero mucho menos que las ganancias que obtuvieron en Ecuador”. – Steve Donziger, principal abogado litigante. Commondreams.org: 29/10/09.

Las matemáticas del Sr. Donziger finalmente están funcionando, quizá; sin querer ha expuesto uno de los aspectos más fraudulentos del juicio de Ecuador – la recomendación de exigir daños y perjuicios por USD27.000 millones, conocida como el “Informe Cabrera”.

La evaluación realizada por los representantes de los demandantes y presentada al tribunal por el ingeniero en minas, Richard Cabrera, parece hacer responsable a Chevron por más de USD27.000 millones en concepto de daños y perjuicios. En una parte de su dudoso reclamo de USD27.000, Cabrera recomienda que Chevron pague daños por USD27.430 millones para la remediación de los pozos. Por otra parte, Petroecuador, la compañía petrolera estatal que es responsable del estado actual de los yacimientos petrolíferos de Ecuador, realiza la remediación de los pozos, según las leyes y estándares actuales, a un costo de USD85.000 por pozo. Los cálculos de Cabrera implican una remediación de los pozos de hasta USD3 millones por pozo. Esta recomendación es más de 30 veces superior al costo de lo que paga el Estado para la remediación de pozos.

Entretanto, Texaco Petroleum obtuvo una ganancia inferior a USD500 millones durante los días del consorcio. La mayor parte de los beneficios, aproximadamente USD25.000 millones, fueron para el gobierno de Ecuador. Cuando finalizó el consorcio, Texaco Petroleum realizó el trabajo de remediación en 108 de los 321 pozos – el 37,5% que le correspondía a la empresa por su participación en el consorcio. La remediación restante es responsabilidad de Petroecuador.

Por consiguiente, no importa cómo se mire, el Sr. Donziger finalmente ha admitido la verdad sobre los costos de remediación. Cualquier evaluación realista de la condición de Ecuador muestra claramente que el trabajo de remediación del cual Petroecuador es responsable costaría una fracción de lo que el Sr. Donziger y sus colegas ha sostenido. Ahora si únicamente concentraran sus esfuerzos en la parte responsable, en vez de querer llenar sus bolsillos, entonces podría lograrse alguna solución.

“Este juicio comenzó en los Estados Unidos y está financiado por una firma de abogados.” – Julio Prieto, abogado de los demandantes.

En una entrevista del 7 de diciembre con la estación de radio ecuatoriana Majestad, el abogado de los demandantes, Julio Prieto
menciona a una firma de abogados que financia el actual juicio ambiental en contra de Chevron en Ecuador.

La firma mencionada es Kohn, Swift & Graf PC de Filadelfia, la principal entidad que financia la mayor parte del juicio, sino todo, contra Chevron.

Cuando el abogado litigante de EE.UU., Cristóbal Bonifaz, tramó por primera vez el juicio original en contra de Texaco en 1993, contactó a Harold Kohn, un abogado de demanda colectiva de Filadelfia. Poco tiempo después, se sumó el hijo de Kohn, Joe, quien luego se convirtió en socio en Kohn Swift & Graf. Posteriormente, Kohn incorpora a Steven Donziger, un abogado litigante de Nueva York que fue a la Universidad de Leyes con el hijo de Bonifaz.

Cuando se le preguntó sobre su motivación para tomar el caso en contra de Chevron en la película Crude, Joe Kohn sinceramente afirmó, “no fue tomado como un caso gratuito, gran parte de mi motivación es que al final del día … este será un caso lucrativo para la firma.”

Como parte de Kohn, Swift & Graf financió la campaña de RRPP para tomar como rehén la reputación de  Chevron y pedirle a la compañía una gran suma de dinero para su restitución; Kohn contrató a un cabildero de DC Ben Barnes para ejercer presión en el Congreso de EE.UU. sobre “asuntos ambientales que surgen de la explotación de petróleo en Ecuador”. Barnes luego contrató a la representante de RRPP de DC Karen Hinton para difundir información errónea y distorsionar los hechos del caso.

Años de información errónea y distorsión difundida por abogados litigantes de EE.UU. y sus cómplices de RRPP condujeron al público y a los medios a creer que 30,000 indígenas del Amazonas están detrás del juicio, y que toda recompensa financiera de un fallo o veredicto iría a los pueblos indígenas de Oriente.

No obstante, la verdad nos dice una historia distinta. La firma de Kohn ha coordinado una serie de relaciones económicas y políticas entre el gobierno ecuatoriano, abogados litigantes de EE.UU., y grupos activistas a fin de ejercer presión en una pequeña sala rural de un tribunal en Lago Agrio, Ecuador, a fin de encontrar a Chevron culpable en un juicio ambiental. Toda recompensa financiera como resultado de un fallo o sentencia en contra de Chevron iría sin duda solamente al gobierno ecuatoriano y a los abogados con honorarios condicionales que impulsan este juicio frívolo. En realidad, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, confirmó que “el 90% [de cualquier sentencia en contra de Chevron] sería destinado al Estado …”

Una cosa es cierta, Chevron seguirá luchando por este erróneo y falso juicio hasta que se haga valer la  justicia.

Los abogados litigantes estadounidenses a cargo del juicio ambiental en el Ecuador  afirman que Chevron, una empresa que nunca operó en el Ecuador, es de alguna manera responsable de la situación actual por  la mala gestión ambiental de Petroecuador. Asimismo, al confrontarse con el desempeño irresponsable de Petroecuador  durante las últimas dos décadas, los abogados reclaman que la contaminación de  Petroecuador es responsabilidad de Chevron porque (tal como lo expresaron ellos) Petroecuador “heredó” un “sistema de producción deficiente” de Texaco Petroleum.

Tales reclamos son absolutamente falsos.

(1)   Está comprobado que Texaco Petroleum, actualmente una subsidiaria de quinto nivel de Chevron, operó en el Ecuador  como un socio minoritario de la empresa estatal Petroecuador. Todas las decisiones del consorcio fueron tomadas conjuntamente por Petroecuador, el gobierno del Ecuador  y Texaco Petroleum. El sistema del que Petroecuador se hizo cargo por completo en 1992 se construyó de acuerdo con las reglamentaciones aplicables ecuatorianas y con las prácticas del sector,  aún vigentes en muchas partes del mundo.

(2)   En las últimas dos décadas, Petroecuador destinó más de mil millones de dólares a duplicar la cantidad de pozos en el área de concesión. A efectos de aumentar la producción de petróleo, Petroecuador ha perforado más de 400 pozos, lo cual representa un costo mayor a $1.200 millones y realizó miles de remodelaciones (250 a un costo aproximado de $170.000 cada uno en 2009). Sin embargo, Petroecuador gastó poco en prevención contra corrosión y en mantenimiento, tareas que son clave para prevenir los derrames de petróleo. También continúan utilizando pozos sin revestir, habiendo construido al menos 270 pozos (más del 90% de estos están ubicados en la antigua área de concesión) en los últimos tres años.

A principios de los 90, después de que el gobierno del Ecuador  tomó la decisión de no renovar el contrato de concesión, Texaco Petroleum gastó $40 millones en la remediación de su participación en las operaciones del consorcio. En ese entonces, el gobierno del Ecuador dio por finalizada esta remediación y liberó a Texaco de responsabilidad ante cualquier reclamo futuro. Petroecuador ha reconocido reiteradamente que era su responsabilidad remediar el resto de los yacimientos en el área de concesión incluidos “todos los pozos.”

Desde que asumió el control total de las operaciones de los yacimientos petrolíferos de Oriente, las operaciones de Petroecuador han generado más de 1.200 millones de barriles de petróleo crudo y 260 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa un valor de mercado de más de $57.000 millones. Mientras que la empresa ha destinado recientemente más de mil millones de dólares a perforar nuevos pozos para maximizar las utilidades del petróleo, han destinado poco dinero a la remediación ambiental y a los proyectos socioeconómicos en el área. La falta de gasto destinado al mantenimiento y adecuadas medidas preventivas contra los derrames ha dado como consecuencia flujos y oleoductos colapsados, lo cual generó un registro deplorable de derrames de petróleo.

A pesar de la constante contaminación de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación de Oriente. Cuando Petroecuador comenzó a remediación los pozos en el2006, el Frente de Defensa de la Amazonía exigió que la empresa detuviera sus planes de remediación tan esperados ya que estos esfuerzos estaban “alterando el juicio.”

Si bien los abogados litigantes de los Estados Unidos y sus socios constantemente describieron la mala gestión ambiental de Petroecuador como responsabilidad de Chevron, no cabe duda de que no es así. Los hechos son claros – Texaco Petroleum actuó con responsabilidad y realizó la remediación  de la parte que le correspondía por el consorcio hace años, mientras que el gobierno del Ecuador  y Petroecuador han preferido sacar rédito de la administración ambiental.

Una serie de relaciones complicadas entre el gobierno ecuatoriano, los abogados litigantes estadounidenses y los grupos de activistas muestran los sólidos vínculos políticos y económicos que existen para presionar al pequeño tribunal de Lago Agrio en Ecuador, para que Chevron sea declarado culpable en el juicio ambiental.

Este diagrama interactivo destaca estas relaciones y ofrece un examen de las fuerzas detrás del juicio. Muestra que el caso legal contra Chevron en Ecuador es un esfuerzo coordinado por los abogados litigantes de EE.UU. y las ONG activistas que trabajan con el poder ejecutivo de Ecuador para influir en el poder judicial ecuatoriano a fin de garantizar una sentencia condenatoria contra Chevron.

Haga clic aquí para ver esta red de influencia.

No hay duda de que la gente en la región Oriente del Ecuador enfrenta una serie de desafíos respecto de la salud en sus comunidades. No obstante, ha sido engañada por abogados litigantes y activistas quienes han entablado esta demanda.

Una de las cuestiones más importantes en materia de salud en la región Oriente no está relacionada con el producto de las operaciones petroleras, pero sí con la falta de infraestructura del tratamiento del agua, de una adecuada infraestructura sanitaria y un acceso eficiente a la atención médica.  (Leer sobre Las operaciones pasadas y cuestiones de la salud de Texaco Petroleum.)

Muestras de agua potable tomadas durante inspecciones ordenadas por el tribunal de pozos remediados por Texaco Petroleum arrojaron altos niveles de contaminación bacterianas de residuos humanos o animales en un 90 por ciento de las muestras, lo cual indica contaminación infecciosa generalizada de las fuentes de agua.

Si bien las muestras contenían un alto nivel de contaminación infecciosa, los resultados indicaron pocas pruebas de contaminación proveniente del petróleo. Las inspecciones ordenadas por el tribunal, llegaron a la conclusión de que el 98 por ciento de las muestras de agua superficial y el 99 por ciento de las de agua potable cumplen con los estándares internacionales de agua potable, en materia de hidrocarburos de petróleo. Esas pocas muestras que indican los impactos provocados por el petróleo son de áreas en donde las operaciones de Petroecuador han provocado la contaminación.

El gobierno del Ecuador no cumplió con su obligación de remediar el impacto ambiental que ha generado, menos aún de modernizar o incluso mantener sus instalaciones para mitigar futuros impactos. El gobierno tampoco se encargó de un tratamiento de las aguas residuales en la región, las cuales desembocan directamente en los arroyos y ríos; en los que las comunidades locales utilizan para bañarse o beber. En consecuencia, muchos residentes rurales no tienen acceso al agua potable.

“Desde que se fue Texaco, Petro[Ecuador] produjo más daño y  muchos más desastes que Texaco.”
– Pablo Fajardo, miembro del equipo legal de los demandantes

Siempre nos preguntamos por qué los abogados litigantes de EE.UU. en el juicio ecuatoriano del Amazonas en contra de Chevron eligen demandar a Texaco, el socio minoritario del consorcio que lanzó el sector de energía del país, y  no a Petroecuador. Después de todo, Petroecuador, la compañía petrolera estatal, fue el socio mayoritario y 100% responsable de la producción de petróleo en el área de concesión a partir de 1992.

Ésta es la razón.

De acuerdo con las fuentes de noticias ecuatorianas, los abogados de los demandantes en el juicio contra Chevron prometieron al gobierno de Quito que no demandarían a Petroecuador, la compañía petrolera estatal de Ecuador por el daño ambiental en el Amazonas.

El abogado Cristobal Bonifaz, uno de los artífices del juicio, ha garantizado por escrito al gobierno de Ecuador que Petroecuador se evitaría un juicio, si los funcionarios del gobierno ejercieran su influencia respaldando a los demandantes.

En una entrevista de 1997 publicada en el periódico ecuatoriano Hoy, Bonifaz dijo que “No hay razón para que el Gobierno se preocupe porque los demandantes y sus abogados han asumido en documentos legales no demandar al Gobierno si ultimadamente este asevera ser responsable, conjuntamente con Texaco, del daño ambiental causado.”

Una semana después, Bonifaz le dijo a un periódico ecuatoriano El Comercio, “Presenté documentos certificados al Fiscal General que confirman el compromiso de los pueblos indígenas de abstenerse de demandar al Gobierno.”

Sin embargo, ninguno de los abogados de los demandantes ha informado este acuerdo, ni ha presentado  los documentos al Tribunal Supremo de Nueva Loja, el cual está supervisando el juicio actual. Tampoco los abogados de Chevron han podido obtener una copia de dicho acuerdo.

En lugar de enfrentar a Texaco Petroleum y Petroecuador, los abogados litigantes de EE.UU. trataron de demandar solamente a Chevron por daños ambientales ocasionados en Ecuador por Texaco (adquirida por Chevron en 2001). Además, a sabiendas, descartan la contaminación constante y el mal manejo ambiental de Petroecuador.

Mientras tanto, el caso en Ecuador ha sido deteriorado por la excesiva interferencia del gobierno – interferencia que ha instigado a una advertencia por parte de los representantes comerciales del gobierno estadounidense.