THE AMAZON POST

Cristóbal Bonifaz inició el juicio original Aguinda entablado por un grupo más grande de demandantes ecuatorianos cuyos intereses coinciden con los demandantes actuales. En 1993, obtuvo el respaldo de Joe Kohn, de Kohn, Swift & Graf PC, y de Steven Donziger para entablar el primer juicio en contra de Texaco en un tribunal federal de Nueva York. Cuando parecía que dicho juicio sería desestimado y enviado de vuelta al Ecuador, Bonifaz -- cuyo padre fue presidente del Ecuador en la década del 30 -- y su equipo trabajaron con el congreso ecuatoriano para sancionar una nueva ley que le permitiera a las personas entablar demandas para remediar tierras gubernamentales. En 1999, un año después de que Texaco finalizó su remediación y obtuvo una plena liberación de responsabilidades por parte del gobierno, se aprobó la ley. Actualmente, los demandantes y abogados de Lago Agrio están tratando de aplicar la ley de manera retroactiva, lo cual no está permitido por la legislación ecuatoriana.

• A pesar de que ya no representa oficialmente a los demandantes de Lago Agrio, posiblemente se beneficie de un acuerdo financiero o de un fallo en contra de Chevron.
• En 2006 demandó a Chevron ante un tribunal federal de Estados Unidos en el distrito norte de California alegando que a sus nuevos clientes les dio cáncer como consecuencia de las operaciones de Texaco.
• En 2007 se le impuso una multa de USD45.000 cuando el juez federal desestimó el caso de cáncer después de que algunos demandantes reconocieran que nunca les habían diagnosticado esa enfermedad. El tribunal estadounidense también concluyó que Bonifaz tampoco había obtenido la autorización de los demandantes para entablar un juicio en su nombre.
• Bonifaz acordó en "documentos legales" no demandar al Gobierno del Ecuador ni a Petroecuador por su responsabilidad en una posible contaminación del Amazonas.

Richard Cabrera fue designado por el tribunal de Lago Agrio para evaluar el posible daño ambiental en los yacimientos petrolíferos de la Concesión anterior, la causa y la cronología de tales daños, si los hubiere, y los proyectos de remediación adecuados que se podrían realizar para reparar esos daños. A Cabrera se le encomendó esta tarea a pesar de que es un ingeniero en minas sin experiencia ni capacitación en el trabajo de remediación de yacimientos petrolíferos. Además de evidentemente no estar calificado para la tarea específica que le fuera otorgada, Cabrera ignoró las directivas del tribunal y amplió indebidamente el alcance de su trabajo para inventar categorías de daños que nada tienen que ver con los temas planteados por el juicio ni con la remediación ambiental de la antigua área de la concesión.

• Ha asignado casi el 90% de su cifra de USD27.000 millones para temas no relacionados con las demandas reales en el caso, como lo establece la demanda entablada por los demandantes de Lago Agrio.
• No ha presentado registros médicos ni certificados de defunción para respaldar su recomendación de pagar más de USD9.500 millones en compensación por "excesivas muertes por cáncer" y no designó a ninguna víctima ni identificó a ningún fmiliar como beneficiario. Cabrera no tiene capacitación en temas de salud ni conocimientos para diagnosticar la epidemiología del cáncer, ni puede señalar a nadie de su equipo que pueda tenerlos. En lugar de recurrir a un experto, Cabrera basó sus reclamos de cáncer en respuestas de su autoría a las preguntas ad hoc realizadas a la población local en secreto, por parte de personas o entidades desconocidas.
• Estima USD1.700 millones en daños y perjuicios para mejorar la infraestructura petrolífera de sitios que han sido operados exclusivamente por Petroecuador desde que Texaco Petroleum dejara de operar en 1990, y que son de propiedad exclusiva del Ecuador, y que actualmente están en uso e incluso están siendo ampliadas por la empresa estatal petrolera.
• Valuó en más de mil millones de dólares la remediación del suelo de yacimientos que nunca visitó y exageró groseramente cada factor en el estimado para llegar a un costo sugerido de remediación por piscina que es 25 veces superior a los costos actuales para el programa de remediación de Petroecuador, PEPDA.
• Calculó USD428 millones para mejorar el sistema de agua potable en el Oriente y USD3.200 millones para la remediación del agua subterránea a pesar de que no extrajo ninguna muestra de los arroyos, ríos, fuentes municipales de agua, o pozos de agua potable; no hizo nada para analizar si otros factores (como la contaminación fecal) contribuían a los problemas de salud, y dice en su propio informe que no tuvo suficientes datos para desarrollar un plan de remediación del agua subterránea.
• Solicita USD320 millones para la creación de una finca para la cría de ganado para así procrear animales salvajes que después se soltaría y serían cazados por los pueblos indígenas, lo cual demuestra el grado absurdo en el que ha ignorado los parámetros de su función.
• Rechazó responder preguntas sobre su metodología, identificar integrantes adicionales de su equipo y explicar sus responsabilidades y aportes, o presentar documentación de apoyo, específicamente sobre la encuesta que fundamenta su evaluación del daño ocasionado por el cáncer.

Además de agravar sus métodos no científicos y los errores sustanciales en su informe, el trabajo de Cabrera dista mucho de ser independiente. Los informes de Cabrera parecen un documento de apoyo para los demandantes más que una evaluación imparcial y competente de la evidencia. Varios indicios sugieren que Cabrera trabajó estrechamente con los abogados de los demandantes para preparar su informe:

• Recibió pagos de al menos USD200.000 por su trabajo de parte de Selva Viva, una empresa ecuatoriana que opera como intermediario de logística y finanzas para el Frente. Los cheques fueron aparentemente firmados por Luis Yanza, coordinador legal del Frente y gerente general de Selva Viva.
• Trabajó estrechamente con miembros del Frente de Defensa de la Amazonía durante su trabajo de campo, tal como lo demuestran fotografías y video de esa época, mientras se les impedía a expertos de Chevron observar el trabajo de Cabrera.
• Copió palabra por palabra secciones enteras de su informe --supuestamente independiente-- de observaciones que los abogados de los demandantes presentaron al tribunal.

“Luego recibimos a los Señores del Frente de Defensa Amazónico que han tenido una lucha de años, de décadas contra Chevron Texaco y tienen todo el respaldo del Gobierno nacional. Un problema judicial pero ellos saben que cuentan con todo el respaldo del Gobierno nacional y ahí está el cambio de época porque los anteriores gobiernos respaldaban a la transnacional”

Desde que asumió el cargo en enero de 2007, el presidente Correa ha consolidado su poder en todo el Ecuador, incluidos los organismos políticos, financieros y los medios:

• Correa consolidó el poder político cuando la Asamblea Constituyente, que era dominada por su partido político, Alianza PAIS, redactó una nueva constitución, disolvió el Congreso Nacional y anunció que sus decisiones estaban por encima de cualquier otro fallo del poder judicial.
• Profirió la siguiente amenaza: que “Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. Desde entonces dejó claro que esta amenaza alcanza a los jueces que fallen en contra de los intereses del Estado.
• Correa afirma que "el Poder Ejecutivo sí podría ejercer presión sobre el Poder Judicial” para exigir las cortes que "respondan a las necesidades del país" y que, en su carácter de Presidente, "él no sólo es el líder del Poder Ejecutivo, [si no] es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano está conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial".
• Ha cancelado contratos de empresas extranjeras y confiscado sus activos, a la vez que extinguía las posibilidades de lograr una resolución justa de las disputas cuando rechazó la jurisdicción de los tribunales arbitrales internacionales y rehusó acatar a sus fallos.
• No cumplió con las obligaciones contractuales del Ecuador de pagar el interés de más USD3.000 millones de la deuda externa, a pesar de contar con los medios para hacerlo. A la misma vez, orquestaba aparentemente la recompra por parte del Gobierno de esa deuda con un descuento considerable ya que, como consecuencia del incumplimiento anunciado, los precios se desplomaron.
• También ha tomado medidas para controlar a los medios de comunicación, que Correa considera como "instrumentos corruptos de la oligarquía" y el principal "enemigo del cambio", entre las que se encuentran la amenaza de revocar cientos de licencias de radio y televisión debido a supuestas “irregularidades".

Existen pruebas, si volvemos a administraciones anteriores, de que los abogados que representan a los demandantes de Lago Agrio y al gobierno del Ecuador están trabajando juntos para asegurar una sentencia contra Chevron en el juicio de Lago Agrio. La administración de Correa ha mantenido y fomentado este acuerdo, por lo que la causa contra Chevron pasó de ser una cuestión legal a una política.

El gobierno del Ecuador podría beneficiarse ampliamente con un fallo contra Chevron. Este lo absolvería de sus propias obligaciones de remediación y daría como resultado la transferencia de una enorme cantidad de dinero al Ecuador (el dictamen propuesto de USD27.000 millones representa la mitad del PIB del Ecuador). Políticamente, el caso Lago Agrio distrae la atención y aleja la responsabilidad de las condiciones ambientales de Petroecuador y permite que Correa culpe a Chevron de todos los males sociales del Oriente.

• Correa ha prejuzgado la responsabilidad de Chevron en el caso públicamente, incluso adoptó la postura infundada y sumamente ofensiva de que Texaco Petroleum era culpable de “delitos contra la humanidad”. El Fiscal General de la Nación confirmó que "la posición del gobierno de Correa en el caso es clara: ‘La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron, no las de Petroecuador'".
• Correa ha colocado el respaldo del gobierno en los demandantes, incluso les ofreció "ayuda para reunir evidencia " contra Chevron. En abril de 2007, sólo unos meses después de haber asumido su cargo, el presidente Correa hizo junto con los medios una visita a la Amazonía acompañado por los abogados y representantes de los demandantes, en el que se refirió al abogado de los demandantes Pablo Fajardo y a Luis Yanza, líder del Frente de Defensa de la Amazonía como “héroes reales… que han luchado por años por su gente, su Amazonía”. También se refirió en varias oportunidades a Fajardo y Yanza como "nuestros compañeros" y sus "queridos amigos" en la prensa nacional ecuatoriana.
• Correa vio a su asesor legal, Alexis Mera, y a su hermana, Pierina, implicados en una trama de soborno por USD 3 millones dirigidos a garantizar los contratos de remediación que surjirían a raíz de una sentencia contra Chevron por parte de uno de los organizadores del ardid, Patricio García, quien afirmó ser un operador político para el partido gobernante Alianza PAIS. García también afirmó durante una de las reuniones grabadas en video, que los abogados del Ejecutivo serían enviados a Lago Agrio para ayudar al Juez Núñez (quien también estaba implicado en la trama) a redactar la sentencia.
• Correa confirmó su alianza con los demandantes una vez más, luego de que la trama de sobornos fue revelada, y manifestó de manera inequívoca: "por supuesto quiero que nuestros compañeros indígenas ganen". Y como otra prueba más del control del gobierno sobre la causa judicial, a pesar de las repetidas afirmaciones de que el gobierno no tiene ningún papel en este juicio, el Fiscal General Washington Pesántez anunció que ha solicitado al juez Núñez excusarse de continuar en el juicio para "garantizar que el fallo ya no se demore más” y para no permitir que Chevron “evite pagar la indemnización por daños y perjuicios que creemos es más que justa, porque ocasionó mucho daño a nuestro país”. Pesántez confirmó luego que el 90% [de cualquier sentencia contra Chevron] iría a manos del Estado para llevar a cabo actividades de remediación y bioremediación".

“Ellos miran los casos individuales de cáncer y dicen que no se los puede relacionar con el petróleo que fue derramado por Chevron…Es verdad que no se puede probar la correlación exacta…”

Pablo Fajardo se convirtió en el principal abogado ecuatoriano del caso en febrero de 2006. También participa activamente en la campaña pública contra Chevron, por lo que aparece con frecuencia tanto en la prensa ecuatoriana como internacional y participa en eventos mediáticos, entre ellos, conferencias de prensa, concentraciones y manifestaciones.

• Acompañó al presidente Correa en una visita al Amazonas en 2007, solo semanas después de que el Presidente hubiere ofrecido al los demandantes de Lago Agrio “el total apoyo del Gobierno Nacional”, incluida la ayuda para reunir pruebas que se utilizarían en contra de Chevron. Desde entonces, en reiteradas ocasiones Correa se refirió a Fajardo y al líder del Frente de Defensa del Amazonía, Luis Yanza, como “nuestros compañeros”, sus “queridos amigos,” y “verdaderos héroes”.
• Es integrante de Selva Viva, una empresa ecuatoriana que opera como intermediario logístico y financiero para el Frente.
• Afirma que su deseo es que el daño ambiental sea reparado, pero, hasta ahora, se ha negado a entablar una acción judicial en contra del gobierno del Ecuador o de la empresa petrolera estatal, Petroecuador, por daños relacionados con pobre gestión ambiental en el Amazonas –gestión que está muy bien documentada--, a pesar de que Petroecuador haya sido el único operador y exclusivo propietario de los anteriores yacimientos de la Concesión por casi 20 años.
• Se opuso a los esfuerzos de Petroecuador de reparar las piscinas manifestando que tales acciones podrían comprometer el juicio en contra de Chevron. Por ejemplo, Fajardo fue citado en una entrevista con La Hora el 20 de octubre, en donde exigía que Petroecuador detuviera su remediación porque “el juicio se vería alterado.”
• Sugirió que Texaco estaba involucrado en el asesinato de su hermano, a pesar de haber presentado una declaración ante el Fiscal de Distrito que desempeñaba el cargo en el momento del asesinato de su hermano, en donde no mencionaba a Chevron ni a Texaco. En cambio, alegaba que tres hombres locales que conocían a su hermano desde hacía tiempo, eran los responsables del asesinato.

“En mi caso, en 2004 cuando estábamos comenzando el juicio, uno de mis hermanos fue asesinado. No puedo decir que Texaco es culpable de esto, pero tampoco puedo decir lo contrario. Esto nunca se investigó. Hubo muchas cosas, mucha presión y persecución.”

Patricio García fue filmado recientemente en video donde aparece como parte de una trama de soborno. Se presentaba como un funcionario del partido Alianza PAIS, el partido de gobierno. El soborno – que implicaba el pedido de un pago de tres millones de dólares a cambio de contratos de remediación ambiental que se otorgarían una vez que saliera el fallo contra Chevron en el juicio de Lago Agrio – fue percibido por Chevron gracias a un ciudadano ecuatoriano que buscaba oportunidades de negocios en el Ecuador junto con un socio estadounidense. García aparece en la filmación de dos reuniones distintas y, en la segunda, deja en claro que "tomó las riendas" del plan.

• Describió la manera en que operaría el soborno de tres millones de dólares. Explicó que un millón de dólares iría para "la presidencia"; USD500.000 serían para Pierina, la hermana del Presidente; USD500.000, para los demandantes; y un millón de dólares iría al juez que presidía la causa, Juan Núñez, quien estaba de acuerdo con este plan, según lo confirmado por García.
• Las dos reuniones grabadas se celebraron en las oficinas de Alianza PAIS en Quito. En estas reuniones habló de sus contactos con el círculo de personas más allegadas al gobierno de Correa, entre ellas, la hermana del Presidente, Pierina, y el asesor legal de Correa, Alexis Mera. García también manifestó en una de las reuniones que los abogados del Poder Ejecutivo del Ecuador serían enviados a Lago Agrio para ayudar al juez a redactar la sentencia.
• Suministró, a través del correo electrónico, los datos de una cuenta bancaria en Galveston, Texas, donde el dinero del soborno debía depositarse.

Gustavo Larrea era el encargado de la campaña presidencial de Rafael Correa en 2006 y, una vez que Correa asumió el poder, fue ampliamente considerado como uno de los miembros de gabinete más influyente del presidente Correa. Durante el primer gobierno de Correa, Larrea fue nombrado Ministro de Gobierno y se le encomendó la tarea de preparar un referéndum que resultó en la elección de la Asamblea Constituyente, utilizada por el presidente Correa para consolidar su control sobre todas las ramas del gobierno del país. Más tarde, Larrea se convirtió en el Ministro de Seguridad, un puesto que abandonó en las primeras semanas del segundo gobierno de Correa, para poder correr postularse como candidato para la Asamblea Nacional en la boleta del partido Alianza PAIS. Las esperanzas de Larrea respecto del Congreso fueron desapareciendo poco tiempo después, cuando las noticias anunciaron la vinculación de su cargo con el grupo terrorista colombiano, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El mismo Larrea reconoció haberse reunido con Raúl Reyes, un líder de las FARC.

• Presentó en julio de 2006, junto con varios otros juristas prominentes del Ecuador, un amicus brief impulsando al tribunal de Lago Agrio a que aceptara el pedido de los demandantes de abandonar la etapa de inspección judicial del juicio, luego de que los resultados de las inspecciones fueran favorables a Chevron.
• A los pocos meses y tan sólo días después de que el presidente Correa asumiera su cargo, el tribunal revocó sus fallos anteriores y permitió que los demandantes dieran por finalizado el proceso de inspección judicial con el que antes había estado de acuerdo. Esto llevó a la designación de Richard Cabrera, un ingeniero en minas sin capacitación ni experiencia alguna en la remediación de yacimientos petrolíferos, para que evaluara los daños y qué los había causado. Posteriormente, Cabrera emitió informes fraudulentos que superaban en gran medida su cometido, en el que exigía al tribunal que impusiera a Chevron el pago de más de USD27.000 millones en concepto de daños y perjuicios.
• Enviado a Washington DC por el presidente Correa en agosto de 2008 para ejercer presión sobre el Congreso estadounidense en lo concerniente a la prórroga de las preferencias arancelarias de Ecuador otorgadas por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por su sigla en inglés). Chevron alienta al gobierno de los Estados Unidos a preservar las preferencias del Ecuador, pero a condición de que cumpla sus contratos con los inversionistas de EE.UU. Chevron sostiene que el Ecuador ha tomado numerosas medidas para repudiar o anular el Acuerdo de 1995 y el acuerdo de liberación final de 1998 que firmara el Ecuador con Texaco Petroleum, y a través de los cuáles se exime a Chevron de cualquier responsabilidad en el juicio de Lago Agrio.

El juez Juan Núñez es el actual presidente del Tribunal Provincial de Lago Agrio, y se esperaba que emitiera un fallo en el juicio en contra de Chevron ya sea a fines de 2009 o principios de 2010. Sin embargo, Núñez se excusó de presidir el caso a fines de septiembre de 2009 después de haber sido implicado en un ardid de soborno vinculado al litigio de Lago Agrio.

El ardid incluía el pedido de un pago de USD3 millones a cambio de la adjudicación de contratos de remediación ambiental una vez que la sentencia fuera dictada en contra de Chevron en el juicio de Lago Agrio. El esquema de soborno llegó a Chevron a través a un ciudadano ecuatoriano que estaba en busca de oportunidades de negocios en el Ecuador con un socio comercial estadounidense. En los videos, se les dice a los dos hombres que de los USD3 millones, USD1 millón sería para Núñez. En reuniones con Núñez, como lo prueban los videos, Núñez aseguró a los dos empresarios que el fallo en contra de Chevron era un hecho.are

• Planeó recibir USD1 millón del dinero del soborno, de acuerdo con conspiradores de Núñez, incluido Patricio García quien dijo ser un funcionario del partido gobernante Alianza PAIS del presidente Correa.
• Participó en dos reuniones, las cuales fueron garbadas en un video, en donde explicó que el veredicto sería en contra de Chevron, que el monto final de los daños podría ser más o menos USD27.000 millones según lo sugerido por Richard Cabrera, y que las apelaciones por parte de la empresa serían una mera formalidad.
• Confirmó que el gobierno del Ecuador, no los demandantes de Lago Agrio, recibirían los fondos destinados al trabajo de remediación que Chevron deberá pagar.
• Presentó conclusiones sobre el juicio de Lago Agrio a terceros no relacionados con el caso, en un momento en que la etapa probatoria no había finalizado. Esto se suma a las indiscreciones similares que demuestran las inclinaciones de Núñez, como sus numerosas declaraciones públicas a los medios ecuatorianos e internacionales que expresan apoyo a los demandantes en el caso, que describen el juicio como la lucha de David contra Goliath, y que prejuzgan a Chevron con declaraciones sobre la evidente contaminación en la región del Oriente.
• Repetidamente rechazó toda moción de consecuencias presentadas por Chevron y falló a favor de los demandantes sin tener en cuenta los hechos ni la ley. Núñez también creó varias normas procesales destinadas claramente a acelerar el juicio a costa de los derechos al debido proceso de Chevron y a sus derechos de defensa. En particular, y en violación a las normas existentes, rechazó investigar el reclamo de Chevron de que los informes del perito designado por el tribunal, Richard Cabrera, en donde él sugería que Chevron debía pagar más de USD27.000 millones por daños, están inundados de "errores básicos" que deberían causar el rechazo de la totalidad de los informes.

Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, fue el socio mayoritario del consorcio con Texaco Petroleum. Hoy, Petroecuador aún posee y opera los yacimientos petrolíferos en la antigua área de Concesión, así como otros yacimientos en el Amazonas. Petroecuador se hizo cargo de las operaciones del consorcio en 1990 y se transformó en el único propietario de los yacimientos y de las instalaciones de dicho consorcio cuando el contrato de concesión de Texaco Petroleum venció en 1992. Desde ese momento, Petroecuador tiene un historial de mala gestión operativa y ambiental. Esta trayectoria es ampliamente reconocida por varias razones, entre ellas, corrupción generalizada, falta de inversión en equipos e instalaciones y un deficiente mantenimiento de éstos, y numerosos derrames.

• La empresa ha sido responsable de más de 1.400 derrames sólo entre los años 2000 y 2008.
• Derramó más de 4,4 millones de galones de petróleo en instalaciones de almacenaje y de producción de petróleo, y a lo largo de varios oleoductos.
• Perforó más pozos en el área de la Concesión que Texaco Petroleum, cuando ésta estaba a cargo de las operaciones del Consorcio.
• Construyó más de 270 piscinas en los últimos tres años solamente.
• Reconoció que necesita limpiar 370 piscinas en la antigua área de la Concesión, que estaban bajo su responsabilidad, de acuerdo con el contrato de remediación con Texaco Petroleum.

A pesar del pésimo historial ambiental de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch han puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de limpieza ambiental del Oriente. Asimismo, ni los demandantes ni sus abogados nunca han entablado una acción judicial contra la empresa petrolera estatal. Al contrario, Petroecuador se beneficiará, directa o indirectamente, más que cualquier otra entidad ecuatoriana, si el costo de la remediación general se transfiere a Chevron, ya que:

• Obligaría a Chevron a pagar por trabajos de remediación que, sin duda alguna, son la responsabilidad y la obligación de Petroecuador, conforme al acta de finiquito y liberación definitiva firmado por Texaco Petroleum, el gobierno del Ecuador y Petroecuador. Además, ya que Petroecuador ha sido el único propietario y operador de los anteriores yacimientos del consorcio durante las últimas dos década.
• Requeriría que Chevron realice el reacondicionamiento y actualización de la infraestructura deteriorada de Petroecuador, incluso si Texaco Petroleum hubiere transferido todos los bienes a Petroecuador en óptimas condiciones operativas casi 20 años atrás y no hubiere tenido ni voz ni voto en ninguna de las decisiones operativas de Petroecuador desde 1992.

“Texaco a su manera acometió la remediación de las piscinas que le correspondían a ellos, que era el 33% del total, pero Petroecuador durante más de 30 años no había hecho nada absolutamente al respecto de las que le correspondía remediar a la empresa.”

Selva Viva es una empresa ecuatoriana que opera como intermediario de logística y financiero del Frente. La empresa se fundó en 2004, y Alberto Wray era uno de los accionistas originales quien, en ese momento, era el abogado principal en el juicio contra Chevron. No queda claro cuál es el estado legal actual de esta empresa; en una revisión de septiembre de 2009 del registro mercantil del Ecuador, Selva Viva fue clasificada como “inactiva”.

• Selva Viva pagó por lo menos USD200.000 a Richard Cabrera, un ingeniero en minas sin experiencia ni capacitación en trabajos de remediación de yacimientos petrolíferos, quien fue designado por el tribunal ecuatoriano para evaluar el alcance y origen de los daños, en caso de que los hubiere, de las operaciones petroleras en la anterior área de Concesión y para recomendar una remediación adecuada. El tribunal le solicitó a Cabrera que hiciera una evaluación independiente.
• Los cheques extendidos a Cabrera aparentemente fueron firmados por Luis Yanza, gerente general de Selva Viva y coordinador legal del Frente, el beneficiario del juicio. Luis Yanza, coordinador legal del Frente de Defensa de la Amazonía, figura en los registros de la compañía, como gerente general de Selva Viva.
• Steven Donziger, el abogado principal estadounidense que representa a los demandantes de Lago Agrio, figura en los registros de la compañía como el presidente de Selva Viva.
• Selva Viva recibió fondos para pagar la recopilación de datos por parte de los demandantes; tales datos provenían de Joe Kohn, de la firma de abogados Kohn Swift & Graf PC de Filadelfia, según una declaración jurada de David Russell, presidente de Global Environmental Operations, Inc. Esta declaración fue presentada en un juicio laboral en Ecuador (caso número 34-06 ante el Tribunal Laboral Quinto de Pichincha), iniciado en contra de Steven Donziger por Edison Camino, quien fuera Gerente General de la empresa y uno de los peritos judiciales de los demandantes de Lago Agrio.
• Como se mencionó anteriormente, Alberto Wray fue uno de los accionistas originales de Selva Viva. Durante su cargo como abogado de los demandantes de Lago Agrio, Wray se comunicó con el Procurador General del Ecuador con la intención de anular el Acuerdo de Finiquito y Liberación Final de Responsabilidades de 1998 que el gobierno otorgó a Texaco Petroleum Company. En un intercambio de mensajes de correo electrónico entre representantes de los demandantes y la Oficina del Procurador General, Wray escribió “si en alguna medida queremos que el Gobierno y el Procurador General estén de nuestro lado, debemos darles capacidad de maniobra”. Martha Escobar, una abogada de la Oficina del Procurador General, respondió: “Expliqué que la Oficina del Procurador General y todos nosotros que trabajamos en la defensa del Estado estábamos buscando una manera de anular o de socavar el valor del contrato de remediación y del acta final, y que nuestra mayor dificultad es el tiempo que ya ha pasado”.

Luis Yanza es un activista comunitario por el Frente de Defensa de la Amazonía y figura en los registros mercantiles del Ecuador como el gerente general de Selva Viva, una empresa ecuatoriana que opera como intermediario logístico y financiero para el Frente. En 2008, Selva Viva pagó al menos USD200.000 a Richard Cabrera, el ingeniero en minas designado por el tribunal quien recomendó que Chevron pagara más de USD27.000 millones en concepto de daños en el juicio de Lago Agrio.

• Acompañó al presidente Correa en una visita al Amazonas en 2007, sólo semanas después de que el Presidente hubiere ofrecido al los demandantes de Lago Agrio “el total apoyo del Gobierno Nacional", incluida la ayuda para reunir pruebas que se utilizarían en contra de Chevron. Desde entonces, en reiteradas ocasiones Correa se refirió a Yanza y a Fajardo, abogado de los demandantes como “nuestros compañeros”, sus “queridos amigos,” y “verdaderos héroes”.
• Yanza, junto con los abogados de los demandantes, representantes de grupos indígenas que viven en la región Oriente, miembros de Amazon Watch, un grupo activista de San Francisco y otros partidarios de los demandantes, realiza apariciones regulares en las asambleas anuales de accionistas de Chevron, con el objeto de ejercer presión sobre ellos y sobre el directorio.